La responsabilidad que tiene la Secretaría de la Función Pública (SFP) en la estrategia para eliminar la corrupción en el gobierno federal es muy relevante y, desde Palacio Nacional, el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que es el principal problema a combatir. En ese sentido hay varios expedientes abiertos en esa Secretaría encargada de auditar todas las acciones de gobierno, así como de vigilar el comportamiento y actuar de los servidores públicos, sobre todo de rangos superiores.
Aunque la orden que ha salido desde la Presidencia de la República es no mirar al pasado, como una especie de perdón anticipado a todos aquellos que se sirvieron del presupuesto en gobiernos anteriores, para centrar su total atención en vigilar que la nueva administración cumpla con honradez y eficacia sus funciones, la titular de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, ha descubierto variaciones importantes en la evolución patrimonial del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y del exdirector general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin.
Anteriormente, explicó una fuente que conoce el tema, no se atendían las diferencias que había en las declaraciones patrimoniales de los funcionarios, “todo se dejaba pasar”, principalmente a los integrantes del primer círculo de poder. “Sólo se revisaban las declaraciones patrimoniales que ordenaban desde Los Pinos, como una forma de castigo para quien caía de la gracia presidencial”.
En los casi 6 meses que López Obrador lleva en la Presidencia, son varios los expedientes abiertos en la SFP, pero lo que llama más la atención es que se hayan encontrado diferencias sustanciales en la evolución patrimonial de dos de los exfuncionarios más polémicos de gobiernos anteriores, y señalados por supuestos actos de corrupción en las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Por ello tiene razón el presidente de la República en calificar a la corrupción como el principal problema que aqueja al país, pues una vez que ésta empiece a disminuir, los otros problemas que también agobian a México también serán menores, entre ellos la violencia, pobreza extrema, injusticia y desigualdad.
Así que el papel que juega la SFP en la estrategia gubernamental de acabar con la corrupción es relevante, porque le toca vigilar el buen comportamiento de los servidores públicos y el uso eficiente de los recursos destinados al bienestar social.
Por ahora en el escritorio de Irma Eréndira Sandoval están dos expedientes, entre algunos otros, que involucran a dos siniestros exfuncionarios de sexenios anteriores: el de Genaro García Luna, quien después de desempeñarse en cargos directivos en el Cisen (Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional) y en la PGR (Procuraduría General de la República), llegó a ocupar la Secretaría de Seguridad Pública en el gobierno panista de Calderón. El otro es Emilio Lozoya, exdirector general de Pemex en el gobierno de Enrique Peña y quien enfrenta un proceso penal por recibir supuestos sobornos de la empresa brasileña Oderbrecht.
A ambos les han encontrado significativas diferencias de bienes y dinero en sus declaraciones patrimoniales que presentaron anualmente cuando fungieron como servidores públicos.
Por ejemplo, en el expediente de García Luna habría diferencias en su evolución patrimonial que no se explican por un monto de 40 millones de pesos, aunque para este exfuncionario ya no habrá sanción alguna porque han transcurrido casi 10 años y cualquier irregularidad que haya cometido ya prescribió.
Pero no es lo mismos en el caso de Lozoya Austin, quien apenas en el sexenio pasado estuvo al frente de Pemex y aparte de su proceso penal todavía le pueden fiscal responsabilidades administrativas y penales por otros delitos.
fuente.-Miguel Badillo
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