La revelación de inmuebles relacionados a Secretarios de Estado que no fueron incluidos en sus declaraciones patrimoniales muestra la urgencia de mejorar los sistemas de rendición de cuentas, coincidieron especialistas en combate a la corrupción.
En una semana, REFORMA informó que tanto la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, como el titular de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, tenían vínculos con inmuebles en Estados Unidos que no fueron contemplados en sus respectivas declaraciones patrimoniales.
Tanto Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, como Pablo Montes, coordinador anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), consideraron que urge transitar al sistema de rendición de cuentas aprobado en la ley 3de3.
"Las explicaciones que ha dado el Gobierno federal muestran que el sistema de Declaranet está rebasado", comentó Montes.
"En la ley 3de3, una disposición que pone es que los funcionarios no pueden hacer una estrategia para disfrazar el uso de bienes, es decir, no sólo declarar lo que tienes, sino también dejar claro lo que usas para evitar estrategias como los prestanombres".
Para Bohórquez, la revelación de los inmuebles también plantea la pregunta de cómo la Secretaría de la Función Pública coteja la información que entregan los servidores públicos.
"La pregunta más delicada es ¿qué está haciendo el Gobierno con la información que le entregan los servidores?, ¿la está verificando?, ¿a qué tipo de análisis somete esa información?", cuestionó.
"Y, en el caso de que hubiera inconsistencias, omisiones u ocultamiento de información, ¿se está aplicando la ley vigente en términos de iniciar procedimientos de responsabilidades administrativas?".
Recordó que aún se usan los formatos de declaración patrimonial de la Administración de Enrique Peña Nieto, pues no se han implementado los que propuso el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, aunque ya están publicados en el Diario Oficial de la Federación.
Bohórquez explicó que los formatos de la ley 3de3 podrían ayudar incluso a detectar actos de corrupción a través de esquemas más sofisticados, como las criptomonedas y la entrega de las millas de vuelos que se llegan a usar casi como dinero.
María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), reprochó que sea a través del periodismo y la sociedad civil que se realice una labor de escrutinio, que corresponde a la Secretaría de la Función Pública.
"De ninguna manera es criticable que el señor Jiménez Espriú tenga uno, o dos, o cinco departamentos donde él los quiera tener", indicó.
"Lo que se está cuestionando es la veracidad de su declaración patrimonial y el compromiso de cumplir con las instrucciones del Presidente López Obrador de que se transparente todo lo que hay en la declaración patrimonial".
En una semana, REFORMA informó que tanto la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, como el titular de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, tenían vínculos con inmuebles en Estados Unidos que no fueron contemplados en sus respectivas declaraciones patrimoniales.
Tanto Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, como Pablo Montes, coordinador anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), consideraron que urge transitar al sistema de rendición de cuentas aprobado en la ley 3de3.
"Las explicaciones que ha dado el Gobierno federal muestran que el sistema de Declaranet está rebasado", comentó Montes.
"En la ley 3de3, una disposición que pone es que los funcionarios no pueden hacer una estrategia para disfrazar el uso de bienes, es decir, no sólo declarar lo que tienes, sino también dejar claro lo que usas para evitar estrategias como los prestanombres".
Para Bohórquez, la revelación de los inmuebles también plantea la pregunta de cómo la Secretaría de la Función Pública coteja la información que entregan los servidores públicos.
"La pregunta más delicada es ¿qué está haciendo el Gobierno con la información que le entregan los servidores?, ¿la está verificando?, ¿a qué tipo de análisis somete esa información?", cuestionó.
"Y, en el caso de que hubiera inconsistencias, omisiones u ocultamiento de información, ¿se está aplicando la ley vigente en términos de iniciar procedimientos de responsabilidades administrativas?".
Recordó que aún se usan los formatos de declaración patrimonial de la Administración de Enrique Peña Nieto, pues no se han implementado los que propuso el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, aunque ya están publicados en el Diario Oficial de la Federación.
Bohórquez explicó que los formatos de la ley 3de3 podrían ayudar incluso a detectar actos de corrupción a través de esquemas más sofisticados, como las criptomonedas y la entrega de las millas de vuelos que se llegan a usar casi como dinero.
María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), reprochó que sea a través del periodismo y la sociedad civil que se realice una labor de escrutinio, que corresponde a la Secretaría de la Función Pública.
"De ninguna manera es criticable que el señor Jiménez Espriú tenga uno, o dos, o cinco departamentos donde él los quiera tener", indicó.
"Lo que se está cuestionando es la veracidad de su declaración patrimonial y el compromiso de cumplir con las instrucciones del Presidente López Obrador de que se transparente todo lo que hay en la declaración patrimonial".
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