Al presentar ayer su Reporte sobre incidencia delictiva correspondiente al primer trimestre de 2023, el Observatorio Nacional Ciudadano reveló que la supuesta tendencia a la baja en el delito de homicidio ha sufrido un repunte, y que con más de 150 mil víctimas de este delito en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, este puede ser considerado el más violento de la historia.
Durante el gobierno de Felipe Calderón, cuando la llamada guerra contra el narcotráfico ocasionó el repunte más dramático que el país había vivido hasta entonces, se contabilizaron 121 mil 613 homicidios. A aquel periodo se le calificó como el sexenio más sangriento.
Pero el sexenio de Enrique Peña Nieto lo superó. Como se sabe, la cifra de asesinatos llegó a 157 mil 158 entre 2012 y 2018.
En poco más de cuatro años, y con todavía 17 meses por delante, la administración de López Obrador rebasó los 154 mil homicidios: prácticamente el mismo número registrado en el sexenio anterior, y 22% más que en el sexenio de Calderón.
La marca fue rebasada durante el último trimestre, en el que tanto la Secretaría de Protección Ciudadana como el vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, presumieron que la tendencia a la baja se había confirmado.
Las cifras presentadas por el Observatorio Nacional Ciudadano son demoledoras.
De acuerdo con Francisco Rivas, director del Observatorio, en este sexenio “se rompieron todos los récords de la mayoría de los delitos que incluyen ejercicio de violencia”. No solo eso: el informe demuestra que las cinco entidades más violentas de México están gobernadas por Morena.
Son Colima, Baja California, Zacatecas, Sonora y Michoacán.
Para el Observatorio, queda demostrado que el desplazamiento de fuerzas federales a lo largo del territorio no logró mitigar la violencia: para decirlo en palabras de Rivas, no ha mitigado “el fracaso de la estrategia de seguridad”.
El reporte del Observatorio concluye que la narrativa triunfalista sostenida por el presidente de la República dificulta la puesta en marcha de políticas públicas que incidan en la reducción de la violencia. Mientras más se sigan cerrando los ojos, la realidad que afecta a millones de mexicanos seguirá empeorando.
Durante el primer trimestre de 2023 hubo en México una víctima de homicidio doloso cada 20 minutos.
Colima aparece en el documento como el estado con mayor tasa de homicidio doloso entre enero y marzo de 2023. Prácticamente no se ha movido de ese sitio desde 2016.
En el primer trimestre de 2023 hubo una extorsión cada hora. En el Estado de México este delito creció 18.71% con relación al primer trimestre de 2022: una tasa cinco veces mayor a la media nacional.
Hubo también en el país un robo en transporte público cada 30 minutos. En ese rubro la capital del país y el Edomex se encuentran a la cabeza. Pero en Chihuahua el delito creció 494.9%, en San Luis Potosí 337.24%, y en Baja California Sur 194.4%.
La alcaldía de Cuauhtémoc, en la ciudad de México, rebasó en robo en transporte público casi 16 veces la media nacional.
El narcomenudeo se disparó en casi todo el país: 19 estados registraron aumentos en la tasa.
Al mismo tiempo, se tiene registrada la desaparición de 41, 291 personas entre diciembre de 2018 y marzo de 2023.
El reporte del Observatorio es otra vez la radiografía de una realidad que le pisa el cuello a millones de mexicanos, y peor aún, de un fracaso que no se quiere ver: de un fracaso que, en caso de no ser aceptado, no hará sino acentuar sus contornos en lo que queda del sexenio.
Las redes sociales, son y seguirán siendo el único espacio de denuncia que no es controlado por los grupos de poder, ni silenciado por el gobierno",de tal suerte, que sus señalamientos deben tomarse con seriedad e investigar sus "dichos",sabedores de que gran parte de la informacion que circula en redes es valiosa y merece ser ponderada.
Como la que acusa que el "habilidoso y creativo" ex-gobernador de Tamaulipas radicado en Texas,el panista Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca,estaria detras de una estrategia criminal con ayuda policiaca y leal a sus intereses, para "ensangrentar" mas a Tamaulipas, aprovechándose de los enconos existentes que ya apuntan "inconformidades en los pactos con el crimen organizado del gobernador Americo Villarreal,que prometio mas de lo que les puede cumplir bajo el escrutinio del ejercito"...aqui el texto integro:
"...DELINCUENTE EX GOBERNADOR.
Ahora con sus grupo de compromisos de policías estatales les ordena por medio del Grupo Especial incendiar tamaulipas,balaceras ,levantones,asesinatos e enfrentamientos con grupos del crimen organizado para decir otra vez que el fue el mejor en seguridad , es clara su intención y su voracidad por seguir en el poder FRANCISCO CABEZA DE VACA, solo es cuestión de tiempo para saber con cuantas ARMAS se quedaron de las que no están registradas y más aún se revele la verdad de quienes son los autores materiales de segun ahora decomisan droga hasta en paqueterías y llegan a los domicilios a rescatar secuestradores y hay enfrentamientos al más no poder por diferentes puntos del estado,todo para seguir ensangrentando TAMAULIPAS y cabeza de Vaca con sus VIDEITOS diga que con él no exigía eso. Siempre a exigido y más en su gobierno solo que tenía precio la seguridad pero más la impunidad de los criminales en complicidad primeramente con el TRUCO en su natal Xicoténcatl empezó todo eso con PANCHO CARREON y de hay hasta Nuevo Laredo, Zona Ribereña Matamoros y Zona Conurbada,todo estaba en paz por el crimen lo controlaba "Don Cabeza De Vaca Arreglos" y el que no quería árreglos de los mañosos unos acabarían acribillados dentro de las cárceles y si no Muertos por una Bala de su Grupo de Sicarios vestidos con la letra Z o simplemente con un chaleco del CDG, después intimidó a esos grupos vistiendo a los mismos asociados que dejaría entrar al grupo del Mencho y se disfrazaron de Payasos su famoso grupo delincuenciales con grado y certificado de asesinos eso es lo que dejo a Tamaulipas un delincuente que todavía se ríe de sus obras de maleantes vestidos de Policías Estatales o simplemente Grupo Especial y lo más triste del caso que nuestro país que es la primer potencia del mundo lo sabe y le avaló sus obras para . así ellos llenar sus bitácoras de trabajo,cuando un político sea detenido exhibido con todos esos cargos entonces cambiará, no nomás Tamaulipas ,cambiará Mexico, los gringos son los mejores en descubrir las cosas y nos llama tanto la atención que teniendo tanto material de corrupción sigan creyendo que los mexicanos y más tamaulipecos somos unos ignorantes. Viva Tamaulipas"...
El 30 de diciembre de 2022,Breitbart de Texas puso a descubierto que productores de caña de azúcar en la zona cañera de Tamaulipas estában siendo presiónados por personas conectadas con el Cártel del Golfo, una mujer llamada Cynthia Garza habia extorsionando a las asociaciones locales de caña pidiendo $3 millones de pesos por zafra en la región agrícola de Ciudad Mante que tiene aproximadamente 2.500 productores de caña de azúcar y que pertenecen a dos asociaciones principales de productores.
Conexiones Políticas
Los lugareños entrevistados por Breitbart Texas revelaron que la situación en Ciudad Mante cambió en octubre de 2022 a la llegada de Americo Villarreal.
Fuentes policiales federales revelaron que un hijo de Américo Villarreal, también llamado Américo y conocido por el apodo de “Ameriquín”, se ha habia estado reuniendo directamente con figuras del crimen organizado para negociar y también ha estado negociando alianzas políticas para el beneficio de su padre, así como para su propia carrera política que está comenzando.
Las negociaciones giran en torno a organizaciones criminales como los cárteles de la droga y las redes de robo de combustible que canalizan dinero hacia campañas políticas, así como obligar a residentes de ciertas zonas a votar de cierta manera a cambio de contratos y protección del gobierno para el cobro de tarifas de extorsión, reveló la fuente policial federal. Breitbart Texas pudo verificar estas acusaciones al entrevistar a un empresario local y a una figura que estuvo activa en la política estatal anteriormente.
Aunque esta no es la única faceta criminal de Americo Villarreal,pues todo un entramado de gobierno y crimen se confabula para extorsionar las "pipas cargadas de combustible de contrabando que cruzan de Texas por Tamaulipas y dejan ganancias multimillonarias en dolares al gobernador y la llamada "reina del huachicol".
La extorsion es deporte exclusivo de criminales y otro fracaso del estado.
La extorsión es ya uno de los negocios más lucrativos para el crimen organizado. El “impuesto” de la mafia encarece productos y servicios y, en ocasiones, llega a costar la vida de las víctimas. Este delito juega un papel protagónico en la crisis de homicidios, lesiones dolosas, secuestros y desapariciones en el país.
El método más común de la extorsión es el que usa la vía telefónica para defraudar al azar a sus víctimas. Pero existen otras modalidades que ponen en riesgo la integridad física y la vida de las personas, como la llamada extorsión presencial. El delito también conocido como “impuesto” de la mafia encarece productos y servicios, y juega un papel protagónico en la crisis de homicidios, lesiones dolosas, secuestros y desapariciones en México.
Este ilícito es ya uno de los más empleados por grupos delincuenciales, pues además de su rentabilidad permanece en las sombras: pocas víctimas denuncian. Esta impunidad se explica por los débiles sistemas judiciales del fuero común. Datos oficiales citados por el análisis La extorsión bajo el caleidoscopio, muchas modalidades y pocas políticas públicas refieren que el año con la mayor tasa por cada 100 mil habitantes de víctimas de extorsión fue 2021; aunque en los primeros 10 meses de 2022 aumentó en un 18.72 por ciento.
Elaborado por el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), el estudio observa que en la época reciente, el segundo peor año en materia de extorsión fue 2019; el tercero 2020; el cuarto 2018, y el quinto 2015. Ello, con base en el número de denuncias y víctimas que reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Desde un enfoque de victimización, hay diferencia notable entre los datos que publica el SESNSP y los hallazgos que arroja la Encuesta de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) del Inegi, advierte el estudio La extorsión bajo el caleidoscopio, muchas modalidades y pocas políticas públicas, elaborado por el ONC.
Los informes del Inegi señalan que en 2021 se cometieron 4 millones 910 mil 206 extorsiones, de las que se denunciaron 246 mil 138 –es decir sólo un 5 por ciento–, y de esta cifra, el instituto afirma que sólo en la mitad de los casos (128 mil 976), se inició una carpeta de investigación.
Sin embargo, el estudio indica que, al comparar las denuncias estimadas por el Inegi en 2021 contra las reportadas por el SESNSP, se encontró una diferencia abismal, pues este reportó para 2021 sólo 8 mil 828 denuncias. “Preocupa que los ciudadanos refieran haber sido víctimas de más de 4 millones de extorsiones, de estas sólo hayan logrado que se iniciasen casi 129 mil carpetas de investigación”, refiere el estudio del ONC publicado en marzo de 2023.
Para la realización del análisis, el ONC hizo una revisión sistemática de la literatura académica sobre la extorsión en América Latina y el Caribe de los últimos 20 años; un análisis jurídico de los tipos penales y penas por extorsión en México; entrevistas a autoridades, solicitudes de transparencia a las fiscalías y secretarías de seguridad estatales, a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Sólo 13 fiscalías y 17 Secretarías contestaron dichas solicitudes. En fuentes abiertas, se pudo obtener alguna información de otras nueve fiscalías y de otras seis secretarías. Sólo las autoridades de Guanajuato accedieron a la entrevista y contestaron por transparencia –tanto Fiscalía General de Justicia como la Secretaría de Seguridad– todas las preguntas.
Sólo cinco entidades brindaron respuesta tanto de la fiscalía como de la secretaría de seguridad–-Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Puebla, Sinaloa–, mientras que de cinco estados fue imposible recabar información: Aguascalientes, Chihuahua, Colima, Querétaro y Tlaxcala.
El estudio señala que mientras que las fiscalías del país sólo reportaron poco menos de 9 mil casos, quedaron en el aire 120 mil carpetas de investigación por extorsión, mientras que la justicia en el país reconoce que, de 4 millones de delitos, sólo se investigaron 9 mil casos.
El Inegi indica que en 2021, en el 59.6 por ciento de las denuncias que derivaron en carpetas de investigación, no pasó nada; sólo en el 2.8 por ciento de los casos se logró poner al delincuente a disposición de un juez; y en apenas en el 0.3 por ciento de los casos se logró la recuperación de los bienes y en ninguno de los casos, hubo reparación del daño.
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Extorsión con información bancaria
El diagnóstico del ONC, el primero en su tipo, registra que en este momento existe un fenómeno creciente de engaños relacionados con información bancaria, así como extorsión generada por grupos delictivos de manera presencial, apuntó –durante la presentación del estudio– Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano.
Otra forma de extorsión se da cuando se prohíbe la venta de determinados bienes de consumo; “no hay un cobro de recursos, pero sí un control del mercado y se generan monopolios, porque sólo se pueden vender ciertos productos, o un comerciante en concreto es el único que puede ofrecerlos”, detalló.
“Repercute en la competitividad, en el acceso a los bienes y servicios de los consumidores, es decir en el bolsillo de todos los ciudadanos. La extorsión la ejecuta desde individuos, pequeñas bandas, delincuencia organizada, autoridades, empresas y profesionistas”, destacó.
Explicó que la extorsión es un delito donde la impunidad es de casi el ciento por ciento de los casos, debido a la ausencia de estrategias diferenciadas para cada manifestación del delito; la falta de compromiso de autoridades; malos procesos para captar las denuncias; falta de recursos y un nulo interés por darle acceso a la justicia a las víctimas.
Dijo que muy pocas entidades han generado mecanismos para proteger al denunciante, particularmente para las varias modalidades de extorsión presencial; actúan de oficio ante la noticia delictiva y son contados los casos de golpes a bandas organizadas.
Federico Rivas refirió que algunos servidores públicos compartieron off the record al ONC, que en su fiscalía existe la instrucción de no iniciar acción alguna tras una denuncia de extorsión, ni reportarla en las estadísticas oficiales. Mientras tanto, anotó, “el delito sigue creciendo, los ciudadanos seguimos recibiendo llamadas de amenaza; de quien se hace pasar por un empleado de banco y termina por robarnos nuestro capital; nos siguen robando las cuentas de Whats App o de redes sociales para engañar a nuestros contactos”.
De igual forma, dijo que el sector empresarial del país –desde el ambulante hasta la empresa trasnacional– sufre cada vez más la imposición de proveedores; la prohibición de producir, vender o transportar cierto producto, generando monopolios fácticos, o siendo obligada a pagar “derecho de piso”.
Extorsión en América Latina
El fenómeno de la extorsión ha fortalecido su presencia en las últimas décadas en América Latina y el Caribe, con afectaciones a la población, la economía y las instituciones, advierte el informe Innovadores criminales, nuevas tendencias de extorsión en Latinoamérica (diciembre 2022), Global Initiative Against Transnational Organized Crime (Iniciativa global contra el crimen organizado transnacional, GI-TOC).
Señala que el control territorial que ejercen las organizaciones criminales y las pandillas en Latinoamérica ha facilitado los procesos de gobernanza criminal mediante los cuales se obliga a los individuos y empresas a pagar cuotas de extorsión, denominadas “renta” (El Salvador), “impuesto de guerra” (Honduras), “derecho de piso” (México) o “vacuna” (Colombia).
En los últimos cuatro años, la iniciativa global contra el crimen organizado transnacional ha monitoreado, analizado e informado sobre los modos y patrones de extorsión sufridos por numerosas comunidades centroamericanas. El informe, basado en el análisis y las actividades previas de GI-TOC en la región, analiza las innovaciones en materia de extorsión en los países del norte de Centroamérica, México y Colombia, y examina cómo estas han seguido surgiendo después de los cambios impulsados por la Covid-19.
México, estudio de caso
En países como México y Colombia, surgen continuamente nuevas formas y métodos de extorsión, puesto que los grupos delictivos responden a los cambios en sus entornos operativos, como las restricciones de movilidad impuestas para combatir la pandemia por Covid-19. Estos nuevos métodos no sólo demuestran la innovación criminal, sino que también se vinculan a otros delitos, como el fraude, el secuestro y la cibercriminalidad, señala el informe del GI-TOC.
La extorsión es el delito que más afecta al sector privado en al menos 21 estados mexicanos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, durante 2021, en México ocurrieron 829 mil incidentes de extorsión que involucraron a los sectores de comercio, industria y servicios, una ligera disminución respecto a los 912 mil de 2019.
La extorsión es tan frecuente que incluso ha tenido efectos generalizados en la industria alimentaria, provocando escasez de pollo y tortillas en ciudades enteras, y haciendo que se infle el precio de frutas como el limón y el aguacate, indica el documento.
Los grupos criminales no sólo exigen el pago de extorsiones a los minoristas, sino también a los productores y distribuidores y han pasado a exigir pagos a la industria manufacturera. El asesinato del director de operaciones de una empresa transnacional japonesa en Tamaulipas, desveló el intento de cobrar cuotas ilegales por cada contenedor de envío que salía de la fábrica.
Se trata de Reydecel Sifuentes Becerra, gerente de operaciones de la maquiladora trasnacional japonesa Alcom, cuyo asesinato, ocurrido en julio de 2022, sacudió a este sector industrial.
El informe refiere que aunque sólo el 8 por ciento de las extorsiones exigen el pago de una cuota por el “derecho de piso”, la práctica ha tenido un impacto devastador en el sector empresarial mexicano (fabricantes, minoristas y comerciantes) así como en los consumidores.
En Michoacán es común que los productores de aguacate y limón sean extorsionados por organizaciones criminales como el Cártel de Jalisco Nueva Generación y que los pagos aumenten durante la temporada de cosecha. Por ejemplo, el precio del kilo de limón se quintuplicó, pasando de 19 pesos (1 dólar) a finales de 2021 a más de 100 pesos (4 dólares) a principios de 2022.
México es el primer exportador de aguacate del mundo, generando ingresos anuales de más de 2 mil 200 millones de dólares, por lo que el fruto es conocido localmente como “oro verde”. Las extorsiones y amenazas a los productores han desarrollado implicaciones binacionales.
A principios de 2022, por ejemplo, los grupos criminales que se enfrentan a la pérdida de ingresos amenazaron por primera vez a los inspectores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (basados en México para certificar los envíos).
Las amenazas se produjeron porque un inspector se había negado a aprobar un envío de más de 25 mil toneladas de aguacate, ya que el cargamento contenía producto de otros estados distintos de Michoacán, que es el único aprobado para exportar a Estados Unidos).
El bloqueo afectaría al precio de la fruta y, por lo tanto, al alcance de los ingresos ilícitos de los grupos. Esta situación de seguridad llevó a reuniones de emergencia entre autoridades agrícolas y de seguridad de los gobiernos estadounidense y mexicano.
De acuerdo con la GI-TOC, más del 90 por ciento de las extorsiones en México se llevan a cabo por vía telefónica. Los delincuentes se hacen pasar por miembros de una conocida organización criminal local y afirman estar vigilando el negocio o el domicilio de la víctima. Amenazan con ordenar un ataque si no se efectúa el pago.
Sin embargo, la violencia psicológica y la ingeniería social empleadas por las bandas criminales han evolucionado hasta tal punto que la técnica se ha ganado el sobrenombre de “secuestro virtual”. Trabajadores, amas de casa, personas de la tercera edad e incluso niños han recibido llamadas amenazantes. Sin utilizar la fuerza física o armada, y sólo mediante la violencia psicológica y la ingeniería social, el delincuente es capaz de aislar a la víctima (por ejemplo, en un hotel) y obligarla a apagar su teléfono móvil.
El extorsionador llamará a un familiar de la víctima exigiendo un rescate por el “secuestro”. Los pagos se transfieren en las tiendas de conveniencia. Si el pago no es posible, los delincuentes exigen la entrega de bienes de alto valor (coches, joyas y tecnología). En esencia, el delincuente recibe un pago por liberar a la víctima de una situación de pseudosecuestro, sin que en realidad la víctima haya estado en peligro.
Las aplicaciones para teléfonos móviles también se han convertido en una forma fácil de extorsionar a las personas que necesitan algo de dinero o que tienen problemas económicos. En los primeros seis meses de 2022, las autoridades de Ciudad de México retiraron 90 aplicaciones, que habían generado 5 mil 453 denuncias a la policía.
Estas aplicaciones ofrecían pequeños préstamos (de 2 mil 500 a 10 mil pesos) sin requisitos previos ni comprobación de antecedentes financieros. A cambio, cobraban unos intereses muy elevados por el total del préstamo (aunque sólo se depositaba una parte a las víctimas).
Combatir la extorsión
El estudio del ONC propone acciones para combatir la extorsión: Reformar el marco normativo e impulsar una ley general que identifique la realidad actual de este delito; implementar algunas de las acciones exitosas que se han llevado a cabo tanto en nuestro país como en el mundo.
Capacitar en el tema a las autoridades de todo el país, destinar los recursos necesarios para que fiscalías y secretarías de seguridad puedan atender a las víctimas y combatir el delito y robustecer el sistema financiero para evitar que los delincuentes sigan usándolo impunemente para recibir el dinero fruto de este delito, señala el estudio.
Al atenderlo, la autoridad lo debe hacer con responsabilidad y sensibilidad ya que muchas víctimas que sufren día a día este delito, podrían ser carne de cañón en una confrontación entre autoridades y delincuentes.
Considera que una posible solución a este delito es la colaboración entre autoridades, sector privado y ciudadanos “para salvar vidas y arrebatarle a los delincuentes este mercado criminal que tantos recursos y poder les genera”.
Igual y como lo hizo Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca en Noviembre de 2016 al despojar a su gusto las escoltas de los ex-gobernadores Tomas Yarrington y Eugenio Hernandez,sin tocar a su complice Egidio Torre,ahora el gobernador Americo Villarreal Anaya, maniobro por la vía del Congreso con una iniciativa de reforma en el Art.19Bis de la constitución local que presento el diputado de Morena Isidro Jesús Vargas Fernández, para quitar los cuerpos de seguridad que tienen actualmente los ex funcionarios y el ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.
El congresista dijo que no puede ser posible que el erario público se encuentre utilizado en la protección al ex gobernador y dos de sus ex secretarios generales, como lo son; César “Truko” Verástegui y Gerardo Peña.
Cabe mencionar que actualmente hay un total de 56 elementos destinados a la seguridad del ex gobernador Cabeza de Vaca y su familia, además de dos ex secretarios.
“Es por eso que propongo modificar la Constitución en el segundo párrafo, del artículo 19Bis, para poder quitar esta protección a los ex funcionarios, ya que solamente deben de tenerlo durante su encargo, como lo marca la ley”, dijo.
Actualmente el cuidar a los ex funcionarios le cuesta al Estado más de un millón de pesos mensuales.
La iniciativa fue sometida a votación, misma que fue aprobada con 21 votos a favor, por 14 en contra y una abstención, por lo que fue turnada a la comisión de punto constitucionales y gobernación.
La reforma a este artículo fue en el año 2021, cuando el Partido Acción Nacional (PAN), tenía la mayoría en el Congreso de Tamaulipas, además de que impuso un candado que solamente con las dos terceras partes de la votación podría ser tumbado.
El párrafo segundo del artículo 19Bis señala; “Asimismo con motivo de las funciones a su cargo es de interés público preservar la vida e integridad física de las personas titulares del Ejecutivo Estatal, Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Seguridad Pública, Fiscalía General de Justicia, para lo cual el Estado garantizará las medidas de seguridad y protección adecuadas y suficientes, durante el tiempo que dure el encargo, así como por un periodo igual al tiempo que ocupó el mismo y podrán ser prorrogables, en tanto las condiciones de riesgo lo ameriten.
Los migrantes en la ciudad fronteriza de Matamoros temen las reacciones violentas del Cártel del Golfo luego de que un grupo de migrantes de Venezuela cobrara a las personas para cruzar las aguas del Río Bravo. Esa movida llamó la atención del Cártel del Golfo ya que la organización criminal es la que controla todos los cruces ilegales en la región.
El Cartel del Golfo ha estado amenazando, agrediendo a los migrantes y la semana pasada, incluso algunos de sus hombres armados incendiaron varias tiendas de campaña en un campamento de migrantes a orillas del rio. La acción de la organización criminal empujó a cientos de migrantes a correr hacia uno de los puentes internacionales la semana pasada, lo que provocó que las autoridades estadounidenses cerraran el puente para evitar que se abrieran paso hacia el norte.
Breitbart Texas habló con Lili, una mujer venezolana de 22 años que ha estado acampando en una tienda de campaña a orillas del Río Grande. La semana pasada, Lili, como cientos de personas más, corrió hacia el Puente Internacional Gateway el día en que un grupo de sicarios del Cartel del Golfo llegó al campamento de migrantes y comenzó a incendiar algunas tiendas de campaña.
Los pistoleros gritaron que cruzar era su trabajo y que ellos (otros migrantes que cruzaban el río) no debían hacerlo, dijo la mujer.
“Cuando vimos lo que estaba pasando, nos movimos al puente esperando que nos dejaran entrar pasar”, dijo Lili. “Pero solo cerraron el puente y no nos dieron ninguna respuesta. Esperamos durante horas y luego nos fuimos”.
Lily permanece en Matamoros esperando su oportunidad de ingresar a Estados Unidos y solicitar asilo. A pesar de la oferta de cruzar el río en una balsa, afirmó que ella y otros ya se habían arriesgado demasiado como para correr el riesgo.
En los días posteriores al ataque, más de 2,000 migrantes venezolanos cruzaron el Río Grande y se entregaron a las autoridades estadounidenses con la esperanza de ser liberados.
“Todavía hay muchos de nosotros aquí”, dijo Lily. “Aún habemos muchos y esperamos que lleguen más, pero si cruzo un número importante de personas en esta semana, familias completas con niños.”
Desde entonces, las tensiones han seguido aumentando a medida que el grupo de migrantes venezolanos que cruzaba personas con fines de lucro continúa haciéndolo utilizando balsas improvisadas y paletas de madera como puentes.
El grupo cobra entre $200 a $500 Pesos (aproximadamente $10 a $25 dólares estadounidenses), en comparación con los $300 a $500 dólares que cobra el Cártel del Golfo.
Adán Augusto López se está volviendo un amlito. Así, chiquito. Rabioso, mentirosillo, bravucón, irritable… pero chiquito. No tiene el empaque político ni la legitimidad del presidente López Obrador. Lo del secretario de Gobernación en las mañaneras es un espectáculo medio penoso que ya había ensayado sin éxito su rival en la candidatura presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum: ella fue la primera que experimentó con eso de despojarse de su personalidad para asumir el papel de mala copia del presidente.
Adán Augusto López entró al gobierno federal con las credenciales de ser un puente entre los exabruptos de su jefe y la realidad mexicana, un operador moderado, una voz tolerante y serena, un interlocutor confiable y sin agenda propia. De eso queda poquísimo. Igual que Claudia Sheinbaum, que arrancó su administración presentándose como una izquierdista moderada, científica, capaz de marcar distancia de las locuras de Palacio en temas tan importantes como el manejo de la pandemia. Cuando Morena perdió la Ciudad de México en 2021, Sheinbaum cambió de disfraz, desdibujó su perfil y optó por ser la versión chafa de su jefe.
Adán Augusto López y Claudia Sheinbaum han de calcular que así elogian al presidente López Obrador. Que así van a ganar el dedazo para el 2024. A lo mejor tienen razón y llegarán a la conclusión de que vale la pena el ridículo.
En las dos mañaneras que lleva Adán Augusto López, a consecuencia del padecimiento médico del presidente López Obrador, hemos visto a un secretario que, despojado de cualquier gracia natural, apuesta por el manotazo, el buscapleitismo, la repetición de frases ajenas y —sello del atril donde es suplente— las mentiras. Nada más ayer insultó a la Corte, desacreditó al Inai, despreció a los medios, se hizo guaje con los señalamientos de vínculos de su equipo con el narco. Repitió la fórmula, pues.
Dijo sobre el audio que revelé en esta columna de una reunión privada que tuvo con sus senadores: “La verdad yo no me ocupo de escuchar esas cosas, pero quienes la han escuchado y por lo que me han comentado, pues entiendo que hay evidentemente una edición, y se falseó o distorsionó el contenido de una conversación privada que yo tuve con los senadores”. O sea que no lo ha escuchado, pero está editado. Bueno, hasta López Obrador cuando le preguntaron hace unos días del audio de esa reunión fue más sincero y lo validó: “Yo siempre he sostenido lo mismo”. El secretario sabe que miente. Sabe que el audio es real. Que no está editado. Que no está falseado ni distorsionado. Sabe que es la fiel grabación de la línea que fue a tirar a sus senadores, cuando se disponían a nombrar comisionados del Inai para que no quedara inoperante: el “mundo ideal” del presidente es que no funcione el instituto de transparencia. El gobierno entero ha operado en esa dirección: el presidente, su ministra en la Corte, el secretario de Gobernación, su bancada en el Senado.
Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), aseguró, el 25 de abril de 2023, que no conocía los informes de que el actual titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco (SSPC), Hernán Bermúdez Requena, aquien nombró cuando él era gobernador, al cual -según informes de inteligencia “hackeados” a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)-, se identificó como presunto cómplice de un grupo criminal en dicha entidad.
Ello ocurre seis meses después de que varios medios de comunicación dieron a conocer que, cuando era gobernador de Tabasco, López Hernández “entregó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Policía Estatal a tres hombres que el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CERFI) Sureste –dependiente de la SEDENA- identificó como integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)” y se refirió a Bermúdez Requeña, “quien permanece al frente de la SSPC”, como “supuesto líder” del citado grupo delictivo en Tabasco.
Los funcionarios de Tabasco “yo los designé. En el caso de Bermúdez fue mi tercer secretario de Seguridad. En el caso de Castillo creo que fue el segundo comisionado de la Policía. El primero si mal no recuerdo falleció durante la época del COVID”, indicó el titular de la SEGOB, durante la conferencia de prensa matutina presidencial, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.
“No tengo yo mayor reporte o denuncia de la que usted menciona; desconozco cuál es esa información del centro de inteligencia, pero en todo caso si alguien tiene algún reporte o indicio de irregularidad en su trabajo como puede ser la connivencia que usted señala, está abierta la posibilidad de acudir a las instancias judiciales correspondientes. Yo desconozco si es información exista y si la tenga alguien, pero seguramente sí alguien la tiene pues nosotros exhortamos a que presente la denuncia correspondiente”, agregó el funcionario federal.
AMLO DEFIENDE A ADÁN, PERO NO DESMIENTE PRESUNTOS NEXOS CON NARCO EN TABASCO
El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió, el 17 de octubre de 2022, a Adán Augusto López Hernández, quien nombró -cuando era gobernador-, al actual titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco (SSPC), Hernán Bermúdez Requena, al cual -según informes de inteligencia “hackeados” a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)-, se identificó como presunto cómplice de un grupo criminal en dicha entidad.
“Primero que Adán es un hombre honesto, lo conozco bien. Segundo, de que hay muchos ataques de la prensa conservadora en contra nuestra. Tercero que la gente nos tiene confianza y sabe que nunca vamos a traicionarlos”, respondió, el político tabasqueño, a pregunta de una reportera, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo, desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.
“Son informes de inteligencia, presidente”, le indicó la periodista. “No, con ustedes no voy a poder, porque es una prensa y medios de información que están dedicados por completo a atacar al Gobierno. Tienen todo su derecho”, señaló el titular del Poder Ejecutivo Federal.
Asimismo, el presidente consideró que existen “muchas mañas” del “hampa de periodismo” que sabe cómo golpear y consideró que toda la guerra sucia no surte efecto, porque los ciudadanos siguen confiando en su Gobierno.
“Hay muchísimas mañas o prácticas para golpear, el hampa del periodismo sabe muy bien cómo hacerlo y sigue vigente la máxima de que la calumnia, cuando no mancha, tizna”, agregó el mandatario nacional.
“Es una prensa y medios de comunicación que están dedicados por completo a atacar al Gobierno. Tienen todo su derecho a informar o a desinformar, pero pues también nosotros tenemos nuestro derecho a replicar”, señaló.
“Ahora ya no les resulta, a nuestros adversarios, a los que no nos quieren, los que no quieren el cambio, la transformación, los reaccionarios, clasistas, racistas, corruptos. Entonces, vamos a seguir adelante, no nos vamos a detener. Siempre van a estar inventando cada semana algo nuevo”, advirtió López Obrador.
El político tabasqueño leyó el poema ‘La Calumnia’ de Rubén Darío, al cual agregó “posdata, dirigido al hampa del periodismo”. Así como reiteró la consigna del ex presidente Benito Juárez, respecto a que “el triunfo de la reacción es moralmente imposible”, finalizando con su lema de “no mentir, no robar, no traicionar”.
FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD DE TABASCO, NOMBRADOS POR ADÁN AUGUSTO, ESTARÍAN VINCULADOS AL CJNG
Informes de inteligencia “hackeados” a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) identificaron como cómplice de un grupo criminal al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco (SSPC), Hernán Bermúdez Requena, quien fue nombrado en dicho cargo por Adán Augusto López Hernández, cuando era gobernador de dicha entidad.
Un “grupo internacional de hackers”, autodenominados Guacamaya, obtuvieron al menos 6 terabytes de información confidencial, a través de correos electrónicos (que incluye textos, archivos adjuntos, cartas, videos), alojados en servidores la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) mexicana, que datan desde el año del 2016 hasta septiembre del 2022.
Los reportes señalan que el titular de la SSPC tabasqueña y dos directores de la Policía Estatal nombrados por López Hernández, mientras era gobernador de Tabasco, pertenecen a una organización criminal llamada “La Barredora”, dedicada a la extorsión, al narcotráfico y al robo de combustibles, que según la SEDENA es una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), para lo cual ha cooptado a “autoridades de los tres órdenes de gobierno”.
Además de Bermúdez Requena, se menciona al comisionado de la Policía Estatal, José del Carmen Castillo Ramírez, quienes hasta la fecha se mantienen en sus cargos en la Administración del actual gobernador, Carlos Manuel Merino Campos. El tercero señalado por una presunta relación con el crimen organizado es el director general de la Policía Estatal, Leonardo Arturo Leyva Ávalos.
El presunto vínculo de los funcionarios estatales con el crimen organizado lo refieren reportes de inteligencia sobre la actividad delictiva en Tabasco, realizados por el Centro de Fusión de Inteligencia (CERFI) del Sureste, entre 2019 y 2022, enviados al Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
En uno de los reportes, enviado el 30 de agosto de 2022, el CERFI del Sureste advierte que los tres mandos policiacos forman parte de la célula del CJNG conocida como “La Barredora”, que había sido liderada por Benjamín Mollinedo Montiel, alias “El Pantera”, pero que tras ser detenido quedó como sucesor Felipe Mollinedo Montiel, “El Felipe”.
Incluso, en algunos informes se mencionan conversaciones entre delincuentes que se refieren directamente al “gobernador” como aliado del líder delictivo, sin dar la identidad de la persona a la que se refieren. Asimismo, los documentos clasificados como confidenciales, presentan un diagnóstico de la actividad delictiva en Tabasco.
“Pantera [líder del grupo criminal] está con el Gobierno, está con el gobernador”, dice de forma textual, uno de los informes de inteligencia fechado en mayo de 2021. Otro de los mismos menciona que el llamado Hernán Bermúdez Requena, alias “Comandante H”, intervino para que “La Barredora” tomara el control de cuatro municipios tabasqueños, incluido Macuspana, de donde es originario el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Hernán Bermúdez Requena, ‘Comandante H’, autorizó que ‘Pantera’ tomara el control de Huimanguillo y parte de Cárdenas, Tabasco”, refiere un informe de inteligencia fechado en mayo de 2021, en el que se incluyó una fotografía del titular de la SSPC tabasqueña, en un esquema en el que se menciona a otros integrantes del citado grupo delictivo.
El esquema menciona la presunta complicidad de otros funcionarios policiales en Tabasco, incluidos agentes municipales, de la Fiscalía General de la República (FGR), de la SEDENA, así como de la Secretaría de Marina (SEMAR).
Según el reporte de la Secretaría de la Defensa Nacional -hackeado por Guacamaya-, también están vinculados a “La Barredora” el director y un comisionado de la Policía estatal de Tabasco, así como un asesor de la SSPC tabasqueña.
Por otra parte, en un reporte de inteligencia fechado el 25 de febrero de 2021, se menciona “la posible cooptación y corrupción de autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, por la presunta negociación para la liberación de integrantes de la delincuencia organizada”, entre ellos el “Comandante H”.
“Por la información central que se obtuvo se infiere la existencia de la corrupción de funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tabasco al colaborar con la liberación de integrantes de la delincuencia organizada a cambio de un pago” de 500 mil pesos, según concluye el reporte de inteligencia.
José del Carmen Castillo Ramírez rindió protesta como comisionado de la Policía Estatal el 19 de noviembre de 2019, por instrucciones de López Hernández. Un mes después, el 11 de diciembre del mismo año, el entonces gobernador tomó protesta a Bermúdez Requena, como titular de la SSPC tabasqueña.
“Conmino a Hernán Bermúdez a mantener la política de seguridad y darle continuidad a las acciones estratégicas que impulsa el gobierno del estado en esta materia”, dijo el ahora titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) Federal, según se indicó en un comunicado.
Un día después, el Centro de Fusión de Inteligencia informó al Cuartel General de la 30 Zona Militar respecto a los presuntos vínculos de Bermúdez Requena con Trinidad Alberto de la Cruz Miranda, alias ‘El Pelón de Playas’, líder de un grupo delictivo de la entidad.
Pese a lo anterior, el 5 de febrero de 2021, Bermúdez Requena nombró como director general de la Policía Estatal a Leonardo Arturo Leyva Ávalos, alias “El León”, que también forma parte de la lista de los presuntos 12 integrantes de “La Barredora” identificados por la SEDENA.
Junto con los funcionarios anteriormente señalados, la Secretaría de la Defensa Nacional también identificó a Carlos Tomás Díaz Rodríguez, alias ‘El Licenciado’ o ‘Tomasín’, relacionado al ‘El Pelón de Playas’. Este funcionario se desempeñó como asesor de la SSPC de Tabasco.
Antes de su nombramiento, Bermúdez Requena se desempeñaba como director de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, y antes se había desempeñado como director de Prevención del Delito del Centro de Reinserción Social (CERESO) en Villahermosa.
Bermúdez Requena fue consultado respecto a los señalamientos en su contra en los informes de inteligencia de la SEDENA, lo cual negó. Además, afirmó que en Tabasco no existe un grupo criminal conocido con las características de lo citado en el reporte de la Secretaría de la Defensa Nacional.
“La Barredora es inexistencial (sic), hay muchos que firman, pero aquí donde veo las mantas y las cartulinas son muy comunes, pero nosotros no hacemos investigación. Aquí no tenemos conocimiento que exista un cartel y más de esa magnitud. Existen delincuencia locales, son delincuentes locales y no se les puede llamar cárteles de delincuencia organizada. Nosotros en lo que respecta a la policía estatal nos enfocamos exclusivamente al municipio del Centro”, indicó el funcionario estatal.
“Nosotros no podemos ni proteger, y bueno, cómo vamos a proteger algo que no se tiene la prueba de la existencia […] yo no tengo conocimiento de la existencia [de ‘La Barredora’]. Si hay algo en contra, pues en cualquier momento que me sienten en el banquillo de los acusados”, agregó Bermúdez Requena.
“Y lo puedo contestar todo así como se los estoy contestando a usted. Pero que hayan acusaciones sin fundamento pues eso deteriora la imagen. Y además yo creo sinceramente que esto como todo el mundo lo dice es un hackeo y no sabemos si realmente esa información viene de la SEDENA o los mismos hackers están aprovechando esto para decir ‘esto encontramos ahí’. Es un invento, puede ser”, concluyó el funcionario de seguridad tabasqueño.
Aunque Adán Augusto López Hernández dejó la gubernatura de Tabasco el 26 de agosto de 2021, para ocupar la Secretaría de Gobernación Federal, también se solicitó su versión respecto de este caso, dado que fue él quien hizo los nombramientos. Sin embargo, no hubo respuesta.
Los cinco CERFIS esparcidos en el país agrupan a agentes de la SEDENA, la SEMAR, el CNI, la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General de la República (FGR), así como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que ponen en común sus recursos para identificar los grupos delincuenciales de su región. Envían informes puntuales al Centro Nacional de Fusión de Inteligencia (CENFI), responsable de gran parte de la inteligencia de seguridad del país.
La Cámara de Diputados aprobó, con 319 votos a favor y 126 en contra, una reforma de la ley que tipifica como delito el desvío de precursores químicos para la producción de drogas sintéticas como el fentanilo con hasta 15 años de prisión. La iniciativa presentada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, contó con los votos favorables de Morena, el Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista y el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Falta que el proyecto pase en el Senado, donde Morena y sus aliados tienen mayoría.
El proyecto señala que a través de la coordinación interinstitucional se buscará prevenir, detectar y evitar el desvío de los productos químicos esenciales para la fabricación de cápsulas, tabletas o comprimidos para la fabricación de drogas sintéticas. La medida llega semanas después de que el Gobierno mexicano y Estados Unidos acordaran reforzar la vigilancia en las aduanas para combatir el tráfico de fentanilo y de que se dispararan las tensiones entre ambos países en medio de la profunda crisis de salud pública que se vive en EE UU por el consumo de opioides.
El subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, ha celebrado esta martes la aprobación de la medida. “Es importantísima. Fue impulsada por el Ejecutivo porque hace varios cambios que van a facilitar el control de drogas”, ha asegurado durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional. “Lo que busca es flexibilidad, que nuevas formulaciones de precursores químicos que se encuentra comúnmente puedan ser vigiladas”, ha agregado. De acuerdo a las palabras del subsecretario toda la industria farmacéutica estará obligada a vigilar el uso de estos precursores y notificarlo a la Cofepris en una plataforma en la que también estará incluida la Secretaría de Marina (Semar).
La reforma señala que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Guardia Nacional (GN), cooperarán para prevenir, detectar y evitar el desvío de precursores químicos para la producción de drogas sintéticas, bien sea en cápsulas, comprimidos o tabletas. Quien sea acusado de tráfico de estas sustancias se le impondrán penas de 10 a 15 años de prisión y una multa equivalente al 10% de los ingresos obtenidos por dichas actividades. A la persona que tenga en posesión precursores químicos, productos químicos esenciales o máquinas para elaborar cápsulas, tabletas, o comprimidos en territorio nacional, se le castigará con una pena de siete a 10 años de prisión y una multa de 1.000 a 5.000 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
A favor de la propuesta, la diputada de Morena, Rosa Hernández Espejo, señaló que es “urgente tomar medidas al respecto y fortalecer acciones de fiscalización y medidas de vigilancia, control y verificación de productos químicos, a fin de combatir la generación de laboratorios fabricantes de drogas sintéticas”. Emmanuel Reyes Carmona, su compañero de partido, agregó que la iniciativa ayudará en el combate al crimen organizado y al tráfico de drogas.
Para hablar en contra, la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, de Movimiento Ciudadano, dijo que la reforma elimina el Consejo General de Salud y pasa sus funciones a Secretaría de Salud con graves consecuencias, falta de análisis en todos los aspectos y pone en riesgo la producción de medicamentos especializados, algo que podría afectar las operaciones de empresas que los fabrican, la continuidad de los tratamientos, el desabasto y el aumento del costo de los mismos. Además que criminaliza todo el proceso de fabricación al sobreregularlo. Su compañero de partido, el diputado Salomón Chertorivski Woldenberg, compartió este punto y considera que se trata de “un marco punitivo para sustancias que deben ser legales y reguladas”. Manifestó su preocupación por la producción ilegal y el consumo de fentanilo ilegal y señaló que es necesario ampliar el aparato del Estado para regular y ser efectivos en su combate.
La diputada del PRI Frinné Azuara Yarzábal indicó que su grupo parlamentario está a favor de combatir la producción ilegal y el comercio de drogas sintéticas, cuyo consumo daña gravemente la salud de los jóvenes, pero presentó algunas reservas con el ánimo de reforzar este ordenamiento. Por su parte, Margarita García García del PT manifestó que se une a la batalla contra producción de drogas ilegales y su distribución, así como a la regulación de sustancias con fines clínicos. Dijo que esta reforma busca regular y no dejar desamparados a los pacientes que usan este y otros narcóticos como parte fundamental de sus tratamientos y cuidados paliativos, para no permitir abusos que lleven a enriquecimientos ilícitos.
Juan Carlos Maturino Manzanera del opositor Partido Acción Nacional (PAN), que votó en contra, anunció que su grupo parlamentario no iba a acompañar el dictamen, porque la reforma planteada no da una solución al uso ilegal y al tráfico ilegal del fentanilo. El PAN se opuso también al dictamen porque en el proyecto no se señala cuáles son los ámbitos de competencia de la Secretaría de Infraestructura y cuáles serán los de la Semar. Maturino Manzanera agregó que la redacción es “confusa y abre la puerta a que la Secretaría de Marina asuma facultades que excedan su competencia”. El diputado planteó la necesidad de reintegrar las funciones del Consejo de Salubridad General a la ley a efecto de que sea ese, en coordinación con la Secretaría de Salud, el responsable de la regulación de los precursores químicos.
