La 4T quiere poner «a los militares a revisar inversiones extranjeras, como si el rosario de fracasos acumulados en seguridad, obras, aeropuertos, trenes, aduanas y hasta la administración de empresas públicas no fuera suficiente carga. Ahora, Sedena y Marina podrían convertirse en porteros del capital internacional: decidir quién entra, quién espera y quién se va a buscar un país donde no le pidan permiso a un general para invertir.
La propuesta de reforma a la Ley de Inversión Extranjera plantea que las Fuerzas Armadas, junto con la Secretaría de Seguridad, formen parte de una nueva Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE), encargada de autorizar —o frenar— adquisiciones mediante las cuales capitales extranjeros busquen controlar más de 49 por ciento de empresas mexicanas en sectores considerados “estratégicos”.
El problema, advierten especialistas, es que la iniciativa no genera certidumbre: abre otra ventanilla burocrática, con uniforme, galones y una noción de “seguridad nacional” suficientemente elástica como para caberle casi cualquier cosa. Y cuando las reglas son ambiguas, el inversionista no pregunta dos veces: simplemente se va.
Turenna Ramírez, especialista en comercio exterior de Holland & Knight, alertó que el concepto de amenaza a la seguridad nacional puede ser tan amplio que termine convertido en un pretexto discrecional para detener operaciones. No es un detalle menor: el filtro abarcaría justamente sectores donde se concentra buena parte del crecimiento global, como energía, minería, agroindustria, infraestructura, transporte, comunicaciones, almacenamiento de datos, biotecnología, inteligencia artificial, semiconductores y tecnología aeroespacial.
Es decir, México pretende atraer inversión para integrarse a las cadenas de valor del futuro, pero al mismo tiempo le advierte al capital extranjero que antes deberá pasar por una especie de aduana militar. Una fórmula peculiar para competir con países que ofrecen reglas claras, procesos ágiles y funcionarios especializados, en lugar de sumar mandos castrenses a decisiones de mercado.
La CNIE tendría como integrantes con voz y voto a Sedena, Semar y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En cambio, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera participarían de manera permanente, aunque sólo con voz. La paradoja es notable: las instituciones que investigan delitos financieros, recaban inteligencia o fiscalizan operaciones no votarían; los militares, sí.
El abogado Ismael Reyes Retana, especialista en derecho administrativo, planteó una salida más sensata: que Sedena, Marina y la SSPC participen sólo como invitadas cuando una inversión realmente plantee un riesgo específico para la seguridad nacional, y sin voz ni voto. Es decir, que opinen cuando les toque, no que se conviertan en copropietarios políticos de cada decisión empresarial.
Porque una cosa es blindar sectores sensibles frente a operaciones que comprometan infraestructura crítica, datos estratégicos o soberanía tecnológica; otra muy distinta es militarizar la política de inversión extranjera. México ya tiene suficientes obstáculos para captar capital: inseguridad, incertidumbre regulatoria, lentitud administrativa, cambios de reglas y una justicia que rara vez llega a tiempo. Añadirle un filtro verde olivo difícilmente será el anzuelo que estaban esperando los inversionistas.
Con información: ELNORTE/
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