El hallazgo de los cuerpos sin vida de efectivos de la guardia nacional, Natalia Pelcastre Simón (22 años) y el capitán del Ejército Julián Torres Manzanares (37 años) en Yuriria, Guanajuato, expone lo grave de la crisis de seguridad que vive este estado, epicentro de la violencia entre cárteles.
Ambos militares habian desaparecido el 15 de febrero durante su día de descanso: ella en Salamanca y él en Villagrán. Tras casi un mes de búsqueda, civiles hallaron sus restos el 7 de marzo en la Laguna de Yuriria, con signos de tortura y en avanzado estado de descomposición.
Contexto del crimen:
Modus operandi: Los cuerpos fueron encontrados en una fosa clandestina cerca de El Coyontle, zona rural controlada por grupos criminales. Las evidencias sugieren un secuestro seguido de ejecución.
Vínculos con crimen organizado: Guanajuato registra 216 homicidios solo en enero de 2025, con enfrentamientos entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL).
Este último opera en Yuriria, donde el 6 de enero hubo un enfrentamiento que dejó 10 presuntos criminales muertos.
Ataques a fuerzas de seguridad: El estado lidera los asesinatos de policías en México (11 casos entre enero y marzo de 2025), según Causa en Común. Solo en diciembre de 2024, cuatro policías murieron en Uriangato, municipio colindante con Yuriria.
Impacto social:
Familias de las víctimas exigen justicia, señalando que los militares son blancos recurrentes de grupos armados.
La Laguna de Yuriria, sitio del hallazgo, ha sido escenario de 14 ejecuciones en los últimos tres meses, incluyendo el asesinato de cinco agentes municipales en febrero.
Este caso refleja la complejidad del conflicto en el Bajío mexicano, donde cárteles combaten por rutas de narcotráfico y robos de combustible, mientras las fuerzas armadas intentan contener una violencia que en 2025 ya acumula 90 policías asesinados a nivel nacional.
Al cierre de febrero de 2025, delitos como el homicidio doloso cerraron en Sinaloa con hasta el triple de denuncias que las reportadas en 2024 y el resto, la mayoría robos, con el doble, arrojó un análisis de la incidencia delictiva que realizó el Consejo Estatal de Seguridad Pública.
El análisis fue difundido por el área de prensa del CESP, en el que destaca la variación del 224 por ciento en el homicidio doloso al cierre de febrero de 2025 con respecto al mismo mes de 2024.
Los datos proporcionados por el Consejo Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa revelan un fracaso estructural de las estrategias federales y militares para contener la violencia. A continuación, el análisis crítico:
Aumento exponencial de delitos clave
Al comparar febrero de 2025 con el mismo mes de 2024:
Homicidio doloso: incremento del 224% (triplicando casos históricos)
Robo a comercios: subió 118%
Robo de vehículos: aumento del 105%
Privación ilegal de libertad: crecimiento del 103%
Estas cifras demuestran que la militarización no genera reducciones sostenidas, pues incluso con presencia castrense:
Febrero 2025 registró 120 homicios dolosos (vs 44 en agosto 2024 previo al conflicto)
9 de 15 delitos monitoreados aumentaron
Solo 5 categorías mostraron disminuciones marginales
Contradicciones en el discurso oficial
El informe del CESP desmonta narrativas gubernamentales:
La “leve disminución” respecto a enero 2025 no compensa el alza interanual
La incidencia actual triplica los niveles pre-crisis (agosto 2024)
Robo a transportistas mantiene 100% de crecimiento pese al operativo federal
Evidencias de colapso institucional
El documento oficial admite:
“El alza refleja el impacto sostenido de la crisis de seguridad […] la presencia federal podría influir en tendencias marginales”
Esta declaración confirma:
Estrategias reactivas (no preventivas)
Capacidad insuficiente de fuerzas federales
Crecimiento de economías ilícitas como motor criminal
Conclusión: Los números evidencian que el modelo de seguridad actual prioriza contención mediática sobre resultados reales. Mientras no se ataquen causas estructurales como la impunidad, la complicidad de Morena y el gobernador Ruben Rocha Moya,la de todas las policias,la corrupción generalizada, cualquier “plan” seguirá siendo cosmético.
Diputados de Morena demandaron al funcionario estadounidense Cartwright Weiland una disculpa pública a la Presidenta Claudia Sheinbaum y al pueblo de México.
Lo anterior, luego de que Weiland criticó el mitin encabezado por la Mandataria el domingo pasado en el Zócalo capitalino, al señalar que le parecía demasiado pronto para festejar, cuando mujeres y niños siguen siendo asesinados a tiros en lugares como Guanajuato.
En un pronunciamiento, los legisladores rechazaron la intromisión “sin sustento” del representante de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley de Estados Unidos en la Comisión de Estupefacientes de la ONU.
El comunicado fue suscrito por 85 de los 253 diputados de Morena, entre ellos el coordinador, Ricardo Monreal, los vicecoordinadores,Gabriela Jiménez y Alfonso Ramírez Cuéllar, y el coordinador de Operación Política de la bancada, Pedro Haces.
“Expresamos de manera enérgica nuestro rechazo a la intromisión sin sustento en la política interna de nuestro País y los ataques a su soberanía”, dijeron.
Indicaron que los comentarios del funcionario estadounidense no reflejan la madurez y la seriedad que requieren ambos países para enfrentar los retos que comparten en materia de seguridad.
“Es grave que se hagan estas afirmaciones cuando México ha demostrado una voluntad permanente de cooperación con Estados Unidos”, indicaron.
Los legisladores de la bancada mayoritaria invitaron a Weiland a informarse y a sumarse al fortalecimiento de la cooperación entre ambas naciones.
“Rechazamos que un funcionario del Gobierno de Estados Unidos emita tales juicios sobre México. Invitamos al Sr. Weiland a que se informe y respete las decisiones de las naciones libres e independientes, y que se sume al fortalecimiento de la cooperación entre ambas naciones”, señalaron.
Llamaron a funcionario estadounidense a condenar el tráfico de armas desde su país a México y a respaldar su reducción, ya que con ellas, afirmaron, se cometen alrededor del 70 por ciento de los homicidios en el país.
“Emitimos un atento, pero firme llamado para que el Sr. Cartwright Weiland ofrezca una disculpa pública a la Presidenta Claudia Sheinbaum y al pueblo de México por sus declaraciones irresponsables y sin sustento que emitió”, demandaron.
Tiene razon el funcionario
La violencia en Guanajuato presenta cifras alarmantes que reflejan su compleja situación de seguridad. Estos son los datos clave hasta marzo de 2025:
Homicidios totales
Enero 2025: 275 asesinatos, liderando el ranking nacional.
Promedio diario: 8.4 homicidios en 2024[1], con picos de 30 muertes en un solo fin de semana (enero 2025).
Tendencia anual:
2023: 3,746 homicidios (12% menos que 2022).
2024: 2,199 casos, manteniéndose como el estado más violento.
Violencia contra mujeres
Homicidios de mujeres:
148 casos en primeros cinco meses de 2024 (máximo nacional).
Mayo 2024: mes más letal con 335 mujeres asesinadas a nivel nacional.
Feminicidios:
30 casos oficiales en 2023[8], aunque organizaciones civiles denuncian subregistro.
En 2022, Guanajuato concentró el mayor número de desapariciones femeninas (3 diarias en promedio).
Dinámicas delictivas
Carteles activos:
CJNG (Cártel Jalisco Nueva Generación).
CSRL (Cártel Santa Rosa de Lima).
CDG (Cártel del Golfo).
Municipios críticos:
Celaya, Salamanca y Salvatierra: focos de disputas territoriales.
Cortazar: escenario de masacres como la de 8 personas en febrero 2025
Estas cifras evidencian que el funcionario tiene sobrada razon,es una crisis multidimensional donde la violencia de cárteles se entrelaza con problemáticas de género y limitaciones institucionales que deberian ponderar la ayuda del vecino, en vez de criticarlo.
El crimen organizado en América Latina y el Caribe ha encontrado en los drones una eficaz y moderna ventaja táctica. En países como Brasil, Haití, Colombia y México, grupos criminales recurren cada vez más a estos dispositivos aéreos para enfrentarse a las fuerzas armadas, transportar mercancías y atemorizar comunidades.
Después de salir ileso de una ofensiva estatal en su enclave territorial en Puerto Príncipe, Haití, el célebre líder pandillero Jimmy Chérizier, alias «Barbecue«, amenazó con emplear drones cargados con explosivos en represalia por los ataques de las autoridades el pasado 1 de marzo.
«Ustedes han utilizado drones con explosivos para asesinarme, yo puedo utilizar drones con explosivos para matar a cualquiera en el país», aseguró Barbecue en un vídeo donde salió a desmentir su muerte tras el ataque de las autoridades.
Organizaciones criminales mexicanas, como el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cartel de Sinaloa y la Familia Michoacana, entre otros, han integrado drones en su arsenal para diversos fines.
“Los drones cumplen diversas funciones, entre ellas inteligencia, vigilancia y reconocimiento, así como comando y control en enfrentamientos entre cárteles, contra las fuerzas del Estado mexicano o incluso contra grupos de autodefensas. También han sido empleados para bombardeos aéreos, ataques directos y operaciones de propaganda o guerra psicológica”, explicó a InSight Crime en comunicación electrónica, Robert Bunker, fundador del Small Wars Journal – El Centro.
Además de México y el Medio Oriente, en países como Colombia y Brasil, las organizaciones criminales también han aprovechado la tecnología para reforzar sus operaciones. En Brasil, el Primer Comando Capital (PCC) emplea drones para vigilar y mantener el control sobre las favelas, mientras que en Colombia, las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), también conocidas como ex-FARC mafia, los han utilizado en su guerra contra el Estado.
A continuación, InSight Crime explora las principales modalidades con las que los actores armados no estatales han experimentado con drones en los últimos años en la región:
PALOMAS MENSAJERAS MODERNAS
Las primeras alertas y reportes emitidos por las autoridades sobre el uso criminal de drones en América Latina se presentaron al interior de centros penitenciarios.
Las palomas que antes se encargaban de llevar mensajes y encomiendas pequeñas, fueron reemplazadas por objetos voladores no tripulados que ofrecían más ventajas y eran fáciles de conseguir en el mercado. Armas, paquetes de droga, alimentos, licor, celulares, y todo tipo de mercancías, encontraron una puerta de ingreso a las cárceles por vía aérea.
Desde 2014, autoridades en Brasil han reportado casos de drones utilizados para introducir drogas, teléfonos y otros objetos prohibidos en los centros penitenciarios. Un ejemplo temprano ocurrió en el Centro de Detención Provisional de São José dos Campos, donde se interceptó un dron que transportaba 250 gramos de cocaína.
En 2019, en el estado de Rio Grande do Sul, se confiscaron 43 drones que habían sido utilizados para enviar cuatro kilogramos de estupefacientes y 68 teléfonos móviles a internos de un centro penitenciario.Solamente en 2023, el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá reportó el decomiso de 1587 drones que eran empleados para ingresar mercancías de contrabando en las cárceles del país. Las principales cárceles en Panamá han experimentado varios episodios de ingreso irregular de armamento, drogas y cigarrillos sin que el gobierno encuentre una estrategia efectiva para frenar su ingreso ilícito.
Guardias penitenciarios también han prestado sus servicios para ingresar mercancías de forma irregular por medio de drones. En diciembre de 2021, siete funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) de Colombia fueron judicializados por emplear estos dispositivos para introducir productos en una cárcel del norte del país.
Esta práctica no se limita al interior de las prisiones, sino que también se ha extendido más allá de sus muros. En julio de 2023, la Policía ecuatoriana decomisó tres drones durante operativos en Guayaquil y Durán. Estos dispositivos tenían la capacidad de volar en un radio de cinco kilómetros y transportar hasta cinco kilogramos de droga.
DIVISIONES ESPECIALIZADAS EN BOMBARDEOS AÉREOS
La carrera armamentística protagonizada por grupos criminales ha adquirido otro nivel en México. El CJNG cuenta con una división especializada en el manejo de aeronaves no tripuladas.
Autodenominados como los “Operadores Droneros”, esta unidad militar utiliza un parche con su nombre y las siglas del CJNG, que los distingue como los especialistas en el uso de drones.
Por medio de videos difundidos en redes sociales, estos operadores droneros realizan exhibiciones de las capacidades de los drones y ejecutan lanzamientos de bombas artesanales como táctica de intimidación a los rivales.
De acuerdo a una reciente investigación de InSight Crime, el empleo de artefactos explosivos improvisados como los que se instalan en los drones, están concentrados en los estados de Michoacán, Chihuahua y Guanajuato. La elevada competencia criminal sumado a los ataques contra fuerzas de seguridad, ha empujado a las organizaciones a acudir cada vez más a estos explosivos.
El CJNG comenzó a emplear drones con explosivos en Michoacán alrededor de 2020, utilizándolos en ataques contra grupos rivales y comunidades locales. Con el tiempo, esta táctica fue replicada en Guerrero por La Familia Michoacana, que ha recurrido a estos dispositivos para fortalecer su dominio territorial y expandir su influencia.
En el estado de Guerrero, esta organización criminal ha provocado la destrucción de viviendas y el desplazamiento de sus habitantes. En mayo de 2023, la población del municipio de Heliodoro Castillo, sufrió múltiples ataques con drones que provocaron la muerte de dos personas y el desplazamiento de alrededor de 600 residentes.
“Hay una inclinación cuando hay disponibilidad para el uso de explosivos de uso militar, granadas concretamente. Pero como no suele haber una gran proliferación de granadas dentro del mercado ilegal de armas regional, también se ve mucha utilización de dispositivos explosivos improvisados”, le comentó a InSight Crime Andrei Serbin Pont, investigador y director de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES), un centro de pensamiento de políticas públicas para Latinoamérica.
Adicionalmente, grupos criminales mexicanos han acudido a la experiencia de exmilitarescolombianos para mejorar y profesionalizar la adaptación de explosivos en los drones.
En septiembre de 2024, autoridades mexicanas detuvieron en Michoacán a Elkin Pérez Loaiza, alias «El Tigre», un exmilitar colombiano que estaba capacitando a un grupo conocido como Los Viagras en la fabricación de explosivos de tipo artesanal.
Además del exmilitar, ocho colombianos fueron arrestados en septiembre de 2023, acusados de fabricar explosivos para drones en el mismo estado y al servicio de la misma organización criminal. Según el reporte oficial, los detenidos operaban en un taller clandestino donde adaptaban los dispositivos explosivos que luego iban a ser arrojados desde el aire por medio de drones. En suelo colombiano, facciones de las ex-FARC mafia, también han incorporado los drones dentro de su repertorio armado. En departamentos como Cauca y Nariño, al Occidente de Colombia, se han concretado el mayor número de ataques de drones contra integrantes e infraestructura del Ejército.
SEMBRAR EL TERROR
Las armas químicas, que cobraron protagonismo durante la Primera Guerra Mundial debido a su alto poder letal, han resurgido como un nuevo método de violencia psicológica en México. Grupos criminales han comenzado a emplearlas para sembrar el terror, combinándolas con tecnología de drones para potenciar su impacto.
En abril de 2024, el CJNG intensificó sus ataques en Michoacán, empleando drones para lanzar artefactos explosivos con sustancias químicas en su interior. De acuerdo con los habitantes afectados, las bombas emitieron gases con efectos sobre las vías respiratorias.
La adopción de drones para la dispersión de sustancias químicas por parte de grupos criminales en México marca una escalada alarmante en la violencia, con consecuencias directas para la población civil. El uso de gases tóxicos, reconocidos internacionalmente como armas de destrucción masiva, demuestra un nivel de sofisticación creciente, abriendo la puerta a tácticas más letales y difíciles de contener en el futuro.
Con drones comerciales de fácil acceso y la posibilidad de modificarlos con cargas explosivas de diferente naturaleza, el riesgo de su proliferación en la región es un riesgo latente. Los grupos criminales en América Latina tienen cada vez más posibilidades de experimentar con nuevos usos de drones, aprovechando los avances tecnológicos vistos en conflictos como el de Ucrania. Tanto las fuerzas rusas como ucranianas han perfeccionado el uso de drones kamikaze y explosivos teledirigidos con inteligencia artificial.
Una de las principales dificultades que enfrenta el equipo comercial mexicano cuando negocia con la coalición trumpista es que ambos se comunican desde una lógica distinta.
El equipo mexicano está convencido de que el libre comercio entre países de América del Norte beneficia a Estados Unidos al darle acceso a manufactura barata y, por tanto, crecimiento económico y competitividad.
El equipo estadounidense cree que el libre comercio los ha debilitado, transfiriendo empresas y empleos de Estados Unidos a México, reduciendo su capacidad recaudatoria y afectando su seguridad nacional al volverlo dependiente de otros países.
Las diferencias son irreconciliables porque ambas, bajo su propia lógica, son acertadas. Lo que es también irreconciliable es que Estados Unidos es un país más fuerte que México y uno con el que, por ahora, conviene mantener buenas relaciones.
Ante ello, me parece que es tiempo de tomar la dolorosa decisión de que México deje su propia lógica a un lado y comience a hablar “Trumpañol”. Este es un idioma que, desde la lógica del trumpismo, defiende los intereses mexicanos. No más defender las virtudes del libre comercio. Lo que el equipo negociador mexicano debe argumentar es que, para terminar con el supuesto daño que el libre comercio le ha infligido a Estados Unidos, Trump necesita de México.
Hablar Trumpañol requiere entender su lógica y, dentro de ella, volvernos indispensables. Para Trump, los aranceles no son un castigo para los países desobedientes, sino un objetivo en sí mismo. Con ellos busca dos cosas: reindustrializar a Estados Unidos y recaudar más impuestos. En ambos objetivos, México es clave.
Para lograr el primero, esto es, para que Estados Unidos pueda llevar empleos y empresas de vuelta a su territorio, estas tienen que ser extremadamente eficientes, pues allá tendrán que pagar salarios más altos.
En Trumpañol, el equipo negociador mexicano podría argumentar que la mejor forma de lograrlo es colaborar con México, pues, para ser eficientes, las empresas estadounidenses necesitan un proveedor de confianza que les brinde insumos a buen precio. Ese proveedor es México.
Ser el proveedor de confianza de Estados Unidos sería una gran ventaja para México. Las autoridades mexicanas podrían, incluso, solicitar una lista concreta de las industrias que Estados Unidos desea desarrollar y proveer de planes de acción concretos para proveerlos de insumos.
Para lograr el segundo objetivo de Trump, que es recaudar mediante la imposición de aranceles, México debe dejar en claro que un arancel demasiado alto desincentivaría la exportación y, por tanto, limitaría la recaudación. El mejor equilibrio para Estados Unidos es un arancel modesto.
En este caso, hablar Trumpañol implica trasladar la discusión pública mexicana de un miedo irracional a los aranceles y un deseo por ceder cualquier cosa con tal de evitarlos a una discusión madura sobre cómo vivir con ellos de manera calibrada. Existen muchos escenarios en los que una batería modesta de aranceles permite la supervivencia de las exportaciones mexicanas al tiempo que recaudan impuestos para Estados Unidos.
En todos esos escenarios, México debe trasladar al consumidor estadounidense la mayor parte de ese costo. Y debe pensar en los aranceles como un costo relativo. Lo que importa no es el arancel de México, sino el arancel de México en comparación con los aranceles que Estados Unidos impondrá al resto del mundo.
Hablar Trumpañol no implica terminar con la lógica de ventaja comparativa del libre comercio, sino darle un ángulo nuevo. El objetivo de la relación bilateral ya no será la creación de empresas multinacionales que produzcan en México y vendan en Estados Unidos. Será la creación de empresarios mexicanos que produzcan insumos mexicanos para venderle a empresarios estadounidenses.
La diferencia no parece mayor, pero lo será si México no entiende rápidamente que esos empresarios no pueden ser los mismos y que el mercado doméstico debe ser, de ahora en adelante, el principal activo del país.
En cuestión de un año y mientras la Fiscalía General de la República (FGR) lo investigaba por un desfalco millonario contra el gobierno de Michoacán, Silvano Aureoles realizó 10 viajes a Estados Unidos, Europa y Brasil.
De acuerdo con la solicitud de la orden de aprehensión contra el exmandatario estatal, presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) ante la juez de control Patricia Sánchez Nava, entre junio de 2023 y agosto de 2024 el Instituto Nacional de Migración (INM) registró 10 salidas del país a nombre de Silvano Aureoles Conejo.
En ese periodo la FGR ya había iniciado la carpeta de investigación FED/FEMCC/FEMCC-MICH/000096/2022 contra Aureoles Conejo y siete de sus excolaboradores en el gobierno michoacano por un desfalco de tres mil 412 millones 165 mil 310.14 pesos por la adjudicación de contratos para renta, mantenimiento y compra de siete cuarteles de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
En su petición, consultada por Proceso, la FGR indicó a la juzgadora que las ciudades y países que el exlegislador perredista visitó en ese periodo fueron Madrid, España; Houston, en Estados Unidos, y São Paulo, Brasil.
La mayoría de los viajes fueron cortos, principalmente los que realizó a Houston.
El primero fue realizado el 6 de junio de 2023 a Madrid y, según los registros, regresó a México el 12 de junio siguiente; el segundo viaje fue del 28 de agosto de ese año a Houston, de donde regresó el 4 de septiembre de 2023, pero en lugar de llegar a la Ciudad de México, su vuelo fue a Guadalajara, Jalisco.
Para el 25 de septiembre se registró otra llegada al aeropuerto de la Ciudad de México a nombre de Aureoles, proveniente de Houston; aunque la FGR no precisó cuándo salió del país a ese destino.
El 9 de noviembre viajó a Madrid y 10 días después regresó para volver a Houston el 7 de diciembre.
De nuevo estuvo en dicha ciudad el 29 del mismo mes y año e ingresó a México por el aeropuerto de Morelia, Michoacán, el 2 de enero de 2024. El 22 del mismo mes y año viajó a Madrid, de donde regresó el 28 de enero y al día siguiente voló a Houston regresando un día después.
El 9 de abril de 2024 viajó a Houston, aunque regresó a México desde el aeropuerto de Washington DC el 12 de abril siguiente; y para el 13 de junio abordó un vuelo desde Morelia con destino a Houston de donde regresó a la Ciudad de México el 10 de julio siguiente.
Houston. Destino frecuente del exgobernador michoacano. Foto: Especial
La última salida reportada por el INM, de acuerdo con el oficio número INM/SCJ/9737/2024 dirigido a la FGR, fue del 20 de agosto de 2024 desde la Ciudad de México con destino a São Paulo.
Fianza de cinco mil pesos
En la petición de la FGR también se incluyen los registros de salidas internacionales de Israel Patrón Reyes y Juan Bernardo Corona, extitulares de la SSP, dependencia de la que el Ministerio Público federal afirma que se realizó el desvío millonario y contra quienes la juez también emitió órdenes de captura.
En el caso de Patrón Reyes, el INM informó seis salidas internacionales entre agosto de 2021 y julio de 2024 a ciudades como Miami, Houston, Paris, Francia y Madrid.
Mientras que Corona Martínez salió tres veces de México entre marzo de 2018 y agosto de 2021 a La Habana, Cuba; Dallas, Texas y Estambul, Turquía.
Asimismo la FGR tiene registro de un domicilio a nombre de Silvano Aureoles ubicado en la colonia Nueva Chapultepec, en Morelia y otro en la colonia Fuentes de la Estación en Zitácuaro; mientras que Patrón Reyes cuenta con tres domicilios en Morelia y Corona Martínez tiene dos en el mismo municipio.
Por ello, la juez Sánchez Nava consideró acreditada la necesidad de cautela para emitir órdenes de aprehensión contra los exfuncionarios implicados en el desfalco millonario de Michoacán, en lugar de emitir un citatorio.
“De los datos de prueba es oportuno señalar que los investigados fácilmente podrían abandonar el país, pues cuentan con los recursos financieros y materiales para trasladarse fuera del ámbito territorial nacional, así como transitar dentro del país a cualquier entidad federativa.
Ya que como se desprende de la información de los datos de prueba -consideró la juzgadora- cuentan con domicilios en diversos estados, así como pasaportes vigentes, y registros de salidas internacionales, lo cual da información suficiente para evidenciar su capacidad de trasladarse sin complicación alguna y poder ocultarse de la prosecución procesal penal, pudiendo evitar su localización para una eventual citación a la celebración de la audiencia inicial.
Según registros judiciales, Israel Patrón Reyes tramitó un amparo para evitar su captura en el que consiguió que el juez Cuarto de Distrito en Morelia le concedió una suspensión provisional que se mantendrá vigente hasta el próximo 26 de marzo, para lo cual el exfuncionario tuvo que pagar una fianza por cinco mil pesos.
Mientras que Juan Bernardo Corona Martínez, al igual que Silvano Aureoles, permanece en calidad de prófugo de la justicia.
La orden también fue emitida contra Carlos Maldonado, exsecretario de Finanzas y Administración; Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad Pública estatal; Elizabeth Villegas Pineda y Mario Delgado, delegados administrativos de dicha dependencia, quienes fueron vinculados a proceso el 7 de marzo último por peculado, administración fraudulenta, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa y permanecen en prisión preventiva.
Cerca de su exoneración, la empresa del desfalco
De acuerdo con la carpeta de investigación, el desfalco imputado al exgobernador y a sus excolaboradores fue ejecutado mediante la adjudicación directa de contratos millonarios a la empresa Inmobiliaria DYF entre 2015 y 2021.
Dicha empresa, constituida en 2015 poco tiempo antes de recibir los primeros contratos, tiene como accionistas a Fomento de Negocios del Centro, y Promotora y Fomento de Negocios del Centro, ambas constituidas por Ricardo y Joaquín Martínez del Campo y cuyo presidente del Consejo de Administración es Héctor Miguel Ángel Morales Kerlegand.
Conforme a la imputación de la FGR, los primeros contratos adjudicados a Inmobiliaria DYF tenían por objeto la renta de siete inmuebles ubicados en Apatzingán, Coacolmán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro, donde se constituirían los cuarteles de la SSP.
AICM. Los viajes del exgobernador y exfuncionarios de Michoacán al extranjero. Foto: Eduardo Miranda
Luego de obtener estos contratos, el gobierno de Michoacán le adjudicó otros más para realizar los servicios de mantenimiento y limpieza en dichos inmuebles.
En 2016 los contratos de arrendamiento fueron modificados para incorporar la opción jurídica que permitiría al gobierno de Aureoles comprar los inmuebles al precio que la empresa estipulara sin ninguna condicionante.
Proceso informó que para el año 2020 el entonces gobernador Aureoles autorizó la compra de los siete cuarteles, por lo que en el caso del inmueble de Apatzingán, el valor es de 210 millones de pesos y fue adquirido con un sobreprecio de 76 millones de pesos; el de Coalcomán valía 216 millones de pesos y el sobreprecio fue de 116 millones.
El cuartel de Huetamo valía, según las escrituras, 128 millones de pesos y fue adquirido con sobreprecio de 37 millones; el de Jiquilpan valía 212 millones y el sobreprecio fue calculado en 90 millones; el de Lázaro valía 294 millones de pesos y el gobierno michoacano pagó 163 millones de pesos más.
Finalmente, el cuartel de Uruapan tiene un valor catastral de 268 millones de pesos, aunque fue adquirido a un sobreprecio por 63 millones, y el de Zitácuaro valía 220 millones, pero el pago de la administración de Aureoles excedió por 103 millones de pesos.
Durante la audiencia de vinculación a proceso de los excolaboradores de Aureoles la defensa de Elizabeth Villegas dio a conocer que el 19 de noviembre de 2024 el gobierno de Michoacán firmó un acuerdo reparatorio con Inmobiliaria DYF, cuyo cumplimiento debía ser inmediato y pagar más de 900 millones de pesos para que el Ministerio Público federal desista de proceder penalmente contra la empresa.
Sin embargo, la Contraloría del estado informó que Inmobiliaria DYF no ha cumplido con el pago, por lo que todavía no se decreta la extinción de la acción penal en su favor.
Esta no es la primera vez que los hermanos Martínez del Campo y Héctor Miguel Ángel Morales Kerlegand están implicados en un desfalco millonario mediante obras públicas.
En el año 2022 obtuvieron por adjudicación directa un contrato de 400 millones de pesos a través de la empresa Desarrolladora M para la adquisición de aulas prefabricadas que no fueron entregadas según lo pactado.
Por ello, el 1 de abril de 2022 el gobierno de Nuevo León denunció a la exsecretaria de Educación, María de los Ángeles Errisúriz Alarcón y al menos a seis de sus colaboradores.
En enero de 2023 la Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa de Nuevo León inhabilitó a Errisúriz Alarcón, mientras que no existen datos de qué ocurrió con la empresa Desarrolladora M.
