La paradoja ya viene servida, y no en plato chico: ministros de la Corte y magistrados electos “por el pueblo” —sí, por ese pueblo al que le explicaron la reforma con acordeones, propaganda y una pedagogía institucional más chueca que un amparo mal planteado— serán ahora juez y parte al revisar una impugnación que desnuda la propia reforma que los llevó al cargo.
Es decir: el mismo andamiaje que los encumbró al altar de la legitimidad será también el que deberán examinar con cara de toga, como si el conflicto de interés se extinguiera por decreto y con fanfarrias constitucionales.
Porque el asunto no es menor ni admite el acostumbrado teatro de solemnidad vacía. Un juez federal ya resolvió que la reforma judicial de 2024 nació muerta en términos de Constitución: contraria a la Carta Magna original de 1917, violatoria de derechos humanos y, además, contaminada por vicios de procedimiento en su aprobación.
Traducido al lenguaje de la liturgia legal: el poder reformador se tomó libertades de plomero improvisado y terminó dejando la instalación constitucional goteando por todas partes.
Agustín Archundia Ortiz, juez de carrera con 26 años en el cargo, concedió el primer amparo contra una reforma que, entre otras joyas del catálogo autoritario con barniz democrático, impuso la elección por voto popular de jueces y magistrados en todo el país.
El fallo, claro, no produce efectos generales por ahora; en México la contundencia jurídica suele venir con candado, y la justicia amparista rara vez avanza sin antes pedir permiso al laberinto procesal. Pero el mensaje ya está lanzado: si la reforma es inconstitucional, entonces el relato del “mandato popular” se tambalea como silla coja en pleno juicio oral.
Y aquí aparece la ironía más sabrosa: la revisión inicial recaerá en uno de los tres tribunales colegiados de Jalisco, donde ya hay varios magistrados electos, y todo apunta a que el expediente terminará en la Suprema Corte. O sea, el caso que cuestiona la arquitectura jurídica de la reforma será estudiado por operadores que podrían ser producto directo de esa misma reforma. Un círculo perfecto, casi artístico, de legitimidad autocontenida: la ley se vota, se impugna, la revisan los beneficiarios, y luego se celebra que todo ocurrió “conforme a derecho”.
La sentencia de Archundia, firmada el 31 de julio aunque notificada hasta el 17 de agosto por el periodo vacacional del juzgado, protege por ahora a Mercedes Verónica Sánchez Miguez, Manuel Ernesto Saloma Vera y Aideé Sánchez Arévalo, los quejosos en este litigio.
Pero el fondo del asunto no está sólo en ellos: está en la obscenidad institucional de una reforma que quiso presentarse como democratización, pero que hoy exhibe un detalle incómodo, de esos que arruinan los discursos grandilocuentes: cuando la elección nace viciada, hasta el juez “electo por el pueblo” puede terminar revisando, con mucha seriedad y poca vergüenza, el expediente de la propia farsa que lo colocó ahí.
Con información: ELNORTE/
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