Su nombre aparece mencionado varias veces en distintas fojas del expediente abierto por el caso de la desaparición los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, del que se cumplieron tres años. Más que su expediente militar, indagar los lazos y vínculos del capitán segundo de arma blindada José Alfredo Casarrubias Salgado con el grupo criminal que encabezan sus hermanos, es una de las exigencias de los familiares de las víctimas que se investigue.
Es un nuevo punto de referencia que involucra de nuevo al ejército en el episodio más negro en la historia reciente del estado de Guerrero, y que marcó el sexenio de Enrique Peña Nieto al que le restan un año y dos meses para que concluya.
Fue identificado por la PGR desde mayo del 2016 como un oficial del ejército en servicio activo, hermano de los líderes del grupo criminal llamado “Guerreros Unidos”, acusados de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Desde hace más de un año la oficina del caso Iguala que encabeza el subprocurador Alfredo Higuera Bernal en la PGR, obtuvo la media filiación del capitán segundo de arma blindada José Alfredo Casarrubias Salgado, hermano de Sidronio, Mario y Adán, jefes de la banda dedicada al secuestro, asesinato, extorsión y tráfico de drogas en la zona de la Tierra Caliente y la región norte del estado de Guerrero, señalados como artífices de la operación paramilitar la noche del 26 de septiembre de 2014 contra los jóvenes.
José Alfredo Casarrubias Salgado nació en Oxtotitlán, Guerrero, ingresó al Colegio Militar en 1982 y se graduó en 1986 como subteniente de caballería. Tres años después cuando fue ascendido a teniente, se reclasificó como oficial de arma blindada con la que años después obtuvo su ascenso a capitán. Hasta el año 2015 como capitán segundo de arma blindada, estaba adscrito a la 14 zona militar en Aguascalientes, cuando la comandancia estaba a cargo del general de brigada César de la Sancha Villa. La unidad a la que pertenecía era el segundo regimiento blindado de reconocimiento.
Interrogar al capitán Casarrubias Salgado es uno de los varios planteamientos que por medio de un escrito dirigido al subprocurador Higuera Bernal, hicieron en febrero pasado los familiares de los 43 jóvenes desaparecidos, quienes reclamaron que a tres años de los hechos existen 140 diligencias pendientes con personajes clave que podrían ayudar a dilucidar el destino de sus hijos.
Le negativa de la Sedena para que declaren oficiales de alto rango, como el entonces coronel hoy general brigadier José Rodríguez Pérez, quien era comandante del 27 batallón de infantería y cuyos efectivos participaron en el despliegue la noche en que desaparecieron los 43 estudiantes, ha sido una constante que se ha reafirmado con el caso del capitán Casarrubias Salgado, quien al ser hermano de los líderes del grupo criminal se sospecha que tiene vínculos con las actividades de la banda.
La sospecha se basa en el testimonio de uno de los detenidos que pertenecen a la banda de “Guerreros Unidos”, que lo acusa de haber participado en otro tiempo en reuniones con sus hermanos donde supuestamente se planeaban el control de territorios, la eliminación de enemigos y la compra de información entre oficiales del ejército desplegados en esa zona del estado de Guerrero.
Tres años y la cúpula militar ni se inmuta.
Parte del reclamo de los familiares de los jóvenes desaparecidos, y de las organizaciones no gubernamentales, se basa en que no se ha investigado a fondo el rol del general de división Alejandro Saavedra Hernández, actual Inspector y Contralor General del Ejército y Fuerza Aérea, quien en septiembre del 2014 era comandante de la 35 zona militar en Chilpancingo y mando superior inmediato a quien le reportó en tiempo real el coronel Rodríguez Pérez.
En julio del 2015 Rodríguez Pérez fue sustituido al frente del 27 de infantería, su lugar lo ocupó el coronel Álvaro Javier Juárez Vázquez, quien fue relevado el pasado 21 de diciembre del 2016 por su colega de rango, el también coronel Filemón Campillo Castro, quien en actualidad está al mando del cuartel en Iguala.
En el escrito de los familiares de las víctimas que se anexó al expediente que lleva la PGR por medio de la oficina que encabeza Higuera Bernal, señalaban que no solo no se ha esclarecido el acto criminal, sino que ni siquiera “han comenzado a dilucidarse las relaciones que se dieron tanto en el grupo criminal como con actores políticos”.
Uno de esos actores políticos es el ex gobernador priista reconvertido en perredista Ángel Aguirre Rivero, quien permanece “intocable” dada su cercanía con el presidente Enrique Peña Nieto, según han denunciado de tiempo atrás los abogados de los familiares.
En el cúmulo de diligencias que la PGR se ha negado a realizar, se resalta la del capitán Casarrubias Salgado, ya que investigarlo a fondo ayudaría a determinar si los hermanos Casarrubias “contaban con algún vínculo dentro de las fuerzas armadas”.
Dentro de la investigación en la que el nombre del capitán Casarrubias se menciona, también se cita el caso de dos oficiales en servicio activo, cuya identidad permanece en reserva, quienes tienen familiares entre los grupos de poder local algunos de ellos señalados de formar parte de la estructura de protección política que opera para las distintas bandas criminales que trafican con droga en Guerrero.
Estos casos que son seguidos de tiempo atrás por los representantes de los familiares de las víctimas, continúan documentándose y en su momento se darán a conocer a la opinión pública, señaló una fuente que pidió reservar su identidad en entrevista con este Blog.
Por lo pronto el caso del capitán Casarrubias Salgado se suma a las pistas sin indagar en la “empantanada” investigación del caso de los 43 de Ayotzinapa.
Fuente.-Juan Veledíaz
@velediaz424
(imágenes/internet)
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