Un tribunal federal turnó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la decisión de destituir y consignar penalmente a tres fiscales de la FGR, por desacatar una orden judicial para verificar la propiedad de unos diamantes del presunto contrabandista turco Apel Çelik.
Se trata de Víctor Manuel Díaz Juárez, Edwin González Alvarado y Víctor Manuel Munguía Baltazar, adscritos a la Unidad Especializada en Análisis Financiero (UEAF), de acuerdo con información del Poder Judicial de la Federación.
El 16 y 23 de diciembre de 2014, el Servicio de Administración Tributaria y la FGR aseguraron 4 mil 569 joyas y diamantes en distintos locales de la Riviera Maya, cuyo valor fue estimado en 185.4 millones de pesos.
Las piezas eran propiedad de Apel Çelik, un empresario turco sentenciado en su país por la quiebra fraudulenta de un banco y que en México ha sido señalado como un traficante internacional de diamantes y piedras preciosas.
Desde el 3 de octubre de 2019, el Primer Tribunal Colegiado Penal en la Capital resolvió que debía llevarse a cabo una diligencia para cotejar las piedras preciosas con facturas y los pedimentos de importación, pero los fiscales respondieron que no era posible.
"Es inexcusable la imposibilidad jurídica alegada para dar cumplimiento a la sentencia de amparo", resolvió el colegiado en un incidente de inejecución de sentencia.
"Hay incumplimiento y, por ende, inejecución de sentencia; en consecuencia con el proyecto de destitución y consignación que se hace en esta resolución se ordena remitir las actuaciones del presente juicio de amparo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el trámite".
En un principio, también estaba incluida en la lista de funcionarios Celia Almaguer Hernández, quien tenía el cargo de directora general adjunta, encargada del despacho de la Oficina del Titular de la UEAF.
Pero en el proyecto aprobado por el tribunal colegiado y turnado a la Corte, se concluye que ella no tiene ninguna responsabilidad en el desacato.
El caso de los diamantes y piedras preciosas asegurados a Çelik ha sido problemático para las autoridades, a lo largo de la investigación.
En 2017, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) extravió una parte de las joyas incautadas, con un valor de 53 millones de pesos, el 28 por ciento del precio de la mercancía asegurada.
Aunque la UEAF reportó la desaparición de este lote a la entonces Visitaduría General de la PGR, hoy Fiscalía de Asuntos Internos, para iniciar una investigación, a la fecha se desconoce si algún servidor público fue sancionado.
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