Al Fiscal General de Veracruz, Jorge Winckler, le fue negado el acceso a una reunión de seguridad que se llevó a cabo en Coatzacoalcos, encabezada por el Gobernador, Cuitláhuac García, y mandos militares.
Winckler tenía programado entregar el reporte de índices delictivos de la región y de Coatzacoalcos, uno de los municipios más azotados por el crimen organizado.
En reunión, pactada desde ayer en la Tercera Zona Naval, se anunciaron además nuevas estrategias de seguridad y el arribo de más elementos del Ejército, la Marina y la Policía Federal.
Sin embargo, el personal naval negó el acceso al Fiscal General, aunque estaba citado al encuentro.
A la reunión ingresaron alcaldes de la zona, el delegado federal Manuel Huerta y autoridades estatales.
Tras una hora y media de espera, Winckler entregó unos documentos al delegado del Gobierno federal, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, para que él pasara los datos en la Mesa para la Construcción de la Paz y se marchó.
García y Winckler protagonizan un pleito político, debido a que el Fiscal es una herencia del ex Gobernador Miguel Ángel Yunes.
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El 16 de febrero decenas de personas se congregaron frente al Ayuntamiento de Coatzacoalcos para exigir seguridad y paz, tras una ola de robos, secuestros y homicidios.
Un día antes se dio a conocer que, una semana después de haber sido secuestrada, la empresaria Susana Carrera fue encontrada decapitada en Coatzacoalcos.
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Sobre los restos fue encontrada una cartulina con un mensaje: "Esto me pasó porque mi marido le jugó al verga y no quiso pagar mi rescate".
Reportes indican que la mujer fue privada de su libertad en la Colonia Playa del Sol al salir de su domicilio.
Los secuestradores exigían 4 millones de pesos por su rescate.
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