Luego de que el dia de ayer, el ex-militar y lugarteniente del Cartel del Golfo,ademas de ex-presidiario,Mario Gutian Rosas,alias La Chispa, acusado publicamente de ser el secuestrador de Reynosacon poder politico antes de morir ,de que la DEA que lo ubica mas como jefe del CDG que un simple lugarteniente,ligado a empresas fachada con sobradas acusaciones por extorsión y vínculos criminales que fueron citados por Hector de Mauleon cuestionando cena y abrazo con el gobernador Américo Villarreal ,ayer apareció en publico para decir que es un empresario que sostiene mas de 700 empleos en Reynosa.
Todo y sin el mínimo temor de que las autoridades lo hicieran comparecer en mas de una carpeta, tal y como lo harían con «Juan Pueblo».
Sin embargo,si las autoridades no quieren parecer mas complices de lo que son, pues incluso el sujeto tiene contratos con la FGR y hasta con el INE,como los han tenido muchos narcos mas con el gobierno de Americo Villarreal,deben intervenir su fortuna si no quieren atorarlo a el, porque les da «Penilla».
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), tiene en sus manos la posibilidad de usar la herramienta legal de la que fue recientemente dotada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),pues aunque la evidencia circundante no sustituyen la prueba judicial, sí bastan para justificar una ofensiva financiera de alto calibre.
Sí: con las reglas vigentes de la UIF y la extinción de dominio, el Estado tiene hoy una vía mucho más seria para golpear primero la fortuna y luego exigir explicaciones a La Chispa, armando un expediente con trazabilidad financiera, vínculos delictivos y activos identificables incluso en redes.

Como ya se sabe ,la primera semana de abril la Suprema Corte validó a que la UIF puede bloquear cuentas sin orden judicial previa cuando existan indicios suficientes de lavado o financiamiento ilícito, y que la defensa viene después, con audiencia y pruebas.

La llave jurídica
La medida que desató la polemica ,no es una condena, sino una cautelar administrativa: inmovilizaría los recursos de Mario Guitian Rosas y sus empresas para impedir que el dinero siga entrando y saliendo del sistema mientras se investiga su origen queADN Noticias presume ,mucho es originado en contratos del mismo gobierno de Morena que encabeza Americo Villarreal.

En paralelo, la acción de extinción de dominio permitiría perseguir los bienes de origen o destinación ilícita, incluso sin la sentencia penal previa, y exige al titular ,en este caso al ex-militar vinculado a militares en activo y que fue nombrado en un alarde de narcocolusión como Delegado Regional de la Zona Noreste de la Confederación Nacional de Seguridad en 2021, acreditar la licitud de su patrimonio cuando hay indicios serios de corrupción, secuestro, extorsión, delincuencia organizada, lavado de dinero en medio de vínculos politicos.
Cómo se le arma el caso si hubiera voluntad en vez de amasiato
En un expediente contra Mario Guitián Rosas, la ruta no empieza con la foto escandalosa con Americo en una cena en CDMX, sino con la arquitectura del dinero: cuentas bancarias, transferencias, sociedades, inmuebles, vehículos, prestanombres, proveedores, facturación simulada y cualquier rastro de triangulación patrimonial.

Los reportes, no solo de la DEA, citados por la prensa televisiva lo relacionan con la faccion criminal de Los Metros del Cartel del Golfo y con actividades como huachicol, despojo de predios y control territorial mediante violencia, lo que vuelve razonable mirar su patrimonio como posible producto o instrumento del delito.

Si el dinero, los bienes o las empresas no cuadran con ingresos lícitos verificables, la carga argumentativa se desplaza hacia La Chispa: explicar de dónde salió todo eso y documentarlo con papeles, no con poses ante la prensa a modo.
Probanzas que importan
La autoridad debería integrar, como mínimo, cinco bloques de prueba: identificación de bienes; cronología de adquisición; origen de los recursos; relación entre patrimonio y hechos ilícitos; y uso de empresas o terceros para ocultar la titularidad real.
La Ley Nacional de Extinción de Dominio exige acreditar el hecho ilícito, el nexo causal con los bienes y, en ciertos supuestos, el conocimiento o mala fe del titular; además, el dueño debe demostrar buena fe y procedencia lícita mediante documentos de fecha cierta, pagos fiscales y trazabilidad económica.
En términos simples: si el personaje presume riqueza y mas de 700 empleados en Reynosa, que enseñe escrituras, actas constituitivas,estados de cuenta, declaraciones fiscales, contratos auténticos, facturación real y capacidad económica compatible. Sin eso, la narrativa de “empresario” se cae por su propio peso y queda como lo que muchos expedientes criminales suelen revelar: un negocio de fachada con olor a extorsión, secuestro, lavado,levantón y muerte.
La reciente reforma y el nuevo criterio judicial le quitan al sospechoso el viejo refugio de la dilación: ya no basta con gritar inocencia mientras la cuenta sigue intocable y el patrimonio se multiplica como por generación espontánea.
Hoy la UIF si quiere usar la medida contra narcos y no solo contra rivales de la politica,como es el pretendido,puede ponerle la bota financiera encima y obligar a La Chispa explicar, con documentos y no con zalamerías, cómo un operador criminal que fue ex-patron del «Jefe de plaza» apodado el «Comandante Mono», también ex-militar, terminó disfrazado de empresario, inflado de bienes y rodeado de esa clase de amistades de la politica,de antes,durante,despues y ahora ,que en cualquier Estado medio decente detonaría auditorías, bloqueos y aseguramientos.
Si la Fiscalía General de la Republica (FGR) quisiera actuar como fiscal y no como comparsa, su guion sería elemental: rastreo bancario, revisión fiscal, aseguramiento de sociedades, análisis patrimonial, cruce de beneficiarios finales y solicitud de extinción de dominio sobre los activos que no tengan sustento lícito.
Y si la defensa, sus despachos de abogados que patrocina ,pretenden sostener que todo es normal, entonces que lo prueben: el derecho mexicano ya no obliga al Estado a contemplar la fortuna sospechosa con respeto reverencial; ahora permite congelarla primero y pedirle cuentas después, nos guste o no nos guste.
Tesis útil
La tesis procesal es clara: la UIF puede inmovilizar recursos ante indicios suficientes, y la extinción de dominio puede atacar bienes vinculados con delitos graves; en ambos escenarios, el centro del debate es la trazabilidad del patrimonio y la capacidad del titular para demostrar su origen lícito cuya investigación debe extenderse a aquellos que lo solapan, protegen y se aprovechan.
Tal y como lo dijo valientemente en video Gabriel Hernandez, activista y empresario de Reynosa primero levantado, extorsionado y luego ejecutado; la proteccion que goza La Chispa es a cambio de votos, una conducta que MORENA replica por todo el pais y que explica porque el partido crecía mientras narcos lo hacían paralelamente a la «cuarta potencia».

Con informacion; ADN NOTICIAS/ ELUNIVERSAL/










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