¿Qué pasó?
La cooperación entre Estados Unidos y México para combatir a las organizaciones del crimen organizado en territorio mexicano están detenidos desde enero. Esto de acuerdo con altos funcionarios de las actuales administraciones -y de anteriores- de ambos países, consultados por Reuters.
¿Qué se dice?
“Los grandes ganadores son los cárteles”, expresó Timothy Shea, quien apenas el pasado enero renunció a su cargo como director de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos. “Es justo lo que querían los cárteles para poder expandir su alcance y pasar de contrabando más drogas mortales a Estados Unidos”.
Otro funcionario que pidió el anonimato, le dijeron a la agencia de noticias que “la mayoría” de sus casos más importantes “están paralizados”, y explicó que “si tenemos que informar nuestras fuentes a su ministerio de Relaciones Exteriores, se ponen en peligro nuestras fuentes y métodos. El sistema está configurado intencionalmente ahora para que la policía mexicana no pueda ayudarnos”.
¿Por qué es importante?
El congelamiento en los trabajos conjuntos en materia de seguridad nacional es el principal punto de tensión en la relación bilateral.
Pese a los desencuentros en políticas de combate al narcotráfico en pasadas administraciones (sobre todo en la de Felipe Calderón), nunca antes el gobierno mexicano había desafiado la postura de Estados Unidos que prioriza la detención de líderes criminales.
Los detalles:
Hasta hace poco, detalló Reuters, las autoridades de Estados Unidos y México compartían de manera rutinaria inteligencia sobre casos importantes. Pero esto cambió en diciembre, cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador promulgó una ley que requiere que las autoridades estadounidenses informen sobre sus contactos policiales en el país.
Según el reporte, la nueva política ha llevado a los investigadores de ambos lados de la frontera a poner en pausa su cooperación, por miedo de que las nuevas reglas puedan comprometer los casos.
El contexto:
El gobierno de México implementó la nueva ley poco después de que Estados Unidos arrestara al ex secretario de la Defensa Nacional mexicano, Salvador Cienfuegos, quien fue acusado de ayudar al narco a traficar miles de kilos de heroína, cocaína y metanfetamina a territorio estadounidense.
Y aunque el general Cienfuegos finalmente fue liberado por Estados Unidos en un extraño acuerdo entre ambos gobiernos, la detención de un militar mexicano del más alto rango en Estados Unidos -sin el previo conocimiento de las autoridades de México- caló hondo entre los liderazgos de las Fuerzas Armadas.
La principal tesis en la opinión pública en México refiere que la nueva ley adoptada por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador habría servido como un respaldo a las Fuerzas Armadas, las cuales han concentrado enorme poder durante el presente sexenio.
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