El gobierno federal clasificó como reservada la información sobre presuntas investigaciones abiertas contra los ex gobernadores del estado de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores, así como por los ex mandatarios de Coahuila y Veracruz, Humberto Moreira y Fidel Herrera Beltrán.
En su respuesta escrita a las preguntas del PAN relativas al tema, a propósito del Tercer Informe de Gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que no identifica información relativa a las denuncias realizadas en contra de los gobernadores priistas, acusados de presunto enriquecimiento ilícito.
Argumentó que la Secretaría de la Función Pública, quien tiene a su cargo la fiscalización de los recursos transferidos a los estados y municipios, continuará con el ejercicio de sus atribuciones para, en su caso, determinar irregularidades sustentadas en la evidencia documental y emitir las recomendaciones correctivas y preventivas que sean procedentes.
Y que en lo que compete a la Procuraduría General de la República (PGR), como lo establece el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, al expediente de averiguación previa únicamente tendrán acceso el inculpado, su defensor y la víctima u ofendido o representante legal, en todos los documentos y evidencias relacionadas.
Por tal motivo, sustentados en la fracción tercera del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, puntualiza que “las averiguaciones previas también se considerarán como información reservada”, y que por lo tanto, no es posible proporcionar datos como lo solicita el PAN en su cuestionamiento parlamentario.
En la respuesta se indica que “la PGR trabaja intensamente en colaboración con otras dependencias a efecto de garantizar una procuración de justicia pronta y expedita con pleno respeto a los derechos humano”.
En atención a ello, “en caso de que existiera una petición formal de extradición por parte de algún gobierno extranjero, se seguirán los procedimientos que, para tal efecto, prevén las leyes y los tratados internacionales en la materia”, concluyó el informe.
Con información de Quadratín/Emeequis
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