La decisión de a quién castigar como responsables de la in_seguridad tras el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, parece recaer en la geometría más simple de la justicia mexicana: el uniforme manda, el resto es accesorio, decorativo, literal ornamento para deslindar responsabilidades.
Cuando la tragedia golpeó —siete escoltas en la Casa de Cultura, arrestados y acusados por omisión y homicidio extrajudicial— lo que nadie se atreve a preguntar es por qué el anillo perimetral militar falló sin consecuencias, mientras se ajusta el cinturón de la ‘justicia’ sobre los más obvios: los que no tenían la estrella de la jerarquía ni el fuero del camuflaje, ahora seran «perros del mal».
El uniforme como escudo de impunidad
En la operación para proteger a Manzo participaron integrantes de la Secretaría de Seguridad, la Defensa, y la Guardia Nacional (GN), pero cuando tocó repartir culpas, la balanza se inclinó hacia la policía municipal y los escoltas personales. El anillo perimetral —ese círculo invisible de poder y responsabilidad que debía blindar el evento y al alcalde— simplemente no funcionó; el crimen entró por la puerta grande, mientras los militares y la GN quedaron fuera del radar judicial, inmunes a la acusación de omisión que ahora pesa solo sobre los menos uniformados.
La omisión selectiva y el silencio incómodo
La acusación contra los escoltas es por «homicidio calificado en comisión por omisión», pero ¿y los que debían controlar el perímetro, los que portan chaleco antibalas y ordenan bloqueos, por qué no figuran ni en la lista de detenidos ni en la de investigados?. Nadie parece querer levantar la piedra que esconde la omisión estructural: la falla fue en cascada, pero solo los eslabones más débiles pagan y no es la primera vez que el uniforme se impone por encima de la ley y el orden.
El Ejército tapa el sol con un casco y la GN no detectó ni alertó, y aquí nadie sabe ni le interesa saber a quién le tocaba apretar el botón del protocolo que nunca se activó.
La justicia ciega ante las insignias
La escena del crimen sigue acordonada en Uruapan, velas marchitas y flores de cempasúchil, rodeadas de mensajes de duelo y exigencias de justicia que solo entienden los que jamás han portado un uniforme de alto rango. La ley se aplica, pero no como deber sino como capricho de quien lleva galones. Así, la memoria de Manzo se convierte en simbolismo incómodo, mientras las instituciones siguen en modo «silencio táctico», esperando que la indignación se desgaste antes de interrogar a quienes realmente tenían la tarea de blindar al alcalde.
En México, lo irreverente no es la violencia, sino la selectividad con que se fabrican culpables: si la omisión viste uniforme verde olivo, el castigo es invisible; si se lleva gorra municipal, la ley cae como bata de plomo. Y en el fondo, la plaza donde cayó el sombrero de Manzo seguirá marchando, porque la verdad, como la memoria, nunca se somete a disciplina.
Con informacion: ELNORTE/
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