El Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que aprobó el Senado y que obligará a las empresas de telecomunicaciones a crear bases de datos con información biométrica y personal de los usuarios, fomentará el mercado negro de tarjetas SIM.
Jorge Fernando Negrete, presidente de Digital Policy and Law (DPL), dijo que la iniciativa deriva en una consecuencia legal para el sistema de seguridad pública de México, pues invita a la creación de un mercado negro de tarjetas SIM en el país y de evasión a la ley nacional.
Escenarios Hipotéticos
Imagina que un secuestro, un homicidio o un robo se llevan a cabo usando varios teléfonos celulares por parte de los delincuentes, supongamos que la autoridad logra identificar uno de esos aparatos, y resulta que está registrado con tu huella digital y tu iris, aunque en realidad tú no eres el propietario de esa tarjeta SIM. Solo porque tus datos biométricos fueron mal utilizados y se registraron en un teléfono que no es de tu propiedad, puedes ir a prisión por más de 40 años culpado erróneamente de uno o varios delitos.
Ahora supón que, en tu empresa, como parte de las herramientas de trabajo que les proporcionas a tus empleados, has adquirido varios celulares, tú -como propietario y representante legal del negocio- serás el responsable en caso de que los datos biométricos, ligados a algún aparato, se use de manera fraudulenta.
Eso es lo que podría pasar una vez que entre en vigor el recién aprobado Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil por el Senado y que ya fue enviado al presidente para que este lo promulgue y publique en el Diario Oficial de la Federación.
Se trata de escenarios que no son exagerados, pues en México el uso ilícito de los datos de las personas es cotidiano, si hoy no se materializa el encarcelamiento es porque uno puede probar con su firma y otros elementos de prueba la propiedad del chip que usamos en nuestro teléfono móvil.
En cambio, esto no sería posible con el padrón que se intenta crear, cuyos datos pueden transferirse para utilizarse en actos delictivos, con los que los malhechores estarían a salvo, mientras que los ciudadanos asumimos el riesgo solo porque se pide -de parte del gobierno federal- confiar en que nuestra identidad biométrica no será mal utilizada.
Los datos biométricos son todas las propiedades físicas, fisiológicas, y de comportamiento del individuo, incluyen nuestras huellas dactilares, el iris, la retina, la forma y característica de nuestro rostro, nuestro color de piel, y hasta las particularidades de nacimiento que tenemos en nuestro cuerpo.
Violación de derechos humanos
Los derechos humanos a la privacidad, a la autodeterminación informativa, a la presunción de inocencia, y al libre desarrollo de la personalidad, son las principales trasgresiones constitucionales del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, creado por el Congreso mexicano a partir de una reforma a 13 artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
El argumento de los legisladores para poner en riesgo la seguridad de todos los ciudadanos es tratar de inhibir la comisión de delitos, a pesar de que está demostrado, nacional e internacionalmente, que con esto no se disminuye la delincuencia.
Es ridículo e ingenuo pensar que los criminales van a utilizar teléfonos móviles con su propia identificación. De hecho, resulta una obviedad mencionar que lo único que generará este padrón es el aumento en el robo de celulares, pues con ello los delincuentes se aseguran que no serán identificados, sino que la responsabilidad recaerá en las personas inocentes propietarias de los aparatos asociados a la tarjeta SIM.
En vez de que la autoridad mejore sus técnicas de investigación y haga su trabajo correctamente, tal y como lo señalan la carta magna y las leyes, la medida que se pretende imponer no es proporcional, no está constitucionalmente justificada y, por el contrario, denota -una vez más- que somos los mexicanos los que tenemos que asumir nuestra propia seguridad y protección, ante las falencias del gobierno.
El derecho humano a la privacidad incluye poder decidir, de manera libre e informada, la forma en la que proporcionamos nuestros datos personales a instituciones públicas y privadas, lo cual incluye limitar el uso de nuestros datos biométricos si no tenemos la certeza de que estos serán bien manejados.
Obligarnos, como lo pretende hacer el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, a identificarnos biométricamente por adquirir o haber adquirido una tarjeta SIM, en un servicio de prepago o pospago de celular, implica una violación injustificada de la autoridad a nuestro derecho humano a la privacidad.
De hecho, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) advirtió desde 2020 que en nuestro país es muy fácil “realizar llamadas telefónicas suplantando el número de teléfono de otra persona”, por lo que es previsible que con este padrón “las autoridades investigadoras acusen a personas inocentes de la comisión de delitos”.
Régimen autoritario
Debemos decirlo con todas sus letras: La actual administración, que incluye la mayoría que Morena como partido gobernante tiene en el Congreso, nos está alejando de las prácticas democráticas y acercándonos a los regímenes autoritarios, a través de normas y medidas que solo son propias de los países en los que no existen los pesos y contrapesos políticos, aquellos en los que la seguridad jurídica es inexistente, y donde los derechos humanos son una mera formalidad.
No hay necesidad de violar nuestros derechos fundamentales para que la autoridad investigue fehacientemente los delitos, hoy en día ya es posible que el Ministerio Público pida a un juez la intervención y geolocalización de un teléfono móvil que haya sido utilizado para cometer un ilícito.
El problema es que, como en muchos otros casos, las fiscalías de nuestro país no saben argumentar ni justificar esas solicitudes, por lo que los jueces, encargados de defender nuestros derechos humanos, y las intromisiones injustificadas a nuestra privacidad, suelen negar esas órdenes si los Ministerios Públicos no les proporcionan datos de prueba e indicios suficientes para ordenar la intervención.
En los países occidentales democráticos no se piden este tipo de datos al comprar un celular. Solo en naciones como Venezuela, Afganistán, Emiratos Árabes Unidos, y Arabia Saudita, todos con gobiernos autoritarios, hay bases masivas y centralizadas de datos biométricos, tal y como se intenta crear hoy en México.
El control y manipulación social, a través de la amenaza que supone este padrón, justo como ocurre en esos regímenes, es otro factor a considerar en la iniciativa de reforma ya avalada por los legisladores.
En ese tenor, desde 2007 la Unión Europea recomendó limitar la recolección de datos personales cuando se utilicen tecnologías de la información, a fin de proteger al máximo el derecho a la intimidad.
La Comunicación “COM (2007) 228 final” de la Comisión Europea al Parlamento de ese bloque de países apunta que los servicios de información y comunicación deben reducir “al mínimo la recogida y el empleo de datos personales”, así como evitar “el tratamiento innecesario o indeseado” de estos.
La Comisión Europea “es consciente de que la tecnología, pese a desempeñar un papel crucial en la protección de la intimidad, no basta por sí sola para garantizar” la privacidad.
El daño irreparable que puede sufrirse por este tipo de imposiciones legales, debido a la alta probabilidad de que nuestros datos biométricos sean mal utilizados, es razón suficiente para negarnos a este tipo de identificación. Para ello está el Juicio de Amparo, individual y colectivo, además de las Acciones de Inconstitucionalidad que pueden promover los diputados y senadores de oposición, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Datos Personales.
Con informacion de:ElUniversal/
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