El tiro ya estaba cantado desde octubre de 2014. Con dos palabras, Andrés Manuel López Obrador, en ese entonces presidente del Consejo Nacional de Morena, abrió un flanco de guerra con algunos ministros y exministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En aquellos días como dirigente opositor, el tabasqueño calificó a los integrantes de la Sala Superior del máximo órgano de justicia en México de “vulgares corruptos” por rechazar una consulta popular –impulsada por él y por su movimiento– para someter a un plebiscito la controvertida reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto.
“Desgraciadamente se cumplió lo que dije a cada uno de los ministros en una carta que les envié el 8 de abril (de 2014), quienes desde entonces se habían comprometido con los mandos políticos del régimen a declarar improcedente la consulta ciudadana.
“Si de por sí ya estaba en duda la honestidad de los ministros, ahora se ganaron con creces que se les tache de ‘vulgares corruptos’”, lanzó el tabasqueño en aquella ocasión, durante una gira por distintos municipios de Morelos.
A seis años y medio de ese primer encontronazo, nos cuentan a EMEEQUIS fuentes cercanas a los exministros Eduardo Medina Mora –quien renunció a su cargo el 3 de octubre de 2019, al revelarse que era investigado por la Unidad de Inteligencia Financiara (UIF) por presuntamente recibir transferencias que no correspondían con su declaración patrimonial– y a José Ramón Cossío Díaz –quien recientemente ha sido acusado por AMLO de estar detrás de los amparos para detener las obras de los megaproyectos del actual gobierno, así como de los que mantienen en el limbo jurídico la Ley de la Industria Eléctrica–, que el presidente tiene en la mira a ministros, magistrados y jueces (en funciones y en retiro) cercanos a Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
“¡SON ALCAHUETES Y ESTÁN MAICEADOS!”
Pero ya en su tercera campaña presidencial, López Obrador se dio vuelo en sus críticas a los ministros, sobre todo al cuestionar sus “descomunales y ofensivos salarios de 650 mil pesos al mes”.
El 7 de febrero de 2018, durante una gira de precampaña por Colima –precisamente en donde estudió la carrera de Derecho José Ramón Cossío–, el precandidato de la alianza “Juntos Haremos Historia” (Morena-PT-PES) recriminó que los ministros de la Corte “no desquitan su salario y están maiceados por la ‘mafia del poder’ para actuar bajo consigna, a pesar de que el dinero que ganan es de los impuestos que pagan los mexicanos”.
“¡Son alcahuetes y están maiceados! Así lo confirmaron cuando propuse la importancia de que se consultara al pueblo la implementación de la reforma energética de Enrique Peña Nieto, con tres millones de firmas como respaldo, pero los ministros la declararon improcedente”, anotó AMLO en aquella ocasión.
Ya como presidente de la República, López Obrador echó a andar los llamados “magaproyectos” de infraestructura, a los cuales les ha dado una prioridad extraordinaria en lo que va de su administración, y que contemplan la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya, la Refinaría de Dos Bocas, el Corredor Transístmico (Salina Cruz-Coatzacoalcos) y la Termoeléctrica en Huexca, Morelos.
Sin embargo, desde un inicio estos proyectos han sido interrumpidos constantemente por amparos judiciales, lo cual ha orillado a una constante interrupción de las obras que, cabe destacar, fueron encomendadas al Ejército Mexicano.
“SABOTAJE LEGAL”
No fue sino hasta la conferencia de prensa “mañanera” del 25 de septiembre de 2019 cuando el jefe del Ejecutivo federal denunció un “sabotaje legal” a los megaproyectos de la Cuarta Transformación.
Incluso, el tabasqueño comentó que aunque ya se habían desaparecido las funciones del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), que tenía la función de “espiar y perseguir a los opositores al régimen”, la gente –dijo– “siempre me ha informado”.
Enseguida, López Obrador aseguró que en esos informes le dijeron que “hay un exministro de la Corte, (José Ramón) Cossío, asesorando a quienes están promoviendo los amparos en contra nuestra, en contra de las obras que lleva a cabo el gobierno, en particular el Aeropuerto de Santa Lucía, y que son 16 despachos de abogados”.
“Entonces, esta es una acción, si no ilegal, sí ilegitima. Primero porque un exministro no puede llevar a cabo esas actividades. Puede ser que no firme nada, pero si coordina, asesora, pues está incumpliendo con su deber de mantenerse al margen durante un tiempo después de haber dejado el cargo de ministro. Por eso también es importante que en la Ley de Austeridad Republicana se le niegue la posibilidad, a quienes salen del gobierno, de que trabajen en empresas privadas vinculadas al cargo que desempeñaron en el gobierno”.
En esa “mañanera”, el titular del Ejecutivo federal planteó que, con los exministros de la SCJN, “no pase como con los expresidentes, que se van a trabajar a empresas privadas, los secretarios de Hacienda, los secretarios de Energía, los directores de Pemex, los de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a trabajar a los bancos; tiene que reglamentarse eso”.
Para el 10 de diciembre de ese año, en su columna En Concreto, que publica el diario español El País, titulada Envenenando el pozo, José Ramón Cossío advirtió que “cuando el Estado, todo él o sus partes componentes, tratan de cerrar los litigios pretextando desvíos, egoísmos, conservadurismos, vueltas al pasado, incomprensiones al presente o malos agüeros al futuro, están destruyendo el único espacio en que los conflictos pueden plantearse y las diferencias saldarse. Los poderes que así actúan, envenenan el pozo”.
LEY ELÉCTRICA, LA GOTA QUE DERRAMÓ EL VASO
Luego vino lo del amparo para la “suspensión provisional” de la Ley de la Industria Eléctrica, que fue aprobada por mayoría en la Cámara de Diputados el pasado 24 de febrero, y en el Senado de la República el 3 de marzo, con los votos de los grupos parlamentarios de Morena y de sus aliados (PT-PVEM), en donde AMLO pidió al ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, abrir una investigación, por parte del Consejo de la Judicatura, para esclarecer la actuación del juez administrativo de distrito, Juan Pablo Gómez Fierro, en este asunto.
En la carta que envió al ministro Zaldívar, el presidente insistió que en este tema “actúan personas, organizaciones y empresas afines al antiguo régimen”.
En esa lista ubicó a la empresa española Iberdrola, a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Felipe Calderón Hinojosa, al empresario Claudio X. González, así como al exministro José Ramón Cossío Díaz, quien –argumentó el tabasqueño– “cuando estuvo en funciones en el Poder Judicial (2003-2019) legalizó injusticias de grupos minoritarios o guardó silencio cómplice ante corruptelas y arbitrariedades”.
Y en aquella conferencia “mañanera” en Palacio Nacional, la del 25 de septiembre de 2019, López Obrador ya había dado un esbozo de lo que se avecinaba con este diluvio de amparos para frenar los megaproyectos de su sexenio:
“Imagínense cuánto tiempo llevamos ya perdido, que no hemos podido iniciar la obra (el aeropuerto de Santa Lucía), porque estos señores están saboteando legalmente, abusando de un instrumento que es fundamental para la libertad, para garantizar la libertad, que es el derecho de amparo”.
Pero hoy –nos dicen a EMEEQUIS–, a la par de la petición para investigar al juez que otorgó el amparo para suspender la entrada en vigor de la Ley de la Industria Eléctrica, así como de plantear una posible reforma constitucional para el Poder Judicial, Andrés Manuel López Obrador ya giró instrucciones a Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para poner bajo la lupa a ministros, exministros, magistrados, exmagistrados y jueces, con el propósito de ventilar públicamente presuntos “excesos”.
Fuente.-@emeequis/
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