Americo Villarreal Anaya, aun gobernador de Morena en Tamaulipas, ya ocupa el penúltimo lugar en el ranking nacional de aprobación de los ciudadanos de acuerdo con la tabla nacional,donde aparece REPROBADO con 27.8% de calificación de los ciudadanos, en tanto su compinche,tambien de morena, Ruben Rocha Moya,aparece en ultimo lugar con 18.5% de la aprobación de sus gobernados.
Desempeño en el ranking
Posición nacional: 31/32 gobernadores
Aprobación actual: 27.8% (-1.8% vs mes anterior)
Comparativo regional: Último lugar en el noreste, superado por gobernadores de:
Coahuila: 60.8%
Nuevo León: 47.5%
Veracruz: 53.8%
Contexto político clave
Tamaulipas fue una de las 9 gubernaturas ganadas por MORENA en 2022, rompiendo con 92 años de hegemonía priista y panista. Sin embargo, su administración:
Registra el peor desempeño entre gobernadores morenistas(promedio partidista: 51.6%)[4]
Muestra 16.8% menos aprobación que el promedio nacional de mandatarios estatales (44.6%),muy ilustrativo de su falta de capacidad, aunada al probado involucramiento con carteles.
Indicador
Villarreal
Promedio MORENA
Aprobación ciudadana
27.8%
51.6%
Posición en ranking
31
15 (mediana)
Cambio mensual
-1.8%
-0.4%
Principales contrastes:
Superado por 14 gobernadores de oposición, incluyendo a Tere Jiménez (PAN-Ags: 66.9%)
Único mandatario morenista entre los últimos 5 lugares del ranking
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El caso de Tamaulipas evidencia los desafíos de MORENA para 2028 en que se renovara la gubernatura y esta calificacion,al igual que Sinaloa,ya mandan señales claras para echar a la calle al “Clan Villarreal”, ni primos, ni hermanas, ni hijos,ni complices,bajo el entendido de que para combatir al crimen organizado,ooooooootra vez hay que quitarles los apoyos que reciben de los que estan sentados en las silla del gobierno.
Mark Freeman,director y fundador del Instituto para las Transiciones Integradas (IFIT),recien acaba de poner a debate en entrevista con el Diario Español,EL PAIS, una postura que propone negociar con grupos criminales como herramienta para reducir la violencia en México.
A la luz de la evidencia, no coincidimos, ni siquiera tantito con el experto,pues esto presenta graves riesgos estructurales que comprometen el escaso Estado de derecho y el ausente imperio de la ley.
Aunque Mark Freeman argumenta que estas negociaciones podrían ser “una opción subutilizada” para alcanzar acuerdos parciales, esta aproximación ignora tres realidades fundamentales del crimen organizado en México:
1. Falta de capacidad coercitiva y legitimidad institucional
Los grupos narcocriminales mexicanos operan como redes descentralizadas sin estructura jerárquica clara, a diferencia de grupos insurgentes con agendas políticas definidas.
Un interactivo de EL UNIVERSAL con datos militares que aunque se actualizan constantemente, nos ilustran someramente
El 80% de los homicidios dolosos en México permanecen impunes según cifras oficiales, lo que demuestra falta de capacidad estatal para garantizar cumplimiento de eventuales pactos.
2. Riesgos de legitimación y escalada violenta
Los intentos históricos de negociación (como las treguas entre cárteles mediadas por sacerdotes en Guerrero o la mas reciente de Tamaulipas que fracaso en 2021, han mostrado efectividad temporal seguida de recrudecimientos.
Estos acuerdos suelen:
Fortalecer económicamente a los grupos durante periodos de “paz”
Crear vacíos de poder que generan nuevas violencias
Exponer a mediadores civiles (como los 80 sacerdotes asesinados en 30 años)
Negociación propuesta
Realidad mexicana
Objetivos grupos
Agendas definidas (ej: talibanes)
Control territorial y rutas narcóticas
Estructura
Jerarquías identificables
Redes fluidas y mutantes
Cumplimiento
Mecanismos de verificación
Imposibilidad de fiscalización
3. Alternativas reales vs soluciones aparentes
La estrategia gubernamental de “cero impunidad” planteada por Sheinbaum requiere:
Reforma judicial integral: Actualmente solo 1 de cada 10 carpetas de investigación llega a sentencia
Inteligencia financiera: Atacar los $30,000 millones anuales del narcotráfico mediante lavado de dinero
Coordinación internacional: El 70% de armas usadas por cárteles provienen de EU y Sheinbaum se muestre resistente a cooperar.
Las negociaciones propuestas por Freeman equivaldrían a externalizar funciones estatales hacia actores criminales, creando mecanismos paralelos de gobernanza. Como demostró el caso colombiano con los paramilitares, esto deriva en:
“Paraestados” criminales con control social
Corrupción institucionalizada
Ciclos de violencia renovada al romperse acuerdos
La solución no radica en atajos peligrosos sino en construir capacidades institucionales duraderas, dejando de ser complices,ahi radica el verdadero sustento de Carteles,sin apoyo de gobiernos,auotoridades,politicos,policias,militares y demas eslabones de la cadena de valor, los “NARCOS NO serian NADA,ABSOLUTAMENTE NADA”.
Solo mediante el imperio irrestricto de la ley se puede desarticular al crimen organizado, no mediante pactos efímeros que sacrifican la soberanía que Sheinbaum defiende ante el exterior, cuando estamos sometidos al interior,viviendo como colonia y protectorado narco.
“No vamos a negociar con delincuentes”. Claudia Sheinbaum fue tajante cuando le preguntaron en octubre pasado, a menos de un mes del arranque de su Gobierno, si estaba dispuesta a entablar un diálogo con las organizaciones criminales más poderosas y violentas, en medio de la ola de violencia que azota a México desde hace décadas.
“Vamos a construir la paz atendiendo las causas y con cero impunidad”, señaló la presidenta, días después de presentar su estrategia de seguridad y en respuesta a la propuesta del diputado oficialista Manuel Espino de abrir un canal de comunicación con las facciones del narcotráfico. Ante el rechazo del Ejecutivo, el legislador aseguró que fue un malentendido y dijo que su idea nunca fue ofrecer “un pacto”.
Pero no todos están cerrados a la idea de mediar y llegar a compromisos con la delincuencia organizada. “¿Por qué debería ser un tabú negociar con un grupo criminal si es útil para reducir la violencia y dar paz a la gente?”, plantea Mark Freeman, director y fundador del Instituto para las Transiciones Integradas (IFIT), en entrevista.
Con más de tres décadas de trayectoria en negociaciones de paz de alto nivel y experiencia en países como Afganistán, Ucrania, Venezuela, Colombia o Congo, el especialista invita a ampliar la caja de herramientas para enfrentar el flagelo de la inseguridad y considerar las negociaciones como un recurso más en las manos de las autoridades y los actores con incidencia social, como los empresarios o la Iglesia. “No es que todos los Gobiernos deban arrancarse a negociar con los grupos criminales, el problema es que muchas veces ni siquiera se considera como una opción en contextos donde puede funcionar”, agrega.
Freeman argumenta que, aunque son un asunto espinoso en el debate político, las negociaciones son una realidad. Se han dado entre Estados Unidos y los talibanes, Israel y Hamás o las autoridades colombianas y las guerrillas, incluso de forma bastante abierta. A menudo, sin embargo, se traza una línea roja cuando se trata de narcotraficantes. “El espectro de grupos violentos y al margen de la ley es muy amplio, ¿por qué con unos sí y con otros no? Hay un cierto misterio”, comenta.
El especialista lanza algunas hipótesis al respecto. Habla de la ausencia de una agenda ideológica en el arquetipo de los carteles, lo que nubla la visión de cuáles son sus objetivos: “Los yihadistas quieren establecer la sharia, pero ¿los narcos qué quieren?”, cuestiona. A propósito de este punto, el director del IFIT menciona como otro factor cierta “falta de imaginación” y costos reputacionales y políticos en el cálculo de los actores oficiales. “Es un tabú para los Gobiernos porque asumen que van a perder votos si hay un rechazo público ante la idea de negociar y posiblemente legitimar”, sostiene.
A partir de un estudio que siguió procesos de este tipo durante cinco años, el IFIT identificó que la mayoría de las negociaciones en el mundo fueron para alcanzar acuerdos parciales. A menudo los procesos de mediación se dieron de la mano de otro tipo de actores —como grupos religiosos, organismos no gubernamentales o el sector privado— que tienen a priori mayor margen de maniobra porque no son electos, pero también corren altos riesgos.
México no es ajeno a ese fenómeno. A principios del año pasado se hizo público que un grupo de sacerdotes había logrado una tregua con las principales fuerzas delictivas de Guerrero, uno de los Estados más violentos del país. No sin polémica. “La información que tengo es que esto está pasando y ha pasado desde hace mucho tiempo: diálogos, negociaciones, treguas temporales, acuerdos muy puntuales… esto existe y está documentado”, comenta Freeman, quien llama a “proteger a los mediadores” y “tener una visión de fortalecimiento institucional” para conseguir que los acuerdos sean duraderos. La Iglesia católica aseguró en diciembre pasado que México es el país más peligroso para ser sacerdote en América Latina y reclamó que al menos 80 de sus ministros de culto fueron asesinados en las últimas tres décadas.
El equipo de Freeman ha tenido acercamientos con distintos sectores en México, desde académicos hasta activistas. “Estamos asesorando y formando a gente en estos temas para que tengan mayores posibilidades de éxito”, señala sobre su visita al país. “Nuestra idea no es vender ‘esto es lo que tienen que hacer’, tampoco negociar para la colusión o la impunidad, sino poner a su disposición estas herramientas”, apunta.
El especialista no ha tenido contacto con el Gobierno mexicano, pero los miembros y aliados de IFIT han percibido una apertura mayor de las autoridades de los distintos niveles para explorar otro tipo de recursos ante la violencia, aunque sigue siendo un tema difícil de tratar públicamente. “Antes ni siquiera se podían tener este tipo de conversaciones”, asegura.
Freeman señala que el modelo tradicional de negociación parte de la idea de que el objetivo final es una transición total hacia la paz, que se consigue en un orden fijo de pasos hacia esa transformación y que la prolongación de las negociaciones reduce la intensidad del conflicto eventualmente. Asume, sobre todo, que hay tiempo para llegar a una solución y que no hay tal solución si no se desarticula el conflicto por completo, señala el especialista.
En cambio, el IFIT propone negociaciones de vía rápida, a partir de fijarse metas en el corto plazo, asumiendo que una solución “ideal” no es asequible y que el proceso tiene que darse en ventanas de oportunidad bastante acotadas, por lo que los pactos tienen que cerrarse lo más pronto posible. Parte de diagnósticos concretos de lo que se quiere y se puede lograr. Y asume que los conflictos están en constante evolución, con actores cada vez más fragmentados, privilegiando encadenar una serie de compromisos puntuales. “No se trata de la paz perfecta, sino de la paz posible”, comenta. “Responde a un sentido de urgencia y a la necesidad de tener resultados”.
“Creo que hay que tener estos debates en la sociedad”, señala. “Hay que considerar, por supuesto, los mecanismos coercitivos, los cambios en las leyes de Estados Unidos, mil cosas… pero nosotros creemos que las negociaciones son una opción subutilizada, que puede ser parte de la solución”, concluye Freeman.
Con informacion: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ELIAS CAMHAJI
Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas (2016-2022) actualmente prófugo de la justicia mexicana y procesado por la Tamaulipeca, publicó reciente video la mañana de ayer ,desde sus redes y desde su rancho en Texas, Estados Unidos, mientras habla de su ganado y promociona la próxima feria en Houston.
Con unos becerros de fondo, de la raza Brahman Rojo, una variante de la raza Brahman conocida por su resistencia y adaptabilidad, que se originó en Estados Unidos a partir de razas zebuinas (Bos indicus) importadas de India y otros países con el Brahman Rojo y que surgió con influencias del ganado “Gyr”, es una de las bases genéticas de la raza que Cabeza de Vaca prepara par la Feria de próximo año en Houston.
Costo del Ganado Brahman Rojo
El precio del ganado Brahman Rojo puede variar dependiendo de factores como la genética, el pedigrí y la edad. En Estados Unidos, los becerros suelen costar entre $2,500 y $5,000 USD por ejemplar promedio, mientras que animales con genética superior o campeones en ferias pueden superar los $10,000 USD. Los costos también pueden incluir semen o embriones para programas de reproducción.
Pero este acto, aparentemente cotidiano, tiene implicaciones políticas y legales significativas, considerando las acusaciones y procesos judiciales que enfrenta con el mismo dinero que saqueo de Tamaulipas,mientras la justicia de este estado, en manos de otro hampon consumado de “pudrición compartida”, Americo Villarreal Anaya,del partido Morena,tiene de encargado de las pesquisas a ex-servidor publico del Cartel del Golfo de Matamoros,para eso de que la “cuña apriete, que sea del mismo palo”.
Contexto de las Acusaciones
Cabeza de Vaca ha sido señalado por diversos delitos graves, entre ellos:
Lavado de dinero: Se le acusa de simular operaciones inmobiliarias para justificar ingresos ilícitos.
Delincuencia organizada: Supuestos vínculos con redes criminales y desvío de recursos públicos.
Enriquecimiento ilícito: Adjudicación irregular de contratos públicos y acumulación de propiedades sospechosas en México y Estados Unidos.
Evasión fiscal: Presuntas irregularidades en el pago de impuestos.
En 2021, la Fiscalía General de la República (FGR) giró una orden de aprehensión contra él, pero múltiples amparos y resoluciones judiciales junto con despachos carisimos,solo asequibles para la “raza no jodida”, han impedido su detención.
Desde que huyo por la puerta trasera del gobierno de Tamaulipas,dias antes que se acabara el fueron, en septiembre de 2022, reside en Estados Unidos, donde ha encontrado refugio legal gracias a su doble ciudadanía (mexicana y estadounidense).
Aunque Morena y su gobierno en realidad nunca quisieron encerrarlo, solo querían hacer a un lado al “belicoso que los enfrentaba con la misma calidad moral de Morena”.
El Mensaje Entre Líneas
La publicación del video desde su rancho tiene varias lecturas:
Desafío a las autoridades mexicanas: Su actitud relajada y la promoción pública de actividades personales sugieren que no teme represalias legales inmediatas.
Reafirmación política: Al mostrarse activo y accesible, busca proyectar una imagen de normalidad e influencia pese a su estatus legal.
Deslegitimación del proceso judicial: Implícitamente refuerza su narrativa de persecución política, acusando al gobierno mexicano de usar la justicia como herramienta para atacar opositores, lo que no es totalmente falso,auqneu las acusaciones son de larga data, mucho antes de que Morena fuese gobierno para desgraciá de este pais que ya lo habia desgraciádo el resto.
Tan psique basta con echarle un ojo (…o los dos) al interactivo de El Universal documentando con testimoniales sus primeras acusaciones con el Cartel del Golfo,por cierto, bajo el régimen panista de Felipe Calderón.
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Implicaciones
Esta exhibición pública subraya las dificultades del sistema judicial mexicano para procesar a figuras políticas con conexiones internacionales. Además, refleja cómo el uso estratégico de redes sociales permite a figuras controvertidas mantener relevancia mediática y política incluso en el exilio obligado.
En resumen, el video no solo es un acto cotidiano que infiere la burla a la justicia ,sino también un mensaje político que combina desafío e intento de control narrativo frente a las graves acusaciones que enfrenta con dinero,mucho dinero, bajo un añadido,si aun despues de allanar los escollos legales, le queda de ganancia la mitad de los quebrantos,entonces si fue un buen negocio gobernar a Tamaulipas,que aun sigue gobernado por el crimen organizado.
La facilidad pasmosa con que hombres armados del Cartel de Sinaloa privaron de la libertad a unas personas y balearon su vivienda durante la noche de ayer sábado en el fraccionamiento Stanza Córcega, al sur de Culiacán,es verdaderamente escandaloso.
Fue alrededor de las 19:00 horas cuando vecinos reportaron las detonaciones de arma de fuego por las inmediaciones de un domicilio ubicado por la calle Portón Corsica, a unos metros de un parque de la comunidad.
Según informes, civiles armados irrumpieron en la vivienda y la atacaron a balazos; durante el atentado, los responsables del acto violento se llevaron a la fuerza a los habitantes de ese domicilio hacia un rumbo desconocido.
Este hecho no es un ningun caso aislado y refleja un patrón de violencia que ha convertido las desapariciones, los llamados “levantones” en una práctica sistemática con impunidad casi total.
La normalización del “levantar” como síntoma de colapso institucional
El término “levantar”, usado coloquialmente para describir las desapariciones forzadas, se ha arraigado en el vocabulario sinaloense (…como en Tamaulipas y todo el pais) como eufemismo de la ausencia estatal.
Tan solo entre el 09 de septiembre y febrero 14 de 2025,de acuerdo con NOROESTE (…antes ya habia mas de 5 mil) se han registrado de manera oficial 968 desapariciones que no reflejan la realidad en Culiacán,pero evidencian, que sumadas a las brutales ejecuciones, ya casi 900 perpetradas por las dos facciones del crimen organizado en pugna, “Chapitos y Mayitos”, estos estan actuando con la misma libertad que si “nadie atendiera el changarro”.
Este modus operandi incluye características escalofriantes:
Precisión logística: Los atacantes en Stanza Córcega operaron de noche, acordonaron el área y secuestraron a las víctimas sin resistencia policial inmediata.
Control territorial: El 45.9% de las desapariciones ocurre en personas de 20 a 34 años, grupo demográfico más vulnerable al reclutamiento o ajustes de cuentas entre cárteles.
Colusión institucional: El propio comandante de la Tercera Región Militar admitió que “la seguridad en Sinaloa no depende de nosotros, depende de grupos antagónicos”, confirmando la abdicación del Estado en sus funciones básicas, aunque la DEFENSA ya cambio el problema de lugar,es decir,lo removieron por sincero (…y cínico)
La respuesta gubernamental: entre la inoperancia y el cinismo
Mientras la violencia se recrudece –con 849 asesinatos en 160 dias de “desgobierno”, 3,843 horas de andar con el “jesus en la boca” y contándo,se advierte.
Despliegue simbólico: Aunque ya llegaron titipuchal de refuerzos con hartos militares, tantos que ya perdimos la cuenta, esto no evitó el ataque en Stanza Córcega ,ni ha reducidodesapariciones, ni resto de delitos, al contrario se han incrementado.
Narrativa contradictoria: El secretario de Gobierno, Feliciano Castro, reconoció en diciembre de 2024 que “la violencia no está superada”, pese a los discursos oficiales previos sobre “avances”.
La economía sinaloense sufre pérdidas por cientos de millones de pesos, que ya suman miles bajo una lastimosa combinación de impunidad, descoordinación y desatención que consolida la percepción de que el “changarro” (el Estado) está vacío, permitiendo que el crimen organice sus operaciones con precisión militar (…cual ?) mientras las víctimas y sus familias claman por justicia en el desierto institucional.
Hasta en Ucrania –con su guerra– hay menos probabilidad de un levantón express que en Culiacán. Y en Somalia, los piratas al menos negocian rescates… no desaparecen gente como si fueran oferta del día 😅.
El anuncio de tres sembradíos de más de 11 toneladas de mariguana que fueron destruidos por la Marina en el poblado de El Limoncito, en Culiacán, Sinaloa,que pese a que abarcaban una superficie de 3 mil 245 metros cuadrados, de acuerdo con lo informado por Secretaría de Seguridad Pública de la entidad y que “causalmente” no habíamos visto antes,nos invita al análisis critico para cuestionar y en la seguridad como andamos ?.
El hallazgo ocurrió tras una serie de sobrevuelos y recorridos en el poblado, por lo que personal naval destruyó un primer plantío de mil 710 metros cuadrados, con 5 mil 464 kilogramos de mariguana y con posterioridad se detectó otro plantío de 35 metros cuadrados, en el que se erradicaron 84 kilogramos de mariguana, al que se sumo un tercer punto se localizó otra plantación de mil 500 metros cuadrados, donde 6 mil kilogramos de mariguana también fueron destruidos.
Los operativos de destrucción de cultivos de marihuana en Sinaloa, como el reciente en El Limoncito (Culiacán) con 11.5 toneladas incautadas, muestran un patrón recurrente en la estrategia antidrogas mexicana.
Impacto en seguridad: paradoja estadística
Correlación inversa: Mientras Sinaloa aportaba 33% de cannabis mexicano (2016), el consumo nacional se duplicó por estrategias de mercado interno de cárteles.
Violencia persistente: Mientras las autoridades se afanan en destruirle al Cartel sembradlos y laboratorios, la violencia de Sinaloa crece, asesinatos y levantones,como si la estuvieran abonando.
Raíces del problema y una fallida metrica de exito
Sustitución de cultivos: Caída de 61% en producción de cannabis 2010-2016 provoco el auge de metanfetamina.
La erradicación de cultivos como métrica de éxito data de 1947, pero:
Operativo Cóndor (1975-1978) destruyó 11,500 ha sin afectar líderes narco
70 años de operativos muestran erosión de confianza institucional.
Este enfoque unilateral (destruir cultivos) ignora lecciones clave: el desplazamiento hacia drogas más peligrosas, el daño ecológico irreversible y la necesidad de políticas integrales que atiendan causas sociales.
Los anuncios de decomisos operan como pantalla mediática ante la complejidad real del narcotráfico, donde cada tonelada incautada equivale a 6 de desechos tóxicos no gestionados, perpetuando crisis ambientales y de salud pública que no merman la violencia.
La persistencia del control territorial del narcotráfico en Sinaloa, pese a los decomisos recurrentes, se explica por mecanismos estructurales y adaptativos que neutralizan el impacto de estas acciones:
1. Economía narcótica escalable y redundante
Capacidad productiva:
1 hectárea de cannabis produce 1 tonelada cada 3 meses.
Los 11.5 toneladas decomisadas en El Limoncito equivalen al 0.3% de la producción estatal anual (3,500-4,000 toneladas históricas).
Resiliencia logística:
Reemplazo en 72 hrs de laboratorios destruidos (según informes de la SSPC 2024).
33% de los predios incautados son reutilizados en 30 días.
2. Control social institucionalizado
Redes comunitarias:
47% de municipios sinaloenses reciben pagos por “protección” de cultivos (INEGI 2023).
Salarios narcos: $3,000-$8,000 MXN/mes vs jornal agrícola de $1,500.
Cooptación institucional:
12 alcaldes vinculados a cárteles (2018-2024) según Fiscalía Anticorrupción.
64% de decomisos ocurren en terrenos sin dueños registrados, facilitando reincidencia.
3. Geografía criminal adaptativa
Estrategias de dispersión:
Microplantíos de 0.5 ha (35 m² como en El Limoncito) evitan detección satelital.
Uso de drones para vigilancia (132 interceptados en 2024 vs 19 en 2020).
Infraestructura móvil:
Laboratorios “nómadas” en trailers (9 desmantelados en 2024).
78% de metanfetamina ahora se produce en zonas urbanas (vs 22% rural en 2018).
4. Mercados y rutas alternas
Factor
Impacto en control territorial
Diversificación
58% de ingresos narco en Sinaloa provienen de exportación de metanfetamina y fentanilo (vs 22% cannabis)
Rutas de tráfico
19 puntos ciegos en Sierra Madre Occidental (vs 7 vigilados)
Autodefensas
14 grupos armados locales cooptados como células narco en 2023
5. Ciclo violencia-decomiso
Efecto demostración: Cada decomiso genera ejecuciones por pérdidas económicas (27 ajustes de cuentas tras operativo en Cosalá, enero 2025).
Reclutamiento forzado: 1 decomiso 1 tonelada correlaciona con +18% reclutamiento juvenil en 30 km a la redonda (estudio Colef 2024).
Estos factores crean un ecosistema criminal autosustentable donde los decomisos operan como costos operativos asumibles, no como amenazas existenciales.
La raíz del control territorial yace en la simbiosis entre economía informal, ausencia estatal y adaptabilidad tecnológica del crimen, no en volúmenes específicos de droga incautada.
