La Auditoría Superior de la Federación señaló inconsistencias e irregularidades en la operación del último año de la Policía Federal (2018), particularmente la contratación de policías auxiliares del Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México para patrullar carreteras y vigilar instalaciones prioritarias.
AL ESTILO VAQUIANO EN CRIMENLIPAS:
En esta contratación de oficiales auxiliares para suplir a la Policía Federal no quedó evidencia alguna de que las tareas se hayan realizado, ni en bitácoras ni en reportes, pero sí que se pagaron 801 millones de pesos.
Paralelamente, otro menoscabo a la hacienda de la PF se habría dado al adquirir equipo y software de escucha telefónico a sobreprecio, inservibles y que además permitían realizar actividades para las que se hubiera requerido una orden judicial.
Las inconsistencias equivaldrían a un probable daño o perjuicio a la Hacienda pública por más de mil 600 millones de pesos.
POLICÍA ALQUILADOS POR POLICÍAS. La Auditoría detectó la contratación de patrullajes a una corporación auxiliar del Estado de México, patrullajes de los que no quedó evidencia de que se hayan realizado. Esta es la irregularidad más grave, ya que asciende a más de 801 millones 877 mil pesos que se pagaron a esa corporación para vigilar 23 entidades del país.
Ninguna de las dos corporaciones logró acreditar que se hayan realizado esas tareas y por las que la Policía Federal pagó por adelantado, antes de finalizado el contrato.
“Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 801 millones 877 mil pesos por no acreditar que los servicios pactados en el Convenio número PF/SG/DSR/CTO/C/001/2018 con el Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México hubieran sido prestados, toda vez que no se cuenta con evidencia de los elementos que participaron en dichos servicios, ante la falta de las bitácoras o reportes de supervisión correspondientes”, establece la Auditoría.
Agrega que tampoco se presentó el programa de trabajo que debían contener las actividades para la realización del supuesto patrullaje y vigilancia que se contrató por 103 días naturales a partir del 19 de abril al 30 de julio de 2018.
Tampoco se acreditó que se cumpliera con las características de los equipos a utilizar, como son unidades móviles, equipo de seguridad “AA”, equipo técnico y equipo de radiocomunicación móvil.
La ASF aseveró que no se acreditaron los elementos que estuvieron en las sedes e instalaciones durante el periodo de abril a julio de 2018, únicamente se localizó en el expediente, el estado de fuerza mensual con que contó el prestador de servicios. Es decir, solo existieron en el papel.
El documento advierte que no se justificó la necesidad de contratar a una corporación policial y menos que la corporación contratada demostrara que contaba con capacidad técnica y material, conocimiento, profesionalización, experiencia, herramientas, equipo, maquinaria, tecnología y logística suficientes para realizar las tareas encomendadas.
COSTOS MILLONARIOS. La contratación de sistemas y equipos para monitorear comunicaciones que permiten escuchar y grabar cualquier llamada, copiar mensajes, o incluso rastrear y vigilar redes sociales, es otro de los rubros con más irregularidades. La ASF detectó inconsistencias por más de 774 millones de pesos derivado de equipos inoperantes, recursos que no se sustanciaron, pero sobre todo, un supuesto sobreprecio de más de 480 millones de pesos.
La Policía Federal adquirió un sistema denominado “Solución Integral de Inteligencia de Monitoreo de Redes Sociales y de Localización Inteligente” con un costo de casi 500 millones de pesos (499 millones 998 mil 800 pesos), pero de acuerdo con la ASF, ese software se puede conseguir en aproximadamente 20 millones de pesos, es decir, 480 millones de pesos menos.
Pero las anomalías no terminan ahí, ya que la proveedora de ese software, “Comercializadora Dizoal”, transfirió el 100% de los recursos obtenidos de la Policía Federal a empresas distintas de CYBERGLOVES LTD, quien otorgó las licencias para el uso del sistema de esos sistemas.
Otra empresa identificada, Esrome, S.A. de C.V., cobró 172 millones 166 mil pesos a la PF sin que cumpliera con la entrega correcta de tres equipos adquiridos, pues uno de éstos era inoperable, mientras que los dos restantes carecían de los componentes necesarios para operar.
Los equipos de rastreo, monitoreo, grabación de llamadas y mensajes digitales se convirtieron en el “talón de Aquiles” de la PF, lo que fue detectado por la ASF y que ahora es parte del equipo de la Guardia Nacional, y que consistió en la compra de una serie de equipos y sistemas a una empresa israelí por más de 102.5 millones de pesos, pero se registraron irregularidades entre ellas, poner en riesgo la confidencialidad de los datos que se recabaron de esas escuchas y rastreo de mensajes digitales. Incluso la ASF detectó que la empresa Esrome SA de CV sólo transfirió 5 millones 117 mil pesos (5.0%) a la empresa israelí que presuntamente fabricó y desarrolló el sistema adquirido por la PF, mientras que el 95% restante, el proveedor lo transfirió a otras empresas.
SANCIONES. De hecho, la ASF pidió al Órgano Interno de Control en la Policía Federal, realizar las investigaciones pertinentes y, en su caso, iniciar el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no se aseguraron de contar con autorización para la escucha de comunicaciones privadas en términos de las disposiciones aplicables, toda vez que, con los sistemas adquiridos se llevan a cabo actividades de identificación, escucha, grabación, análisis y procesamiento de comunicaciones entre particulares.
¿CAPACITACION FANTASMA? La capacitación de elementos de la PF también constituyó irregularidades. La ASF acusa que se pagaron 59 millones 374 mil pesos por el adiestramiento de 991 elementos. Para esta tarea la PF contrató a la Academia de Seguridad Colombolatina, México, del 13 de marzo al 30 de abril de 2018 con un pago de 250 millones de pesos.
La PF envió a sus elementos a capacitarse a Jalisco y a ciudades de Colombia y Polonia, pero no se entregó listas de asistencia, evidencia fotográfica, diplomas, constancias, evaluaciones, etc, según concluyó la ASF.
Así, del total de los mil 52 elementos que fueron enviados a capacitación, solo de 61 de ellos se proporcionaron las listas de asistencia de los 6 días del curso y de los 991 elementos restantes no se acreditó la capacitación de 1 hasta 5 días que equivale a un monto pagado por 59 millones 374 mil pesos en incumplimiento.
Una más
También hallan pago por 59 mdp por capacitación policiaca no comprobada.
Fuente.-
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