lunes, 29 de julio de 2019

"MURIO la POLICIA FEDERAL": EL DILEMA ERA "CONSTRUIR o DESTRUIR" las POLICIAS y OPTARON por lo SEGUNDO...deformaciones en vez de transformaciones.

Murió la Policía Federal. Este gobierno sepulta lo que el anterior menospreció, debilitó y saqueó, pero la apuesta rebasa a una simple defunción. 
En realidad, de lo que se trata es de cancelar para el país cualquier opción civil en materia de seguridad. Habrá consecuencias, desde luego, en materia de seguridad, pero también habrá consecuencias políticas muy graves, si nuestro sistema democrático es algo que todavía importa.
Terminar de destruir a la Policía Federal es, de hecho, una claudicación política. El gobierno de López Obrador manda el mensaje claro de que no es capaz de rescatar a la principal policía del país, y que el concepto mismo de policía no es bienvenido en su proyecto político.
¿En qué consiste esta militarización? En darle facultades constitucionales de seguridad pública a las Fuerzas Armadas, a pesar de que en ninguna otra democracia se utilizan a los soldados para prevenir e investigar delitos.1Pero además se añaden el creciente control militar sobre policías locales, labores de reforestación, atender a la población en casos de desastre, construir y administrar el nuevo aeropuerto, y repartir libros y medicinas, resolver la problemática del sargazo, y seguramente la lista podría continuar. Por lo tanto, es necesario resaltar que la militarización no sólo implica la destrucción de corporaciones civiles, sino también el abuso y maltrato de las propias Fuerzas Armadas. Y si esta opción militar fracasa, ¿qué seguiría? Es una pregunta sin respuesta.
Sin lugar a duda, la construcción, desarrollo y fortalecimiento de las instituciones policiales es un camino largo y sinuoso. La experiencia lo ha demostrado. La construcción de la Policía Federal, sobre todo durante el sexenio del presidente Calderón, fue un proceso muy costoso, económica y políticamente, pero es fundamental recordar que, además de la construcción institucional en el ámbito federal, se diseñó también un modelo de policía a nivel nacional que establecía estándares, mecanismos, procesos y protocolos para construir capacidades policiales también en el ámbito local.2
En términos presupuestales, el Estado mexicano invirtió 8 mil 200 millones de dólares entre 2007 y 2012 para construir este cuerpo.3 El presupuesto destinado a la Secretaría de Seguridad Pública Federal se incrementó de 7 mil 320 millones de pesos en 2002 a 40 mil 536 millones de pesos en 2012.4
Entre 2007 y 2010, el estado de fuerza pasó de 15 mil 261 a 35 mil 586 elementos. Asimismo, se dignificaron las condiciones laborales de todo el personal. Por ejemplo, el ingreso de un policía federal superaba el ingreso promedio de un policía en el país. Respecto a la infraestructura y tecnología, se creó el Centro de Mando de la Policía Federal, el Centro de Inteligencia, las instalaciones de la División Científica y de las coordinaciones estatales, y Plataforma México, el sistema tecnológico que integraba y sistematizaba la información de seguridad pública, y permitía intercambiarla, tanto con otros ámbitos de gobierno como dependencias.5
La Policía Federal se consolidó bajo un nuevo modelo de policía basado en tres ejes: desarrollar las capacidades humanas de los policías, construir infraestructura tecnológica y ejercer facultades de investigación e inteligencia. De esta manera, se organizó en seis divisiones, incluyendo las de investigación, inteligencia y científica, que fueron centrales para transformar la operación policial, pasando de un modelo meramente reactivo, a uno preventivo basado en el análisis delictivo.6
El papel que jugó la Policía Federal al frente del combate y desmantelamiento de distintas organizaciones criminales fue crucial. La lista de operativos, aseguramientos de drogas, vehículos, armas y personas detenidas es larga y ha sido debidamente documentada. Destacan los enfrentamientos con y debilitamiento de organizaciones criminales como Carrillo Fuentes y Pacífico, los Zetas, la Familia Michoacana y los Caballeros Templarios, el cártel de los Arellano Félix y Nueva Generación. Destacan también las detenciones de “el Chapo” Guzmán, “la Tuta” y “la Barbie”, entre cientos de operadores destacados de organizaciones delictivas.7 Estos resultados fueron respaldados por la misma sociedad, ya que acorde a los datos del INEGI, la Policía Federal se colocó como una de las instituciones en las que más confiaba la ciudadanía, superando a los cuerpos de policía locales, procuradurías e incluso a los jueces.8
El gobierno de Enrique Peña Nieto heredó un proyecto que estaba en pleno desarrollo, y decidió abandonarlo. El sexenio comenzó con la eliminación de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, colocando a la Policía Federal al interior de la Secretaría de Gobernación. Sabemos lo que pasó: la política de seguridad se subordinó a objetivos políticos, y la corporación y sus procesos de desarrollo fueron abandonados. La supuesta Gendarmería quedó en una simulación, pues se construyó canibalizando al resto de las divisiones, sin tener un objetivo definido. Todo porque el presidente se había comprometido con su creación. Es decir, se cumplió con un capricho para tener una nueva división que sirvió únicamente para propósitos de mercadotecnia, en detrimento de toda la corporación. Tan es así que, en 2012, el estado de fuerza de la Policía Federal era de 38 mil 285 elementos, y para 2018, de 37 mil 545.9
Asimismo, las condiciones de vida y de trabajo de los policías federales se deterioraron de manera alarmante y evidente. Fueron públicas las imágenes de las condiciones deplorables en las que tenían que operar, así como las de sus desalojos de hoteles por la falta de pago.10 En paralelo, se interrumpieron todos los procesos para seguir contando con tecnología e infraestructura de primer nivel. Uno de los ejemplos más claros fue el abandono de la Plataforma México, y los sistemas asociados a los penales de máxima seguridad.
El deterioro de la Policía Federal durante el sexenio de Peña Nieto le sirvió la mesa al gobierno de López Obrador para profundizar la militarización del país. La demolición del proyecto se ha hecho con premura para simular la creación de una Guardia Nacional, que no es otra cosa que un cuerpo militar adscrito a una secretaría civil. Es importante resaltar que no se trata únicamente de un rediseño operativo; se trata, ante todo, de la derivación en seguridad de un proyecto político sustentado en el despliegue de una fuerza armada de corte militar.
En Causa en Común hemos insistido en que la vía para construir una verdadera seguridad en democracia es la vía civil. Esto significa la construcción de instituciones policiales honorables y eficaces. Cabe aclarar que, derivar de esta postura un menosprecio a las Fuerzas Armadas, es un absurdo. Por el contrario, debido a su muy bien ganada acreditación social, resulta particularmente injusto el abuso que representa continuar con una evasión de responsabilidades que corresponden al ámbito civil, e insistir en delegar a las Fuerzas Armadas funciones que no les corresponden. 
A pesar de que, en el discurso, el gobierno manifiesta que habrá apoyo a policías locales, todo indica que no será así. Los presupuestos para el desarrollo policial han disminuido y se continúa otorgando el mando de corporaciones locales a elementos de las Fuerzas Armadas. Además, no existe incentivo alguno para los gobernadores y presidentes municipales en desarrollar cuerpos policiales, dada la supuesta disponibilidad de la Guardia en todo el país.
La consolidación de un proyecto de seguridad pública requiere de tiempo y de una inversión de recursos que trasciende periodos electorales y proyectos políticos. Por el contrario, las decisiones que se han tomado en el gobierno del presidente López Obrador implican una destrucción institucional que habremos de lamentar todos. Perdimos a la mejor policía que tenía el país, y estamos perdiendo un proyecto civil de seguridad pública. Que no haya duda: esta pérdida debilitará al Estado y a la democracia. México pierde. 
fuente.-Causa en Común
Organización ciudadana fundada en 2010 por su presidenta María Elena Morera Mitre. Tiene como misión lograr un México más justo mediante la defensa de las libertades, las garantías y los derechos humanos; el fortalecimiento de las instituciones democráticas, con especial énfasis en aquellas responsables de la seguridad pública y la justicia; así como la generación de propuestas enfocadas a la atención de víctimas.



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