Dicen que en las próximas semanas podría haber algunos despidos y cambios en el importante órgano encargado de la recaudación de impuestos, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), debido a que se han presentado denuncias de que desde el sexenio anterior viene operando una supuesta red de corrupción, integrada por funcionarios que arman expedientes para intentar extorsionar a grandes contribuyentes a cambio de disminuir montos en el pago de impuestos, y promesas de hasta eliminar cuantiosos créditos fiscales que dejan ver que el gobierno de Morena es igual de “puerco” que los gobiernos que le han antecedido.
La grave queja citada por CONTRALINEA llegó hace unos días hasta Palacio Nacional, en donde la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo ordenó de inmediato atender la denuncia al interior de ese órgano tributario y realizar las investigaciones correspondientes para dar con los supuestos responsables y que, de confirmarse que hubo hechos de corrupción, destituir a los servidores púbicos involucrados y presentar las denuncias penales y administrativas correspondientes contra quienes resulten responsables, incluso si son exfuncionarios del SAT.
Entre las áreas que están en la mira de las investigaciones están: la Administración General Jurídica, a cargo de Ricardo Carrasco Varona; la Administración Central de Procedimientos Especiales, en donde hasta enero del año pasado su titular era Octavio Augusto Ernesto Prieto Gallardo, hijo del exdirector general del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Ernesto Prieto Ortega, y quien actualmente es magistrado regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; y la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, en donde el titular es Erick Jiménez Reyes.
El problema no es menor para la Presidencia de la República, pues el quejoso V.I.P es el magnate Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo y a quien presuntamente le habrían solicitado dinero a cambio de no cobrar un 30 por ciento de ISR por algunas operaciones financieras y aportaciones de capital que hacen sus empresas.
Como se conoce, el dueño de Telmex se ha dedicado desde hace mucho tiempo a comprar empresas quebradas para sanearlas y volverlas rentables, y en otros casos las vuelve a vender en situaciones económicas favorables.
Otra de las actividades de este empresario es arriesgar su capital en fondos de inversión. Según los criterios de los funcionarios del SAT, estas operaciones deben pagar impuestos, lo que ha sido utilizado en algunos casos –y eso es parte de la queja– por algunos servidores públicos para solicitar dinero a cambio de ya no cobrar dichos impuestos.
Según la denuncia que llegó hasta la Presidencia de la República, directivos de las empresas de Grupo Carso habrían informado a su jefe, el octogenario empresario propietario de Telmex, que en reuniones con empleados del SAT éstos les habrían confirmado que deben pagar impuestos por diversas operaciones financieras que, de acuerdo con Grupo Carso simplemente no proceden, por lo que acusaron a funcionarios públicos de proponerles detener dichos cobros a cambio de algunos beneficios económicos [sobornos].
Cuando los abogados de Carso le informaron a Slim, éste decidió quejarse con su amiga la presidenta Sheinbaum, lo que motivó abrir una indagatoria interna en el SAT, institución de la cual es titular Antonio Martínez Dagnino.
En octubre de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo nombró al frente de ese órgano recaudatorio y posteriormente la presidenta Sheinbaum lo ratificó en el cargo.
¿Pero quién es Martínez Dagnino?
Es amigo y fue compañero de escuela de los hijos del presidente López Obrador, todos egresados de la discreta institución Logos, en donde estudiaron secundaria y preparatoria, y de allí han egresado varios estudiantes amigos de José Ramón, Andrés y Gonzalo para continuar sus respectivas carreras en diversas universidades y posteriormente ser incorporados a la administración pública federal, desde el sexenio pasado.
Vale la pena recordar aquel oficio 016/06/13/19 que el entonces presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, envió el 13 de junio de 2019 a todas las dependencias de la administración pública federal, en el que escribió: “Me dirijo a ustedes con la instrucción clara y precisa de no permitir, bajo ninguna circunstancia, la corrupción, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política del antiguo régimen. Todos estamos obligados a honrar nuestra palabra y cumplir el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar la confianza de los mexicanos. En consecuencia, les reitero: no acepto, bajo ninguna circunstancia, que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el gobierno en su beneficio o a favor de sus ‘recomendados’. Esto incluye a mi esposa, hijos, hermanos, hermana, primos, tíos, cuñados, nueras, concuños y demás miembros de mi familia cercana o distante. Ustedes no tienen la obligación de escuchar propuestas indecorosas de nadie. Y en el caso de mis familiares, ni siquiera de recibirlos en sus oficinas o contestarles el teléfono. Nada de nada. Solo me resta decirles que, de no cumplirse esta recomendación, se podría caer en actos de deshonestidad y en la esfera del derecho penal”.
Sin embargo, varios de los excompañeros de la escuela Logos continúan en diversos cargos en el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, quien junto con su equipo de colaboradores revisa a detalle las labores que desempeña este grupo de amigos para ver si su trabajo es eficiente y si cumplen con los estándares profesionales que exigen los cargos donde se desarrollan y, sobre todo, vigilar que no estén envueltos en actos de corrupción.
La escuela Logos
De los cuatro hijos varones del expresidente López Obrador, sólo Andrés Manuel López Beltrán se dedica a la política, y actualmente es secretario de Organización del Partido Morena.
La escuela Logos, en donde estudió Andy y que cobró notoriedad y aumentó su matrícula cuando se supo que los hijos de López Obrador allí estudiaron, se ubica en la colonia Del Valle y es propiedad de Sergio de Botton Emmert, padre de Juan Pablo de Botton Falcón,exsubsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda en el gobierno anterior, y actual secretario de Finanzas del gobierno de la Ciudad de México que preside Clara Brugada.
Otro joven compañero de los hijos del expresidente que también tuvieron acomodo en la administración pública a partir del sexenio pasado, es el exdirector del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), Alberto Becerra Mendoza, quien compartió generación escolar y es amigo de Gonzalo Alfonso López Beltrán, conocido como Bobby.
Hay antecedentes de vicios de corrupción en el Indep, pues cuando estuvo al frente Becerra Mendoza se intentó usar sin autorización un fondo de 10 mil millones de pesos, pero fue descubierto y se frenó la operación. La Secretaría Anticorrupción debería vigilar e investigar lo que sucede en ese Instituto y de cómo se manejan los recursos y bienes que allí se guardan, seguramente habrá sorpresas cuando se audite a fondo dicha área.
Otros amigos beneficiados con cargos públicos son Fernando Piña Uribe, quien se desempeñó como director Corporativo de Comercialización y Mercadotecnia en el Indep; Carlos García Rosas, director de Servicios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Hernando Peniche Montfort, coordinador general de Enlace Educativo de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Otras compañeras de Gonzalo López Beltrán son Aura Regina Moreno, primero en la ayudantía del presidente AMLO y luego con un cargo en el Fondo de Cultura Económica; María Guadalupe Morales, está en una posición gerencial en Fonatur para participar en el diseño del Tren Maya.
En el sexenio anterior había un personaje clave que protegía, asesoraba y colocaba desde la Coordinación de la Ayudantía en la Presidencia a los amigos y excompañeros de escuela de los hijos del expresidente en cargos relevantes en la administración pública federal, y ahora está en el Partido Morena: es Daniel Asaf Manjarrez, un audaz joven restaurantero de 39 años que actualmente se desempeña como diputado federal plurinominal por Morena en el Congreso de la Unión.
Un antecedente en el que participó Asaf Manjarrez fue cuando intervino directamente ante el director general de la Conagua, Germán Martínez, para impedir que despidiera a varios de sus recomendados, cuando se descubrió que habían participado en diversas irregularidades, por lo que el titular de la Conagua aceptó en silencio.
Conagua es otra de las áreas en donde la presidenta Claudia Sheinbaum ha ordenado revisar la actuación de varios servidores públicos que tienen acusaciones de corrupción.
Otra solicitud que hizo Asaf fue cuando hizo gestiones en el gobierno para promover a un grupo de “empresarios” que tenían un “proyecto agrícola” en la frontera norte para establecer, decían ellos, un corredor de inversión y para ello necesitaban prácticamente una “aduana privada” para cruzar las mercancías sin tanto trámite.
Daniel Asaf además de estar al frente de la Coordinación de la Ayudantía en la Presidencia, era un interlocutor oficioso entre empresarios y gobierno, principalmente le ponía énfasis para acercar a los inversionistas con las empresas militares, cuando el secretario de la Defensa era el general Luis Cresencio Sandoval.
Ayudantía de la Presidencia
Otros integrantes de esa Ayudantía cuando gobernó López Obrador que lograron posicionarse en otras áreas del gobierno con el apoyo de Asaf son: Diego Alberto Hernández Gutiérrez, como titular del programa Becas Elisa Acuña; luego fue nombrado secretario de Comunicación, Difusión y Propaganda de Morena y hoy es delegado del Bienestar en la Ciudad de México.
Cecilia Fernández Garelli, que ocupó el cargo de directora de Análisis de la Secretaría Ejecutiva del Coneval, y después asumió el cargo de directora general de Desarrollo Regional de la Secretaría del Bienestar. Actualmente, de acuerdo con la plataforma Declaranet, es la titular de la Dirección General de Planeación y Análisis de la Secretaría del Bienestar. Su función principal es “dirigir y coordinar la planeación de obras con recursos FAIS y el desarrollo regional”.
Al salir de la Ayudantía de la Presidencia, Paloma Rachel Aguilar Correa asumió como administradora general de Recursos y Servicios del SAT. También trabajó en la afiliación y capacitación de Morena y después se incorporó a la ayudantía, en donde concluyó el 29 de mayo de 2019 y en 2021 se registró como aspirante a la candidatura de Morena al gobierno de San Luis Potosí. Mantiene el mismo puesto en el SAT.
Otro miembro de la Ayudantía y quien continúa en el servicio público, es Ángel Javier Portugal Dorantes, quien está en la Subdirección de Empleo y Capacitación del Instituto Mexicano de la Juventud, en donde recibe un modesto salario 30 mil pesos mensuales.
Diego Camacho Aquiahuátl dejó la Ayudantía para desempeñarse como director en la Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral en 2020; después fue director de los Centros Operativos para Migrantes de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) y actualmente está en la Dirección General de Comunicación Social de la misma dependencia, con un sueldo neto mensual de 113 mil 207 pesos.
José Antonio Zamora Gayosso ingresó como subdirector general jurídico de Conagua y sigue en el mismo organismo ahora como subdirector general de Administración. El cambio de puesto se formalizó en abril de 2023 y actualmente por la corrupción que hay Conagua es revisado su trabajo y la Unidad de Inteligencia Financiera revisa sus cuentas.
Quien coordinara el proyecto del riego de la presa Picachos, en Sinaloa, Alejandro Isauro Martínez Orozco se desempeñó posteriormente como director general del organismo de la cuenca Pacífico Norte a partir de mayo de 2023 y actualmente ocupa la Dirección General del organismo Cuenca Pacífico Norte.
Jessica Alejandra Solano Hernández continúa como titular de la Unidad de Banca Social en el Banco del Bienestar desde diciembre de 2023 y en años previos trabajó como brigadista de Morena y como representante ante el Instituto Nacional Electoral (INE).
Alberto Becerra Mendoza sustituyó a Ernesto Prieto en la titularidad del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), cargo que dejó para incorporarse a la nómina del SAT en el área de Administración de Coordinación Evaluatoria 7. A Becerra Mendoza lo sustituyó en el Instituto la tabasqueña Mónica Fernández Balboa.
Tras su paso en la Ayudantía, Andrea Enríquez Quintana se desempeñó como coordinadora general de Administración y Finanzas en Servicios de Salud de Sonora en 2021, y entre enero y septiembre de 2023 fue coordinadora ejecutiva de Atención Ciudadana en la misma entidad.
Lyndia Quiroz Zavala fue delegada de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México; después asumió la Dirección de los Programas del Bienestar en la Alcaldía Cuauhtémoc y actualmente es directora general en Fonatur.
Lyndia tiene un hermano, Diego Raúl, quien tenía un cargo de director de área en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con un salario de 96 mil 526 pesos y supuestamente ya habría sido despedido.
Dolores Ceñal Murga fue nombrada titular de la Dirección General de Análisis Criminal de la Unidad de Análisis Estratégico de la Secretaría de Seguridad. Es licenciada en psicología y cuenta con dos maestrías: una en psicología forense y otra en neuropsicología.
Ángel Carrizales López fue designado en el gobierno anterior como director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, desde donde combatió el huachicol controlado por el crimen organizado. Actualmente es secretario de Medio Ambiente en el gobierno de Veracruz.
Octavio Almada Palafox era comisionado nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) y tenía uno de los sueldos más altos de la administración pública, con 166 mil 912 pesos. A partir del 1 de octubre de 2024 fue nombrado delegado del Bienestar en Sonora y amigo del gobernador Alfonso Durazo.
Alejandro Antonio Calderón Alipi fue nombrado en julio de 2020 coordinador Nacional de Abastecimiento de Medicamentos y Equipamiento Médico del Instituto de Salud para el Bienestar y actualmente es secretario de Salud del gobierno de Tabasco con Javier May.
Abraham Vázquez Piceno fue coordinador Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, es licenciado en ciencia política y administración pública y entre enero de 2015 a julio de 2018 se desempeñó como coordinador de campaña de Morena a nivel nacional y en la Ciudad de México.
Pamela López Ruiz es licenciada en arquitectura por la UNAM y sólo estuvo tres meses en la Ayudantía entre 1 de febrero de 2021 al 30 de abril, y hoy es directora general de “La escuela es nuestra” en la Secretaría de Educación Pública.
Almendra Lorena Ortiz Genis permaneció en la Ayudantía del 1 de mayo de 2021 al 30 de noviembre del mismo año, y al día siguiente fue nombrada directora de Normativa de Administración y Finanzas del ISSSTE.
Paola Elizabeth López Chávez es ingeniera química y subdirectora de mantenimiento, logística e infraestructura complementaria en Pemex Exploración y Producción. Después de la Ayudantía en enero de 2020 fue nombrada encargada de la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Nacional. Actualmente está adscrita a Pemex Corporativo como coordinadora A.
Estéfany Correa García es licenciada en ciencia política y administración pública y fue delegada de programas para el desarrollo de la Secretaría de Bienestar en la CDMX.
Carlos Sánchez Meneses es maestro en arquitectura y coordinador nacional de Infraestructura y Rehabilitación de Establecimientos de Salud, del Insabi. Dejó la ayudantía el 15 de julio de 2019 y al día siguiente comenzó en la Secretaría de Salud como jefe de departamento de Infraestructura, cargo que dejó el 30 de junio de 2020, para iniciar el actual encargo de coordinación nacional.
Arlette Silva Magaña es ingeniera electrónica y fue nombrada gerente en Pemex Corporativo. De acuerdo con su declaración patrimonial, su labor es la gerencia de contrataciones para proyectos, ubicada en Veracruz. Y antes trabajó en el sector privado. Del 1 de mayo de 2008 al 31 de diciembre de 2016, trabajó en Fugro Chance Mexico, SA de CV, que es del sector energético; antes estuvo en el sector de construcción, en el Buffete de Mantenimiento Predictivo Industrial S.A. de C.V. en el área administrativa del 15 de abril de 2006 al 30 de abril de 2007; también en el área administrativa de Inte del Golfo, SA de CV, donde laboró del 1 de mayo de 2005 al 14 de abril de 2006. Estuvo en la Ayudantía del 1 de enero de 2020 al 31 de enero de 2021.
Carolina Rangel Gracida trabajó como delegada regional de la Secretaría de Desarrollo Social Michoacán, concluyó el 31 de enero de 2020 y al día siguiente ingresó a la Ayudantía con el cargo de subdirectora de área y salió el 14 de diciembre de 2020. Tomó posesión en la Secretaría de Economía el 1 de enero de 2021 como directora de área en la Secretaría de Economía, como analista económica, cargo que dejó el 31 de agosto de 2021 y a partir de octubre de ese año fue nombrada por el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, como secretaria estatal de Bienestar. En el proceso electoral de 2018 fue el enlace estatal de defensa del voto en Michoacán. Actualmente es la secretaria general de Morena.
Andrea Enríquez Quintana es ingeniera industrial y coordinadora general de Administración y Finanzas en Servicios de Salud de Sonora. Inició en la Ayudantía el 1 de diciembre de 2019. De acuerdo con el directorio del gobierno de Sonora, su fecha de ingreso fue el 13 de septiembre de 2021. En la semblanza de la ingeniera industrial en el Instituto Tecnológico de Hermosillo destaca que laboró en el sector minero en Buenavista del Cobre, Cananea, Sonora, en el departamento de diseño. De 2011 a 2015 estuvo como analista programador en la Secretaría de Hacienda de Sonora y de marzo a julio de 2016 estuvo como asesora de retiro de Profuturo GNP y de enero de 2017 a agosto de 2018 era asesora junior de Calidad en Hiriat Consultoría Integral.
Hernando Peniche Montfort es licenciado en historia y maestro en estudios mesoamericanos. Es coordinador general de Enlace Educativo en la SEP, donde inició el 16 de julio de 2021. En Presidencia estuvo del 1 de diciembre de 2018 al 30 de abril de 2021 entre la labor de logística y la Ayudantía. El 1 de mayo de 2021 entró a la SEP como director de la Unidad de Administración y Finanzas.
Armando Zazueta Rey es licenciado en sociología y en gestión y administración pública. Fue titular de Administración y Finanzas en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; subdirector de Logística desde el 18 de enero de 2018 al 1 de septiembre de 2021; del 15 de septiembre de 2021 al 30 de junio de 2022 en la Secretaría Particular en la Dirección de Ayudantía.
Abraham Eugenio Carro Toledo es licenciado en ciencias políticas y administración pública. Entró a la ayudantía el 31 de diciembre de 2018 y concluyó el 31 de mayo de 2019 para incorporarse al gobierno de la Ciudad de México como director de Pueblos y Barrios Originarios. Actualmente es titular del Imjuve.
Aura Regina Moreno Vargas es licenciatura trunca en Ciencias de la Comunicación y jefa de Departamento de Estrategias y Contenido en el Servicio de Administración Tributaria. Asistió al presidente del 1 de enero de 2019 al 15 de diciembre de 2020, pero fue hasta el 16 de febrero de 2021 que se integró como encargada de logística en la Dirección General del Fondo de Cultura Económica, cargo que dejó el 30 de abril de 2022. Antes trabajó en Ernest and Young como analista y como editora web en Grupo Cinco M, para servicios de esparcimiento.
Ángel Manuel Medel Ríos fue integrante de la Ayudantía el 13 de enero de 2020 y en junio del mismo año su empresa “Electroingeniería para Fluidos” obtuvo dos contratos de la Sedena, el primero por 912 mil pesos y a los tres meses el segundo por 179 mil pesos. Dejó la ayudantía de la Presidencia el pasado 31 de mayo de 2021 cuando fue ascendido a gerente del área de Recursos Materiales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en donde es responsable de dar seguimiento a licitaciones de contratos.
Con informacion de : CONTRALINEA/
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