“No tengo mayor responsabilidad que defender a nuestro país de amenazas e invasiones, y eso es exactamente lo que voy a hacer. Lo haremos a un nivel que nadie ha visto antes”. Así anunció Donald Trump en su discurso de toma de posesión una avalancha de decretos frente a la crisis migratoria y el combate al crimen organizado.
Tras meses de advertencias, el republicano concretó sus amenazas contra México con una batería de medidas de mano dura, pero con pocas sorpresas. “Esto ya ocurrió, no es algo nuevo”, afirmó la presidenta, Claudia Sheinbaum, al reseñar las acciones de la Casa Blanca contra la inmigración.
Había, sin embargo, una excepción notable: la designación de los carteles como organizaciones terroristas. El cambio anticipa una nueva era en la guerra contra las drogas. Pone en manos de Trump un poder sin precedentes, mayor discrecionalidad y más armas para presionar a las autoridades mexicanas, en vilo por los riesgos a su soberanía y el impacto en todas las áreas críticas de la relación bilateral.
“Estamos ante un cambio de paradigma”, afirma Víctor Hernández, académico del Instituto Tecnológico de Monterrey. “Está cambiando para siempre la relación entre México y Estados Unidos”, asegura. Al sur de la frontera, la principal preocupación es que la designación de los carteles como terroristas abre la puerta a una intervención militar en territorio mexicano, bajo la excusa del combate al terrorismo.
No hay un consenso claro sobre el alcance de la amenaza y el carácter impredecible de Trump abona a la incertidumbre. La baraja de posibilidades que divide a políticos y especialistas va desde operaciones para capturar a los capos sin avisar a las autoridades mexicanas hasta una “invasión suave”. “Podría pasar, cosas más extrañas han pasado”, dijo el republicano sobre la posibilidad de una acción del Ejército estadounidense. No es sólo una nueva caja de herramientas, es una nueva caja de herramientas en manos de Trump y con efectos que pueden prolongarse mucho más allá de su presidencia.
“No le va a gustar a México”, delizó el republicano tras firmar el decreto. El tono de las declaraciones también ha detonado un debate sobre si será sólo un arma de negociación, parte del repertorio de bravuconerías del republicano, o si el peligro es real. Marco Rubio, el próximo jefe de la diplomacia estadounidense, aseguró la semana pasada que la intervención militar era una “opción” sobre la mesa del presidente, pero matizó que lo ideal era fortalecer la cooperación entre ambos países.
Las implicaciones van más allá de la “invasión”. El decreto da nuevas herramientas a la Administración de Trump para estrechar el cerco sobre los grupos criminales, sobre todo para debilitar sus estructuras financieras. La orden ejecutiva se sostiene sobre otras medidas, entre ellas las que utilizó George W. Bush para lanzar “la guerra contra el terror” después del 11 de septiembre, que dan “más dientes” a las agencias estadounidenses para seguir el rastro del dinero y sancionar a quienes patrocinan a células terroristas. La primera consecuencia de la designación es la congelación de los activos de los carteles y su bloqueo del sistema bancario internacional, pero el mecanismo detona todo un aparato de medidas militares y judiciales.
En el papel, el golpe a las estructuras económicas y los esquemas contra el lavado de dinero es el efecto más positivo del cambio que impulsa Trump. Pero no está exento de problemas. Cualquier persona que trate, a sabiendas o no, con un narcotraficante puede ser acusada de vínculos con el terrorismo. Eso mete en la misma bolsa a instituciones financieras y fabricantes de armas, pero también a comerciantes obligados al pago de extorsiones o inmigrantes que paguen a un traficante para cruzar la frontera.
“Es una legislación mucho más agresiva, la lucha antinarcóticos está en la órbita de la seguridad pública, mientras que el combate contra el terrorismo es un asunto de seguridad nacional”, advierte Hernández. Las zonas grises entre los negocios legales e ilegales del narcotráfico dificultan su aplicación y, aunque Administraciones demócratas y republicanas tantearon la idea durante la última década, esas complicaciones y las dudas sobre su efectividad acabaron por disuadirlos.
Detenciones arbitrarias
El decreto da pie a detenciones arbitrarias bajo penas más severas y contra los eslabones más débiles de la cadena criminal. Hernández señala que el nuevo marco puede llevar a la captura de, por ejemplo, un trabajador sin papeles presionado para blanquear dinero del narco a través del envío de remesas ―un fenómeno ampliamente documentado―, pero arrojar pocas luces sobre quiénes realmente mueven los hilos. “Va a meter a mucha gente en la cárcel, pero dudo que realmente se avance en las labores de inteligencia”, apunta.
Otro aspecto problemático es qué es terrorismo y qué no lo es. La interpretación será exclusiva de Estados Unidos. “La designación de actores terroristas no está necesariamente vinculada al terrorismo en sí, obedece a las agendas y metas de las distintas Administraciones”, señala Mauricio Meschoulam, investigador de la Universidad Iberoamericana. Para Trump, los hutíes de Yemen son terroristas, pero para Joe Biden no lo fueron. Ahora, la atención está en los carteles y en pandillas como la Mara Salvatrucha.
Meschoulam, que ha estudiado el fenómeno durante más de una década, comenta que la lucha antiterrorista amplía los márgenes de discrecionalidad de las agencias estadounidenses y reduce la carga de prueba para actuar, bajo el argumento de que la prevención es crucial y de que cuando sucede un ataque terrorista ya es demasiado tarde. “Basta con una sospecha plausible de que alguien está pensando o planeando un atentado para espiar, intervenir sus teléfonos o sus casas”, comenta el académico. En los 10 años que siguieron a los atentados de 2001, las sentencias por terrorismo en Estados Unidos aumentaron ocho veces en comparación con la década anterior, según un estudio de la cadena NBC, al tiempo que Human Rights Watch documentó decenas de casos con irregularidades.
El decreto también marca un punto de inflexión en el discurso contra las drogas y la crisis migratoria. Trump acusa a los carteles de infundir el “terror” a través de asesinatos y violaciones, pero también al “invadir” su país con sustancias e inmigrantes y socavar a las autoridades mexicanas. “En algunas zonas de México funcionan como entidades cuasigubernamentales, que controlan casi todos los aspectos de la sociedad”, acusa en el texto.
Trump no habla de la epidemia de narcóticos ni de las víctimas del narco en todo el decreto, pero sí menciona el “terror” en una decena de ocasiones y la vulneración de sus intereses nacionales. Es una nueva guerra, que justifica otro tipo de medidas. “Es una doble militarización”, afirma Hernández: una de la frontera y otra contra el tráfico de drogas. El Pentágono, con un presupuesto anual de más de 824.000 millones de dólares, ocupará un papel mucho más preponderante en este nuevo paradigma. Esta semana se anunció el despliegue de 1.500 soldados estadounidenses en la frontera.
El decreto contra los carteles es solo el comienzo. El texto establece un plazo de 14 días para que Rubio formule una recomendación sobre qué grupos serán nombrados como terroristas, el primer paso para colocar al Cartel de Sinaloa y al Cartel Jalisco Nueva Generación al nivel de ISIS o los talibanes. El secretario de Estado debe entregar un informe de inteligencia y notificar al Congreso, controlado por los republicanos, que tiene siete días para revisar la solicitud. Las leyes dan otros 30 días para que las organizaciones recurran la decisión, lo que es poco probable porque los capos no suelen presentarse públicamente como líderes de sus organizaciones. “Va a tomar tiempo, aunque el proceso avanzará con velocidad”, reseña Meschoulam. “Pero Trump ya generó los efectos políticos que buscaba, proyecta que está haciendo algo y la conversación gira en torno a él”.
También fortalece su posición frente a México. Antes de sentarse a negociar el futuro de la cooperación en Seguridad, ya ha desvelado una serie de advertencias sobre sus vecinos. “Cuando todo está sobre la mesa no se puede descartar nada”, señala Meschoulam. El mensaje, según el especialista, es que el Gobierno de Sheinbaum puede aceptar el diagnóstico y alinearse o atenerse a las consecuencias.
La presidenta ha evitado hablar de una intervención militar, pero ha insistido en su interés de mantener la colaboración, mientras no se vulnere la soberanía mexicana. Con desacuerdos evidentes, la negociación se dará, además, mientras otras áreas de la relación están bajo asedio, en medio de amenazas de una guerra arancelaria y deportaciones masivas, y ante la posibilidad de una radicalización del crimen organizado en represalia.
Pese a tener índices de aprobación por encima del 70% en las encuestas, la crisis de violencia ha sido uno de los puntos más cuestionados del Gobierno de Sheinbaum, que arrancó en octubre. El regreso del republicano provocó una reacción mayoritaria de unidad nacional, aunque la designación de los carteles ha sido abrazada por algunos sectores de la oposición, entre nociones de que se necesita un cambio en la estrategia de seguridad e intentos de sacar raja política. “El PRI no negocia con criminales ni con terroristas”, se leía en una publicidad del partido opositor. Es una apuesta que les ha acarreado críticas, pero también una muestra de la omnipresencia política de Trump.
“Nosotros creemos que no ayuda”, sostuvo Sheinbaum, que comisionó a un equipo de especialistas el análisis de las implicaciones. Con antecedentes como Siria, Iraq y Afganistán, los especialistas también dudan sobre la efectividad en el terreno del nuevo paradigma, un giro tras cinco décadas de lucha contra el narcotráfico. “El combate contra el terror y contra las drogas es una guerra contra ideas, contra un mercado, y nunca en la historia de la humanidad hemos logrado destruir ni una idea ni un mercado”, concluye Hernández.
Con informacion: ELIAS CAMHAJI/DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS
