La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que en el 2018 el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) careció de información oportuna y verificable, así como de control de registros, para acreditar gastos por 6 mil 567 millones 43 mil 945 pesos.
Estos recursos los ejerció en los capítulos de Materiales y Suministros, Servicios Generales y Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, que comprenden adquisiciones de 94 mil 241 activos fijos con valor de mil 140 millones de pesos.
OTRO HAMPON PELIGRO$I$IMO:
"No obstante, la estructura de la base de datos que remitió el CJF y su sistema informático y de registro no incluyó el número exacto, ni el valor total de los bienes, lo que es indicativo de que el control implementado para el riesgo 'Documentación de bienes de consumo e inversión recepcionados y validados de manera inadecuada', no fue efectivo para el uso de sistemas de registro y control confiables para generar información oportuna, precisa, integra, accesible y verificable", dice el Informe de la Cuenta Pública 2018.
Entre los activos fijos, destacan la compra de 29 mil 765 computadoras y 45 mil 475 bienes informáticos, aunque en el caso de estos últimos el CJF tampoco acreditó los registros, ni la información que incluyera su valor, pues carece de sistemas que aporten esta información en forma precisa, íntegra y accesible.
De acuerdo con la ASF, la Judicatura también refirió que contó con 8 mil 625 bienes de inversión con un valor de 26.5 millones de pesos, pero estos conceptos tampoco cuentan con registros para acreditar el ejercicio del gasto.
El organismo fiscalizador también advirtió que el CJF carece de evidencia documental para justificar la atención de 5 mil 981 solicitudes de suministros de bienes y servicios proporcionados a las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales.
Es por ello que la ASF hizo una recomendación a la Judicatura Federal para que proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de los más de 6 mil 567 millones de pesos erogados y reportados como ejercidos en esos capítulos presupuestales.
El 6 de diciembre pasado, en el transcurso de esta auditoría, el CJF presentó a la ASF los proyectos de acuerdo y lineamientos para optimizar el aprovechamiento de los recursos materiales del PJF.
Las directivas comprenden procedimientos administrativos en almacenes, la elaboración de un padrón único de proveedores sancionados, para no adjudicarles contratos, y emprender acciones para reducir el riesgo de corrupción en la Dirección de Recursos Materiales, donde en 2017 le hallaron casi 3.5 millones de pesos a su entonces director Javier Pérez Maqueda.
Una de las recomendaciones adicionales que hizo la ASF al CJF fue establecer procedimientos formales para todas las áreas administrativas, para identificar los bienes inmuebles adquiridos, arrendados o desincorporados, así como los trabajos de mantenimiento y supervisión de los mismos.
El 10 de enero pasado la ASF comunicó las irregularidades detectadas a la Judicatura, para que investigue la existencia de posibles conductas constitutivas de responsabilidades de los servidores públicos.
Piden vigilar arrendamientos de juzgadores
La Auditoría Superior de la Federación pidió al Consejo de la Judicatura Federal establecer mecanismos de control para vigilar la relación de jueces y magistrados con arrendadores de inmuebles.
De acuerdo con el órgano fiscalizador, la relación de los propietarios de un inmueble con los impartidores de justicia que lo rentan, puede generar relaciones que podrían incidir en eventuales procedimientos judiciales.
Según el Informe de la Cuenta Pública 2018, la ASF pidió que estos mecanismos de control cuenten con información suficiente y de calidad sobre el número de jueces y magistrados que se desempeñan fuera de su lugar de residencia.
También recomendó registrar el número de viviendas administradas por el Consejo y ocupadas por los juzgadores, así como de los datos de aquellos jueces y magistrados que en 2018 rentaron una casa a personas que, a la postre, podrían ser parte de juicios federales.
"(El propósito es) evitar que los funcionarios del PJF establezcan relaciones de carácter comercial con particulares y con ello salvaguardar la autonomía e independencia del PJF", dijo la Auditoría.
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