El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio aviso a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre personas, tanto físicas como morales, relacionadas con esquemas de operaciones de las llamadas empresas factureras.
DESARREGLOS MALANDROS
La autoridad fiscal, a cargo de Raquel Buenrostro, informó que estos esquemas de facturación falsa se realizaron durante los ejercicios fiscales del 2017, del 2018 y del 2019 en diversos estados de la República e involucran a 977 contribuyentes. Con estos esquemas, indicó el SAT, se facturaron 339,000 millones de pesos; no obstante, no dio información sobre cuál fue el monto defraudado. El aviso, agregó el SAT, se da con el fin de que la UIF tome las medidas cautelares a que haya lugar.
PAGAN CON LA VIDA
El órgano recaudador destacó que los contribuyentes fueron detectados porque emitieron comprobantes que amparan operaciones inexistentes o actos jurídicos simulados, es decir, comprobantes fiscales apócrifos. Una factura se considera falsa porque si bien cuenta con los elementos formales y autorizados por el SAT, ampara operaciones que no se llevaron a cabo. Quienes las venden se les conoce como facturadoras y usualmente son empresas que no cuentan con activos, personal, infraestructura o son localizables. Éstas reciben una comisión por cada factura que venden.
Quienes obtienen estas facturas falsas lo hacen para bajar el monto de impuestos que deben pagar al fisco, o bien obtener saldos a favor, lo cual genera una pérdida importante en los ingresos tributarios que obtiene el gobierno. No obstante, puede haber contribuyentes que, al tener diferentes proveedores, obtengan una factura falsa sin darse cuenta de ello, por lo cual las autoridades recomiendan siempre revisar su facturación y, en caso de encontrar alguna, acudir con el SAT lo antes posible.
“El SAT recuerda a los ciudadanos que el uso indebido de esquemas de simulación como la facturación falsa y la inexistencia de operaciones, a fin de evadir sus obligaciones fiscales, son prácticas que desembocan en conductas irregulares que conllevan a una consecuencia legal que puede derivar incluso en tipología penal”, aseveró el SAT.
Combate frontal
“El SAT refuerza su compromiso de trabajar con eficacia para combatir las prácticas ilegales que desestabilizan la economía del país y ponen en riesgo el desarrollo de nuestra nación con el objetivo principal de aumentar la recaudación y combatiendo la corrupción, en el marco de los valores institucionales de honestidad, respeto, compromiso y responsabilidad”, destacó el fisco.
Desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, una de las enmiendas del SAT ha sido combatir, de manera frontal, la facturación falsa. Margarita Ríos-Farjat, primera jefa del SAT en esta administración, llevó a cabo un operativo en conjunto en junio del año pasado con la UIF contra diversas empresas factureras.
En total, revisaron y suspendieron a 150 empresas, creadas en el 2017, que facturaron 282,000 millones de pesos en un periodo de dos años, por lo que la posible evasión de ese monto facturado ascendería a 62,000 millones de pesos.
“Tenemos el gran reto de hacerle frente a todas las formas de sabotaje al principio constitucional que ordena que todos debemos contribuir al gasto público. Aquí no es labor de una sola institución, sino de la sociedad entera. Vamos a recrudecer y reforzar las medidas que haya que tomarse para erradicar la evasión fiscal”, enfatizó Ríos-Farjat a este medio a su llegada al SAT.
Además de las medidas tomadas por el SAT, también se endureció la ley. El año pasado se aprobó la reforma fiscal penal contra factureras, en donde este delito se agravó a delincuencia organizada —cuando las facturas sumen un total de 7.8 millones de pesos—, mientras que los involucrados tendrán prisión preventiva oficiosa y las penas pueden ir de dos a nueve años de prisión.
Previo a la implementación de esta ley, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que el erario público ya se había beneficiado, pues algunos contribuyentes decidieron acercarse al SAT para corregir su situación. En total, siete empresas fueron las que se acercaron al fisco, lo cual dejó una recaudación de 2,000 millones de pesos.
Ahora con la llegada de Raquel Buenrostro al SAT parece ser que el combate frontal seguirá. La funcionaria, quien llega de la Oficialía Mayor, enfatizó en su llegada que, además de aumentar la eficiencia recaudatoria, sus otros dos objetivos son bajar la evasión y elusión fiscal, así como combatir la corrupción.
Fuente.-ana.martinez@eleconomista.mx/
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