En Mexicali se montó el espectáculo completo: inteligencia bajo coordinación binacional, vigilancia aérea, cazas T-6C+, Black Hawk en escena y un despliegue que, en papel, suena a operación quirúrgica contra el narcotráfico. El resultado: una Cessna 206 asegurada, 24 kilos de presunta cocaína, cartuchos, cargadores, vehículos… y, por supuesto, cero detenidos. El clásico golpe “contundente” que no toca a nadie.
La narrativa oficial presume un impacto financiero de 5 millones de pesos para las estructuras criminales. Una cifra que, en el ecosistema del narcotráfico fronterizo, equivale más a una pérdida operativa que a un golpe estructural.
Es el costo de hacer negocios, no una disrupción real. Porque mientras no haya operadores capturados, redes desarticuladas o mandos identificados, lo incautado es reemplazable en cuestión de horada mas tardar días.
Lo más revelador no es lo que se aseguró, sino lo que no ocurrió: no hay pilotos, no hay responsables del punto de recepción, no hay detenidos vinculados al inmueble ni a los vehículos. Es decir, hubo inteligencia suficiente para seguir la aeronave, coordinar fuerzas y cerrar el perímetro… pero no para capturar a un solo integrante de la cadena criminal. Un operativo que intercepta objetos, pero deja intactas las estructuras.
Y aquí está el problema de fondo: estas acciones alimentan estadísticas, no justicia. Sirven para boletines, no para desmontar redes. Se presume cooperación con Estados Unidos, tecnología de vigilancia y capacidad de respuesta, pero en la práctica el eslabón humano —el único que realmente importa para desarticular organizaciones— sigue escapando.
El mensaje es claro, aunque no intencional: el Estado puede interceptar cargamentos, pero no necesariamente detener a quienes los operan. Y mientras esa ecuación no cambie, estos operativos seguirán siendo “exitosos” solo en el papel… y profundamente insuficientes en la realidad.
Con informacion: ELNORTE/
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