El caso de los Ledezma, procesados en Estados Unidos por el asesinato del abogado Juan Jesús Guerrero, hace ver mal a las autoridades de Nuevo León y su investigación de las ejecuciones registradas en el estado y ligadas a estos personajes.
El proceso que se sigue en una Corte de Texas contra dos exintegrantes del Grupo Rudo, del alcalde de San Pedro Mauricio Fernández, pone en evidencia la falta de resultados de la Procuraduría de Justicia de Nuevo León.
En tan sólo un año y medio, fiscales estadounidenses encontraron pruebas para vincular a miembros de este grupo, identificados como Gerardo Ledezma Cepeda y su hijo Jesús Ledezma Campano, en 10 ejecuciones realizadas en esta entidad.
Mientras aquí en Nuevo León, las autoridades estatales llevan años sin resolver otros asesinatos.
Hoy en día continúan en la oscuridad de la impunidad las ejecuciones ligadas al crimen organizado, que entre el 2010 y 2012 tuvo su época más cruenta.
Ejemplos de la falta de soluciones positivas de la autoridad estatal son los asesinato del empresario y diputado Hernán Belden Elizondo y el sampetrino David Villarreal Fernández, entre otros.
En ambos casos aún no se sabe quién perpetró estos asesinatos.
Esto también alcanza al ahora alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, quien estuvo como procurador cuando se sucitaron estos dos crímenes.
Todo apunta a que la carpeta de investigación de la muerte de Belden Elizondo y Villarreal Fernández fue cerrada, pues aún no hay detenidos por estas dos investigaciones.
Los métodos en EU
Si a estos casos le agregamos el crimen del exdirector del C5, Homero Salcido Treviño, ocurrido en 2011, la pobre efectividad de la Procuraduría en este rubro se extiende a casi cinco años.
Los agentes investigadores sólo relacionan la muerte con la delincuencia organizada, respuesta que se utiliza en cada caso de sangre en la entidad, pero nunca ofrecen avances científicos del asesinato.
En contraste, Reporte Indigo reveló que las autoridades norteamericanas ligan a los Ledezma con la ejecución del abogado casinero Eliseo Martínez Elizondo, ocurrida en abril de 2013, y de Luis Cortés Ochoa, exjefe policiaco sampetrino, en febrero de 2011 en Nuevo León.
Este último era el primer enlace de Mauricio Fernández con el Grupo Rudo, organización acusada de planear el asesinato en Texas del abogado Juan Jesús Guerrero Chapa, quien había defendido al capo Osiel Cárdenas, líder del Cártel del Golfo y de Los Zetas.
La poca pericia de los agentes investigadores estatales para encontrar evidencia de manera científica queda al descubierto con la investigación en EU.
Mediante información encontrada en sus cuentas de correo electrónico, los fiscales federales de Estados Unidos ligaron a los Ledezma con ejecuciones cometidas en la entidad.
En ellas encontraron información sobre un dispositivo de rastreo tipo GPS del vehículo del asesinado Luis Cortés Ochoa, quien fue vinculado por la Marina con el Cártel de Los Beltrán Leyva.
Mientras aquí nunca se ha logrado establecer por medio de e-mail, una vinculación a proceso de las ejecuciones ligadas al narcotráfico.
Policía científica con retraso
El director de Renace, Martín Sánchez Bocanegra, explicó que los casos no resueltos en Nuevo León se deben a un retraso en la investigación científica criminal de la Policía en México.
“El tema de la investigación científica o investigación criminal es uno de los temas qué más atraso tiene México, en donde se le debe dar más énfasis y más capacitación, además de equipar a la Policía.
“Porque si no, no podrán resolver los delitos y crimen a los que se están enfrentando… estamos esperando que la Policía y Ministerio Público tengan más avance en el tema de la investigación científica”, dijo Sánchez Bocanegra.
Agregó que los gobiernos tendrían que poner mucha atención en cómo equipar a los policías para poder resolver crímenes de alto impacto.
“Se tendría que poner mucha atención y tratar de capacitar a la Policía para que puedan resolver casos criminales importantes en Nuevo León”, dijo Sánchez Bocanegra.
Reconoció que algunas policías continúan operando bajo el viejo esquema penal, motivo por el cual sería difícil resolver casos pasados.
“La investigación estaba abandonada o estaba por los suelos, antes de que llegara el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, porque la Policía no tenía que investigar, era muy poca la investigación que se realizaba.
“Antes con declaraciones ministeriales se arrancaban las torturas en lo oscurito sin la presencia del defensor, también llevan ante la justicia con un testigo o dos testigos, y muchas veces esos testigos era inventados o pagados”, explicó el director de Renace.
Esto ocasionó que el agente del Ministerio Publico tenga insuficiencias en la investigación, porque no había una obligación jurídica para hacer un trabajo profesionalmente.
Pero ahora, con la implementación del nuevo sistema penal, se tendría que hacer de una manera más científica.
Casos por resolver
Ejecuciones registradas en el estado desde el 2012 y aparentemente ligadas al crimen organizado:
Hernán Balden Elizondo
Empresario secuestrado y ejecutado en 2012
David Villarreal Fernández
Sampetrino secuestrado y ejecutado en 2012
Eliseo Martínez Elizondo
Abogado ejecutado en 2013
Luis Cortés Ochoa
Exjefe policiaco sampetrino ejecutado en febrero de 2011
Homero Salcido Treviño
Exdirector del C5 calcinado y ejecutado en 2011
Edson Jared, Kevin Zaed Grimaldo Araiza y Eduardo (no se difundió el apellido)
Encontrados ejecutados en San Pedro en 2015
Jonathan Rodríguez Ortiz, Guadalupe Solís Castro, Francisco Alejandro Robles Amaro, Ulises Uriel Álvarez Rodríguez, Pedro Antonio Esparza Medina, José Ángel Gómez Muela
Fueron ejecutados en Santa Catarina en 2016.
