Esto significa que le quedará cerca de una tercera parte de lo que originalmente le tocaría.
Así lo decidió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al resolver una contradicción de tesis entre tribunales federales.
Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el dejarlas en 25 salarios mínimos amenazaba con incrementar la carga fiscal que estas pensiones representarán hasta el año 2080.
La "generación de transición" son alrededor de 20 millones de personas que ya cotizaban en el IMSS antes del 1 de julio de 1997, cuando entró en vigor la reforma que hizo obligatorias las Afores.
A este grupo, el Congreso federal le dejó dos opciones cuando se retire: financiar su pensión con que lo que se hubiera acumulado en su Afore, o pedir una pensión al IMSS, pagada por el erario, de las previstas en la Ley del Seguro Social de 1973.
El pasado 24 de enero la Segunda Sala de la Suprema Corte aclaró que, si se opta por el régimen de la Ley de 1973, aplica el tope de 10 salarios mínimos que ésta preveía, no el de 25, que está en la Ley del Seguro Social vigente, como habían sostenido algunos tribunales.
"Es jurídicamente inaceptable (aplicar el tope de 25 salarios)", afirmó la Sala, "en virtud de que el financiamiento del régimen de pensión anterior y el nuevo son distintos, motivo por el cual a cada uno se le debe aplicar la normativa correspondiente a su esquema pensionario".
La Corte publicó la tesis de jurisprudencia respectiva, que aplicará a todos los litigios en los que se reclamen los 25 salarios mínimos como tope del salario base para calcular la pensión.
En mayo del 2010 la Suprema Corte había resuelto otra contradicción de tesis sobre el mismo tema y había ratificado que el tope sería de 10 veces el salario.
"El salario promedio para cuantificar las pensiones de invalidez, vejez y cesantía en edad avanzada no puede rebasar el tope de 10 veces el salario mínimo vigente para el Distrito Federal", señaló en aquella ocasión la Corte.
También en febrero del 2016 la Corte confirmó ese mismo criterio en una nueva controversia.
Sin embargo, expertos señalaron que para que ocurra un cambio en el tope de jubilación tendría que haber una reforma a la Ley del IMSS, que dirige Zoé Robledo, militante de Morena, partido que actualmente domina el Congreso federal.
De acuerdo con el BID, los trabajadores que comenzaron a cotizar antes de 1997 ejercerán una fuerte presión en el gasto público durante los próximos 16 años,
Estimó que estas pensiones fueron equivalentes al 3.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del 2017 y para el 2030 llegarán al 5.7 por ciento.
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