La nueva Ley Antilavado de la «Cuatro-TE» llega con capa, espada y una brillante idea: que los agentes inmobiliarios se conviertan en detectives financieros del Estado. Porque, claro, si alguien sabe de flujos de efectivo transnacional y triangulación de cuentas offshore, es la señora que enseña departamentos en la Del Valle o el vendedor que lleva tres horas atrapado en el tráfico para mostrar una casa con vista al manglar.
El gobierno transformador, con esa creatividad que lo caracteriza, decidió que los asesores inmobiliarios deben rastrear y reportaroperaciones con recursos de procedencia dudosa. Sí, justo ellos, los mismos que a veces trabajan solos, sin secretaria, sin presupuesto y con el Excel como su herramienta de inteligencia artificial.
Karim Oviedo, de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, explicó que el 40 por ciento de estos “nuevos agentes secretos” son literalmente una sola persona, a tiempo parcial y sin facultades legales para investigar un ingreso que huela raro.
La ley les ordena guardar expedientes durante diez años (porque nada dice “confianza institucional” como conservar cajas de papeles por una década) y enviar reportes al SAT y a la UIF, esos agujeros negros donde la información entra pero rara vez sale. Jorge Rodríguez, de Regcheq México, recordó que la responsabilidad recae ahora sobre el asesor, ese héroe civil armado con un contrato de renta, una taza de café recalentado y la esperanza de que su cliente no sea financiado por algún cártel.
Así, el gobierno lava sus manos mientras los corredores de bienes raíces lavan… sospechas. Todo muy eficiente: el Estado delega su deber, los agentes asumen culpas que no les corresponden y, con suerte, el crimen organizado llenará por sí mismo los formularios.
Con informacion: ELNORTE/
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