En México, eso de que el crimen “se infiltra” en el gobierno ya suena a chiste viejo. La realidad es otra: el crimen no se infiltró, se sentó en la silla. Hace años dejó de pedir permiso; ahora firma, decide y manda.
La acusación de Washington sobre los vínculos entre la élite morenista en Sinaloa y el narco —algo que en México se ha documentado hasta el cansancio— no agarró desprevenido a nadie, pero sí dejó al régimen de 2018 acorralado.
La respuesta ha sido la de siempre: envolverse en la bandera, hablar de soberanía y repetir que todo va mejorando, aunque el país cuente otra historia.
Porque más allá de los jalones con Estados Unidos —y de lo que Trump quiera volver a incendiar políticamente—, la evidencia está en la calle: México vive bajo una gobernabilidad criminal que no sólo coexiste con el Estado, sino que en muchos casos lo reemplaza.
Ejemplos sobran. En Los Cabos, los Chapitos no sólo diversificaron el negocio: pasaron de la droga al agua. Literal. Se adueñaron del organismo operador y, de paso, del negocio de las pipas y los tiempos compartidos. Empresarios lo dicen sin rodeos: ahora trabajan para ellos. El crimen ya no cobra piso; administra servicios públicos.
Y mientras tanto, las redes políticas no se rompen, se ajustan. Los hijos del gobernador Rocha Moya aparecen en el radar por movimientos financieros sospechosos, empresas fantasma y tráfico de influencias. Casualidad, dirán algunos.
En Morelos, el “Operativo enjambre” presume detenciones de alcaldes ligados al crimen, como si fuera novedad. Pero esas relaciones eran conocidas desde 2019. Es decir: no se descubrió nada, sólo se hizo oficial lo que ya era sabido. La diferencia es política, no moral.
En Guerrero, la ecuación es aún más brutal: territorios tomados, comunidades desplazadas y recursos naturales —madera, oro, uranio— bajo control criminal. El Estado mira, documenta… y pierde.
El secuestro del alcalde de Taxco no sólo exhibe la fragilidad institucional, sino el terror cotidiano de una población atrapada entre desapariciones y silencio forzado. La cifra real de víctimas ni siquiera cabe en los reportes oficiales.
Todo esto converge en lo que ya algunos llaman “la generación del 21”: políticos que llegaron bajo la ola electoral de Morena y hoy están bajo sospecha. Y en medio de ese tablero, Mario Delgado —arquitecto de ese ascenso— ahora carga con las consecuencias de haber abierto la puerta sin preguntar quién entraba.
El problema ya no es sólo interno. En Europa, incluso sectores progresistas comienzan a poner peros a los acuerdos con México. La imagen exterior se desgasta: corrupción, narco, desaparecidos. Un combo difícil de vender como democracia funcional.
Y como advertencia incómoda, Centroamérica ofrece el espejo: prensa perseguida, poder sin contrapesos y gobiernos que convierten la rendición de cuentas en una molestia. No es un escenario lejano; es una posibilidad en construcción.
Mientras tanto, el Ejército rocía paraquat en Guerrero como si la solución fuera envenenar la tierra, Pemex coquetea con el fracking y el patrimonio cultural se deja ir al extranjero con la indiferencia de siempre.
Ah, y el Mundial. La gran fiesta. Miles de millones invertidos y la Ciudad de México apenas alcanza a cumplir. Porque en este país, incluso cuando hay espectáculo, la improvisación también juega de titular.
Al final, el discurso habla de cooperación entre México, Estados Unidos y Canadá. La realidad es otra: presión, tensiones y un socio del norte que aprieta mientras los otros dos intentan no desmoronarse.
México no es un Estado fallido. Es algo más incómodo: un Estado que convive, negocia y, en ocasiones, se subordina al poder criminal. Y eso ya no es excepción. Es sistema.
Con información: PROCESO/JORGE CARRASCO
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