Tras librar la acusación en su contra, José Ulises Treviño García, uno de los cuatro detenidos el pasado 24 de enero en el restaurante El Gran Pastor, en San Pedro, aseguró que su caso se trató de un "montaje".
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Por ello, dijo el ex candidato a la Alcaldía de Juárez por Morena, PT y PES, presentó recientemente una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) ante la supuesta participación de las mismas autoridades.
"Además de un montaje, es un contubernio por parte de autoridades de alto rango", dijo el también abogado.
El día de los hechos, elementos de la Marina y de la Policía Federal acudieron al restaurante y realizaron la detención de Treviño García, Alberto Llorens Reyes Retana, Eduardo Frías Veloz y Omar Piña Sánchez.
Horas después la Policía Federal emitió un boletín donde señalaba que recibieron una llamada de auxilio ante una extorsión, y que los sospechosos presuntamente eran los encargados del cobro de piso para un grupo del crimen organizado en San Pedro.
Ayer, el abogado dijo que quienes denunciaron la supuesta extorsión tenían planeada la llegada de los federales y las detenciones para intimidarlos dentro de una pugna por el pago de una deuda de 12 millones de pesos.
Señaló que en la carpeta que la Fiscalía General estatal integró para procesarlos por el supuesto chantaje, consta que algunos de los federales no contaban con identificaciones vigentes.
"Los policías federales decían que estaban aquí remitidos en el cuartel y ni siquiera los conocen, la Fiscalía giró oficios para llamarlos a declarar y los están desconociendo", señaló.
Además, los informes policiacos no correspondían a lo que pasó en el restaurante, lo que quedó en evidencia con las grabaciones del sistema de vigilancia, explicó.
Pese a esas inconsistencias y a contar con más pruebas que contradecían la versión del supuesto chantaje, la Fiscalía estatal optó por imputarlos ante un juez de Control.
El viernes, al no contar con pruebas suficientes, la Fiscalía General estatal solicitó a un juez el sobreseimiento del caso.
Esto, según Treviño García, es el reconocimiento de lo insostenible que era la denuncia original.
Treviño García pidió a las autoridades una investigación sobre el caso porque podría implicar el desvío de recursos destinados a la seguridad para favorecer intereses privados.
fuente.-
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