Como si no tuviera nada que decir de su partido,el Senador Panista Marko Cortez,dijo que México no puede permitir que Ismael “El Mayo”Zambada afirme que su caso podría colapsar la relación bilateral con Estados Unidos,como advierte en su carta de reclamos buscando ser repatriado a Mexico.
El legislador lanzó un exhorto para que los funcionarios federales abandonen su política de “abrazos, no balazos” y aprovechen los testimonios del narcotraficante para limpiar a la administración pública de criminales.
“México no puede aceptar que un criminal lo amenace de colapsar. Nuestro Gobierno debería más bien procurar que ‘El Mayo’ diga todo lo que sabe”, dijo el panista en entrevista.
Afirmó que el fundador del Cártel de Sinaloa puede aportar información para desmantelar grupos delictivos e identificar a los criminales de cuello blanco.
“Toda la información que pueda proporcionar ‘El Mayo’, sobre las redes de complicidad de los gobiernos federal, estatales y municipales con el crimen, nos vendría bastante bien”, expuso.
REFORMA reveló este viernes que el equipo legal de Zambada solicitó al Consulado de México en Estados Unidos gestionar su repatriación.
Lo último, a fin de que “el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe perder de vista la irregular e ilegal a manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de Estados Unidos”, según indica el oficio al que este medio tuvo acceso.
En tanto, el vocero de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, descartó que el que la Fiscalía General de la República (FGR) analice la solicitud de “El Mayo” implique la intención de proteger al narcotraficante.
El diputado sostuvo que se le dará seguimiento a la solicitud porque es impermisible que el Gobierno de Estados Unidos realice operativos dentro del territorio nacional.
“Lo primero que tienes que corregir es que nadie pueda llegar a tu País y hacer una operación de detención de cualquier persona”, indicó en entrevista.
“Lo que está buscando el Gobierno de México es poner una orden en este tipo de situaciones que corresponden a dos países que son bilaterales”.
Aseguró que la repatriación de Zambada representaría una oportunidad para atender la ola de violencia que la detención desató en el Estado de Sinaloa.
“El desastre que nos dejó la detención no calculada y no pensada en el Estado de Sinaloa generó un conflicto entre los cárteles. ¿Cuánta información podría quizás aportar un delincuente como este para poder de alguna forma integrar carpetas (de investigación) y hacer inteligencia en contra de estas organizaciones criminales?”, cuestionó.
La mamá de bebé abandonado sin vida en calles del centro de Tijuana, Baja California, el pasado 19 de febrero,Adriana “N”, confesó que mantuvo el cuerpo de la recién nacida dentro de un refrigerador por al menos tres meses antes de que lo llevara a tirar a la basura.
En conferencia, la Fiscal estatal, María Elena Andrade,informó que aún falta que el Servicio Médico Forense (Semefo) envié la causa de muerte del recién nacido dejado en un depósito de basura de una tienda de conveniencia.
“Es un caso que tiene varias aristas. Estamos esperando la autopsia para ver si nació vivo. El pequeño cuerpecito no era reciente al parecer, según el dicho de la persona, ya tenía días guardado en una hielera o refrigerador”.
De acuerdo con la versión de la madre, esta afirmó que cuando estas bañandose el pasado 16 de noviembre de 2024,la bebé murió durante un parto precipitado cuando intentó cortar el cordón umbilical, provocándole una herida mortal. Sin embargo, en vez de dar aviso a las autoridades,guardó el cadáver en un refrigerador durante tres meses antes de deshacerse de él en un contenedor de basura el pasado 19 de febrero de 2025.
Detalles clave del caso:
Inconsistencias en la versión: Las autoridades detectaron discrepancias entre el testimonio de Adriana y la evidencia física, como el estado del cuerpo y el tiempo transcurrido desde el parto.
Falta de atención médica: No hubo supervisión prenatal ni intervención profesional durante el parto, lo que aumentó el riesgo de complicaciones.
Contexto social: El abandono ocurre en una región con altos índices de violencia de género y acceso limitado a servicios de salud reproductiva, factores que suelen agravar situaciones de crisis en mujeres vulnerables.
Humana solo por definición biologica
Este caso confronta la dualidad entre la definición biológica de “humano” y las acciones que desafían nuestra comprensión de la empatía y la moral.
Biológicamente, la bebé desde su nacimiento, gozaba de derechos inherentes, reconocidos incluso por leyes internacionales. Sin embargo, el acto de almacenar su cuerpo como un objeto —y posteriormente desecharlo— refleja una fractura en los lazos emocionales y sociales que, según la filosofía y la neurociencia, definen lo humano: la conciencia de sí mismo, la capacidad de sufrimiento ético y el instinto de protección hacia la progenie.
Mientras la biología establece umbrales claros (como la viabilidad fuera del útero), la ética cuestiona cómo una madre puede negar la dignidad de su hija, reduciéndola a un “cuerpecito” sin historia.
Esto evidencia que la humanidad no es solo una categoría taxonómica, sino un constructo frágil, dependiente de condiciones sociales, psicológicas y afectivas que, cuando colapsan, revelan la crudeza de una existencia desprovista de esos atributos.
La tragedia de Tijuana no solo expone un crimen, sino la paradoja de una humanidad que a veces solo se sostiene por la mera definición del plano biológico.
La Presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que la Fiscalía General de la República (FGR) revisará la petición de Ismael “El Mayo” ambada de que el Gobierno mexicano intervenga para repatriarlo.
En su conferencia mañanera, la Mandataria federal pidió a la Fiscalía revisar el caso, mientras se analiza la posibilidad de interponer una protesta por el secuestro transfronterizo del capo y se estudia su solicitud para impedir una sentencia con pena de muerte.
Sheinbaum confirmó lo publicado ayer por REFORMA y dio a conocer que la Cancillería le envió la carta del fundador del Cártel de Sinaloa, que fue presentada ante el consulado de México en Nueva York.
La Jefa del Ejecutivo consideró que, más allá de los delitos cometidos por Zambada, se debe determinar la legalidad con la que fue llevado a Estados Unidos, donde ahora se encuentra sometido a proceso.
“Sí, en la mañana nos envió (la carta) el Canciller. En efecto, fue recibida en el Consulado de Nueva York esta solicitud. Lo estamos planteando a la FGR. El Fiscal ha estado trabajando mucho este tema, porque más allá del personaje, de la persona que está solicitando, el tema que plantea en la carta, repito, más allá de la persona y sus delitos, porque esa es otra cosa, el asunto es cómo se da esta detención”, dijo.
“El Fiscal tiene ya una carpeta incluso abierta en este sentido y, si les parece, el martes, que es el informe de seguridad, que nos pueda decir cuál es el avance, qué información se le ha pedido al Gobierno de los Estados Unidos y qué es lo que procede en este caso”.
A pregunta expresa, consideró que su Administración puede revisar la petición de ‘El Mayo’ de interponer una protesta, ante el Gobierno estadounidense, por la violación al tratado bilateral que prohíbe los secuestros transfronterizos.
José Ángel Canobbio, alias ‘El Güerito’, así como Kevin Alonso “N”, o el ‘200’, no eran perseguidos por la justicia del Fuero Común en la entidad, así lo reconoció la Fiscal General de Sinaloa, Claudia Zalema Sánchez Kondo.
Cuestionada al respecto de si había orden de aprehensión en contra de estas dos personas, consideradas como objetivos prioritarios para el Gobierno de México, la titular de la FGE aseguró que se solicitó información al respecto y el resultado fue negativo.
“Hasta ahorita la confirmación que tenemos oficial de antecedentes penales que han solicitado la Fiscalía del Estado, es que no cuentan con orden de aprehensión vigente.
¿No se le perseguía por ningún delito aquí en Sinaloa?
En el fuero común, no”, dijo Sánchez Kondo.
Contexto legal y declaraciones oficiales
Falta de órdenes en el fuero común: La Fiscalía General del Estado (FGE) verificó que, hasta el momento de las detenciones, ninguno de los dos tenía procesos abiertos o requerimientos judiciales en Sinaloa por delitos del fuero común (como homicidios dolosos, secuestros o extorsiones a nivel local).
Operativos y capturas:
‘El Güerito’ fue detenido el 19 de febrero en Culiacán por fuerzas federales (Sedena y GN) y vinculado a Los Chapitos como operador financiero y de seguridad.
‘El 200’, capturado el 20 de febrero, coordinaba el brazo armado de la facción y mantenía vínculos con policías municipales para evadir operativos.
Respuesta de las autoridades estatales:
La FGE de Sinaloa,bien cómoda, señaló que ante la ausencia de órdenes locales, no podían actuar contra ellos sin una solicitud expresa de autoridades federales, que subraya no solo las limitaciones en la presumida coordinación interinstitucional,tambien la complicidad.
En síntesis, el caso evidencia fracturas en el sistema persecutor y de administración del sistema judicial mexicano que como se advierte,opera como una telaraña que atrapa moscas, pero deja pasar a todos los pájaros…de cuenta.
El Congreso de San Luis Potosí se preparaba para perfilar las listas de candidatos a la elección judicial, cuando cortó el auditorio la voz de una mujer. Rosalinda Ávalos, madre de dos hijos asesinados, policía investigadora y ahora —por obligación— activista, dijo en alto hacia los legisladores: “Mencionaron a una persona que estuvo involucrada con el cartel y ahora resulta que va directa a la boleta. ¿Cómo lo evaluaron?”, preguntó antes de que la voz se le quebrara.
El aspirante era Sabas Santiago Ipiña, a quien la mujer acusa de estar relacionado con el crimen organizado y con el homicidio de sus dos hijos en 2020.
El expolicía había sido seleccionado por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo como candidato al puesto de juez de oralidad penal para los comicios del 1 de junio. Tras las protestas de Rosalinda, el Congreso del Estado ha decidido sacarlo de las listas.
Ávalos se ha convertido en San Luis Potosí en una voz reconocida en la búsqueda de justicia.
En 2020, la mujer investigaba al llamado “Cartel de la Ministerial”, una presunta red de policías ministeriales que trabajaba en colaboración con el crimen organizado.
Dentro de la Fiscalía estatal, la agente había sido asignada a la delegación de “La Pila”, una de las zonas más conflictivas de la capital San Luis Potosí, donde se habían disparado el robo de vehículos y de asaltos con violencia.
Allí durante un rondín de rutina, encontró una camioneta con reporte de robo y tras una breve persecución logró detener a los tripulantes: eran sus propios compañeros de la Fiscalía. A partir de ese momento comenzó la pesadilla.
Ella trató de escalar el caso a sus superiores, sin éxito, y empezó a recibir amenazas. El 11 de noviembre de 2020, tres hombres entraron por la fuerza en su casa, en el municipio Soledad de Graciano Sánchez, al este de la capital.
Dentro de la vivienda dispararon contra sus hijos. Murieron Carlos Aguilar, de 20 años, que estudiaba para ser chef, y Daniela, estudiante de arquitectura de 18 años. En el ataque también resultó herida la hija mayor de Ávalos, quien recibió una bala en el brazo mientras se protegía la cabeza. “Llegaron hasta mi domicilio, ¿quién les dijo dónde yo vivía? Pues los mismos policías, él [Sabas Santiago Ipiña]”, afirmó la mujer ante los legisladores.
La investigación apunta a que policías ministeriales a bordo de una patrulla indicaron cuál era la casa y otros dos civiles en motocicleta vigilaron mientras se producía el ataque. La Fiscalía estatal, de la misma de la que proceden algunos de los implicados, abrió carpetas de investigación por homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa. Rosalinda, que cuenta con medidas de protección, lleva años pidiendo a la Fiscalía General de la República (FGR) que atraiga su caso.
“Por hacer bien mi trabajo, mataron a dos de mis hijos. Sabas Santiago Ipiña participó”, declaró Ávalos en el Congreso, el pasado 12 de febrero: “Él es compadre de uno de los imputados, que está en el penal de Sonora, Miguel ‘N’. Se le han encontrado nexos con la delincuencia”.
La agente ha narrado que Ipiña se ha presentado como abogado defensor de integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación y que este grupo organizado patrocina incluso sus equipos de fútbol. “Por eso quiere entrar [en la elección judicial], para poder manipular el proceso y dejar en libertad a los que mataron a mis hijos”, afirmó.
Ipiña, alias Mexqui, trabajaba en la Dirección General de Métodos, donde fue jefe del grupo de combate al narcomenudeo. Se inhabilitó por una lesión por arma de fuego tras un enfrentamiento en 2021.
El año pasado se presentó a dos de los procesos de selección en San Luis Potosí para ser juez. El del Poder Ejecutivo lo rechazó por no cumplir con el requisito de haber sido abogado litigante al menos durante cinco años, pero el comité del Legislativo lo colocó como uno de los mejor evaluados, por lo que obtenía pase directo a la elección, sin pasar por la tómbola.
Así era hasta que el 12 de febrero, Ávalos interrumpió la sesión de insaculación en el auditorio Manuel Gómez Morín del Congreso y presentó sus documentos de queja, entre los que incluía la copia de la denuncia.
La presidenta del Comité de Evaluación, Esther Maldonado Castillo, le pidió al secretario técnico y al notario que daba fe de la tómbola, que le recibieran los escritos. “Esto no puede quedar impune. Queremos justicia para nuestro país, justicia para mis hijos. No puede seguir él ahí en el proceso, no pueden permitirlo”, pidió Ávalos, “y si va en la boleta pido que no voten por él”.
Esta semana, la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado recibió a la mujer y le comunicó que Ipiña había sido eliminado de la lista. En las enviadas al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), no aparece efectivamente el nombre del expolicía.
Todavía hay un período de impugnaciones, que el expolicía podría utilizar. “No es elegible, porque mi caso sigue en proceso, pero lo que sí se puede comprobar es que no cumple con el requisito constitucional de ser litigante con más de cinco años de experiencia”, ha explicado la mujer, que reconoce saberse en “mucho riesgo”: “Si algo me pasa, hago responsable a él y toda la delincuencia organizada y al Cartel de la Ministerial”.
La polémica reforma judicial, aprobada en noviembre del año pasado, lleva a México a la elección directa de miles de juzgadores, desde los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y magistrados hasta los jueces locales.
Mientras en el ámbito federal ha habido un mayor escrutinio público hacia las listas de candidatos, en el que se han encontrado un aluvión de irregularidades e inconsistencias, las elecciones locales se habían mantenido más en la sombra.
El caso de San Luis Potosí ilustra la que es, para expertos y organizaciones de derechos humanos, la mayor amenaza de la próxima reforma judicial: la penetración directa de jueces vinculados al crimen organizado.
Este episodio no es anomalía, sino síntoma de un modelo donde la elección judicial sin auditorías robustas facilita “lavado de legitimidad” de actores criminales.
La omisión inicial del Comité de Evaluación ante las alertas técnicas (experiencia insuficiente) y éticas (nexos delictivos) sugiere que la reforma podría convertirse en ruta para captura legal de tribunales. La advertencia de Ávalos resuena más allá de SLP: “Si van a la boleta, no voten por ellos”.
El diario español El Pais, cita hoy en el contexto de lo que llama la “Ultima jugada del Mayo Zambada”, la interpretación de Ricardo Pascoe,exmbajador de cuba, que habla sobre la carta del capo preso en EEUU ,algo que adquiere mayor profundidad al analizar las tensiones políticas y los antecedentes de colaboración entre cárteles y funcionarios en Mexico.
El ex-embajador en Cuba sostiene que la referencia al “colapso” bilateral es una amenaza velada para forzar la repatriación mediante la posible revelación de información sensible. Esta hipótesis se enriquece con tres ejes clave:
1. La amenaza de revelaciones estratégicas
Pascoe señala que Zambada maneja información sobre vinculaciones históricas entre el poder político y el narcotráfico. El capo insinúa que, ante una eventual condena a muerte en EE.UU., optaría por exponer estos nexos como moneda de cambio. Este argumento se refuerza con:
El precedente de Salvador Cienfuegos: En 2020, el exsecretario de Defensa fue repatriado tras presiones diplomáticas para evitar un juicio en EE.UU. que podría haber revelado redes de corrupción.
El contexto actual: La designación de cárteles como organizaciones terroristas por el gobierno de Trump aumenta la presión para que México actúe contra el crimen organizado, pero también refuerza el temor a filtraciones que validen la narrativa estadounidense sobre complicidad estatal,por cierto muy abundante, pues estos últimos 6 años fueron una fiesta de degradación institucional, que incluye al ejercito, fue una orgia de amasiatos como acusa EE.UU y que esta a punto de ver la luz, pues algunas mentiras suelen morir jovenes.
2. El doble filo de la soberanía nacional
Zambada utiliza el discurso de protección a la soberanía mexicana para justificar su repatriación, alegando que su captura fue un “secuestro transfronterizo” sin debido proceso. Sin embargo, Pascoe advierte que esta retórica oculta un chantaje político:
“Si el gobierno mexicano no actúa con la misma firmeza que en el caso Cienfuegos, tendré que revelar todo lo que sé”.
Este enfoque explota las tensiones actuales entre México y EE.UU., donde Sheinbaum denuncia injerencias unilaterales (como operativos antinarcóticos no coordinados).
La carta sitúa al gobierno ante un dilema: proteger la soberanía repatriando a un narcotraficante o arriesgarse a una crisis si Zambada expone colaboraciones ocultas.
3. Impacto potencial en la relación bilateral
La advertencia de “colapso” no se limita a una posible ejecución, sino que alude a dos escenarios entrelazados:
Legal: Si EE.UU. juzga y sentencia a Zambada sin considerar los protocolos binacionales, se sentaría un precedente para futuras capturas extraterritoriales de mexicanos, incluyendo funcionarios.
Político: Revelaciones sobre colusión entre autoridades y el Cártel de Sinaloa dañarían la credibilidad internacional de México y alimentarían las críticas de la administración Trump, que ya ha acusado al país de “fallar en controlar el narcotráfico,de ser aliado de Carteles de las drogas y que narcos dirigen al pais”,en ninguna de estas aseveraciones se equivoca.
Como señala Pascoe, la carta es un ejercicio de “realpolitik criminal“: Zambada capitaliza su posición como testigo potencial de corrupción sistémica para negociar desde la cárcel. Su estrategia refleja un conocimiento preciso de las fisuras en la relación México-EE.UU., particularmente bajo un gobierno republicano que prioriza medidas duras contra los cárteles.
Conclusión
La hipótesis de Pascoe citada por EL PAIS,se sostiene en la combinación de factores jurídicos y geopolíticos, bajo una demanda de repatriación enriquecida con la asesoría del abogado Tamaulipeco Juan Pablo Penilla,ademas inmerso en la dinámica jurídico criminal de 3 carteles, sin incluir a Morena.
Un importantísimoactor ligado al partido oficial y el gobierno, que funge de asesor del mandatario de Tamaulipas,Americo Villerral ,desde el 10 de enero de 2023 y que se muestra en iamegenes a lado de Claudia Sheinbaum.
Lo mismo dirige a Zetas del Cartel del Noreste (CDN) por la via de la intermediación con ordenes del Z-40 en prision,artífice de alianzas con el Cartel del Golfo de Matamoros y ahora asesor legal del capo Zambada como lo reconoce en su carta,parece que el “pueblo” no necesita mayores explicaciones.
Porque este no es solo un recurso legal del capo con el dinero del Cartel, sino un movimiento táctico para evitar que se convierta en un elemento de presión contra el Estado mexicano, donde la carta opera como un recordatorio de que en la guerra contra el narcotráfico, las fronteras entre justicia, diplomacia y chantaje suelen difuminarse.
Con informacion de: Diario Español/ELPAIS/ELIAS CAMHAJI/
