México,bajo el gobierno de Morena y Andres Manuel Lopez «hablador», declaró la guerra a la corrupción aduanera… y terminó montando una franquicia de huachicol fiscal con militares en nómina, empresarios en jet privado y castigos a cuentagotas para que nadie en uniforme tenga que soltar el gafete ni el rango.
La “limpia” que olía a gasolina
En 2020 el Gobierno parió la ANAM y le dio superpoderes a las Fuerzas Armadas para “blindar” aduanas terrestres, marítimas y aéreas, supuestamente contra armas, drogas, fauna, flora y combustibles ilegales. En paralelo, la Unidad de Inteligencia Financiera anunció una cruzada contra 49 objetivos aduanales y hasta removió a una decena de extitulares por corrupción, como si el sistema se estuviera sacudiendo la mugre.
Mientras el discurso hablaba de limpieza, en diciembre de 2021 arrancaba una red criminal entre mandos militares, civiles y empresas de hidrocarburos dedicada a contrabandear combustible y evadir impuestos: huachicol fiscal, pero con factura, pedimento y sello oficial. Siete años de omisiones después, de ocho empresas solo hay órdenes de aprehensión contra tres empresarios, como si el resto del cartel de escritorio fuera daño colateral administrativo.
La red: jugadores, partido y árbitros comprados
La estructura no era una bandita improvisada: economistas, financieros, funcionarios, agentes aduanales y empresas privadas operaban con decenas de buques bajo banderas de conveniencia de Panamá, Islas Marshall o Singapur, justo las que garantizan inspecciones relajadas y trámites lentos si alguien osa investigar. La lógica era simple: si te dedicas al huachicol fiscal, te conviene que la justicia internacional llegue tarde, cansada y en idioma equivocado.
En los papeles de inteligencia, la red se organiza como una empresa: una cabeza empresarial, tres mandos medios (militares en retiro, marinos y civiles) y titulares con sus áreas en seis aduanas marítimas. Internamente se llamaban “jugadores” y al arranque del contrabando le decían “el partido”, porque la corrupción ya no es un delito, es un deporte nacional con sede en puertos estratégicos.
El enriquecimiento: de “transportistas” a emporio de pipas
En la cúspide del engranaje aparece Heavy Transport como proveedora internacional de combustible, enlazada con Rockbridge Petroleum y Great Oak Supply and Trade, compañías gringas dedicadas al comercio de crudo. La importación caía en Intansa SADCB, con patrones Ricardo Ayón y Ramiro Rocha, y de ahí la cadena seguía con Mefrafletes y Autolíneas Roca, donde brillan los nombres de Roberto Blanco, “el señor de los buques”, y José René Tijerina.
La logística marítima se triangulaba con Enerpol SADCB (Grupo Portimex, CDMX) y una agencia naviera, Alta Marítima, a cargo de Luis Omar Chong, responsable de dar “luz verde” a los buques, mientras la comercialización internacional pasaba por Icon Midstream, Icon Oil and Gas Traders, Red Kennedy y Abdon Méndez. Al mismo tiempo, en el frente local, Azteca con SADCB, de Hernán Flores, y empresas fantasma de pipas lavaban el combustible como si fueran aditivos automotrices en la frontera norte.
El caso de los hermanos Amaya Olvera es el manual del nuevo huachicol aspiracional: en 2014 fundan Transportes Especializados Amol en Tamaulipas para mover “todo tipo de mercancías”; en pocos años acumulan flotilla de pipas, autos caros, almacenes y propiedades, mientras simulan traslados lícitos entre 2023 y 2025. La FGR los engancha con llamadas encubiertas: Christian Noé y su esposa admiten que Amol está metida en huachicol, una hermana ofrece surtir directo del ducto y Jesús Tadeo presume que puede llevar la pipa a extraer combustible, todo grabado con autorización judicial como si fuera podcast de crimen organizado patrocinado por la Fiscalía.
Los militares: omisos, ascendidos y muy en activo
La joya de la impunidad está en el mando castrense convertido en filtro… que nunca filtró nada. Bajo las administraciones de Ricardo Peralta, Horacio Duarte, André Fullón y Rafael Marín, con directores de investigación como Tonatiuh Márquez y el general en retiro Ernesto Vadillo, la red operó al menos en seis aduanas, pese a que todos estaban facultados para ordenar inspecciones, verificaciones y vigilancia.
En el periodo de André Fullón (julio 2023 a febrero 2025), ingresaron 20 buques a Tampico con combustible ilegal declarado como “aceites”, sin un solo alertamiento desde la central donde despachaba el general. Fue la época dorada de la red, y mientras tanto su director de investigación aduanera, otro general en retiro, Ernesto Alejandro Vadillo Trueba, se hacía de la vista gorda con decenas de buques y hoy sigue muy campante al frente de la dirección de aduanas fronterizas.
Cuando regresó Rafael Marín, se trajo de vuelta a Tonatiuh Márquez, ahora como titular de investigación aduanera; en su primer mes entraron 10 buques más de la red y los laboratorios “no detectaron” combustible, como si estuvieran analizando agua bendita. Márquez controlaba los semáforos aduanales y, por reglamento, estaba obligado a revisar, reconocer e inspeccionar, pero el huachicol fiscal pasó frente a sus narices sin que eso le afectara el sueldo ni el futuro laboral.
Por el lado de la Marina aparece “el grupo de los primos”: el vicealmirante Manuel Farías y el contraalmirante Fernando Farías, sobrinos políticos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda, coordinando a siete operadores más. Encima de eso, tres generales en retiro controlaban direcciones de operación aduanal y, entre civiles, Iván Merino manejaba a diez funcionarios de aduanas, todos alineados en un sistema de sobornos que en una sola aduana, entre 2024 y 2025, dejó 24.5 millones de pesos en bolsillos de un titular que hoy declara bajo el alias de “Santo”.
Castigos quirúrgicos, muertos incómodos y red intacta
La lista de cadáveres explica mejor que cualquier boletín el tamaño del hoyo: el contralmirante Fernando Guerrero denunció internamente en Semar el 14 de junio de 2024 y fue asesinado en Manzanillo en noviembre de ese mismo año. Días antes mataron a la delegada de la FGR en Colima, Magaly Nava, vinculada al caso, y el 13 de mayo de 2024 ejecutaron en Ciudad de México a Carlos Narváez, mano derecha de Horacio Duarte.
El golpe al buque Challenge Procyon, que entró a Tampico el 19 de marzo de 2025, exhibió el tamaño del saqueo: mientras la FGR tardaba en conseguir la orden de aseguramiento, decenas de pipas vaciaban el combustible ilegal al lado del buque, como si fuera descarga programada. Cuando por fin aseguraron 192 contenedores, 22 pipas y la mitad de una carga de 10 millones de litros, el resto ya había sido ordeñado por Enerpol y Mefrafletes, ambas del mismo conglomerado criminal.
Después vinieron más muertos: el 4 de agosto asesinan al delegado de la FGR en Tamaulipas, Ernesto Vásquez, y mientras tanto se integra una carpeta contra 16 personas, incluidos ocho marinos, de los cuales dos, Fernando Farías ya fue detenido en Argentina pero Miguel Ángel Solano sigue prófugos. A las detenciones del 6 de septiembre les siguen dos marinos más muertos en supuestos suicidios y un accidente, porque en esta historia los testigos caen más rápido que las órdenes de aprehensión.
La Federación detectó al menos ocho buques con carga ilícita desde marzo de 2025 en puertos de Veracruz, Sinaloa, Sonora, Oaxaca y Yucatán, todos con banderas de países con regulaciones débiles como Chipre, Islas Caimán, Singapur, Islas Marshall y Panamá. Cuando se pide información a esos registros, los procesos son “muy lentos”, lo que en lenguaje de red criminal significa: tiempo suficiente para sacar el combustible, borrar rastros y reciclar la complicidad.
Epílogo: 500 mil millones y nadie al banquillo
El huachicol fiscal está catalogado como una de las principales fuentes de evasión fiscal que golpean la economía mexicana, con un detrimento estimado de hasta 500 mil millones de pesos, alrededor del 2% del PIB, evaporados entre buques, pipas y firmas amables en la aduana. A pesar de que la red operó cinco años, las investigaciones federales solo abarcan dos, como si la memoria institucional tuviera borrador selectivo.
Un juez federal ya ordenó la captura de los hermanos Christian y Jesús Amaya, de Roberto Blanco Cantú “el señor de los buques” y de otros más, mientras uno está detenido, otro prófugo y el resto navega entre litigios. En contraste, los extitulares de aduanas y directores de investigación —los mismos que dejaron entrar 20, luego 10, luego ocho buques ilícitos— no han sido llamados a comparecer, salvo uno que se negó a colaborar, demostrando que la justicia sí se atreve… pero solo con la parte baja del organigrama.
La red criminal de huachicol fiscal operó a la vista de todos, con reglamentos que nadie aplicó, generales que hoy siguen al mando de aduanas y una narrativa oficial que se vende como combate a la corrupción mientras los verdaderos jugadores del partido siguen en la cancha, con uniforme, fuero y pensión asegurada.
Con informacion: NMAS NOTICIAS/FOCUS
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