Lejos de la profesionalización y de una depuración eficaz, las policías del país siguen tan corruptas como antaño; en el Gobierno de la Cuarta Transformación este sector responsable de la seguridad pública está abandonado y tan fuerte es la corrupción que las atenaza que se han convertido en verdaderos cárteles o grupos criminales al servicio del mejor postor.
La caída de Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública en el Gobierno de Felipe Calderón, es un ejemplo que nos permite mirar y entender el tamaño de descomposición que priva en todas las policías del país.
Sus mandos municipales son, a su vez, jefes de un cártel; sus elementos son sicarios de los grupos criminales, secuestradores o traficantes de drogas; extorsionan, asesinan y desaparecen personas sin que autoridad alguna les ponga freno. Esta es la triste realidad, dolorosa por donde se le mire.
Es el abuso del poder en forma permanente.
Lo que ha ocurrido en los últimos meses nos muestra que ni el Presidente de la República ni los gobernadores tienen control sobre sus cuerpos de seguridad. Recientemente el horror se asomó en Camargo, Tamaulipas, con la desaparición de una veintena de migrantes, en su mayoría guatemaltecos, que fueron secuestrados, asesinados y, no conforme con ello, les prendieron fuego para calcinarlos.
En un principio trascendió que este acto vil había sido obra del cártel del Noreste, el azote de Tamaulipas, pero conforme avanzaron las investigaciones salieron a flote datos y evidencias respecto de que en el hecho participaron policías de ese estado. Meses antes, la misma policía había participado en una ejecución extrajudicial de ocho personas ocurrido en septiembre de 2019 en la colonia Valles de Anahua, en Nuevo Laredo, hecho impune hasta la fecha.
El Gobierno de Tamaulipas, a cargo de Francisco Javier García Cabeza de Vaca –investigado por recibir dinero del narcotráfico –argumentó que los agentes realizaban un recorrido y se toparon con una camioneta sin placas desde donde les dispararon. Así surgió el enfrentamiento. Fueron abatidas ocho personas que portaban uniforme militar que, en realidad, eran civiles que fueron ataviados con esa indumentaria para darles muerte. El caso aún sigue sin resolverse.
Otros hechos que dan cuenta de la llamada cartelización de las policías ocurrieron en Tulum, Quintana Roo, y en Jalisco. En el primer caso, varios policías sometieron a Victoria Esperanza Salazar, de origen salvadoreña, y el exceso de fuerza le causó la muerte.
Ninguno de los agentes intervino para evitarlo, por el contrario, se mantuvieron observando cómo uno de los policías sometió a la mujer en el piso, le puso la rodilla en la espalda y la asfixió; también le causó lesiones en la columna vertebral, lo que le provocó la muerte. Los agentes fueron detenidos y enjuiciados.
En Quintana Roo la policía del estado o mando único está relacionada con el crimen organizado, lo que resultó evidente cuando esa corporación era encabezada por Jesús Alberto Capella Ibarra, exsecretario de Seguridad Pública de Tijuana, Baja California, y del estado de Morelos. En esta segunda entidad este personaje cobró fama porque durante el Gobierno de Graco Ramírez fue denunciado por brindar protección al cártel de “Los Rojos”, encabezado entonces por Santiago Mazari, “El Carrete”, uno de los capos más temibles.
Capella fue destituido del cargo luego de que la policía bajo su mando disolvió a tiros una manifestación de mujeres que protestaban por la violencia de género en Cancún. En ese caso no hubo muertos, pero sí violencia psicológica causada por la arremetida y los disparos, lo que provocó pánico entre las manifestantes.
En el estado de Jalisco la descomposición policial no es menor. El pasado 3 de abril desapareció una familia –tres adultos y dos menores –que habían viajado a la ciudad de México para vacacionar. Cuando iban de regreso, muy cerca del municipio de Acatic, desaparecieron extrañamente. Se sospecha que en este hecho participaron policías ligados al crimen organizado.
Todos ellos iban a bordo de una camioneta Mazda 2019 blanca con placas JPK2293. El 24 de marzo fue el último día que se supo del paradero de la familia Villaseñor Romo, originaria de Zapopan. La policía de Jalisco ha buscado a la familia en los municipios de Tepatitlán, Jalostotitlán, San Miguel El Alto y Acatic. Las autoridades sospechan que en esta última demarcación la familia pudo haber desaparecido.
Las autoridades también sospechan que la policía pudo haber participado en la desaparición de la familia. Por ello, ocho elementos policiacos de la comisaría de Accatic fueron detenidos al estar presuntamente relacionados con esa desaparición de los cinco integrantes de la familia que regresaba de vacacionar en la ciudad de México.
El Fiscal de Jalisco, Gerardo Solís, relacionó este caso con una persona herida en Guadalajara, que tiene relación laboral con la familia desaparecida: “Es probable que estos hechos estén relacionados, no lo tenemos totalmente por cierto, si este ataque directo en contra de un individuo que tiene una relación laboral muy cercana con ellos, esto se está investigando en forma complementaria”.
Desde el Gobierno de Ernesto Zedillo, cuando se creó el Sistema Nacional de Seguridad Pública y se creó la Policía Federal Preventiva los cuerpos de seguridad en los estados está completamente abandonado y a merced del crimen.
No se cumple con la supervisión adecuada, menos con la profesionalización; los salarios que perciben son muy bajos, lo que los orilla, en la mayoría de los casos, a recibir pagos del crimen organizado para servir como sicarios o secuestradores.
La situación es muy preocupante. En los municipios panistas del estado de Veracruz, por ejemplo, los mandos de la Policía Municipal son, a su vez, jefes de plaza del Cártel de Jalisco Nueva Generación. En otros estados, como Tamaulipas, están al servicio del cártel del Noreste, Golfo y Zetas. En Sinaloa obedecen las órdenes de los mandos del cártel afincado en esa entidad, encabezado por Alfredo e Iván Archivaldo Guzmán, hijos de “El Chapo” Guzmán. También están a las órdenes de Ismael Zambada, “El Mayo”, uno de los capos emblemáticos que para el Gobierno de la Cuarta Transformación es completamente invisible.
En el Estado de México hay una guerra entre el crimen organizado y la policía. En ese estado operan los cárteles de La Familia Michoacana y Los Viagra, dos de los más temibles. Al primer grupo criminal se le atribuye la matanza de trece agentes, el mes pasado, en el municipio de Coatepec Harinas.
Se asegura que los agentes realizaban una investigación sobre narcotráfico cuando fueron emboscados por un grupo armado que las autoridades identificaron como miembros de La Familia Michoacana.
La entidad que gobierna Alfredo del Mazo es un territorio sin ley: ocupa los primeros lugares en criminalidad y tiene una narcodinamica sorprendente que no se entiende de otra forma más que con la complicidad oficial.
El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no sólo ha sido omiso en el tema del combate al crimen organizado sino en la depuración de los mandos policiacos –el otro cártel –como ya se les conoce porque, lejos de atender los problemas de inseguridad, éstos aumentan debido a que en todos los municipios del país los cuerpos de policía han desatendido la seguridad por involucrarse en la delincuencia organizada.
Como se sabe, históricamente las policías nunca han servido a la sociedad, ya que su verdadero compromiso ha sido con los poderes fácticos, en este caso el crimen organizado con todas sus modalidades. Así es como el crimen ha logrado controlar más de la mitad del territorio, pues con la complicidad policiaca ellos mandan en todos las demarcaciones, las cuales están convertidas en feudos de su propiedad.
fuente.-Ricardo Ravelo/(Imagen/Web)
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