Cinco elementos de la Policía Federal, que se identificaron como de la Interpol, detuvieron sin orden de aprehensión a dos personas, y torturaron y extorsionaron a una de ellas, sentenció la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Según la Recomendación 07/2019, los hechos ocurrieron el 21 de abril de 2014, en Acapulco, Guerrero, cuando los agentes federales detuvieron a una pareja a la que subieron a una camioneta.
"Fueron golpeados, amenazados y trasladados a un inmueble en donde fueron interrogados; a la persona del sexo masculino lo torturaron física y psicológicamente", señaló la CNDH.
Después de su investigación, el organismo defensor de derechos humanos determinó que los policías no se apegaron a los principios de seguridad jurídica y legalidad en la detención de las dos personas, pues no tenía orden de aprehensión, ni había flagrancia o era un caso urgente.
Además, los agentes no pusieron a las personas inmediatamente a disposición de una autoridad ministerial que pudiera definir su situación jurídica.
Al hombre lo presentaron ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), en la Ciudad de México, 21 horas después de su detención, mientras que la mujer estuvo retenida por más de 26 horas antes de simplemente ser liberada.
"Este organismo nacional acreditó que los 5 policías vulneraron el derecho a la integridad personal de una de las víctimas, al haber infligido actos de tortura en su agravio, con el fin de intimidarlo y castigarlo para extorsionarlo a cambio de su libertad y la de su novia", indica la Recomendación.
Luego de las violaciones cometidas por los elementos de la Policía Federal, el agente del Ministerio Público de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) también les violó su derecho al acceso a la justicia.
Y es que ante la denuncia de tortura que hizo la víctima, el MP federal dilató el proceso, fue negligente y no investigó ni recabó mayor información sobre los hechos, dijo la CNDH.
La CNDH recomendó al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, que repare el daño a los agraviados y que proporcione equipos de videograbación, audio y geolocalización satelital a los agentes federales.
Al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, le pidió realizar las diligencias necesarias en torno a la denuncia de tortura y que colabore en la queja que la CNDH promoverá ante la Visitaduría General contra el MP que no indagó debidamente.
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