La caricatura de Paco Calderon para EL NORTE, muestra a Sheinbaum cargando uu taladro manual —un berbiquí— identificado como “Presupuesto 2027”. El instrumento apunta hacia una superficie que parece asociada al mapa de México convertido en una embarcación frágil, sostenida a flote en mar agitado y en medio de nubarrones.
Aqui el cartón imagina al gobierno intentando avanzar mediante una herramienta que, por su propia naturaleza, perfora.
El mapa-barca
México no aparece como territorio firme, sino como nave: su forma de mapa sirve de casco y sobre el muelle esta la figura presidencial. La metáfora es dura porque el berbiquí trabaja contra el material que debería sostener al pais como navegante.
El globo de texto —“…fuera de borda”— completa la amenaza: si el aparato se descontrola, se traba o abre más de la cuenta, no habrá una falla abstracta del presupuesto; habrá alguien arrojado al agua.
Sheinbaum no conduce la nave de México: permanece en el muelle con un berbiquí llamado “Presupuesto 2027” mientras el país flota convertido en chalupa. El problema no es que falte fuerza para girar la manivela; es que, cuando la herramienta elegida es un taladro, cada vuelta se parece demasiado a perforar el barco en el que todos van sentados.«
El PIB creció 1.4% entre abril y junio. Traducido: el país produjo, vendió y prestó más servicios que en los tres meses previos. Es una buena señal porque veníamos de una caída de 0.3% al inicio del año. Pero no significa que de pronto haya chamba bien pagada, aumentos salariales ni que el súper esté regalando la despensa.
En castellano llano: la economía se movió un poco más, pero la vida cotidiana no necesariamente se abarató; de hecho, varios servicios siguen cobrándote como si la recuperación fuera exclusiva de ellos.
Es decir: México salió del bache, sí, pero todavía no está corriendo un maratón; apenas dejó de avanzar con una llanta ponchada.
El truco del “crecimos”
Ese 1.4% se apoyó en agricultura, industria, comercio y servicios, aunque no todos avanzaron igual. La manufactura, por ejemplo, cayó 0.4% anual y lleva cinco trimestres a la baja; también el hospedaje y los restaurantes retrocedieron 2.6% trimestral.
Entonces el comunicado oficial puede decir “mejor crecimiento desde 2022”, pero en la banqueta la pregunta es otra: ¿a quién le llegó ese crecimiento? Porque si no se traduce en empleo, sueldo y consumo, el número luce muy bonito en una presentación de PowerPoint y muy discreto en la cartera.
Y mientras tanto, la inflación
La inflación anual subió de 3.14% a 3.26% en la primera mitad de agosto. Sigue dentro del rango objetivo de Banxico, pero volvió a acelerarse por segunda quincena consecutiva.
Lo más incómodo es que el golpe viene de los servicios: aumentaron 4.34% anual. O sea, quizá el jitomate o el gas LP den una tregua, pero el taxi, la renta, los cortes de cabello, las colegiaturas, las reparaciones y buena parte de los gastos que no puedes patear para después siguen encareciéndose.
Y el huevo —ese termómetro nacional de la angustia doméstica— subió 7.92% en apenas una quincena; la cebolla, 19.03%.
Dicho de otra manera:
La economía creció 1.4%. Felicidades: el país ya no está tan mal como hace tres meses.
Lástima que el huevo no leyó el comunicado, la cebolla decidió cotizarse como artículo de lujo y los servicios siguen cobrando con la confianza de quien sabe que no puedes vivir sin ellos.
En resumen: hay crecimiento en el Excel, pero en la banqueta la recuperación todavía se siente como esa promesa de “ya casi”: ya casi mejora el empleo, ya casi alcanza el salario y ya casi deja de doler pagar lo básico.
La lectura de fondo: la macro mejora, pero la micro —la del recibo, el mandado y el trayecto diario— todavía pide comprobantes.
La coartada de «gente decente» del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca comienza a quedarse sin aire. Gloria Molina Gamboa, quien fue secretaria de Salud en su administración, lo señala como responsable de las instrucciones para adjudicar contratos irregulares a empresas vinculadas con Sergio Carmona Angulo, el personaje conocido como “El Rey del Huachicol” e identificado como amigo y patrócinador de Americo Villarreal Anaya.
La declaración atribuida a Gloria Molina Gamboa no cambia el foco del expediente, solo agrega otra foja mas.
La acusación es grave, pero debe tratarse como lo que es: un señalamiento que tendrá que sostenerse con pruebas y resolverse ante las autoridades competentes.
No se trata de una versión lanzada desde la banqueta ni de un pleito de sobremesa: quien acusa fue la titular de Salud en Tamaulipas. Es decir, una funcionaria que conoció desde dentro la maquinaria que hoy se investiga por contratos millonarios, proveedores favorecidos y un presunto quebranto al erario que convirtió a la dependencia sanitaria en ventanilla de negocios para una red ligada al contrabando de combustibles.
La paradoja es de antología: mientras los hospitales padecían carencias, la burocracia de la salud, según las investigaciones, encontraba recursos para premiar a empresas de los hermanos Sergio y Julio Carmona Angulo. Las compañías PERMART y JOSER S.A. de C.V. habrían recibido beneficios por alrededor de 344 millones de pesos durante 2017 y 2018. La acusación oficial habla de un daño estimado en 343 millones 966 mil pesos, bajo el gobierno de Cabeza de Vaca.
Y ahí aparece el dato incómodo para quienes pretenden reducir todo a una campaña política: la exsecretaria, Gloria de Jesús Molina Gamboa, no sólo figura en la historia como testigo, sino que también fue incluida junto con otros exintegrantes del gabinete en denuncias por presunto uso ilícito de atribuciones y facultades, así como operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Entre los señalados están Horacio García Rojas Guerra, exsubsecretario de Planeación y Vinculación; Alejandro Aguilar Poegner, exsubsecretario de Administración y Finanzas; y Román Castillo Airola, exdirector de Compras de la Secretaría de Administración.
Del escandaloso y multimillonario quebranto en la Secretaría de Salud por 344 millones de pesos, vinculado con Cabeza de Vaca y el clan Carmona ,había evidencia testimonial de la transa y mucha estaban disponibles para su descarga ,que fue dolosamente borrada.
El hilo del huachicol
La trama no termina en los contratos de Salud. Sergio Carmona fue asesinado el 22 de noviembre de 2021, pero su nombre sigue apareciendo en investigaciones y filtraciones relacionadas con presuntas redes políticas y financieras en Tamaulipas. que acusan profusamente al gabinete del gobierno de Americo Villarreal.
En los mensajes divulgados recientemente por el activista Miguel Meza aparece un “Lacho García”, identificado en reportes como Horacio García, exsubsecretario de Salud durante el gobierno cabecista y señalado como presunto operador financiero de Carmona en favor del ahora mandatario de Morena en Tamaulipas.
La pregunta política ya está servida: ¿cómo es que el “Rey del Huachicol” habría encontrado puerta abierta en un sector tan delicado como Salud, con contratos que rozan los 344 millones de pesos, sin que el poder político de Tamaulipas se enterara?
Porque para adjudicar contratos de ese tamaño no basta con que un proveedor toque el timbre: alguien tuvo que abrir la puerta, extender la alfombra y firmar los papeles.
El expediente pendiente
Cabeza de Vaca enfrenta además una orden de aprehensión reactivada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionada con imputaciones de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La validación de la orden no equivale a una sentencia de culpabilidad: permite que continúe el proceso penal y que las pruebas se debatan en juicio.
Así que el exgobernador y hasta el gobernador en turno podrán insistir en que todo es persecución, revancha o ruido electoral. Pero el ruido ya tiene nombres, empresas, montos, expedientes y una exsecretaria que apunta hacia arriba. Y cuando la exsecretaria dice que las órdenes venían de arriba, lo último que necesita Tamaulipas es otro discurso: necesita que el caso llegue hasta donde tenga que llegar, aunque en el camino se despeine más de una cabeza y se desmonte el humanismo de otro chaleco guinda.
Como si fuera poco el escándalo del colapso del sistema educativo mexicano, por los trágicos resultados de la Prueba PISA, al huachicolero Secretario de Educación, Mario Delgado, ya se le asoma otra gran tormenta en el horizonte. Y no la enfrentaría solo. Su cómplice inculpado sería Erasmo González, el actual alcalde de Madero.
En Washington, algunas de las agencias de inteligencia ya acumularon evidencias suficientes -en textos, fotografías, audios y videos- de las vinculaciones de ambos con el asesinado Sergio Carmona, mejor conocido como “El Rey del Huachicol” y los presuntos nexos de todos ellos con el crimen organizado.
Esas pruebas -que serían contundentes para exhibir el vínculo entre huachicol fiscal, crimen organizado y dinero para las campañas de Morena– estarían acercando a algunas dependencias del gobierno norteamericano para llamar a cuentas a Mario Delgado y a Erasmo González, quienes operaron esa red de complicidades en los tiempos en que el primero era el presidente nacional de Morena y el segundo, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.
El caso es, en extremo delicado, porque de confirmarse y darse a conocer esas nuevas evidencias se colocaría a Morena como un partido que opera de la mano del crimen organizado para encumbrarse en el poder.
Las pruebas concretas serían documentos y testimoniales en audio y video en las que se exhibe cómo Sergio Carmona sostenía frecuentes reuniones con César Morfín Morfín, alias “El Primito”, líder de la célula criminal “Los Metros” y uno de los operadores aliados al Cártel Jalisco Nueva Generación en Tamaulipas. Ya antes, “El Primito” operaba con el Cártel del Golfo. Hoy es un prófugo de la justicia.
El expediente huachicolero de “El Primito” está sobradamente probado, desde el momento en que el Departamento del Tesoro y la OFAC evidenciaron los vínculos de César Morfín Morfín -y de sus hermanos Álvaro Noé y Remigio- como operadores de combustible ilegal a través de sus empresas Servicios Logísticos Ambientales y Grupo Jala Logística. Eso ya es cosa juzgada.
Las nuevas evidencias permiten establecer, de manera abierta, las triangulaciones de la venta de ese huachicol fiscal entre la célula criminal de “El Primito” con el líder huachicolero Sergio Carmona. De acuerdo a audios y videos en poder de los centros de inteligencia norteamericanos, las vinculaciones entre el desaparecido Sergio Carmona y el líder de “Los Metros” dejan en claro que se tenía todo un operativo para darle no sólo protección al traslado del huachicol, sino salida a su distribución y venta, sobre todo, en el norte de México, incluyendo a los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y San Luis Potosí.
Además de aportar pruebas de estas relaciones, las investigaciones incluyen audios y videos de Sergio Carmona hablando a bordo de una Suburban con Mario Delgado y con Erasmo González. Como presidente de Morena, el ahora Secretario de Educación era quien decidía a qué campañas se destinaban los dineros del huachicol, colectados por Sergio Carmona. Y el ahora alcalde de Madero, Erasmo González, era el responsable de verificar con los candidatos que los recursos les fueran entregados por “El Rey del Huachicol”.
Entre esas nuevas evidencias audiovisuales se incluyen conversaciones entre Mario Delgado, Erasmo González y Sergio Carmona con instrucciones precisas para apoyar, con recursos del huachicol, a una candidata a presidenta municipal de Baja California. Curiosamente, a Mario Delgado se le adjudica el padrinazgo de Marina del Pilar Ávila, actual gobernadora de aquella entidad y a quien el gobierno norteamericano ya le retiró la visa por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Aparentemente, esas grabaciones las habría hecho Sergio Carmona sin la autorización ni de Mario Delgado ni de Erasmo González. Simplemente, las habría ejecutado a sus espaldas para acumular evidencias sobre quién o quiénes le daban las órdenes de dispersión de los cientos de millones de pesos que se aportaron a decenas de campañas de Morena en 2021.
Curiosamente, después de esos “servicios” de dispersión de fondos del huachicol, Erasmo González -entonces diputado federal por Tamaulipas- fue promovido para ser el candidato de Morena a la alcaldía de Ciudad Madero, uno de los enclaves del triángulo Altamira-Tampico-Madero desde donde se opera el trasiego en buques con millones de litros del huachicol fiscal. Ambos -Mario Delgado y Erasmo González- utilizaban con frecuencia el jet de Sergio Carmona para transportar esos recursos ilícitos en efectivo, que eran entregados a los candidatos de Morena para garantizarles el triunfo.
Entre las nuevas evidencias también se incluirían mensajes y audiovisuales que exhiben reuniones de Sergio Carmona con personajes clave que manejaban entonces la campaña de Alfredo Ramírez Bedolla, quien en 2021 fue electo gobernador de Michoacán y que está bajo la lupa tras el homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán al momento de su asesinato, el primero de noviembre de 2025.
Las carpetas de investigación reportan también audios y videos de una reunión a bordo de una Suburban gris, en la que habrían participado Sergio Carmona, la hoy senadora tamaulipeca Olga Sosa y el entonces candidato y hoy gobernador de Nayarit, el morenista Miguel Ángel Navarro Quintero.
Curiosamente también, en aquel 2021 de las “huachi-candidaturas” de Morena, Olga Sosa fue premiada con la postulación de Morena a la alcaldía de Tampico, buscando junto con Erasmo González controlar el eje portuario de Tampico- Madero. Pero la morenista perdió dramáticamente frente al panista Jesús Nader, quien fue reelecto y arrasó con una ventaja de 25 mil votos. Hoy aquella derrotada Olga Sosa -todavía bajo investigación en Washington- y ya desde su senaduría plurinominal -no ganada en las urnas- busca la candidatura de Morena para el gobierno de Tamaulipas que encabeza Américo Villarreal.
La tormenta que se ve en el horizonte inmediato es que los organismos de inteligencia de los Estados Unidos podrían tener ya las suficientes pruebas para vincular a Morena y a sus dirigentes -entre 2021 y 2024- con actividades del crimen organizado, operadas a través de la dupla Sergio Carmona y “El Primito”. Y ese hecho tiene hoy a Mario Delgado y a Erasmo González contra la pared. César Morfín Morfín era el eslabón perdido.
Tania Contreras López, flamante magistrada presidenta del Poder Judicial de Tamaulipas por la “vía del acordeón” que aun y perdiendo ganó y aparece enlistada en la plataforma de “narcopolíticos” , subordinada del gobernador “chamuscado”, Américo Villarreal Anaya, anunció que el Poder Judicial de Tamaulipas “va a colaborar” con el IETAM y el INE para revisar la idoneidad, el perfil y la elegibilidad de quienes pretendan competir en la elección de 2026-2027.
La frase, en apariencia institucional, tendría que sonar tranquilizadora. Pero dicha desde una presidencia judicial que llega con el currículum tatemado por señalamientos públicos, denuncias y controversias sobre su entorno ligado al Cartel del Golfo, suena menos a garantía de limpieza y más a una ironía de pésimo gusto.
Porque no es cualquier funcionaria ofreciendo revisar expedientes ajenos. La propia Contreras ha estado en el centro de publicaciones y acusaciones difundidas por Código Magenta,multiseñalada por sus vínculos familiares con personajes señalados por autoridades, cuestionamientos sobre omisiones frente a la sucursal del Cartel del Golfo,reconocida como Columna Armada Pedro J. Méndez y una denuncia presentada por un particular ante instancias federales.
Todo ello constituye señalamientos y denuncias extensivos también al gobernador Villarreal Anaya. Aunque no representan una sentencia judicial contra ella ni contra él, sí conforman un contexto que, por responsabilidad pública, no debería barrerse debajo de la toga en ninguno de los dos casos.
La paradoja institucional
Ahora la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia promete que el PJE aportará información al IETAM y al INE para determinar quién cumple —o no— con el requisito de idoneidad. Es decir: una institución encabezada por una figura cuya propia idoneidad ha sido cuestionada públicamente participará en la revisión de la idoneidad de otros.
La contradicción no es menor. En una elección que presume “piso parejo”, la credibilidad no se decreta con discursos de inauguración ni se construye con fotografías protocolarias. Se gana con distancia frente al poder, transparencia radical y autoridades que no carguen sobre los hombros la sombra de expedientes incómodos. El problema no es que el Poder Judicial colabore con las autoridades electorales; el problema es quién encabeza esa colaboración y qué preguntas siguen sin una respuesta pública, verificable y convincente.
No basta hablar de democracia
Contreras sostiene que la democracia es una responsabilidad de todos y que las leyes están para procesar las controversias. Correcto: precisamente por eso la exigencia debe empezar por casa. Si habrá filtros para candidaturas, que se apliquen sin padrinazgos, sin parentescos intocables, sin expedientes con trato VIP y sin la selectiva indignación de quien ve “calumnia” cuando la lupa apunta hacia arriba, pero “legalidad” cuando apunta hacia abajo.
No puede haber elección limpia si el aparato encargado de ayudar a validar candidatos parece pedir confianza con una mano mientras con la otra intenta administrar sus propios incendios reputacionales. La vara de la elegibilidad no puede convertirse en garrote para unos y salvoconducto para otros.
Que el PJE entregue información al IETAM y al INE, sí. Pero antes que nada, que entregue claridad. Porque cuando la sospecha está documentada en el debate público, colaborar no basta: hay que explicar, transparentar y despejar. De lo contrario, la promesa de “validar candidaturas” corre el riesgo de convertirse en una escena de humor negro: los chamuscados aliados del crimen organizado revisando quién huele a humo.
México, me das vergüenza. No porque la estadística sea dura —las cifras no mienten ni se ruborizan—, sino porque hemos llegado al punto miserable de llamar “alivio” a que maten un poco menos, como si reducir la velocidad de una masacre fuera equivalente a detenerla.
Según el conteo citado por TRESEARCH, durante el actual sexenio se acumulan ya mas de 45 mil 134 muertes violentas: un promedio aproximado de 64 personas al día, o una muerte cada 22.5 minutos. Es decir, mientras alguien en Palacio presume una curva descendente, el país sigue produciendo cadáveres con una puntualidad escalofriante.
Y entonces aparece otra víctima. Otra joven. Otra mujer. Otra familia obligada a aprender, de golpe y para siempre, el idioma burocrático de la tragedia: “pesquisas”, “diligencias”, “protocolo de feminicidio”, “perspectiva de género”, “se investiga”.
La víctima era una estudiante española que realizaba un intercambio entre la Universidad de Granada y la UAEM. Había venido a México a estudiar, a conocer, a vivir una experiencia académica; no a convertirse en una carpeta de investigación, una condolencia institucional y una nota más en la fila interminable del horror.
Fue atacada con un arma blanca en Cuautla, Morelos, según los reportes citados. Intentó ponerse a salvo dentro de una Casa de Cultura. Una Casa de Cultura, nada menos: un sitio que debería significar refugio, comunidad, conocimiento, arte; no el último lugar al que una joven corre antes de ser asesinada. Murió ahí. Y México volvió a tener una explicación, pero no justicia.
La obscenidad del “bajaron”
Que bajen los homicidios no es una medalla si el suelo sigue absorbiendo sangre todos los días.
No hay aplauso posible ante un país donde 64 personas son asesinadas cada jornada. No hay narrativa triunfal que alcance cuando el reloj de la muerte sigue marcando una víctima cada poco más de 22 minutos. Si antes eran más, sí; si otro gobierno dejó una herencia todavía más letal, también. Pero esa comparación no devuelve a nadie a su casa, no deshace un feminicidio, no borra el miedo de las estudiantes ni cura a una madre que tendrá que reconocer el cuerpo de su hija.
El problema de México no es sólo la violencia. El problema es la normalización de la violencia. La facilidad con la que una autoridad puede poner cifras sobre una pantalla, bajar unas décimas una gráfica y esperar que el país agradezca no estar peor.
¿Peor que qué? ¿Que el récord anterior? ¿Que la administración más sangrienta? ¿Que el sexenio que convirtió el conteo de muertos en una competencia de ruinas?
Qué bajo hemos caído si el argumento de defensa del Estado es: “Bueno, antes mataban más”.
No era una cifra
No era una tasa. No era una tendencia. No era un dato favorable para la mañanera.
Era una joven extranjera, estudiante, con familia, amistades, proyectos y una vida que México no supo proteger. Y su asesinato llega en un contexto que la propia comunidad universitaria reconoce como dolorosamente reiterado: el caso de Michelle Itzayana Fuentes, de 15 años; los feminicidios de Kimberly Joselín Ramos Beltrán y Karol Toledo Gómez, también estudiantes de la UAEM.
No son “hechos aislados” cuando las víctimas empiezan a parecer una lista. No es “percepción de inseguridad” cuando las jóvenes tienen que calcular rutas, horarios, zonas y despedidas como si sobrevivir fuera una materia obligatoria. No es una crisis resuelta porque haya menos cadáveres que ayer, si todavía hay demasiados para mañana.
La UAEM exige una investigación inmediata, exhaustiva y con perspectiva de género. Está bien que la exija. Pero México ya no necesita más comunicados impecablemente redactados después de cada asesinato; necesita autoridades que lleguen antes, no fiscales que administren el desastre cuando ya es demasiado tarde.
El país que se acostumbró
La aritmética oficial puede cambiar. El lenguaje puede maquillarse. Las conferencias pueden repartir porcentajes, culpas heredadas y promesas de coordinación. Pero hay una verdad que no cabe en ninguna lámina: una muerte cada 22 minutos no es una mejora; es una emergencia nacional convertida en rutina.
Y esa es la vergüenza.
La vergüenza no es que México tenga violencia: muchos países la tienen. La vergüenza es que aquí parecemos haber decidido convivir con ella, administrarla, compararla y hasta usarla como argumento electoral. Que la muerte tenga cronómetro y que, aun así, haya quien se atreva a vendernos la pausa entre un asesinato y otro como si fuera paz.
México, me das vergüenza porque una estudiante vino a aprender y terminó siendo una estadística. Porque una Casa de Cultura no pudo ser refugio. Porque las mujeres siguen siendo asesinadas y el Estado sigue llegando tarde. Porque cada vez que dicen “bajaron los homicidios”, alguien debería preguntar de inmediato: ¿bajaron para quién, si para las víctimas ya fue demasiado tarde?
