La red se ha convertido en una amenaza para los regímenes autoritarios, los cuales han realizado apagones de esta red en la última década como método para disolver protestas e, incluso, perseguir a activistas políticos.
El acceso a Internet es un derecho humano que no solo nos garantiza otro derecho fundamental -a la información- sino que se ha convertido en un espacio para ejercer el derecho de protesta, libertad de expresión y de reunión, al grado de que ha provocado transformaciones en Estados autoritarios, acostumbrados a tener el control absoluto de los medios de comunicación.
Esto ocurre en estos momentos en la Cachemira india, donde más de 1.4 millones de habitantes ya dejaron de usar celulares porque el gobierno indio los ha dejado sin internet durante los últimos seis meses.
¿La razón? Reprimir protestas. Aunque en el fondo es un asunto de creencias, ya que en esa región son musulmanes, es decir, profesan una religión distinta a la de la clase dirigente del resto del país.
Las protestas iniciaron en agosto de 2019, después de que las autoridades quitaron el estatus de autonomía a la región.
Entonces el gobierno dejó esa zona sin Internet bajo el argumento de frenar la desinformación peligrosa y los discursos de odio. No solamente disolvieron las manifestaciones sino que encarcelaron a los líderes opositores.
Pero esta situación no es nueva. De acuerdo con el informe 2018 de Acces Now, un organismo que defiende y extiende los derechos digitales de los usuarios en riesgo en todo el mundo, 25 países apagaron internet ese año.
Este informe contabiliza estos cierres de la red, que según las versiones oficiales son para llevar a cabo elecciones, por motivos de seguridad nacional y atacar fake news o discursos de odio.
Sin embargo, según el informe de Acces Now las verdaderas causas son disolver protestas sociales, evitar comunicación durante elecciones, controlar la información y, de hecho, prevenir la realización de trampas en los exámenes escolares.
Así, en 2018, India fue el país que más violó este derecho humano con 134 apagones, seguido muy lejos por Pakistán con 12. Otras naciones que utilizaron este método fueron Yemen, Iraq, Etiopía, Bangladesh, la República Democrática del Congo, Mali, Chad y Rusia.
¿Cuándo inició esta práctica?
Todo comenzó en Egipto en 2011, en el contexto de la Primavera Árabe, cuando la ciudadanía tomó las calles para derrocar a sus dictadores.
En el caso de Egipto, Facebook y Twitter jugaron un papel clave en la organización y el incremento de las protestas en contra del dictador Hosni Mubarak, hasta que internet fue desconectado el 28 de enero de 2011, dejando a millones de personas sin este derecho humano.
Mientras los activistas perdían esta herramienta de comunicación la policía disparó gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar a las multitudes. Dieciocho personas perdieron la vida, según reportó la BBC esa noche.
Sin embargo, esta acción del gobierno no fue suficiente, ya que el compromiso político había tomado fuerza en la ciudadanía y los hackers egipcios se las ingeniaron para llevar la información a Suecia mediante módems de acceso telefónico y gracias a eso el mundo pudo enterarse de la situación.
El 11 de febrero de 2011, Hosni Mubarak renunció a la presidencia de Egipto después de casi 30 años en el cargo.
Tendencia en los últimos años
Además de India y Egipto, también en Camerún el gobierno llevó a cabo esta medida.
A inicios de 2017 se apagó Internet durante 230 días en dos regiones que hablan inglés en el sudoeste y noroeste para disolver las protestas contra la discriminación lingüística, política y económica.
Las autoridades, que por cierto hablan francés, no solamente reprimieron a estas regiones sino que paralizaron la industria digital en Buea, la cual creció al grado de conocerse como la “Silicon Mountain”.
Según el diario británico The Telegraph, el gobierno de Irán también ha utilizado este método para intimidar a la ciudadanía.
Después de las protestas del 15 de noviembre de 2019, en contra del gobierno del Ayatolah Alí Jomenei, las autoridades desconectaron casi la totalidad de los servicios de internet, mientras se llevaba a cabo el asesinato de 143 activistas en 21 ciudades diferentes.
Además, estos apagones del gobierno en Irán han dificultado que las denuncias de estos hechos tengan un mayor impacto internacional.
En Myanmar también se está viviendo esta situación, de acuerdo con reportes del medio catarí Al Jazeera esto ocurre en dos zonas que están en conflicto armado contra el régimen. Según las autoridades, han implementado esta medida por “requisitos de seguridad e interés público”.
Para poner un ejemplo de pérdidas económicas, según un estudio de la Global Network Iniative - una alianza de compañías de telecomunicaciones para preservar los derechos de acceso a Internet-, un apagón de estos le puede costar a un país con alta conectividad hasta el 1.9% de su Producto Interno Bruto (PIB), en el caso de que tenga un PIB per cápita de $45,000 dólares, con una población de 60 millones de personas y penetración de banda ancha fija de 35%.
¿Qué sucede en México?
La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece que el Instituto Federal de Comunicaciones (IFT) debe determinar las normas para proteger los derechos de Internet, los cuales pueden revisarse en el anteproyecto de Lineamientos para la Gestión de Tráfico y Administración de Red.
De acuerdo con la Red en Defensa de de los Derechos Digitales (R3D), una organización mexicana dedicada a la defensa de los derechos humanos en el entorno digital, el bloqueo de Internet es anticonstitucional, sin embargo existen algunas amenazas en los lineamientos que propone la IFT.
En cuanto al tema de censura, las normas dejan abierta la puerta para que el gobierno pueda bloquear aplicaciones, contenidos o servicios, ante “situaciones de emergencia y seguridad nacional” o “a petición expresa de autoridad competente”.
El informe de R3D recomienda que no se aprueben los lineamientos de la IFT, ya que atentan contra los derechos de Internet, entre ellos la amenaza de censura.
Los apagones de Internet parecen ser un tema aún lejano en México, siempre y cuando sigamos leyendo las letras chiquitas de cada iniciativa que pretenda regular nuestras telecomunicaciones.
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