Visitanos tambien en:

viernes, 21 de marzo de 2025

EL “DUEÑO del NARCOESTADO LLAMADO JALISCO que VALE 15 MILLONES de DOLARES TIENE la PROTECCION POLITICA que TIENEN TODOS los CRIMINALES del PAIS”…sin ella no existirían,los unos y los otros.


Junto al horror y la tragedia que se volvió viral en el rancho Izaguirre, al exponer a nivel internacional el drama humanitario que vive México por las desapariciones, hubo otra cosa que también se sabía, se veía y que muchos, desde los gobernantes hasta los empresarios o la misma sociedad, preferían no hablar de ello o si lo hacían era solo por lo bajito: el estado de Jalisco y todo su territorio, desde el Norte hasta la sierra sur y la costa, pasando por Los Altos, las Cañadas, la ciénega de Chapala, la Zona Metropolitana de Guadalajara y la joya turística de Puerto Vallarta, se convirtió en un narcoterritorio, con dueño que tiene control total de lo que pasa en el estado y cuyo nombre, apodo y apellidos conoce todo México: Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”.

Atrás quedaron los cacicazgos políticos de la era priista y los grupos dispersos de la era panista, que siempre navegaron entre los acuerdos y el dominio de los cárteles sinaloenses que se asentaron en Guadalajara y la convirtieron en una de sus plazas favoritas para vivir y para lavar sus millonarias fortunas ilícitas. 

La caída de Ignacio “Nacho” Coronel, abatido en 2010 por el Ejército en el exclusivo residencial Colinas de San Javier de Zapopan, marcó el fin del control sinaloense y ese mismo año emergió con fuerza el capo que se adueñó de Jalisco y que, sin ser jalisciense, hasta se apropió del nombre del estado para nombrar a su organización: “Cártel Jalisco Nueva Generación”.

Al ver el descontrol y las fracturas que ya empezaban en el Cártel de Sinaloa, Oseguera, que trabajaba para ellos y había formado un grupo llamado “Los Mata Zetas”, con el que Coronel había mantenido a raya las intenciones de los Zetas de apoderarse de Jalisco y de Guadalajara, no lo dudó y abandonó a los sinaloenses para crear su propia organización, algo que supieron bien en las áreas de inteligencia y seguridad del gobierno de Peña Nieto, pero que por omisión o colusión dejaron pasar, permitiéndole al Mencho sentar las bases de la que en pocos años sería considerada “la organización más violenta y dominante del narcotráfico en México”.

Hábil para la estrategia y conocedor de la importancia de crear sus propias redes políticas, el ascenso de Nemesio Oseguera como capo mayor del narcotráfico estuvo acompañado primero del gobierno panista de Emilio González, pero después apoyaría el regreso del PRI a la gubernatura con el triunfo del asesinado Aristóteles Sandoval, en cuyo gobierno se afianzó el CJNG y al que después asesinaron sus sicarios en un bar en Puerto Vallarta el 18 de diciembre de 2020.

Pero muy pronto “El Mencho” entendió que tenía que forjar sus propias redes en la política local y comenzó a apoyar el ascenso de figuras que, junto al partido emergente que en 2013 era Movimiento Ciudadano,empezaron a desplazar a la clase política tradicional en Jalisco, para dar paso al gobierno de Enrique Alfaro. En los seis años de la primera administración emecista terminaría de concretarse el secuestro total del estado por parte del CJNG y de Nemesio, que convirtió a Jalisco en su feudo, su negocio, su centro de operaciones y su refugio, el lugar donde ha podido moverse entre pueblos y sierras del sur sin ser nunca detenido o molestado por las autoridades federales y con el pleno conocimiento de las autoridades locales.

Mientras Alfaro construía una nueva clase política y gobernaba entre pleitos, polémicas y su mal carácter, El Mencho se apropiaba de todos y cada uno de los 125 municipios de Jalisco, dominaba Guadalajara, Zapopan y toda la zona metropolitana, convertía a Puerto Vallarta en paraíso de drogas y lavado de dinero, mientras iba imponiendo a las alcaldías los directores de seguridad y poniendo bajo su servicio a las policías municipales de todo el estado y a las propias policías y fiscalías estatales.

El gobierno federal lo sabía y lo consentía; el gobierno estatal tenía pactos inconfesables y la sociedad jalisciense y tapatía, acostumbrada a vivir siempre con la presencia y el dinero de los narcos, disfrutaba la bonanza económica que llenaba de edificios, plazas comerciales, fraccionamientos exclusivos y antros, muchos antros para mover la droga, a las principales ciudades del estado.

Las llamadas “cuatro letras” comenzaron a ser no sólo una marca comercial, con todo y hologramas en sus paquetes de droga, sino el principal referente de poder en el estado. Los ejércitos del Mencho,formados con adiestramiento militar y con una disciplina y una filosofía que raya en el fanatismo, empezaron a patrullar el estado y a confirmar su poder sometiendo y dominando a cualquiera que se resistiera o pretendiera desconocer el poder del “señor”.

Desde Jalisco, ya con su feudo bien afianzado, Nemesio Osegueramandó a sus ejércitos a controlar MichoacánGuanajuato y todo el Bajío. Penetró Aguascalientes y parte de Zacatecas, llegó hasta la Ciudad de México y logró también arrebatarles a los tamaulipecos del Golfo el control de varias aduanas y ciudades fronterizas con Estados Unidos. Hoy no hay narco más buscado y menos encontrado o perseguido que Oseguera Cervantes.

Los 15 millones de dólares que ofrece el gobierno de Estados Unidos por su captura hablan claramente de que El Mencho es hoy, ya sin el Mayo Zambada que negocia en Estados Unidos, El Chapo Guzmán refundido en cadena perpetua, sus rivales sinaloenses peleando una guerra intestina y la próxima ejecución de Caro Quintero por la justicia estadunidense, el principal capo y cabeza del narcotráfico mexicano.

Lamentablemente con su sangrienta leyenda viva y sus pactos políticos que lo mantienen a salvo en la era de la 4T, Nemesio Oseguera no sólo se apropió de Jalisco y lo volvió, de ser un lugar de residencia y operación de narcos a convertirse en un narcoestado, sino que también con toda la impunidad que le dieron los gobernadores priistas emecistas, con el apoyo y protección del gobierno federal en los dos últimos sexenios, secuestró y pervirtió a la juventud jalisciense, mientras cambiaba la fama del estado, tierra de folclor, trabajo y cultura, por la de la entidad con mayor número de desaparecidos en México y la sede de los campos de exterminio para el mundo.

Con informacion: ELUNIVERSAL/SALVADOR GARCIA SOTO/

LA “FGR TAMPOCO es GARANTIA”:”FISCAL de la REPUBLICA dejo MAS DUDAS que CERTEZAS en TORNO al CASO RANCHO IZAGUIRRE y PROMETE CASTIGOS como YA PROMETIO en OTRO TITIPUCHAL de CASOS”…suelen engañarte mientras te intentan convencer.


Tras dos semanas de inspeccionar el trabajo que hizo la Fiscalía de Jalisco en el narcorrancho de Teuchitlán, la FGR, a cargo del Fiscal Alejandro Gertz Manero, rindió un informe en el que lanzó señalamientos, reveló hechos y, además, prometió justicia.

La FGR decidió analizar la carpeta de investigación que realizó la Fiscalía Jalisco durante seis meses, de septiembre de 2024 a la fecha, tras el hallazgo del rancho Izaguirre, utilizado por el CJNG y ubicado a menos de 60 kilómetros de distancia de Guadalajara.

Tras la revisión, la institución decidió atraer el caso al considerar que hay indicios suficientes para establecer que en el lugar se cometieron delitos de carácter federal.

Asimismo, urgió a la Fiscalía estatal entregarle sus peritajes definitivos y de todas sus actuaciones vinculadas al caso para iniciar la indagatoria.

El Fiscal Gertz e integrantes de la FGR, así como otros ciudadanos, asistirán el 20 de marzo al rancho Izaguirre.

La delegación de la FGR en la entidad pedirá a la Fiscalía Jalisco que abran las instalaciones posterior a las 11:00 horas.

Gertz Manero aseguró que la Fiscalía de Jalisco, cuando estaba al frente Joaquín Méndez Ruiz, cometió irregularidades y omisiones en la indagatoria del rancho Izaguirre, ubicado a menos de 60 kilómetros de distancia de Guadalajara.

Dijo que si bien la Guardia Nacional (GN) acudió en 2024 al lugar, la cadena de custodia la tomó la FGE estatal.

Entre las tareas que, dijo, la Fiscalía Jalisco NO realizó, se enlistó:

  • No hay dictamen definitivo que establezca antigüedad e identidad de restos encontrados, ni análisis físicos y químicos para determinar posibilidad de que cremaban a personas ahí tras asesinatos
  • Diligencias ministeriales sin rastreo de indicios o huellas de los hechos. 
  • Debido registro e identificación de lo hallado, sobre todo prendas de vestir y calzado abandonados.
  • Ordenar la inmediata identificación de huellas dactilares ni se procesó debidamente vehículos encontrados.
  • Intervención inmediata a FGR por delitos de posesión y uso de armas de fuego de alto calibre, y delincuencia organizada
  • Inspección de forma total y exhaustiva el rancho.
  • Llamar a declarar al Alcalde de Teuchitlán e investigar al propietario del rancho.
  • Indagar posible colusión de autoridades.

Funcionarios de cualquier nivel estarían en la mira de las autoridades por su responsabilidad en las omisiones e irregularidades cometidas en las indagatorias del narcorrancho, según el Fiscal Gertz Manero.

La FGR tiene dos hipótesis a investigar en este caso: omisión en las actividades o colusión con criminales.

Si ese Ministerio Público cometió algún tipo de irregularidad, por supuesto que vamos a ir y hacer todo lo que sea necesario para establecer esa responsabilidad del Ministerio Público, de su fiscal supervisor y de toda la cadena de mando, pero no vamos a ir al revés. Primero vamos a ir con el primer respondiente con el primer responsable y por ese camino”.Alejandro Gertz Manero

La institución confirmó que restos humanos fueron hallados en el rancho; sin embargo, todavía no se puede afirmar que el lugar era utilizado como un campo de exterminio o de adiestramientohasta que se lleven a cabo peritajes sobre procesos crematorios.

No hay todavía un dictamen concluyente en ese sentido. Sí encontraron restos, eso es muy importante. Sí encontraron una serie de osamentas, pequeños trozos de osamenta, el dictamen que nos hace llegar la Fiscalía del Estado no nos garantiza la credibilidad y las características específicas de esos restos óseos. Pero de que los encontraron, los encontraron”.Alejandro Gertz Manero

El Caso Teuchitlán se aseguró que no será ‘otro Ayotzinapa‘, en donde se genere una versión oficial para ocultar los hechos.

El Fiscal descartó que, como ocurrió en la FGR durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, se oculte lo que se encuentre en el narcocampamento.

La FGR aseguró que está obligada por ley a recibir cualquier información de madres buscadoras o ciudadanos sobre el narcorancho.

Cualquier persona física o moral que quiera y pueda aportar pruebas, establecer cualquier hipótesis válida con la debida capacidad de prueba, debe de ser aceptada”.Alejandro Gertz Manero

El Fiscal Gertz aseguró que es tal la cantidad de evidencia en el narcorancho que, incluso con las fallas de la Fiscalía estatal, la ‘verdad’ se dará a conocer en el País.

Una de las víctimas que estuvo en el narcorancho relató a la Fiscalía de Jalisco que policías municipales de Tala, un municipio aledaño, lo llevaron obligado al lugar.

Eso lo dicen los propios testigos, no lo digo yo, y también existen esos casos locales, y de esos tres policías, uno está detenido, el jefe de la Policía y los otros tienen órdenes de aprehensión, no sé por qué no los han detenido”.Alejandro Gertz Manero

La FGR no dio un periodo concreto para informar sobre el resultado de los peritajes.

En el momento que tomamos posesión del caso, hacemos requerimientos periciales, peritos nos dicen tiempo que se tardan”.Alejandro Gertz Manero

Alejandro Gertz Manero

Con informacion: ELNORTE/

“MIRA COMO la GENTE TIENE MIEDO y se VA”: “MAS de 200 FAMILIAS HUYEN de DRONAZOS y CAMPOS MINADOS ante el FRACASO del GOBIERNO y el EXITO de CRIMINALES”…mas vale aqui corrió que aqui murió.


La situación para las casi 200 familias desplazadas por la violencia en Apatzingán cada vez es más complicada. Este miércoles, el camino que comunica a las localidades de El Guayabo y El Alcalde amaneció sembrado con explosivos.

Los habitantes dicen que alertaron a las fuerzas federales sobre las minas que hay en los casi dos kilómetros de camino, pero señalan que fueron ignorados.

El camino minado

Catalino Santoyo Valencia es padre de familia y pequeño productor de limón. En las últimas semanas ha visto cómo se seca el patrimonio que construyó junto a su esposa.

Mientras abandona su comunidad, con su familia, observa con tristeza cómo se secan poco a poco las huertas de limón que no han podido regar por temor a que sean alcanzados por una bala o detonar accidentalmente un explosivo escondido en el camino.

El hombre de 43 años intentó regresar a su tierra, en la comunidad de Las Bateas, para rescatar documentos de su familia. EL UNIVERSAL lo acompaña en su travesía, y en el trayecto cuenta que es uno de los muchos padres que tuvieron que sacar a su familia de su comunidad, convertida en blanco de ataque del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y grupos criminales aliados.

Relata que decidió huir de la zona con sus hijos y esposa “por el temor de que nos pueda tronar una mina o los dronazos arriba del techo, por lo que no estamos seguros y teme uno por la inseguridad”.

El nerviosismo de Catalino crece conforme se aproxima a la localidad de El Guayabo. Su voz empieza a temblar y sus movimientos, al conducir, se aceleran.

“Ya vio usted ahorita a los compañeros que iban con sus camionetas llenas de cosas, ya para atrás [en su huida]. Ahorita estamos aquí en El Guayabito y ahí se están mirando las humaredas de las minas que están detonando”, explica, mientras señala hacia el camino.

Detalla que aunque en algunos puntos hay personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Civil, que realizan tareas para desactivar los explosivos que dejan los grupos criminales, el temor no es menor.

“Mira cómo la gente tiene miedo y se va; se desplaza dejando el rancho solo. Yo ya me salí y esos también son limoneros que ya salieron”, enfatiza Catalino, mientras apunta a un grupo de productores que se cruzan en el camino, con sus vehículos cargados de cosas que pudieron sacar de sus viviendas.

El hombre hace un alto en El Guayabo para mostrar las casas y comercios destruidos a tiros y con explosivos por el autodenominado Cártel Michoacán Nueva Generación. El pueblo luce solo y casi fantasma.

Pero el terror se apodera de Catalino cuando al salir de El Guayabo, dirige su vehículo sobre la brecha de casi dos kilómetros que lleva a El Alcalde, comunidad que ya está completamente vacía, saqueada y destruida por ese bloque criminal.

Ante el panorama de desolación y destrucción, el productor, padre de dos niñas y dos niños, decide no avanzar hasta el siguiente pueblo, su tierra natal Las Bateas, pues teme un ataque criminal y que puedan correr el riesgo de quedar atrapados entre proyectiles y explosivos.

A las pocas horas, personal de seguridad de las fuerzas federales y estatales advirtió a la población que sobre ese mismo camino habían detectado varios explosivos terrestres y les aconsejaban ya no circular por esa vía.

Habitantes de la zona colocaron una cartulina en la que advierten del peligro: “¡NO PASAR! CAMINO MINADO”, se lee en el letrero, hecho en cartulina y con plumón negro.

Autoridades federales de seguridad identifican a un jefe de plaza del CJNG, apodado El Mataguaches, como el autor material de los ataques e irrupciones en la zona, así como de sembrar los explosivos.

Las fuentes consultadas refieren que El Mataguaches opera bajo las órdenes de Ricardo Carrillo Mendoza, El Alacrán, lugarteniente de dicha organización criminal y responsable del asesinato del exalcalde de Aguililla César Arturo Valencia Caballero, ocurrido en 2022.

Las víctimas de desplazamiento forzado de las comunidades de El Alcalde, El Guayabo y Las Bateas acudieron a la 43 Zona Militar para solicitar al Ejército Mexicano que instale una base de operaciones, lo que les permitiría tener seguridad para regresar a sus casas.

Las familias desplazadas también buscaron a la presidenta municipal de Apatzingán, Fany Arreola, a quien denunciaron, tuvieron que ir a buscar para que volteara a verlos. Incluso, dijeron que cuando salieron de sus comunidades no habían recibido apoyo por parte del ayuntamiento. Fueron sus conocidos, familiares y la Iglesia católica quienes les dieron cobijo.

EL UNIVERSAL lleva meses en busca de una entrevista con la alcaldesa y la morenista ha respondido con silencio.

Fuente.-ELUNIVERSAL+/

LA “MUJER que BUSCA NUESTROS DESAPARECIDOS desde COMODA OFICINA del GOBIERNO EQUIPADA con AIRE ACONDICIONADO DESAPARECIO 450 MILLONES de PESOS”…pero su organización criminal la protege.


Aún tiene perdidos 450 millones de pesos de un desvíocon los “servidores de la nación”. Nunca fueron solventados por laSecretaría del Bienestar, donde se desempeñaba como Coordinadora de Delegaciones. La  Auditoría Superior de la Federación detectó el desvío en la cuenta pública de 2019. Lo reveló a inicios del 2021. Nunca pasó nada.

Ella formó parte del grupo del operador financiero de AMLO y hoy diputado federal, Gabriel García. Ese grupo tenía a su cargo a los “servidores de la nación”, este ejército de funcionarios que recorre el país repartiendo programas sociales del gobierno y haciendo campaña para Morena. Nunca quiso regularizar ni reglamentar a los servidores de la nación para dejarlos en una suerte de limbo burocrático que les permitiera esta dualidad: repartir dinero del gobierno y capitalizar votos para el partido.

Hoy, la mujer implicada en ese desvío de 450 millones es la que está buscando a nuestros desaparecidos. Se llama Teresa Guadalupe Reyes Sahagún. Le apodan “Tere Lupe”, pero imagínese el perfil que dentro del propio morenismo le dicen “Tere Lumpen”. 

Ella encabeza laComisión Nacional de Búsqueda. Tomó ese cargo con un objetivo: maquillar las cifras de desaparecidos, por órdenes de López Obrador. Entró al relevo de Karla Quintana, que denunció que ella no se iba a prestar a ese infame maquillaje. El maquillaje se concretó. Con la misma destreza con la que desapareció los 450 millones, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún desapareció a cerca de 100 mil desaparecidos. Se hizo un nuevo censo. La cifra oficial bajó de un plumazo de 111 mil a 12 mil personas desaparecidas no localizadas. Fue tal el escándalo que tuvieron que dar marcha atrás y actualmente la cifra está en 113 mil.

Luego, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún emprendió un despido de decenas de especialistas forenses y funcionarios de carrera para poner a su gente en esos cargos. Se fue gente con experiencia y llegaron los de ella. La propia funcionaria es un ejemplo perfecto de esto. Empezó en Morena, de ahí saltó a la Secretaría del Bienestar, luego al Instituto Nacional para la Eduación de los Adultos y finalmente en la Comisión Nacional de Búsqueda. O sea que de hacer campaña pasó a repartir programas sociales, educar a adultos y buscar desaparecidos. Todo, en seis años.

En buenas manos el grave problema de los desaparecidos.

Fuente.-ELUNIVERSAL+/historiasreportero@gmail.com/

“MANDAMOS un REFORZAMIENTO ?”: “PRIMERO lo LEVANTAN,ENSEGUIDA lo TIRAN a la CALLE y AHI MISMO lo EJECUTAN a BALAZOS”…solo para que todos veamos su temor a la autoridad que patrulla las calles.


Para que rivales y tambien los ciudadanos no les quede ninguna duda de su nivel atrevimiento y grado de desafio,un hombre que presuntamente habría sido privado de su libertad, vulgo“levantado”, fue arrojado desde un vehículo en movimiento y ahi mismo ejecutado en las calles de la Colonia Lomas de la Fama, en Santa Catarina,Nuevo Leon.

Vecinos que escucharon las detonaciones salieron de sus casas y encontraron el cuerpo de la víctima maniatado y con aparentes huellas de tortura, además de varios casquillos a su alrededor.

Los hechos se registraron alrededor de las 0:10 horas de ayer en el cruce de las calles Loma Linda y Lomas de San Pedro.

A la llegada de elementos de la Policía de Santa Catarina y paramédicos de Grupo Jaguares de Protección Civil, confirmaron que el cuerpo presentaba heridas por arma de fuego y ya no contaba con signos vitales.

Testigos señalaron haber escuchado el vehículo de donde tiraron al hombre y al menos 10 detonaciones por armas de alto poder, pero no dieron mayor información sobre las características del auto en el que viajaban los agresores.

Aunque la víctima no fue identificada, trascendió que se trataría de un hombre de complexión delgada y tez morena, quien vestía tenis blancos, bermudas y playera.

De manera extraoficial una fuente indicó que el ahora occiso al parecer se encontraba privado de su libertad en una casa de seguridad cercana a ese punto, hasta que sus captores decidieron trasladarlo a otro lugar para ejecutarlo.

En la zona se registró un fuerte despliegue de unidades policiacas que resguardaban la escena del crimen, a donde llegaron posteriormente elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y de Servicios Periciales.

Las indagatorias en el lugar se prolongaron durante toda la madrugada hasta que el cuerpo fue trasladado por una unidad del Servicio Médico Forense hasta el Anfiteatro del Hospital Universitario.

Los delincuentes dispararon contra una camioneta GMC Yukon, de un vecino del lugar, presentando 32 orificios de balas, entre entradas y salidas.

En tres casas también se apreciaron un balazo en cada una.

Contexto de violencia en Nuevo León

Este enésimo homicidio ocurrido en Santa Catarina, Nuevo León, refleja patrones de violencia extrema y desafío a las autoridades, comunes en regiones con alta presencia de grupos criminales. A continuación, se contextualiza el caso con datos de violencia e impunidad en México:

  • Tasa de homicidios histórica: Durante el periodo de Felipe Calderón (2006-2012), la guerra contra el narcotráfico generó un pico de violencia en el estado. En 2011, la tasa de homicidios en el Área Metropolitana de Monterrey superó los 70 por cada 100,000 habitantes debido a enfrentamientos entre el Cártel del Golfo y Los Zetas.
  • Situación actual: A nivel nacional, México registró una tasa de 24.9 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2023. Aunque Nuevo León no figura entre los estados más violentos actualmente, su pasado reciente evidencia la capacidad de resurgencia del crimen organizado.

Impunidad sistémica

  • Ineficacia investigativa: Solo el 17% de los casos de homicidio en México tienen un sospechoso identificado. Entre 2010 y 2022, se abrieron 300,000 investigaciones por homicidio doloso, pero menos de 51,000 llegaron a juicio.
  • Hallazgos recientes: En marzo de 2025, colectivos de búsqueda en Jalisco descubrieron huesos calcinados y prendas de víctimas en un rancho previamente “investigado” por autoridades en 2024. La Fiscalía estatal no registró evidencias clave, como huellas o análisis forenses.

Simbología del crimen en Santa Catarina

El caso descrito exhibe características de ajusticiamiento y amedrentamiento:

  1. Modus operandi:
  • Ejecución con armas de alto poder (10 detonaciones reportadas).
  • Cuerpo maniatado con signos de tortura.
  • Uso de casas de seguridad para retener víctimas antes de asesinarlas.
  1. Desafío territorial:
  • El crimen ocurrió en una colonia residencial (Lomas de la Fama), evidenciando la penetración criminal en zonas urbanas.
  • Daños colaterales: 32 impactos de bala en una camioneta civil y tres viviendas afectadas, mostrando desprecio por la población civil.

Respuesta institucional

  • Operativos fallidos: Aunque en enero de 2025 se implementó el operativo La Muralla en Nuevo León para combatir el crimen en zonas rurales, la ejecución en Santa Catarina demuestra que los grupos mantienen capacidad operativa en áreas urbanas.
  • Patrón de negligencia: El subregistro de evidencias en el lugar del crimen (ejemplo: no identificar el vehículo de los agresores) coincide con prácticas documentadas en Jalisco, donde autoridades omitieron registrar artículos personales de víctimas y analizar posibles hornos crematorios.

Este caso se inserta en un escenario donde el 83% de los homicidios quedan impunes a nivel nacional, y los cárteles operan con una combinación de brutalidad táctica y aprovechamiento de fallas institucionales. 

La recurrencia de crímenes con firma (amarres, torturas, despliegue logístico) refuerza su control territorial, mientras la población enfrenta riesgos al denunciar, como lo muestra el caso de Pascuala en Guerrero, amenazada por buscar justicia para su hijo.

Con informacion; ELNORTE/

“SI NO ABORTABA,le QUITABA su HIJA ?”: “PAOLA LISSETH sigue PADECIENDO el PODER FEDERAL de DIPUTADO MORENO que MIENTE,TRAICIONA y NO CUMPLE OBLIGACIONES”…con ayuda del Honorable Congreso de la Union.


Paola Liseth Salazar denunció que el diputado morenista, Guillermo Prieto, la ha amenazado con quitarle la custodia de su hija, muy y pese a que éste aún no reconoce su paternidad.

“Como afectada directa de este diputado aclaro que él me amenazó, que si no abortaba me quitaría a mi hija, causándome una amenaza de aborto, que casi lo logra”, señaló en comentarios a través de la transmisión en vivo de la conferencia que dio el también representante ante el INE, quien negó deber la pensión alimenticia.

Salazar acusó que actualmente Prieto ha continuado condicionando el reconocimiento de la niña, pues en caso de hacerlo se la quitará.

“Hasta la fecha, el señor sigue amenazándome, que si reconoce a mi hija me la quitará, aprovechando todo su poder político y económico”, comentó.

Reiteró que en dos años no recibió la pensión pese a que sabe que su hija existe y vive con una enfermedad.

Asimismo, que ha cometido desacato de un mandato judicial, pues sólo ha depositado el salario mínimo y no el porcentaje equivalente de su sueldo.

“Debería estar en la cárcel y no legislando, por todo el daño que nos ha hecho a mí y a su hija”, manifestó.

Al presentar recibos de pago y la constancia de Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (Renoa), el diputado negó este jueves ser un deudor alimentario y aseguró que desde que en 2023 se le impuso la medida cautelar de pensión alimenticia provisional, ha entregado entre 39 mil y 42 mil pesos mensuales a la niña, lo que calificó como suficiente.

“El cálculo que yo hice del recurso que ha recibido (la menor) desde que se me hizo la primera retención hasta la fecha, es de aproximadamente entre 35 mil y 40 mil pesos mensuales, monto que excede, por mucho, el salario de familias completas en nuestro País, y que es notorio y evidente que se considera suficiente para la manutención de una menor de tres años”, declaró.

Asimismo, dijo que la Cámara de Diputados no le ha realizado la retención de 25 por ciento de su sueldo desde septiembre pasado por causas ajenas a él y que desconoce, pero a pesar de ello dijo que ha cumplido con los depósitos.

En febrero, REFORMA informó que el diputado no ha notificado al juzgado sobre su nuevo empleo para actualizar el descuento a su nómina, por lo que un Tribunal de Justicia en Chihuahua pidió la colaboración de su homólogo capitalino mediante un exhorto, mismo que el Tribunal rechazó en dos ocasiones.

Prieto argumentó también que a mediados de 2023 presentó la solicitud de una prueba de paternidad, que, acusó, hasta ahora una jueza de distrito en Delicias ha mantenido detenida.

“Lo que ha afectado que se resuelva y que tengamos claridad de 100 por ciento de la paternidad o no, es la dilación, el retraso, la omisión de la juez de ordenar que se lleve a cabo la realización de dicha prueba”, insistió.

Humanismo vs. amenazas y desatención familiar

El caso de Paola Liseth Salazar y el diputado morenista Guillermo Prieto presenta contradicciones evidentes con los principios declarados de MORENA, especialmente en tres ejes fundamentales: el humanismo, los postulados de no mentir y no traicionar, y la ética de servicio público. A continuación, se contrastan los hechos denunciados con los valores del partido:


MORENA se define como un partido inspirado en el humanismo mexicano, que prioriza la dignidad, la solidaridad y el bienestar colectivo. Su Guía Ética enfatiza:

Respeto a la dignidad: “Nada ni nadie pueden quitarte tu dignidad”

  • Protección a la familia: Promueve la responsabilidad parental y la justicia social.

Contraste:

  • Salazar denuncia que Prieto la amenazó con quitarle la custodia de su hija si no abortaba, lo que atenta contra la integridad emocional y física de ambas.
  • La acusación de condicionar el reconocimiento de paternidad (“si reconoce a mi hija me la quitará”) viola el principio de protección a la infancia y la estabilidad familiar.

2. «No mentir, no traicionar» vs. inconsistencia en declaraciones

El partido establece como pilares éticos:

  • No mentir: “El escrupuloso respeto a la verdad es esencial para la convivencia”
  • No traicionar: Rechaza el abuso de poder y la deslealtad al pueblo

Contraste:

  • Prieto niega ser deudor alimentario, pero Salazar muestra recibos que indican pagos irregulares (depósitos equivalentes al salario mínimo, no al 25% de su sueldo).
  • El diputado atribuye la falta de retenciones a “causas ajenas”, pero un tribunal señala su omisión en notificar su nuevo empleo para actualizar los descuentos. Esto sugiere una manipulación de información, contradiciendo la transparencia exigida por MORENA.

3. Ejercicio ético del poder vs. presunto abuso de influencia

Los estatutos de MORENA exigen:

  • Austeridad republicana: “El poder debe ejercerse para beneficio del pueblo, sin privilegios”.
  • Rechazo a la impunidad: Condena a quienes usan cargos públicos para fines personales.

Contraste:

  • Salazar acusa a Prieto de aprovechar su “poder político y económico” para eludir obligaciones legales.
  • La presunta dilación de la prueba de paternidad (según el diputado, por negligencia judicial) podría interpretarse como un intento de evadir responsabilidades, contrario a la rendición de cuentas que promueve el partido.

4. Discrepancias en la aplicación de principios

Aunque MORENA impulsa mecanismos internos para garantizar paridad sustantiva y justicia, este caso refleja:

  • Falta de acción disciplinaria: Pese a denuncias públicas y evidencias judiciales, no hay registros de sanciones internas contra Prieto.
  • Doble estándar: Mientras el partido promueve los derechos de las mujeres, la situación de Salazar muestra vulnerabilidad ante figuras de poder.

Conclusión

Las acciones atribuidas a Guillermo Prieto colisionan con los principios fundacionales de MORENA, particularmente en su compromiso con la verdad, la ética pública y la protección de los más vulnerables. Este caso plantea cuestionamientos sobre la coherencia entre el discurso oficial y la conducta de algunos miembros, un desafío para la credibilidad del partido como representante de la “Cuarta Transformación”. La resolución transparente de este conflicto, ajustada a los postulados éticos, sería un test clave para MORENA.

Con informacion: ELNORTE/