Sólo tres meses y medio le bastaron a Silvano Aureoles para cambiar de opinión e imponer el reemplacamiento a los automovilistas michoacanos, cuando apenas a mediados de septiembre pasado se pronunciaba en sentido totalmente opuesto:
“Entiendo que esto se debe llevar a cabo cada tres años por cuestiones de seguridad, es una obligación del gobierno hacerlo… pero también entiendo la circunstancia económica de los ciudadanos. Si fuera el caso, el tema se volvería a revisar y tener en cuenta para más adelante”, dijo en declaraciones recogidas por el portal electrónico del periodista Juan José Rosales Gallegos.
Y ese ‘más adelante’ al que se refería el entonces ya gobernador, electo, fue tres meses y medio después, este diciembre, en vísperas de Año Nuevo, cuando el Congreso de Michoacán se dispone a aprobar la controversial medida dentro del paquete fiscal 2016 que incluye las leyes de egreso e ingresos, donde se contempla el reemplacado vehícular.
Las declaraciones fueron vertidas en el contexto de las acciones que realizaba el entonces gobernador sustituto de Fausto Vallejo, el ex rector nicolaíta Salvador Jara, quien impulsó en esas fechas un reemplacamiento igualmente criticado al que hoy se terminará imponiendo pòr mayoría en el Congreso de Michoacán, dentro de la aprobación de la ley de ingresos del paquete fiscal 2016.
“Debido a la gravedad de la situación económica de las y los michoacanos, este no es el momento para aumentar la carga contributiva, explicó el gobernador electo de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, al descalificar la propuesta de la administración de Salvador Jara de iniciar un programa de reemplacamiento a los vehículos del estado; ‘hay que verlo para más adelante’, declaró”, es lo que señala la publicación fechada el pasado 13 de septiembre, tres meses después de ganar las elecciones a gobernador, osea, no fue la tradicional declaración del candidato en campaña.
La publicación citada agregó que Aureoles Conejo “dijo estar atento al tema de seguridad pues la acción de cambio de placas se lleva a cabo para cumplir con una necesidad jurídico-administrativa”.
Y complementa con otra declaración del hoy gobernador constitucional: “Entiendo que esto se debe llevar a cabo cada tres años por cuestiones de seguridad, es una obligación del gobierno hacerlo”; pero aclaró, “pero también entiendo la circunstancia económica de los ciudadanos. Si fuera el caso, el tema se volvería a revisar y tener en cuenta para más adelante”.
Apenas cinco días atrás a esa declaración del gobernador Aureoles, el 8 de septiembre pasado, el entonces coordinador general de la Comisión de transición gubernamental del gobernador electo, el hoy secretario de Gobierno, Adrián López Solís, adelantaba la postura de su jefe según recogió la agencia de noticias Quadratin en publicación fechada ese día mencionado, en la que se destaca la percepción del actual encargado de la política interna de tener “sensibilidad” ante la situación económica actual de la población, la cual al parecer para la actual administración está ya cambió en sólo tres meses y medio:
Fuente.-Changoonga/Mich.
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