“HAY LÍO con el AHORRO de FORMOL: DIARIO ESPAÑOL exhibe el CHOQUE entre la BAJA de HOMICIDIOS de SHEINBAUM y el REGISTRO REAL de MUERTES… Pitágoras se niega a avalar el cuenteo.”

El diario español, El País,sostiene que la caída de homicidios que presume el Gobierno de Claudia Sheinbaum —51% desde octubre de 2024— no basta por sí sola para demostrar que la estrategia de seguridad esté funcionando. Su crítica central es que el Gobierno afirma el resultado, pero no demuestra con transparencia las causas, el método ni la consistencia de las cifras.

Tesis central

La estrategia parece reducir homicidios “con puro verbo” porque la explicación oficial se apoya en repetir cuatro ejes generales —atención a las causas, Guardia Nacional, inteligencia e investigación, y coordinación—, pero sin una evaluación pública e independiente que pruebe cuánto aporta cada uno a la reducción.

En otras palabras: el Gobierno dice que la política funciona porque sus propios datos dicen que funciona; el artículo pide pruebas verificables, no solo anuncios oficiales.

El problema de las cifras

El texto destaca una discrepancia relevante para 2025:

Fuente	Homicidios registrados en 2025
INEGI, a partir de actas de defunción	27,989
Secretariado Ejecutivo, con datos de fiscalías	24,344
Diferencia	3,645 muertes

La brecha equivale a alrededor de 15% y se vuelve especialmente grave en el Estado de México: INEGI registra 2,575 homicidios y el Secretariado 1,575; es decir, mil casos de diferencia.

El argumento oficial de que “cada base se mide con sus propios criterios” puede ser técnicamente cierto, pero el artículo considera que no es suficiente: una diferencia tan grande exige explicar qué casos quedan fuera, por qué y cómo se corrigen o verifican los registros.

Qué cuestiona de la estrategia

• Que el Gobierno privilegie el reporte quincenal descendente como prueba automática de éxito.
• Que no publique una metodología suficientemente detallada, auditada y debatida.
• Que dependa de las fiscalías estatales, instituciones con problemas históricos de registro, clasificación e investigación de delitos.
• Que puedan quedar fuera víctimas desaparecidas, cuerpos localizados en fosas o parajes, y homicidios no incorporados oportunamente a las carpetas oficiales.
• Que otros delitos violentos —feminicidio, extorsión, secuestro, trata y robos con violencia— también presenten señales de posible subregistro.

Qué pide el artículo

Lo que exige es distinguir entre una baja auténtica de homicidios y una baja en el registro administrativo de homicidios.

La demanda es concreta: abrir las cifras, explicar las diferencias frente al INEGI, transparentar el método, someterlo a revisión independiente y evaluar qué acciones específicas —no solo los cuatro ejes enunciados— están reduciendo la violencia.

El artículo plantea que Sheinbaum puede tener una reducción real que celebrar, pero mientras no explique y someta a escrutinio sus datos y su método, la disminución de homicidios seguirá siendo más una narrativa gubernamental que una evidencia plenamente demostrada.

Asi lo dice El Pais:

«En México cada Gobierno ha intentado su modelo de seguridad. El punto de partida elegido por la presidenta Claudia Sheinbaum arriba en estos días a una meseta que, por un lado, la lleva a presumir una caída de 51% en los homicidios y, por otra, provoca dudas y cuestionamientos, algunos a partir de cifras de otros órganos del Estado. En conclusión, es tiempo de debatir las cifras.

La Administración informó el martes que los homicidios han bajado a la mitad desde octubre de 2024. Se trata de una cifra tan espectacular como poco explicada, un logro que no ha ameritado que la presidenta renuncie a una de sus intransigencias: el reporte de los índices delincuenciales, prácticamente todos con avances según el Gobierno, es un informe que para ella no admite réplica alguna.

Aunque mandataria y Gabinete de seguridad repiten como mantra que los buenos resultados se deberían a los cuatro ejes planteados al arrancar el sexenio —combate a las causas; consolidación de la Guardia Nacional; fortalecimiento de la inteligencia y la investigación y coordinación—, la realidad es que el reporte quincenal, siempre a la baja, se ha convertido en varita mágica que explica sin explicar.

La estrategia funciona porque los datos del Gobierno dicen que funciona. Extraña lógica para una presidenta de antecedentes académicos. Les ha faltado no solo explicar sus números, sino también los métodos (la variedad de delitos que se reportan implica condiciones tan diversas en su génesis como de registro, y ni qué decir en las maneras de combatirlos).

Puede concederse que era necesario dar tiempo para que el cambio de estrategia arrojara resultados; igualmente, es lógico que un nuevo equipo, así fuera en una transición continuista, tendría una curva de aprendizaje. A casi dos años, eso ha concluido; y habida cuenta de que el Gobierno destaca números constantemente a la baja, se impone el cotejo de los mismos, la disección de los resultados y del método.

Por eso mismo no pudo ser más oportuna la publicación de los fallecimientos en México en 2025 por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Desde el 3 de agosto se tienen las actas de defunción de un año completo y, desde luego, los homicidios que sobre el mismo periodo ha computado el Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Los números no cuadran. Según el INEGI, en 2025 hubo en México 27.989 fallecimientos por homicidio doloso o intencional. De acuerdo con lo que reporta el Gobierno de Sheinbaum, en ese periodo fueron asesinados 24.344 mexicanos. Hay una diferencia de 3.645 muertes. O en términos porcentuales, el prestigiado órgano estadístico mexicano reporta 15 puntos más que Palacio Nacional.

El reporte del INEGI se dio a conocer el lunes de hace dos semanas. Y en una mañanera reciente, el Gobierno ni quiso ni provocó la discusión del mismo, ni emitió un posicionamiento sobre un diferendo que alimenta las suspicacias frente a la estadística claudista.

Lo que sí hubo fueron entrevistas de Marcela Figueroa, titular del Secretariado y encargada del equipo del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, de la construcción de la metodología que se instaló este sexenio para medir la incidencia delictiva.

Figueroa, que trabaja con Harfuch desde que este era el jefe de la policía de Sheinbaum en la Ciudad de México, ha explicado básicamente dos cosas: que es normal incluso en otros países que las cifras de las actas de defunción de las secretarías de salud, con las que el INEGI hace su compendio, difieran de otros recuentos policiacos, como el que arma ella con información de las fiscalías. Es decir, que la disparidad no sería relevante. Ha dicho, igualmente, que cada base debe medirse en sus términos, es decir, muertos del INEGI con muertos del INEGI, y los del secretariado con los suyos.

¿Son argumentos convincentes? Lo del comparativo internacional no viene a cuento. México tiene una dinámica criminal desde, al menos, 2006 (año en el que el expresidente Felipe Calderón declara la llamada guerra contra el narco), y bastantes ocupados están los mexicanos con tratar de definir si se cuentan bien los crímenes, como para consolarse con que otros países también presentan disparidades.

Y lo de que cada base de datos mide los muertos a su manera no explica, por mencionar una entidad muy representantiva, que en el Estado de México el INEGI registre mil asesinatos más que el Secretariado. Menos lógica resulta esa diferencia cuando el número absoluto es 2.575 homicidios, según el INEGI, frente a 1.575. Una zona nebulosa de más de un tercio.

El Gobierno tiene una oportunidad. Con ensayo y error construyó un método, pero por alguna razón no se ha lanzado a defenderlo debatiéndolo. Con todo para dedicar las horas y recursos mediáticos que hagan falta, la presidencia no ha dispuesto que se convoque a una discusión pública de los índices, de cómo se computan e, igualmente crucial, de cómo es que bajaron los crímenes, no solo las estadísticas.

De manera inicial, Figueroa ha explicado, por ejemplo, que armaron una metodología para monitorear reportes mediáticos a fin de luego cotejar los datos que reciben de las carpetas que abren las fiscalías estatales, esos 32 hoyos negros de la procuración de justicia en México, conocidos por su histórica proclividad a desalentar a las víctimas para que no denuncien y por el desorden de su proceder.

Dando por bueno que, al contar con ayuda de los aparatos de inteligencia, reforzados en este sexenio, cada día es más puntual y fiel la información que sobre homicidios captan en el Secretariado y que por ende sus números serían fiables, expertos en seguridad insisten en que la base de datos estaría dejando fuera a los desaparecidos, y a los cuerpos encontrados en fosas o parajes, entre otras víctimas.

Aún antes de llegar a la cifra de 51% menos homicidios, expertos independientes y think tanks venían reclamando una discusión más allá de la reiterada conferencia de prensa en Palacio Nacional donde el Gobierno expone sus números.

“La caída de 44% en los homicidios dolosos durante los primeros 18 meses de Claudia Sheinbaum”, escribió en abril Ernesto López Portillo, académico de la Universidad Iberoamericana, “obliga a abrir una discusión más rigurosa sobre sus causas… La discusión de fondo no es elegir entre celebración o sospecha, sino exigir evidencia independiente para entender si la violencia realmente disminuyó o solo cambió de forma”.

Ligado a López Portillo, el Programa de Seguridad Ciudadana de la Iberoamericana publicó un documento este lunes donde plantea que “sin datos confiables no hay forma de evaluar qué está funcionando”.

La organización México Evalúa opinó en mayo sobre los avances del primer trimestre: “Todavía no hay ejercicios sustantivos de evaluación —ni por parte del Gobierno ni por actores de la sociedad civil—, que permitan saber cuál es el impacto real de las políticas federales en la reducción de los registros de homicidios dolosos y otros indicadores de violencia letal. Dicho ejercicio es imprescindible, pues esta reducción en las cifras genera dudas”.

Y el jueves, el colectivo Causa en Común, tras hacer un análisis de lo reportado oficialmente, denunció que: “Además del homicidio doloso, el feminicidio, el secuestro, la trata de personas, la extorsión, el robo de vehículo con violencia y el robo a transportista con violencia, presentaron alertas por posible subregistro, a partir del contraste con otras fuentes de información, y de casos documentados que no encuentran correspondencia clara en los registros oficiales. Por ejemplo, Puebla reportó cinco víctimas de feminicidio, mientras que Causa en Común documentó al menos 15 asesinatos de mujeres con extrema crueldad”.

Si se agregan reportes como los del diario Noroeste de Culiacán, que tras analizar cifras de la fiscalía de Sinaloa de mayo de 2025 a julio de 2026 no encontró en esos informes oficiales, materia prima del informe federal, 133 homicidios de los que el rotativo sí puede reportar lugar, fecha y circunstancia, la demanda de un debate con la Federación resulta impostergable, además de legítima.

Cada que el INEGI reporta la inflación, México escucha y confía; a la hora de informar sobre decesos, también tiene credibilidad.

Se precisa que la presidenta académica que es Claudia Sheinbaum desempolve su anterior práctica profesional y recuerde que en el conocimiento no hay hallazgo presumible sin que este pase por la prueba y validación de expertos independientes.

Construido en décadas, el prestigio del INEGI no está en entredicho. Pueden medir de manera distinta los homicidios, pero debe haber explicación de la diferencia de mil casos en una sola entidad como el Edomex, y de las 3.600 a nivel nacional.

A final de cuentas, los números del INEGI constituyen un jaque a la narrativa de efectividad anticrimen que busca construir la presidenta Sheinbaum. El esfuerzo de su equipo y su modelo estadístico bien valen el escrutinio público.

Fuente.-DIARIO ESPAÑOL / EL PAIS/ SALVADOR CAMARENA/

“ELLA SALÍA del CAFÉ: CRIMEN LEVANTA y EJECUTA A DOS UNIVERSITARIOS en VERACRUZ”… otro estado en malísimo estado.

En el estado de Veracruz, administrado por Morena pero gobernado por el crimen organizado, salir por un café puede terminar convirtiéndose en una ficha más de la estadística.

Michel Melanie Méndez Morales y Luis Fernando Hernández Ibáñez, estudiantes de Psicología de la Universidad Veracruzana, fueron hallados asesinados dentro de una camioneta en la carretera Coatepec-Huatusco, cerca de Xalapa.

Michel había sido reportada como desaparecida desde el viernes, luego de salir de una cafetería. Dos días después, la búsqueda terminó en tragedia.

Y entonces llegó el ritual institucional de siempre: acordonar la escena, anunciar investigaciones, emitir condolencias y prometer que “se dará a conocer” lo que ocurra. 

La gobernadora Rocío Nahle ,una verdadera pesallida de disfuncional funcionaria, ya informó que el caso quedó en manos de la Fiscalía de Veracruz, mientras la Universidad Veracruzana exigió una investigación transparente y justicia para sus alumnos. 

Pero en un estado donde la violencia suele avanzar más rápido que las explicaciones oficiales porque mas de las veces caminan atrás de ella, la indignación no nace sólo del crimen: nace de la sospecha de que otra vez habrá discursos solemnes, comunicados impecables y una familia esperando respuestas que el aparato de justicia administra con cuentagotas.

Michel y Luis Fernando no son un número, aunque el sistema parezca empeñado en convertir cada asesinato en eso: una cifra, una carpeta de investigación y una promesa pendiente. Veracruz no necesita otro pronunciamiento de pésame; necesita autoridades capaces de impedir que la juventud tenga que salir a estudiar, trabajar o tomar un café con la incertidumbre de si regresará a casa.

Con información: ELFINANCIERO/

“YA HABIAN HABLADO con ARFUCH ?: IMPUTACIONES al ANDY y el NO INDAGAR de la FGR CHOCAN con la poca COMPLACENCIA del CÓDIGO PENAL”…la justicia pregunta de quién eres hijo,antes de citarte.

En las investigaciones de la FGR por contrabando de combustible, hay dos menciones en referencia al «hijo del Presidente» y «Andy».

Las personas que lo refieren en esos términos son dos marinos de alto rango que ocuparon cargos de dirección o subdirección en las Aduanas; uno después se convirtió en testigo protegido y otro rindió sus testimonios en calidad de testigo.

Estas menciones y contrario a lo que considera la FGR,sí son suficientes para exigir lo mínimo en una fiscalía seria: verificar, contrastar, citar a quien tenga conocimiento directo y documentar si la hipótesis se sostiene o se cae. 

El Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) obliga al Ministerio Público a investigar cuando conoce hechos con apariencia delictiva; no a esperar una sentencia empaquetada para siquiera mover un dedo. 

En una Fiscalía que no se arrodilla ante los apellidos, Andrés Manuel López Beltrán ya habría sido citado. No imputado. No condenado. Citado. Porque citar no es fabricar culpables; es hacer preguntas bajo registro ministerial cuando dos testimonios dentro de una carpeta federal repiten una referencia que, por lo menos, amerita ser despejada.

La FGR pretende resolver el asunto con una frase de burocracia defensiva: “no existe ningún dato de prueba con la fuerza legal necesaria para iniciar una indagatoria”. 

El problema es que nadie está pidiendo una condena por boletín ni una orden de aprehensión por rumor. Se exige una investigación mínima, objetiva y técnicamente obligada: establecer qué quiso decir “El Capitán Sol” cuando, según los testimonios difundidos, habló de “un tema de Andy” y del “hijo del Presidente”; identificar a los presentes, recuperar comunicaciones, verificar registros de llamadas, bitácoras, movimientos aduanales, autorizaciones, maniobras portuarias y cadenas de mando.

Porque una cosa es reconocer que una frase atribuida a un tercero no acredita responsabilidad penal; y otra, muy distinta, es convertir esa debilidad probatoria inicial en coartada para no investigar. Una declaración indirecta puede no alcanzar para imputar, pero sí puede servir como línea de investigación. Y si la Fiscalía ya tiene una carpeta abierta por presunto contrabando de combustible y posibles redes de protección institucional, esa línea no se puede archivar con un comunicado de X.

El Código Nacional de Procedimientos Penales es bastante menos complaciente que la FGR: el Ministerio Público y la Policía deben investigar los hechos que revistan características de delito sin exigir “mayores requisitos”, dirigir la indagatoria y ordenar medidas para preservar indicios. La pregunta jurídica no es si dos referencias bastan para declarar culpable a López Beltrán —no bastan—, sino si bastan para preguntar, corroborar y descartar con diligencias verificables. La respuesta es sí. 

La defensa institucional dirá que los testigos no señalan una instrucción directa de Andrés Manuel López Beltrán, que lo dicho proviene de Miguel Ángel Solano Ruiz y que no hay evidencia independiente. 

Perfecto: ésa es precisamente la razón para investigar. Se toma declaración a Solano, se confrontan versiones, se revisan los teléfonos y mensajes que correspondan con control judicial cuando sea necesario, se analiza quién autorizó descargas, quién retiró pipas, quién intervino para frenar o permitir maniobras y quién se benefició. Si no hay nada, la investigación lo acreditará. Si lo hay, el Estado no podrá decir que no vio lo que tenía enfrente.

La FGR ha negado oficialmente contar con datos de prueba con fuerza legal para abrir una indagatoria contra López Beltrán y rechaza que existan testigos protegidos que lo hayan señalado. Eso debe tomarse en serio: hoy no existe una imputación pública ni prueba verificable que permita afirmar que él participó en contrabando de combustible. Pero también debe tomarse en serio el estándar inverso: la ausencia de imputación no es una licencia para la omisión. 

Si Andy fuera un ciudadano sin el apellido López, sin parentesco con el expresidente y sin el blindaje político que genera esa cercanía, ya le habrían girado un citatorio para comparecer como testigo o para aclarar cualquier posible referencia a su nombre. No porque sea culpable, sino porque así funciona —o debería funcionar— una fiscalía federal: no persigue apellidos; sigue datos, conexiones, comunicaciones y dinero.

Y si después de agotar esas diligencias no aparece un solo elemento objetivo, se cierra esa línea con una determinación fundada, verificable y pública en sus razones esenciales. Pero negarse siquiera a tocar la puerta no es prudencia jurídica. Es una forma muy elegante de decir que, en México, la justicia todavía pregunta primero de quién eres hijo antes de decidir a quién cita.

Con información: ELNORTE/

“NO IBA DEFENDER lo INDEFENDIBLE: GENERAL MÉRIDA YA NO APARECE en CUSTODIA de BURO de PRISIONES; YA SABE HABLAR INGLÉS JURÍDICO… con la misma tonada de OVIDIO.

El general de División del Ejercito Mexicano, Gerardo Mérida, parece haber entendido algo que en los pasillos judiciales de Estados Unidos vale más que una conferencia mañanera: cuando el expediente viene cargado, conviene dejar de posar de incomprendido y empezar a resultar útil. 

De acuerdo con los registros del «Buro federal de Prisiones» (BOP) en EE.UU, salió de custodia el 11 de agosto, aunque el proceso sigue abierto; el detalle no es menor ni decorativo. 

Todo hace suponer que Mérida está jugando una partida que en Sinaloa conocen bien: la de Ovidio. No la del bravucón que se declara víctima de una conspiración planetaria contra la patria mientras exige “pruebas” desde el atril mañanero en Mexico, sino la del acusado que, cuando advierte que del otro lado ya tienen expediente, testigos, rutas, fechas y quizá hasta el menú del desayuno, descubre súbitamente las virtudes de la cooperación.

Mérida se entregó en Arizona, se declaró no culpable y, sin embargo, dejó de estar bajo custodia penitenciaria mientras el proceso continúa. 

Una coincidencia tan inocente como encontrar un laboratorio de metanfetamina junto a un huerto de lavanda. La acusación estadounidense sostiene que, como secretario de Seguridad de Sinaloa, habría filtrado información operativa a Los Chapitos para que movieran droga, equipo y personas antes de cateos, decomisos o detenciones; a cambio, habría recibido sobornos superiores a 100.000 pesos mensuales. 

Y mientras en México algunos y algunas con «A» ,aun se aferran a la liturgia de “que manden las pruebas”, el general cruzó por Nogales y se puso, por voluntad propia, a disposición de quienes supuestamente no tenían nada. Eso no necesariamente significa culpabilidad —para eso existe un juicio y la presunción de inocencia—, pero sí revela un instinto de supervivencia jurídica bastante más afinado que el discurso oficial.

Qué sugiere en inglés jurídico

La expresión más cercana sería:

“He is seeking to cooperate with the government in exchange for sentencing consideration.”

En español: estaría buscando cooperar con la fiscalía a cambio de consideración en su situación penal o, eventualmente, en la sentencia.

También podrían usarse estas fórmulas, según lo que ocurra procesalmente:

• “Potential cooperating witness”: posible testigo cooperante.
• “Cooperating defendant”: acusado cooperante.
• “Proffer agreement”: acuerdo preliminar al estilo que presume la Gobernadora Marina del Pilar y Americo Villarreal para entregar información, utilizado normalmente bajo condiciones sobre el uso de sus declaraciones.
• “Plea cooperation” o “cooperation agreement”: cooperación asociada a una negociación de culpabilidad.
• “Substantial assistance”: asistencia sustancial a las autoridades; término clave cuando la cooperación puede respaldar una petición de reducción de pena.

La precisión importante: que haya salido de prisión no prueba por sí sola que exista un acuerdo de cooperación ni que vaya a testificar. Pero, dadas la entrega voluntaria, la continuidad del caso y el cambio de custodia, sí permite plantear —como hipótesis periodística, no como hecho consumado— que Mérida podría estar explorando la vía del cooperating defendant. 

Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS /BEATRIZ GUILLEN/

¿ACASO FALTA un LOGO?: HARFUCH y la MARINA SALUDAN con SOMBRERO AJENO por INCAUTACIONES de COCAÍNA MADE in USA»…el agente del HSI tenía razón sobre Sheinbaum.

¿Acaso falta un logo? Porque en el video citado desde redes por el estratega Omar Garcia Harfuch, aparecen todos: Marina, Seguridad, Fiscalía… la colección completa del aparato mexicano. Pero hay un detalle que, convenientemente, no entra en el encuadre: la participación estadounidense.

La fotografía oficial presume soberanía, uniformes y hélices nocturnas; el relato público vende otro decomiso “de las instituciones mexicanas”. Sin embargo, la versión que documenta Breitbart, con información atribuida a ICE/HSI, describe operaciones conjuntas entre la Secretaría de Marina y agentes de Homeland Security Investigations de Estados Unidos frente a las costas de Chiapas. Fueron tres interdicciones —16, 25 y 31 de julio— que sumaron 6,080 kilos de cocaína y derivaron en detenciones de presuntos traficantes. 

La pregunta incómoda no es si México debe cooperar con Estados Unidos contra el narcotráfico. Claro que debe: el negocio es transnacional, las rutas son marítimas y los cárteles no respetan discursos de soberanía. La pregunta es por qué, cuando toca comunicar el resultado, la cooperación parece convertirse en un secreto de Estado o en un logotipo ausente.

México no pierde soberanía por reconocer inteligencia de calidad compartida, coordinación operativa o participación de agencias estadounidenses. 

La pierde cuando fabrica una narrativa de autosuficiencia para el consumo político que presume combate al narco saludando con sombrero ajeno en las mañaneras , mientras la información del otro lado de la frontera revela que el decomiso fue un trabajo binacional. La transparencia no debilita a las instituciones: las obliga a dejar de posar para la cámara y a rendir cuentas con la historia completa.

Con información: BREITBART/

LAS “DOS VELOCIDADES” de la FISCALÍA: la INEFICAZ,INEFICIENTE y COMPLICE FGR MINIMIZA IMPUTACIONES por HUACHICOL a ANDY y dice NO TIENEN “FUERZA LEGAL”…así convierten la inacción en comunicado.

La Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy, militante de Morena, salió a informar que no cuenta con “ningún dato de prueba con la fuerza legal necesaria” para abrir siquiera una carpeta de investigación contra Andrés Manuel López Beltrán por huachicol fiscal; es decir, por el contrabando de combustibles desde Estados Unidos hacia México, una práctica que, según diversas acusaciones, ha sido recurrente durante el gobierno de Américo Villarreal en Tamaulipas.

Traducido del español de la procuración selectiva: hay referencias, testimonios y nombres que ameritarían una indagatoria, pero la Fiscalía decidió que nada cuenta mientras no llegue empacado, certificado y con moño jurídico.

La FGR no anunció una novedad; confirmó su especialidad: convertir la inacción en comunicado.

Ante los señalamientos surgidos dentro de la propia investigación por contrabando de combustible —donde aparecen dos referencias al “hijo del presidente” y a “Andy”, atribuidas a marinos vinculados con operaciones aduaneras—, la institución encabezada por Ernestina Godoy respondió con su fórmula favorita: no hay “datos de prueba con fuerza legal” para abrir una investigación.

La frase merece traducción. No dice que no existan testimonios. No dice que nadie haya mencionado a “Andy”. No dice que los hechos relatados sean falsos. Dice, más bien, que para la FGR esos elementos no tienen todavía la potencia suficiente para justificar que la FGR haga aquello para lo que fue creada: investigar.

Es una comodidad institucional admirable. Cuando se trata de ciudadanos comunes, una llamada anónima, una fotografía borrosa o el criterio expansivo de algún ministerio público suelen alcanzar para incomodar, citar, catear o abrir carpetas. Pero si el aludido pertenece al círculo correcto, entonces la Fiscalía exige evidencia con “fuerza legal”, quizá acompañada de notario, sello apostillado, certificado de pureza y una confesión firmada frente a cámaras.

Y no, la ausencia de una prueba plenamente consolidada no prueba que no existan pruebas; prueba, en todo caso, que falta investigar. Pero ése parece ser justamente el paso que la FGR quiere saltarse: no investiga porque no tiene prueba suficiente y no consigue prueba suficiente porque no investiga. Un círculo perfecto para la impunidad, aunque fatal para la justicia.

La precariedad de esa lógica se entiende mejor con cifras. Según la ENVIPE 2025, en 2024 ocurrieron 33.5 millones de delitos en México y 93.2% no fue denunciado o no derivó en una carpeta de investigación. Sólo 9.6% se denunció y, aun así, el Ministerio Público abrió carpeta en apenas 70.5% de esos casos. De las denuncias presentadas, 79.9% no tuvo conclusión.

Es decir: en el país donde nueve de cada diez delitos se pierden antes de investigarse, la FGR presume prudencia procesal cuando decide no abrir una indagatoria frente a menciones que, por sí solas, no condenan a nadie, pero sí deberían obligar a verificar. No se pide fabricar culpables ni sustituir el debido proceso por linchamiento mediático. Se pide algo mucho más elemental: que una Fiscalía investigue antes de decretar, en los hechos, que no hay nada que investigar.

La propia FGR tiene entre sus fines institucionales esclarecer hechos, procurar justicia eficaz y evitar que el culpable quede impune. Sin embargo, su respuesta en este caso parece condensar una política criminal de mínima incomodidad: si el expediente todavía no trae una sentencia anticipada, mejor ni tocarlo.

Porque en México la Fiscalía suele tener dos velocidades: una para perseguir y otra para mirar hacia otro lado. Y cuando el apellido pesa, la segunda parece alcanzar una eficiencia sorprendente.

Con información: ELNORTE/

LA “PROFFER LETTER” de MARINA y AMÉRICO: OFRECER INFORMACIÓN a EE.UU como TABLITA para MEDIO SALVARSE…señalas a otro por lo que hicieron juntos, pero la protección es limitada

Marina del Pilar Ávila Olmeda ya no enfrenta únicamente el costo político de una visa estadounidense revocada. Según una investigación del semanario ZETA de Tijuana, la gobernadora de Baja California estaría bajo escrutinio de autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado, junto con su exesposo, Carlos Torres Torres, y otras personas aún no identificadas. 

La acusación es seria, pero conviene decirlo con precisión de bisturí: se trata de una investigación periodística apoyada en fuentes estadounidenses, no de una acusación formal pública, una sentencia ni una orden de aprehensión conocida. 

El dato no nació de una conferencia de prensa, una carpeta judicial exhibida ante cámaras ni una ficha del Departamento de Justicia. Emergió entre audios filtrados, intermediarios, agentes cuya identidad y representación institucional no han sido verificadas públicamente, y una conversación donde la gobernadora pregunta, con la alarma de quien escucha crujir la puerta, si enfrentaría “cargos y sanciones” y por cuál delito. La respuesta atribuida al interlocutor estadounidense fue un muro: “No puedo discutir eso”. 

La secuencia importa. El 10 de mayo, Ávila informó que Estados Unidos le había revocado la visa de turista y atribuyó el hecho a un trámite administrativo. Después aparecieron cuatro grabaciones: tres difundidas por el periodista Héctor de Mauleón y una más inicialmente divulgada por Gildo Garza. 

En ellas, según ZETA, la mandataria habla de reuniones con agencias estadounidenses, del Departamento de Justicia, del FBI y de sus esfuerzos por resolver su situación mediante asesoría legal. 

En una de las conversaciones, Ávila dice que había acudido a San Diego y se había reunido con “todos los agentes” y con el Departamento de Justicia. También expresa disposición a colaborar, incluso preguntando qué información específica podrían requerirle. Pero su disposición tiene el filo de una pregunta defensiva: “¿No me van a levantar cargos de esto, una orden de extradición?”. Esa frase no acredita delito alguno; sí revela que el asunto, desde su propia voz atribuida, no parecía una simple ventanilla consular. 

La pieza central es la llamada presentada como la “última oportunidad”. Ahí, un interlocutor le advierte que las agencias creen haber perdido el tiempo y que aún podría frenar cargos o sanciones si coopera. El consejo que sigue es jurídicamente relevante: reunirse con su abogado y preparar una proffer letter. Es decir, no una cartita diplomática para pedir perdón ni una renovación de visa con moño, sino un instrumento que suele emplearse en el contexto de investigaciones penales federales para explorar cooperación con fiscales. 

Una proffer letter —a menudo vinculada a lo que en la jerga estadounidense llaman “Queen for a Day”— es un acuerdo limitado entre la fiscalía y una persona investigada o potencialmente imputable. 

Bajo ciertas condiciones, permite ofrecer información a las autoridades sin que esa declaración sea usada directamente en su contra en el juicio principal. 

Pero no equivale a inmunidad total, no borra eventuales delitos, no impide que los fiscales obtengan pruebas por fuentes independientes y tampoco es una negociación de culpabilidad. En otras palabras: no es un certificado de inocencia; es una puerta procesal que normalmente aparece cuando la fiscalía quiere saber qué tanto sabe una persona y qué está dispuesta a entregar. 

Ahí está el punto que la defensa política quiere convertir en ruido y que un fiscal no dejaría pasar: si el audio es auténtico, si los interlocutores representaban realmente a autoridades estadounidenses y si la recomendación provenía de un agente autorizado, la conversación es compatible con la existencia de una indagatoria. No demuestra, por sí sola, que Marina del Pilar haya cometido un delito, que exista una imputación ni que haya aceptado cooperar. Pero tampoco cuadra con la narrativa de que todo fue un trámite administrativo sin mayor trasfondo. 

ZETA reportó que una fuente estadounidense confirmó que continuaban investigaciones para decidir qué cargos, si alguno, se presentarían contra la gobernadora, Carlos Torres y otras personas por presuntos vínculos con el crimen organizado. Esa afirmación exige cautela máxima: la fuente no identificó delitos concretos, no exhibió documentos judiciales, no hay acusación pública verificable en el material revisado y la propia publicación reconoce zonas sin confirmar, entre ellas la identidad de quienes participaron en las llamadas y la existencia de un procedimiento formal. 

Carlos Torres, exesposo de la gobernadora y excoordinador de Proyectos Estratégicos del gobierno estatal, aparece mencionado dentro del mismo reporte. La información periodística lo ubica en la hipótesis investigativa atribuida a fuentes de Estados Unidos; hasta ahora, esa mención no equivale a una acusación oficial ni permite adjudicarle responsabilidad penal. En una investigación seria, el parentesco político o afectivo no sustituye evidencia: se requieren actos, comunicaciones, flujos financieros, operaciones, testigos, documentos y pruebas que resistan contradicción en tribunales. 

La respuesta oficial tampoco despeja el panorama. Jesús Romandía, secretario particular de Ávila, dijo a ZETA que la gobernadora no firmó “ningún documento” y sostuvo que los audios estaban descontextualizados; Ávila ha dicho que cayó en una “emboscada psicológica” y señaló al exgobernador Jaime Bonilla Valdez como responsable de la maniobra. La negativa de haber firmado una proffer letter es puntual, pero no responde por sí misma las preguntas mayores: si hubo reuniones, con qué dependencias, bajo qué carácter, quiénes eran los interlocutores, qué abogados participaron y cuál fue el motivo exacto de la revocación de la visa. 

La gravedad no está en que una gobernadora haya dicho que quiere cooperar; cualquier persona tiene derecho a defenderse y a buscar asesoría legal. La gravedad está en que, de confirmarse el contexto, una mandataria fronteriza habría sostenido conversaciones sobre posibles cargos, sanciones, cooperación y una eventual oferta de información a fiscales extranjeros, mientras públicamente minimizaba el asunto como administrativo o decía desconocer una investigación.

No es momento de dictar sentencias desde una columna, pero tampoco de aceptar explicaciones de utilería. La presunción de inocencia protege a Marina del Pilar y a Carlos Torres. La obligación de rendir cuentas obliga a ambos —y al gobierno de Baja California— a contestar con documentos, cronologías y hechos verificables. Porque en este caso, cada silencio no apaga el incendio: lo convierte en expediente.

Con información: ELNORTE/ SEMANARIO/ZETA TIJUANA