El miércoles, Cuernavaca vivió algo inusitado. En pleno centro de la ciudad, a pasos del Palacio de Gobierno, frente a las cámaras de los medios de comunicación, un pistolero asesinó a un empresario y a un dirigente de comerciantes informales e hirió a dos periodistas.
Por ahora, hay más preguntas que respuestas sobre el misterioso atentado.
Ignoramos si hubo un solo tirador o hubo algún tipo de acción concertada.
Ignoramos cuál era el móvil último del doble asesinato ¿Qué buscaba quien quiera que le haya pagado al pistolero y a sus posibles cómplices? No lo sabemos.
Ignoramos si estos hechos están vinculados de algún modo con el homicidio del hijo de una de las víctimas, acaecido en 2017.
Ignoramos si esto tiene algún tipo de relación con los múltiples grupos de delincuencia organizada que operan en Morelos o si se trató de un episodio de una disputa intergremial o fue la expresión de algún conflicto político más amplio. O la combinación de varias de las anteriores.
Ignoramos cómo fue que la pistola presuntamente utilizada en el homicidio pasó de una corporación policial al mercado ilícito y de allí a las manos del asesino. Y no tenemos idea precisa de cómo una pistola que estuvo resguardada por la Fiscalía del estado en 2017 regresó a las calles y al submundo criminal.
Ignoramos si el presunto homicida y sus posibles cómplices contaban o creían contar con algún grado de protección oficial, y por eso suponían que podían salirse con la suya tras matar a dos seres humanos frente a decenas de cámaras y a unos cuantos metros de la sede del gobierno estatal.
Sabemos que algo no marcha bien en Morelos. El acontecimiento del miércoles fue extraordinario, pero se enmarca en un proceso de violencia creciente. En el primer trimestre, el número de víctimas de homicidio doloso y feminicidio en el estado creció 38% con respecto al mismo periodo del año pasado. Al ritmo actual, Morelos va a terminar el año con 1,119 asesinatos y una tasa de homicidio dos veces más alta que la nacional.
Sabemos que el proceso de construcción institucional en el estado se quedó trunco. En la administración anterior, bajo el liderazgo del comisionado Alberto Capella (hoy secretario de seguridad pública en Quintana Roo), se hicieron esfuerzos importantes de transformación de la policía estatal. En el Índice de Desarrollo Policial 2018, elaborado por la organización Causa en Común, la policía de Morelos recibió la mejor calificación global de todas las policías estatales del país. Pero, producto de conflictos políticos, muchos de esos avances se frenaron después de la salida de Capella. Y en materia de reforma policial, dejar de pedalear conduce a una caída inevitable.
Sabemos que, al igual que en muchos otros estados, el sistema de justicia en Morelos está roto. Según información que ha aparecido en medios de comunicación, el presunto asesino habría enfrentado procesos penales en 2015 y 2016. Tal vez haya pisado la prisión, pero no hay aún datos precisos en ese sentido. Nada de esa experiencia parece haber sido particularmente disuasivo.
Sabemos que una vida no vale mucho en Morelos (o en México entero, para ser francos). Un hombre estuvo dispuesto a acabar con dos vidas y arriesgar la propia por cinco mil pesos, según algunas reseñas periodísticas basadas en filtraciones de la Fiscalía.
Y sabemos, por último, que muy probablemente nunca sabremos lo que hoy ignoramos.
fuente.-alejandrohope@outlook.com.
@ahope71
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