El plazo de seis meses para abatir la inseguridad, propuesto por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, parece ser más producto de la presión social porque la realidad crítica del país en materia criminal no se puede cambiar mediante un acto de magia. Es –a decir del Secretario de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, Alfonso Durazo –irresponsable decir que en ese lapso cesará la violencia.
Durazo tuvo que corregirle la plana al Presidente durante su comparecencia ante el Senado de la República, el jueves 24, al sostener que no es posible acabar con la inseguridad en seis meses: es un problema crónico e histórico que requerirá tiempo.
En seis meses –dijo –estarán operando los programas sociales, la Guardia Nacional y habrá menos corrupción en los gobiernos estatales, pero este problema se abatirá a largo plazo, quizá, como él dijo, un año antes de que concluya el actual sexenio, en el 2023, cuando la Guardia Nacional esté operando con más de 350 mil elementos en todo el país. Y esto todavía está por verse.
Y es que una cosa es lo que quiera lograr el Presidente, envuelto en su frenesí, y otra muy distinta lo que es posible hacer. Su primera propuesta, la de empezar a pacificar al país en tres años, a mi ver, era más realista y congruente. Pero la regó al afirmar que en seis meses. La prisa por acallar las críticas en su contra lo hizo derrapar ante un problema que resulta ser el más sensible para la sociedad y el más sensible desde el punto de vista político.
En seis meses poco, muy poco se puede hacerse en un territorio donde operan catorce organizaciones criminales y no hay prevención de delitos porque más del 80 por ciento de los cuerpos de seguridad de los estados y municipios responden a los intereses del crimen organizado.
Tampoco es posible conducir al país a la tranquilidad cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) ni siquiera han iniciado las tareas para desmantelar el patrimonio de grupos mafiosos en México ni se han tomado la molestia de iniciar carpetas de investigación –a pesar de las evidencias –para enjuiciar a políticos (alcaldes, diputados, senadores, regidores, empresarios) relacionados con grupos delictivos y con el lavado de dinero, un negocio muy boyante en México, que ha encontrado en este territorio un verdadero oasis de impunidad, un paraíso donde no son molestados.
Hay muchos exgobernadores del PRI y del PAN que durante sus mandatos estuvieron señalados de servir a los intereses de varios cárteles y ahí siguen gozando de su cuantiosa riqueza, mientras la sociedad, como la de Coatzacoalcos y Minatitlán, por ejemplo, padece los embates de los grupos de narcoterroristas que tienen bajo su control la vida, el patrimonio y la voluntad de múltiples familias.
Lo ocurrido en la zona petrolera de Minatitlán es, sin duda, el caso de violencia más horroroso que haya ocurrido en los últimos años en esa zona. Es de un impacto de tal magnitud que sin tapujos puede ser comparado, por el uso de la violencia, con el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa o con la masacre y entierro de indocumentados de San Fernando, Tamaulipas, hechos que aún siguen causando conmoción entre nuestra sociedad.
La masacre de Minatitlán, de acuerdo con los datos que arrojan las investigaciones de la Fiscalía de Veracruz, tiene que ver con el crimen organizado, con el narco y el cobro del llamado derecho de piso. Es un apisodio que se repite por todos los rincones de la República mexicana.
De acuerdo con las declaraciones de 18 testigos, los hechos ocurrieron así: Los sicarios irrumpieron en la fiesta. Iban buscando a un personaje apodado “Becky” y/o “Vequerina”, cuyo nombre real es Julio César González Reyna, dueño de dos bares, “La Esquina del Cha-kl” y “La Crudería”. Semanas antes, los delincuentes ya lo habían contactado para venderle protección y el dueño de los bares había aceptado, pero no cumplió con el pago en la fecha acordada. Se le hizo fácil hacerse tonto. De las sumas pactadas aún se ignoran los montos y la temporalidad.
A lo largo de varios días lo siguieron durante sus recorridos. Al parecer hubo dos llamadas de advertencia, a lo que el empresario respondió que estaba en lo dicho y que pagaría. Pero no cumplió.
El día de la fiesta lo siguieron. Hacia las 8:20 de la noche, mediante su red de informantes, los sicarios supieron que “Becky” –un travesti que llevaba algún tiempo dedicado a la venta de alcohol –se encontraba en el convivio. De inmediato lo ubicaron.
Los sicarios –cinco en total que portaban armas de alto poder –irrumpieron en la fiesta y se dirigieron a la mesa donde se encontraba departiendo con amigos.
Según los testimonios, uno de los sicarios le gritó: “Con esto no se juega”. Y enseguida abrió fuego contra la multitud y a corta distancia. Algunos alcanzaron a tirarse al piso, otros fueron perforados por las balas expansivas.
Otros testigos describen al personaje que comenzó a disparar como un sujeto de 1.65 de estatura, pero no aportan mayores detalles de su fisonomía ni de su complexión. A este sicario lo secundaron en disparar sus cuatro cómplices y luego remataron a los muertos con el tiro de gracia, al tiempo que repetían la sentencia de cinco palabras: “Con esto no se juega”.
Las investigaciones del caso continúan. La Fiscalía de Veracruz ha tomado declaración a 18 testigos y se han obtenido videos de las cámaras instaladas tanto en las calles como en tiendas y escuelas, para analizar si captaron alguna imagen que permita dar con los autores de la múltiple ejecución.
La autoridad no parece tener dudas respecto al móvil: fue un ajuste de cuentas. Se sabe que los sicarios podrían ser miembros de Los Zetas o bien del Cártel de Jalisco, según las conjeturas oficiales.
Historia criminal
La zona sur de Veracruz lleva veinte años en crisis de inseguridad. De acuerdo con algunos antecedentes, todo comenzó a finales de los años noventa, cuando Osiel Cárdenas Guillén –entonces poderoso jefe del cártel del Golfo –se afincó en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz. Desde ahí operaba el tráfico de drogas: introducía cargamentos de cocaína desde Chiapas, cruzaba por Tabasco, Veracruz y luego arribaban a Tamaulipas para desde ahí mover la mercancía a Estados Unidos.
En el puerto de Veracruz Osiel tenía un aliado: Albino Quintero Meraz, exmiembro del cártel de Juárez y vecino de Miguel Alemán Velasco –exgobernador de Veracruz y exsocio de Televisa — en el fraccionamiento Costa de Oro. Aún cuando pertenecían a cárteles antagónicos, ambos movían sus mercancías desde Chiapas, por ese estado entraba a México la droga que provenía de Sudamérica.
En los sexenios que siguieron al de Alemán Velasco en Veracruz se afincaron otros grupos delictivos: Llegaron Los Zetas, temibles de esa época, y sembraron terror en la zona norte del estado: desde Cardel hasta Pánuco, Veracruz, este grupo armado impuso su ley y también financió las campañas políticas de varios alcaldes. En Náutla, por ejemplo, tenían varios aliados relacionados con políticos veracruzanos de altos vuelos.
En Tuxpan el representante de Los Zetas fue Francisco Coloraso Cessa, dueño de la empresa ADT Petroservicios, una de las más boyantes que obtenía contratos para la remediación ecológica. Colorado le pagó la campaña a varios políticos veracruzanos y muchos aún están vigentes en el Congreso.
¿Qué atrajo a las células del narcotráfico para afincarse en el sur de Veracruz?
Esta pregunta tiene respuestas variadas, sobre todo porque esa región por mucho años estuvo quebrada debido a la caída de la producción petrolera, el cierre de la industria petroquímica y la crisis de las refinerías. Algunas respuestas sostienen que en esa región existen varias familias pudientes que amasaron fortuna durante el llamado boom petrolero, impulsaron algunos negocios y continúan en inmejorable posición económica, lo que activó la industria del secuestro.
Otra respuesta apunta al hecho de que la zona es geográficamente atractiva para el crimen organizado: Está en el punto medio entre Chiapas y Tamaulipas, región que también se significa por el tráfico humano, el gran negocio de los indocumentados, que provienen de Centroamérica y que cruzan por Chiapas y Tabasco con el apoyo del crimen organizado, pues éste es uno de los negocios rentables.
El corredor petrolero Minatitlán-Coatzacoalcos y los municipios aledaños están muy conectados por ríos y lagunas. Hacia la parte sur está el Istmo de Tehuantepec, la Sierra de Chinameca, una zona donde se cultiva droga y que ya vivió una masacre en los años ochenta, la famosa matanza de Sánchez Taboada, una demarcación donde había drogas y hasta grupos guerrilleros o narcoguerrilleros, según las versiones de la época.
Al término del sexenio de Fidel Herrera vino el de Javier Duarte, con las consecuencias ya conocidas. Los Zetas mantuvieron su coto de poder en Veracruz y con el arribo de Miguel Ángel Yunes Linares a la gubernatura ese cártel no fue extinguido, por el contrario, se mantuvo en algunos bastiones. Con la nueva administración panista en el estado se entronizó el Cártel de Jalisco, que traía proyecto para ocho años, pero fracasó porque el PAN perdió la elección de gobernador. Sin embargo, ambos grupos criminales –Zetas y Cártel de Jalisco –se mantienen disputando el control del estado.
En Veracruz la violencia está totalmente desatada y no existe, por ahora, ningún dique para contenerla. Todavía no se enfriaban los cuerpos de las trece personas ejecutadas en Minatitlán cuando fue asesinada la alcaldesa del municipio de Mixtla de Altamirano, Maricela Vallejo Orea, al parecer un grupo armado asesinó a tiros.
En el mismo acto también fue asesinado Efrén Zopillastle, su esposo, así como el chofer de ambos. El alcalde de Zongolica, Juan Carlos Meshua Campos, confirmó los hechos y dijo que un grupo armado, que no identificó, la emboscó.
Y así podemos seguir enumerando hechos de violencia de todo el país. Nada parece detener esta crisis, exacerbada en este nuevo régimen, que descolocó al Presidente López Obrador al arremeter contra los conservadores, la prensa fifi y el neoliberalismo.
El lunes 22, el Presidente ofreció su conferencia mañanera en el zócalo de la ciudad de Veracruz. Ahí le preguntaron sobre el plazo que él consideraba viable para terminar con la violencia y pacificar el país. Es probable que el Presidente haya respondido sin pensar o bien la pregunta lo tomó por sorpresa, no se sabe, pues, lo cierto es que se autoimpuso el plazo de seis meses para dar por terminada esta crisis de inseguridad que enfrenta el país.
Fue sorpresivo el plazo, sobre todo porque hasta el arranque de su Gobierno había dicho que en tres años consideraba que el país podía entrar en etapa de pacificación. Pero la sociedad le ha tomado la palabra al mandatario y en seis meses, sin más ni menos, el problema debe quedar resuelto.
El Presidente considera que en ese lapso los programas sociales deben estar funcionando al cien por ciento, lo mismo que la Guardia Nacional, pero en realidad el diagnóstico de la criminalidad es mucho más grave: En el país operan catorce cárteles y todos están diseminados en el territorio, con buenos apoyos políticos e incluso empresariales (De ahí la urgencia de llevar a cabo el desmantelamiento del patrimonio criminal).
El crimen ha permeado al 85 por ciento de las presidencias municipales del país. A nivel de los municipios, alcaldes, regidores y síndicos tienen ligas con alguna modalidad del crimen organizado. Un ejemplo de ello es el estado de Guerrero. En esa entidad operan 350 células criminales. Sus actividades van desde el tráfico humano, de drogas , extorsiones y secuestros, por decir lo menos. También hay gatilleros a sueldo que por menos de mil pesos asesinan a una persona. Así se barata está la mano de obra.
El crimen también tiene bajo su control el sistema aduanero del país. Hay aduanas como las que se ubican en Tamaulipas, por ejemplo, por donde cruzan armas, drogas y dinero. Recientemente cayó el jefe de la aduana en el aeropuerto de la ciudad de México, pero como ya había arreglos con el crimen y tenía línea de sus jefes, se enojó por el cese y tuvo que despotricar en contra del jefe de operación aduanera, quien hace unos días fue cesado porque, además, se supo que en todas las aduanas estaba colocando a gente aliada para hacer negocios. La lumbre le anda cerca Ricardo Peralta, otro mafioso del sector.
De igual forma el crimen mantiene sus operaciones en puertos y aeropuertos y sus alianzas con las policías y algunos miembros del Ejército Mexicano, con más poder que nunca en esta administración federal.
Ante el plazo propuesto por el Presidente, Las preguntas se imponen: ¿Es viable un plazo de seis meses para desmantelar al crimen? ¿Es prudente el plazo propuesto por el Presidente para conducir al país a la paz sin que haya una estrategia clara en operación? ¿Con qué cártel habría hecho pacto? ¿Sin pacto con la mafia es posible pacificar al país? ¿Es posible pacificar el territorio con programas sociales y la operación de la Guardia Nacional, que se compone de los restos de policías corruptas que fracasaron en el pasado? ¿Acaso no se corre el riesgo de que la gente beneficiada con programas sociales también le tome el dinero al crimen organizado, otro benefactor social? ¿Es la guerra entre AMLO y el crimen para ver quien reparte más dinero y se adhiere más adeptos? ¿Es el plazo de la muerte política de AMLO si no cumple su promesa? ¿Fracasará el Presidente si en seis meses no cumple su promesa?
En su comparencia del jueves 25 ante el Senado, el Secretario de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, Alfonso Durazo, consideró irresponsable el plazo de seis meses para abatir la inseguridad del país.
Y expuso sus razones: “No, sería irresponsable asumir que en seis meses va a cesar la violencia. Es un problema estructural. Es un problema crónico. Es un problema histórico. Tenemos que asumirlo con una perspectiva a mediano plazo”.
El funcionario federal reconoció que se desató la violencia en el país, pero aseveró “que la estamos estabilizando para que no continúe la tendencia de incremento en la violencia. Nos va a llevar algún tiempo, pero va a empezar a bajar.
De acuerdo con Durazo, en seis meses estarán operando, eso sí, todos los programas sociales. Esto va a ir mejorando mucho considerablemente en la medida que se vayan consolidando tres acciones: fortalecer los programas sociales, La Guardia Nacional y cero corrupciones en los gobiernos.
En este año la Guardia Nacional empezará sus operaciones con 82 mil elementos, pero se reclutarán 250 mil en el año 2023, un año antes de que concluya el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
De la estrategia contra el crimen organizado y el desmantelamiento de la red patrimonial de la mafia, el funcionario nada dijo. No fue materia de su exposición.
fuente.-Ricardo Ravelo/ (imagen/web)
