A diez días de que se cumplan dos años de la guerra intestina entre facciones del mismo Cártel de Sinaloa, el próximo 09 de Septiembre,el balance no admite maquillaje corporativo: la operación de Omar García Harfuch y el músculo militar no han convertido el conflicto en un mercado bajo control; apenas han aprendido a administrar un incendio que sigue devorando vidas, libertad y patrimonio.
El tablero no celebra
En cualquier empresa que aspire a sobrevivir, hay indicadores que no se pueden presentar como “áreas de oportunidad”. Son alertas de quiebra operativa. Del 9 de septiembre de 2024 al 30 de agosto de 2026, de acuerdo con Noroeste, Sinaloa acumuló 3,773 homicidios dolosos, 4,315 personas privadas de la libertad y 12,361 vehículos robados. Traducido al lenguaje de una junta de consejo: el negocio principal —garantizar seguridad— está perdiendo clientes todos los días, y los clientes se llaman ciudadanos.
- 5.2 personas asesinadas cada día. No es una curva estadística: es una línea de producción de cadáveres.
- 6 secuestros o privaciones de la libertad diarios. Es la señal más brutal de que el Estado no controla quién entra, quién sale ni quién desaparece.
- 17.2 vehículos robados por día. Una economía criminal que conserva movilidad, logística, capacidad de reposición y, sobre todo, impunidad.
- 5.5 detenidos diarios. Pero las detenciones, por sí solas, no equivalen a resultados si no reducen de forma visible el daño a la población.
- 211 personas abatidas. El Estado puede contabilizar bajas; la sociedad pregunta por qué, pese a ellas, la violencia mantuvo una escala industrial.
La empresa pública llamada seguridad no puede presumir “actividad” cuando su producto final sigue siendo miedo. Patrullajes, decomisos, cateos, capturas y despliegues son inputs; una baja sostenible de asesinatos, desapariciones, secuestros y robos es el resultado. Confundir ambas cosas es hacer PowerPoint con la tragedia.
Un KPI devastador
La administración federal sostiene que, luego del pico inicial de violencia, el promedio diario de homicidios en Sinaloa se redujo 44% desde diciembre de 2024 y que el Plan Sinaloa combinó inteligencia, operaciones focalizadas y refuerzo federal.
Pero la realidad en tiempo real los contradice brutalmente :
Pero aun y suponiendo sin conceder, aunque los números son tercos,una reducción desde un pico extraordinario no es lo mismo que una victoria. Es una regla elemental de auditoría: si la línea base es una explosión, cualquier descenso posterior puede venderse como éxito aunque el nivel resultante continúe siendo insoportable.
Es el truco de presumir que el paciente “mejoró” porque dejó de perder tanta sangre como el día que llegó baleado al hospital. La pregunta no es si perdió menos sangre que durante el colapso; la pregunta es si está fuera de peligro. Con 3,773 homicidios en menos de dos años, la respuesta no puede ser triunfalista.
México Evalúa ya había advertido que Sinaloa permanece entre los epicentros de violencia letal y delitos patrimoniales, en un contexto donde persiste la guerra entre grupos criminales. Para septiembre de 2025, el registro citado alcanzaba 1,958 víctimas de homicidio desde septiembre de 2024, por encima de todo 2024 y de 2023.
El fracaso de diseño
La falla no está en que falten uniformes, hay miles; está en la hipótesis de que una guerra criminal de raíces territoriales, financieras y familiares se resuelve con una exhibición permanente de fuerza.
El componente militar funciona como una grúa: puede retirar un vehículo incendiado, cerrar una avenida, detener a un agresor y ocupar temporalmente una zona. Pero una grúa no repara el motor de una ciudad. No sustituye fiscalías que investiguen y judicialicen, policías locales confiables, protección real a denunciantes, búsqueda de desaparecidos, inteligencia patrimonial, control de prisiones y desmantelamiento de redes de extorsión.
La fórmula aplicada parece haber sido: más tropas, más operativos, más capturas, más anuncios. El problema es que una guerra entre Los Chapitos y La Mayiza —dos bandos surgidos de la misma estructura criminal— no se parece a una campaña convencional contra un enemigo externo. Se parece más a una corporación mafiosa en proceso de ruptura: comparten mercados, rutas, proveedores, sicarios, territorios, información y una cultura operativa. Golpear una célula puede reacomodar los incentivos, fragmentar mandos o provocar represalias sin necesariamente extinguir la capacidad de matar.
Es la analogía de Afganistán en versión regional: puedes controlar con fuerza los puntos estratégicos, las carreteras y las fotografías de mando, pero si fuera de la base el poder cotidiano sigue en disputa, no hay pacificación; hay ocupación intermitente. Y una ocupación que no protege la vida diaria termina midiendo su éxito por kilómetros patrullados, no por familias que pueden volver a vivir sin miedo.
La barbarie como saldo
La cifra más grave no es sólo la de homicidios. Es la combinación.
Matar 3,773 personas es atroz; sumar 4,315 privaciones de la libertad revela algo todavía más profundo: la violencia no se limita a ejecuciones entre adversarios armados. Penetra hogares, negocios, carreteras y rutinas. El secuestro y la desaparición son tecnologías de control territorial: silencian, cobran, castigan, reclutan y desplazan. El robo de 12,361 vehículos completa el modelo: el crimen conserva su cadena logística mientras la ciudadanía absorbe la pérdida económica.
Así se dibuja una barbarie con contabilidad propia:
| Indicador | Lectura empresarial | Lectura humana |
|---|---|---|
| 3,773 homicidios | Falla crítica de control de riesgo | Familias destruidas y comunidades aterrorizadas |
| 4,315 privaciones de la libertad | Pérdida de soberanía operativa | Personas convertidas en mercancía, rehén o ausencia |
| 12,361 robos de vehículos | Cadena logística criminal funcional | Trabajo, movilidad y patrimonio arrancados |
| 3,902 detenciones | Alto volumen de actividad, resultado insuficiente | Capturar no basta si el daño persiste |
| 211 abatidos | Escalamiento letal del conflicto | La fuerza se vuelve parte del paisaje, no solución |
Un CEO serio no premiaría a su equipo porque “trabajó mucho” mientras se desploman las métricas que definen la viabilidad de la empresa. Pediría explicaciones: ¿por qué, con miles de elementos, continúa la capacidad de secuestrar seis personas diarias? ¿Por qué los ladrones sostienen el robo de 17 vehículos al día? ¿Por qué las capturas no han generado un quiebre irreversible de las estructuras criminales? ¿Dónde están las sentencias, las redes financieras desmontadas, los mandos civiles fortalecidos y la recuperación sostenida de los territorios?
No es éxito: es contención cara
La estrategia de Harfuch puede alegar contención frente a una crisis heredada y exacerbada por la fractura interna del cártel propiciada por la misma complicidad e inacción del gobierno. Puede exhibir operaciones, incautaciones y arrestos. Pero no puede vender como éxito completo un periodo que deja, en menos de 24 meses, una cifra de muertos comparable a la población de una pequeña comunidad y miles de personas arrancadas de la libertad.
En lenguaje de CEO: el gobierno está celebrando eficiencia de proceso mientras fracasa el indicador que importa, la seguridad del usuario final. Y en lenguaje de calle: mientras cada día haya cinco asesinatos, seis personas levantadas y diecisiete vehículos robados, el Plan Sinaloa no será una historia de éxito; será un costoso esquema de administración de pérdidas.
La militarización puede ser un recurso de emergencia. Nunca debe convertirse en la coartada permanente para no construir la arquitectura civil de seguridad y justicia que Sinaloa necesita. Porque una guerra entre bandos de la misma banda no se gana contando uniformes desplegados: se gana cuando dejan de mandar las armas, cuando desaparece la impunidad y cuando la población vuelve a ser la dueña real de su territorio.
Con información: NOROESTE/
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