Esa proporción rompe también con el promedio nacional, que es de 24%, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas (RNPDNO), que recopila la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y del que Animal Político extrajo la información de los últimos 10 años mediante casi mil descargas manuales de datos.
De ese periodo, hay poco más de 14 mil mujeres que están desaparecidas en todo el país, es decir, cada día se le ha perdido la pista a 4 mujeres. Del total, casi 6 mil son menores de edad, 1.5 al día.
La madre de Dulce Yamellí —que pide no se dé su nombre— lleva nueve años buscando a su hija en Tamaulipas. La busca, muy a su pesar, en fosas clandestinas, convertida en restos, porque no cree que siga viva después de tantos años y cuando la causa de su desaparición fue el secuestro. Aquel 2012 fue el tercer peor año en desapariciones en ese estado, con 213 mujeres de las que no se ha vuelto a saber; luego hubo un ligero descenso, pero en 2017 volvieron a repuntar. Actualmente, acumula casi mil 850 mujeres desaparecidas desde 2011 y hasta junio de 2021.
En cambio, la madre de Viridiana Morales Rodríguez, Angélica Rodríguez, no ha dejado de buscarla viva, aunque se cumplen los mismos nueve años de ausencia. Ha perseguido pistas desde Morelos, su lugar de residencia, por Edomex, donde fue la desaparición, y otras entidades como Michoacán, Jalisco o estados del norte, donde le han dicho que van a parar mujeres que caen en manos de redes de trata de personas. Su búsqueda la ha llevado a recorrer prostíbulos, hablar con personas encarceladas y hurgar hasta en centros de rehabilitación de adicciones —los llamados Anexos—, de los que el gobierno no tiene control.
Cuando su hija desapareció en el Estado de México, era una situación que apenas empezaba a crecer en la entidad: solo hay 58 registros de mujeres que no volvieron a casa, en 2013 se duplicaron y tres años después casi se triplicaron, hasta tocar su punto máximo en 2017, con 416 desaparecidas.
Hoy en día es la entidad con más mujeres no localizadas en números totales: hasta el 30 de junio de 2021 acumula 2 mil 72 casos.
Aunque las cifras oficiales muestran una caída atípica en 2019, ya que solo reportó 16 casos en todo el año, y en 2020 registró 118, en los últimos seis meses ya se cuentan el triple: van 358 mujeres de las que no se sabe dónde están. Una desaparecida cada 12 horas.
Esta situación ha llevado a que desde hace dos años sea la única entidad con una declaratoria de Alerta de Género exclusivamente por desapariciones, que se sumó a una Alerta anterior por violencia feminicida, la primera declarada en el país.
Trata de personas, la hipótesis oficial
La madre de Karina Alducín —que también pide reservar su nombre— está segura de que a su hija se la llevó una red de tratantes que opera en Tehuacán, Puebla, para explotarla sexualmente.
Cuando no supo de ella, se movilizó de inmediato, publicó anuncios y expuso en medios el nombre del antro al que la pareja de Karina le dijo que había ido sola. Así que el personal del bar la llamó y le facilitó los videos de seguridad, en los que se ve que la joven se fue con él. Pero la Fiscalía, cuenta, se quedó con la copia que era para ella y luego le dijo que no tenían ningún video de prueba.
Lo peor fue que la familia empezó a recibir amenazas, por lo que huyó a otro estado, desde donde ha tratado que el caso se vuelva del fuero federal y que se investigue a los funcionarios locales involucrados. Sin embargo, van a cumplirse cinco años en agosto y la carpeta de investigación ha ido y venido sin dar pistas de dónde está Karina, al grado de que piensa recurrir a instancias internacionales por la falta de acción de autoridades mexicanas.
Cuando a ella se le perdió la pista, Puebla atravesaba una ola de desapariciones de mujeres: entre 2016 y 2018 se tiene registro de 643 que ya nadie volvió a ver, el 70% de las casi mil mujeres que actualmente siguen sin ser halladas.
Hasta ahora, el gobierno federal ha reconocido como hipótesis principal para la mayoría de ausencias femeninas la trata de personas. Así lo expusieron en Palacio Nacional en abril pasado, durante el último informe sobre personas desaparecidas, y el 25 de noviembre, Día contra la Violencia de Género, tanto el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, como la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla Quintana.
“En todos estos datos de las mujeres que están reportadas como desaparecidas, la hipótesis principal es la trata de personas; esta hipótesis tiene que ser corroborada con información que nos tienen que dar y que todavía esta pendiente de entregar las diferentes Fiscalías y Procuradurías estatales, sin embargo, en casos de mujeres y niñas recuperadas, la hipótesis indica este delito”, señaló Quintana en noviembre.
En entrevista con Animal Político, Quintana reitera esa hipótesis y asegura que están tratando fortalecer un mecanismo de búsqueda de mujeres que ya existía, el Protocolo Alba. Esta guía, nacida en 2003 en Ciudad Juárez, Chihuahua, por los constantes feminicidios, establece que los tres órdenes de gobierno tienen que coordinarse para empezar a buscar de inmediato con policías, y luego continuar la investigación ministerial. Pero actualmente ni siquiera es igual para todo el país.
“¿Qué estamos haciendo? Ya tenemos algunos meses trabajando en mesas con Conavim (la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres) y con diferentes Comisiones de Búsqueda locales, sobre todo trayendo la experiencia de varias comisionadas de Búsqueda que antes trabajaban el Protocolo Alba, también de varios estados, para poder armonizar, porque tú sabes que uno de los retos que tenemos en materia de búsqueda de mujeres en general y de niños y niñas en particular, pues es la homologación tanto de Alerta Ámber como del Protocolo Alba, y la amplitud, digamos, está muy difuso en quién hace qué”, señala.
Una de las dificultades para buscar, por ejemplo, en prostíbulos, es que se requiere una orden judicial que depende de las Fiscalías. Karla Quintana lamenta que en todo el proceso de crear un Protocolo para la Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes, la Fiscalía General de la República (FGR) nunca aceptó tener un acercamiento con la CNB.
Y es que otra razón que hace pensar en la hipótesis de la trata con fines sexuales es que la mayoría de mujeres que desaparecen son muy jóvenes o adolescentes. A principios de la década pasada, las menores de edad eran el 30% del total de desaparecidas, pero a partir de 2015 empiezan a superar el 45%.
El activista Juan Martín Pérez, que dirigía la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), explica que entre más chicas, más fácil es para los tratantes engancharlas a partir de un enamoramiento o de aislarlas de sus redes sociales y familiares, además de que el mercado sexual las prefiere niñas y así son más rentables. Asegura que esto es parte de las dinámicas de una guerra, donde los grupos armados —tanto criminales como el Ejército— buscan prostitutas o esclavas sexuales.
“El perfil en términos de niñas, niños y adolescentes, como tú puedes ver son esencialmente víctimas mujeres, de 14 a 17 años de edad, además bastante georreferenciado la desaparición: Valle de México, el Bajío, parte de Tamaulipas, Puebla, que en realidad corresponden a las ya conocidas redes de trata, desde muchos años antes de la guerra, incluso. Hay un corredor de trata que viene desde Tlaxcala, Puebla, Estado de México, Morelos, Ciudad de México, y alcanza ahora hasta Guanajuato, en general no llegaba tan lejos, era más hacia el centro. Entonces lo que nosotros vemos es que en realidad el crimen organizado cuando encontró que la trata de personas era un gran negocio, no solo para reclutar, sino también en el caso de las chicas adolescentes para esclavitud sexual, se estalló mucho la desaparición”, asegura.
Violencia machista: la desaparición como antesala del feminicidio
El 15 de mayo pasado, el esposo de Reyna González denunció que había desaparecido y logró rastrear que el último lugar al que había ido fue la casa de un hombre mayor que la acompañaba a hacer compras para su negocio. Cuando la policía fue a revisar, se destapó la más reciente historia de un presunto feminicida serial en México: Andrés “N”, de 72 años, tenía en el sótano de una casa de Atizapán, Edomex, restos humanos, objetos de uso femenino y una lista de 29 nombres, posibles víctimas de hasta tres décadas atrás.
Lo que se confirmó en cuestión de días fue que además de Reyna, estaban los restos de Flor Nínive y Rubicela Gallegos, que habían sido reportadas como desaparecidas en 2016 y 2019.
María Salguero, analista de datos que ha creado mapas para georreferenciar desapariciones de mujeres y feminicidios, recuerda que ha habido varios de estos casos a los que rápidamente se denomina como “monstruos”: tan solo en Edomex, el de Toluca, Óscar “N”, que cayó en 2019 por desaparecer y matar a tres mujeres; y el de Ecatepec, Juan Carlos “N”, detenido en 2018 con su pareja por posiblemente 20 feminicidios.
La desaparición para ellos fue solo la manera de ocultar sus asesinatos, porque sin cuerpo no hay delito, explica, y lo que les permitió además reincidir sin que se hiciera justicia para las víctimas.
“Si te fijas son varios, ¿y por qué son varios? Porque asesinaron desde la primera vez y vieron que no hubo consecuencia. Eso es lo que sucede. Y eso que no hay sanción, pues la impunidad crece”, señala.
“También se da dentro del ámbito familiar: hay veces que asesinan a la pareja y ocultan el cuerpo, lo inhumano clandestinamente, hay muchos casos así”, agrega.
La secretaria técnica del mecanismo de seguimiento a la Alerta de Género de Edomex, Yuritzi Castañeda, afirma en entrevista que la desaparición de mujeres sí tiene importantes diferencias con la de hombres, desde las causas, los efectos, y el proceso de revictimización que suele vivir la familia por estereotipos machistas.
Recuerda que el problema de las desapariciones en México empezó a crecer a partir de 2006, cuando inició la llamada guerra contra el narco, pero considera que mientras los casos de hombres están más relacionados al crimen organizado, en los de mujeres se ven otros factores que apuntan a una violencia estructural.
“Aunque sí hay cierto grupo de desaparición de mujeres que tiene que ver con el narcotráfico, la verdad es que la mayoría tiene que ver con otro tipo de violencia que sufren las mujeres, que tiene que ver más allá de esto, con esta violencia cotidiana de acoso, de hostigamiento, de violencia física, de violencia psicológica, etcétera. Y bueno, que puede ser esta antesala al feminicidio”, señala.
En Nezahualcóyotl, uno de los 95 municipios donde se han creado Células de Búsqueda para hacer rastreos especializados, la coordinadora Yuritzi Hernández de la Rosa se ha topado con casos así: uno de los más recientes, el de Andrea, una joven de 21 años encontrada muerta después de haber sido torturada en un cuarto de hotel el pasado 29 de marzo.
Su presunto asesino estuvo en esa misma oficinita detrás del Palacio Municipal denunciando la desaparición de la joven porque la mamá de ella lo obligó a reportarla. Ella de inmediato pensó en el cuerpo que habían hallado en el hotel, y aunque primero no tenían elementos para aprehenderlo, cuando la Fiscalía obtuvo las primeras pruebas, ahí mismo él confesó que la había golpeado hasta que terminó por matarla.
“En los hombres tenemos una ruta de que puede ser un alcoholismo, puede ser una adicción, algún padecimiento psiquiátrico, o algún delito, también. Pero en las mujeres tenemos que fijarnos si es una problemática de que son víctimas de violencia, o de que fueron desaparecidas por su compañero de vida, porque también eso nos ha pasado: los asesinos vienen a reportarlas como desaparecidas y son los feminicidas, ellos son los que asesinan a las mujeres. Y los agresores, los feminicidas vienen descaradamente aquí a levantar el reporte”, cuenta.
En 2020 se tiene registro de 2 mil 73 mujeres desaparecidas en todo el país, tan solo 10 menos que el peor año que se había tenido, 2017. Y en 2021 ya va la mitad de esa cifra, con mil 26 casos. Un problema que pese a la creación de Comisiones de Búsqueda Nacional y locales no da señales de ceder.
Este proyecto fue apoyado por Microsoft y el Centro Knight para el Periodismo en las Américas de la Universidad de Texas en Austin, como parte de una iniciativa de capacitación y financiamiento de periodismo de datos.
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