“¿Cuándo vas a venir?”, pregunta Panchito al teléfono, limpiándose el aceite de su cabeza calva con un trapo. “No puedo hacerlo durante al menos 15 días”, responde ‘La Momia’. “Las cosas están muy calientes. Si puedo ir antes, te llamo”.
Panchito es un mecánico a cargo de un modesto taller de reparación de autos en el centro de México con su esposa y un negocio secundario en el que vende combustible robado. Afirma que el hombre al que se refiere como ‘La Momia’ es un transportista de Pemex y uno de sus proveedores habituales. Ambos están sintiendo presión porque el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró la guerra a un mercado negro en auge que les ha permitido a ambos prosperar.
El mandatario asumió el compromiso de limpiar las instituciones corruptas de México y comenzó apuntando a su compañía más importante, Pemex, que pierde un estimado de 3.5 mil millones de dólares al año por robos. Y eso es solo una parte de un problema más amplio. Con el aumento en el índice de delincuencia y una enorme economía informal, ambas vinculadas a una sangrienta guerra contra las drogas, México ha dado la impresión de caer en la anarquía.
El intento de López Obrador de contraatacar dio un giro trágico el 18 de enero, cuando un oleoducto explotó en Tlahuelilpan, Hidalgo, matando a más de 100 personas. El ducto había sido perforado ilegalmente y cientos de pobladores que se habían reunido para recolectar una parte de la recompensa se habían bañado en un géiser de gasolina prémium. Los críticos afirman que el accidente resaltó las fallas en la campaña contra el robo de combustible, en tanto que el presidente prometió redoblar sus esfuerzos.
López Obrador ha pedido el cierre temporal de la mayoría de los ductos de productos refinados de Pemex y envió soldados y policías para protegerlos, incluido el de Hidalgo que, de todos modos, fue saqueado y luego explotó.
Panchito, cuyo taller de automóviles está en la carretera que lleva a la Tlahuelilpan, mira nerviosamente los camiones militares que pasan. “Las tropas han venido con órdenes”, asegura. “Están dispuestas a disparar”. Él dice que hay vigías que envían advertencias cuando aparece la policía o el ejército. El hombre pidió reservar su nombre para que las autoridades no puedan identificarlo.
El ‘juego’ se está poniendo más riesgoso, reconoce Panchito. Pero por ahora, al menos, vale la pena. Él vende huachicol por aproximadamente 13 el litro, en comparación con los más de 20 pesos en las estaciones de servicio. Un margen de ganancia superior al 30 por ciento lo ha ayudado a comprar casas en varios estados y tratamiento para su diabetes.
México tiene un ejército de ‘panchitos’. En los primeros 10 meses del año pasado se registraron 41 tomas ilegales diarias en los ductos, un 45 por ciento más que en 2017.
La principal víctima es Pemex y su propietario, el gobierno mexicano, con pocos recursos. Pero algunas de las compañías de energía más grandes del mundo también han sido afectadas en el fuego cruzado.
BP Plc y Total SA, que llegaron a México después de que el expresidente Enrique Peña Nieto abriera la industria petrolera a la inversión privada y extranjera, han tenido que suspender temporalmente las actividades en sus estaciones de servicio en los últimos meses debido a que el combustible por el que habían pagado nunca llegó.
“Es uno de los mayores problemas que afectan al mercado”, dice Ixchel Castro, analista senior de Wood Mackenzie Ltd. “La buena noticia es que el nuevo gobierno tiene una estrategia”.
Pero es buena solo si funciona. Alejandro Hope, un asesor de seguridad, recuerda la guerra contra las drogas lanzada por el expresidente Felipe Calderón justo después de asumir el cargo en 2006. Al principio fue una medida popular entre la población, pero luego los cuerpos comenzaron a acumularse y los mexicanos se cuestionaron si el gobierno sabía lo que estaba haciendo.
“AMLO ha optado por una cruzada épica en lugar de un esfuerzo sistemático y permanente para poner fin al robo de gasolina”, opina Hope. “Han centrado su estrategia en cerrar el suministro y detener la red comercial, pero no en separar a los grupos que controlan el robo”.
López Obrador ha prometido programas sociales para comunidades pobres que hacen menos atractivo el robo de combustible, pero también se está poniendo duro. Ha intentado cerrar temporalmente en la mayoría de los ductos de productos refinados de Pemex y envió soldados y policía para resguardarlos, incluido el de Hidalgo que fue robado de cualquier modo y luego estalló.
Independientemente de lo que haga para alimentar a los ladrones, la política conlleva costos a corto plazo para la economía. Con las tuberías cerradas, Pemex y otros proveedores tuvieron que usar pipas, más costosas y más lentas. La mayoría de las tuberías se reabrieron, pero no antes de que la escasez disminuyera aproximadamente 0.1 puntos porcentuales el PIB del primer trimestre, según Banorte.
El desastre en Hidalgo demostró lo difícil que es vigilar los ductos, aunque las carreteras no son mucho más fáciles. “No pueden ver cada kilómetro”, señala Pablo Álvarez, director de logística de Grupo Idesa, propietaria de la empresa de transporte con sede en la Ciudad de México, Excellence Freights. “El riesgo va a aumentar para los conductores”, asegura, porque los hauchicoleros que no pueden robar tuberías pueden secuestrar camiones.
El mercado negro de diversos bienes y servicios es prácticamente omnipresente en el país, donde casi el 60 por ciento de la fuerza laboral está fuera de la economía formal, y la gasolina ha sido uno de los pilares más importantes. Desde la década de los ochenta, pequeños delincuentes en connivencia con empleados de Pemex lo han robado y vendido. Pero el problema se intensificó hace una década cuando las bandas de narcotraficantes se interesaron finalmente en el producto.
Panchito recuerda que en 2008, después de tres años en el negocio, fue descubierto por los Zetas, quienes le exigían 10 mil pesos al mes. Dice que lo amenazaron con ametralladoras, que lo golpearon y lo secuestraron. “Luego, vinieron a matar. No había más opción que negociar”. Tuvo que pagar a los narcos una parte de sus ganancias, hasta hace unos cuatro años.
¿Qué cambió?
“Se mudaron a Poza Rica”, un centro petrolero en Veracruz, responde encogiéndose de hombros.
Los huachicoleros están acostumbrados a la represión gubernamental. Calderón, por ejemplo, instaló un sistema para detectar fugas de combustible, pero las tomas ilegales se dispararon a medida que se bombeaba más producto a través de las tuberías en medio de la creciente demanda. Peña Nieto intentó quitar algunos ingredientes clave de la gasolina, y envió al ejército a puntos de acceso para combatir a los delincuentes. Ninguna de las dos tácticas tuvo mucho efecto.
Panchito menciona que se está adaptando a la estrategia de López Obrador al tener menos inventario: compra bidones de diésel de 25 litros a los huachicoleros que visitan su tienda, en lugar de las adquisiciones semanales habituales de dos tambos de 200 litros de ‘La Momia’. Las operaciones se realizan tarde en la noche durante los fines de semana, cuando hay menos patrullas. Él guarda el combustible detrás de una pila de llantas neumáticas en la parte trasera de su tienda.
Si la oferta se ha mantenido, también lo ha hecho la demanda. ‘Chile Verde’, un conductor de camión que pidió ser identificado únicamente por su apodo, asegura que comprar el combustible robado de Panchito le ahorra más de 2 mil pesos cada vez que transporta mandarinas en la ruta de seis horas desde Veracruz hasta el Estado de México. Eso es casi una quinta parte de sus ganancias brutas.
“Me permite comprar comida y ganarme la vida dignamente”, relata sonriendo para revelar un diente de oro mientras llena su tanque con el líquido verde brillante.
Panchito levanta la vista de un balde de agua jabonosa, donde se lava el aceite de las manos.
“De una forma u otra, México se mueve con la economía ilegal”, afirma el ladrón. “No se puede parar el huachicol sin detener todo”.
fuente.-
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