LOS “TRES NIVELES SIN NIVEL”: “15 FAMILIAS MAS HUYEN de la VIOLENCIA por CULPA de NARCOS y los GOBIERNOS de INCAPACES INCLUIDO el EJERCITO”…desglosamos las culpas del municipio, el estado y la federacion.

La violencia generada por la disputa entre grupos criminales en el sur de Apatzingán y la incapacidad manifiéstalos del gobierno en sus tres niveles “sin nivel”,ya  provocaron el desplazamiento de al menos 15 familias, dijoayer el Secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Torres Piña y lo dijo “sin vergüenza y sin ruborizarse”.

La situación, que ha generado alarma entre los habitantes de la región, se desencadenó por enfrentamientos entre dos células criminales que buscan controlar el territorio, según dijo el funcionario inutil en una entrevista colectiva tras un acto protocolario en Morelia.

“El fin de semana, lo que nos reportan las autoridades municipales y personal de la 43 Zona Militar es que alrededor de 15 a 16 familias tuvieron que salir de esta zona de El Alcalde y esta región del sur de Apatzingán, por los enfrentamientos que ha habido entre dos células criminales que han estado queriendo posicionarse o controlar el territorio”.

Este desplazamiento forzado en Apatzingán, Michoacán, evidencia múltiples obligaciones incumplidas por los tres niveles de gobierno, en un contexto donde la violencia criminal ha superado los mecanismos institucionales de protección. A continuación, se detallan las responsabilidades omitidas:

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1. Gobierno local (municipal)

• Falta de atención humanitaria inmediata: Aunque el DIF municipal brindó apoyo a 11 personas, 60-100 desplazados de Puertecitos (marzo 2025) quedaron sin asistencia oficial, obligando a la población a refugiarse en parroquias o casas particulares.
• Descoordinación institucional: La regidora de Apatzingán denunció que las autoridades municipales derivaron la responsabilidad a Sedena, alegando incompetencia para atender la crisis.
• Inacción ante saqueos: No se implementaron medidas para proteger viviendas y negocios saqueados por grupos criminales tras el desplazamiento, violando el derecho a la propiedad.

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2. Gobierno estatal (Michoacán)

• Subregistro de víctimas: Mientras el Secretario de Gobierno reportó 15 familias desplazadas (60 personas), organizaciones civiles estiman 500 afectados solo en Apatzingán, con comunidades como Guanajuatillo y El Mezquital sitiadas.
• Retraso en respuesta humanitaria: La Secretaría del Migrante no atendió solicitudes de auxilio durante semanas, pese a alertas del Observatorio de Seguridad Humana (OSHRA).
• Ausencia de ley estatal: Aunque desde 2022 existen mesas de trabajo con ACNUR para crear una normativa específica, Michoacán sigue sin legislación en desplazamiento forzado, a diferencia de Chiapas o Guerrero.

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3. Gobierno federal

• Falta de legislación nacional: México carece de una ley general que sistematice la protección integral (derechos a vivienda, salud, educación) para desplazados, incumpliendo recomendaciones internacionales.
• Militarización como única estrategia: Se priorizó el despliegue de la 43ª Zona Militar sobre soluciones civiles, ignorando que el 40% de los desplazados son menores de edad según Unicef.
• Investigaciones insuficientes: No hay avances en esclarecer los crímenes que originan el desplazamiento, como enfrentamientos entre el CJNG y células rivales, pese a la instalación de minas antipersona (tipificadas como crimen de lesa humanidad).

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Responsabilidades compartidas

• Protección de derechos fundamentales: Ningún nivel garantizó plenamente el acceso a salud, educación o seguridad, violentando los Principios Rectores de la ONU que México ha suscrito.
• Coordinación interinstitucional: Las bases de operaciones interinstitucionales anunciadas en marzo de 2025 no han logrado articular acciones entre dependencias, replicando el “ecosistema de impunidad” denunciado por la CNDH.

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Este incumplimiento sistémico refleja la brecha entre el marco jurídico internacional y la realidad en zonas como Tierra Caliente, donde la ausencia de políticas públicas integrales perpetúa la crisis humanitaria.

Con informacion: ELNORTE

“JOSE y la ULTIMA TANDA”: “RECLUTA NARRA su ENTRENAMIENTO en la EXITOSA EMPRESA de las CUATRO LETRAS en el RANCHO IZAGUIRRE OPERADO por los TAKUACHEZ de ELITE del MENCHO”…crecian mientras gobierno humanista empequeñecia.

Ya no más silencio. Tras la condena pública que generó el hallazgo del centro de adiestramiento de la delincuencia organizada en el Rancho Izaguirre, en el Municipio de Teuchitlán, más jóvenes se atreven a narrar lo que vivieron en ese predio.

Es el caso de “José”, quien decidió relatar a Grupo REFORMA cómo fue su estadía de un mes y una semana en el narcorrancho, entre agosto y septiembre de 2024. Él fue parte de una las últimas tandas de muchachos que llegaron a la finca, antes de que llegara la Guardia Nacional.

Aseguró que los reclutadores ofrecen a los jóvenes estas “ofertas de empleo” por medio de un conocido o una red social, como TikTok o Facebook.

Lo primero que a “José” le solicitaron fue una fotografía de alguna identificación para comprobar que ya era mayor de edad.

“Cuando ya se aseguran de quién eres, te hacen que mandes un video, en el que debes decir ‘hola, yo soy tal y voy a trabajar en la empresa de las Cuatro Letras y nadie me está obligando y voy de parte de tal’”, explicó, añadiendo que los reclutadores reciben comisiones por los chavos que logren captar.

Tras ser aceptado, tuvo un encuentro con la persona que lo invitó.

La cita de “José” fue en las inmediaciones de la Nueva Central de Autobuses, en donde un sujeto a bordo de un taxi de plataforma lo recogió.

Antes de subir al auto, el hombre le dijo que podía enviar un mensaje para avisar a sus familiares que se ausentaría y luego le quitó el teléfono.

Ese vehículo lo transportó hasta otro punto no especificado, en donde lo recogió otro auto que lo llevó a una especie de consultorio, donde le realizaron un examen médico; ahí le pidieron desnudarse, hacer sentadillas y algunos ejercicios físicos, y lo revisaron para asegurarse de que no llevara drogas o armas.

Luego, otra unidad lo transportó hasta el rancho, al que llamaban “La Escuelita”.

“Ahí, llegando, te hacen tu entrevista, ¿dónde vives?, todo, todo, te preguntan todo. Te dicen que si sabes a lo que vienes, quién te reclutó. Luego te preguntan que si ya comiste, yo no había comido y me dieron atún y me dejaron descansar”, contó.

Antes de dormir le pidieron entregar sus pertenencias, que amontonaron con los zapatos y ropa que ya tenían ahí.

“José” explicó que esa ropa era de uso común, ya que había personas que llegaban sin nada, pues vivían en la calle o estaban huyendo de la Policía. Asegura que las prendas procesadas por la Fiscalía no son ni la mitad de lo que se reunió cuando él estuvo ahí.

Al segundo día comienza el entrenamiento. “José” explicó que su “comandante” trató de forjar una relación cercana con ellos e incluso los llamaba “hijos”.

Al iniciar el día, los levantaban muy temprano, hacían aproximadamente cuatro horas de ejercicio y luego desayunaban. Él calcula que estaba junto a 210 jóvenes que llegaron de la misma forma.

“Luego entrenábamos: posiciones, armar y desarmar armas, filas, ascenso y descenso de vehículos ya armados”, recordó.

Esa rutina dura un mes, en el que los jóvenes se van familiarizando con las armas, su uso, y cómo moverse con ellas.

En ese tiempo, “José” recibió 3 mil pesos a la semana como pago y tenía derecho a comprar en una pequeña tienda.

Al terminar esa capacitación, pasó una semana simulando batallas con pistolas de gotcha. Los jóvenes están desnudos y sólo les permitían cubrirse el rostro.

Según “José”, en esta etapa comienza la selección para las distintas plazas: eligen a los que mejor tiran y tienen menos marcas de pintura en el cuerpo.

El destino de cada recluta se decide finalmente con una competencia de tiro con armas de fuego reales: les permitieron hacer cinco tiros de arma larga y cinco tiros con pistola.

Los mejores se van a los grupos de élite y los menos aptos son llevados a Zacatecas, donde presuntamente servirían de carne de cañón.

“José” asegura que ninguno de los jóvenes que llegó con él fue asesinado durante el entrenamiento, sólo recuerda a un muchacho que murió de un infarto debido a que era adicto a las drogas; él mismo vio cómo su cadáver fue cremado.

Confirmó que se realizaban cremaciones clandestinas, pero rechazó que las víctimas fueran reclutas.

Con informacion: ELNORTE/

EL “AGARRON de IMALA”: “NARCOS en SINALOA ALLANAN PUEBLO,dejan VIVIENDAS QUEMADAS y TIROTEADAS,VEHICULOS INCENDIADOS y NADIE SABE,NADIE SUPO”…levantones crecen a ritmo de media docena diaria, ya casi 1,000 asesinatos.

La tranquilidad de la comunidad de “El “Tomo”, en la sindicatura de Imala, se vio interrumpida por un enfrentamiento armado que habrían dejado a su paso vehículos calcinados, viviendas perforadas por balas y un comedor comunitario con visibles impactos de proyectil.

Los hechos fueron reportados a través de redes sociales, donde se mencionase acuerdo con NOROESTE, varias personas privadas de la vida.

Este enfrentamiento dentro de la sindicatura de Imala (Sinaloa), ilustra la escalada de violencia que persiste pese al despliegue militar y policial en la región. 

Aun y pese a los reportes extraoficiales y la evidencia visual difundida en redes sociales, las autoridades no han confirmado oficialmente el número de víctimas. Este episodio se enmarca en el conflicto entre facciones del Cártel de Sinaloa, que acumulan mas de 987 homicidios desde septiembre de 2024 al 17 de Marzo.

Contexto del conflicto
La guerra entre los grupos de “Los Chapitos” (herederos de El Chapo Guzmán) y “Los Mayos” (seguidores de Ismael Zambada) ha transformado a Culiacán y zonas rurales como Imala en campos de batalla. La captura de Zambada en julio de 2024 desató la guerra rompiendo todo a su paso,incluido el antiguo pacto de no agresión a civiles. Las tácticas incluyen ahora bloqueos carreteros con revisiones de celulares, secuestros y ejecuciones públicas para infundir terror.

Limitaciones de la estrategia de seguridad
Aunque el gobierno federal ha desplegado infinidad de soldados, miles, adicionales a los que ya permanecían en la entidad y la presidenta Claudia Sheinbaum prometió mayor firmeza, los resultados son ambiguos y exiguos. Los datos muestran que:

• La violencia se ha expandido en 14 entidades federativas, cita ACLED DATA.
• Los cárteles han adoptado técnicas de guerrilla urbana, incluyendo drones armados y minas improvisadas que ya han matado inocentes a su paso.
• Solo en Sinaloa, más de 1,128 personas siguen desaparecidas desde septiembre y los levantones crecen a ritmo de 5.9 diarios y los ciudadanos ahora de a pie, han sido despojados de 3 mil 683 vehículos,a ritmo de 20 diarios, como cita el REPORTE NOROESTE.

Un residente anónimo de El Tomo señaló: “Las fuerzas armadas llegan después de los tiroteos, como espectadores. Los grupos antagónicos siguen moviéndose como si nada” y la unica esperanza,segun advierten pobladores de zonas plagadas de Carteles,es Donald Trump,cita APPNEWS. 

Esta percepción coincide con análisis de ACLED, que advierten que las divisiones internas en cárteles generan ciclos de venganza difíciles de contener con operativos tradicionales.

Impacto comunitario
El comedor dañado en El Tomo simboliza cómo la violencia trastoca la vida cotidiana. En Culiacán, 80 familias han huido de la ciudad y escuelas como la Primaria Socrates cancela sus clases recurrentemente por enfrentamientos. Talleres psicológicos revelan que niños asociaban “camionetas blancas” (vehículos de cárteles) y disparos con sus mayores temores.

Mientras autoridades insisten en reducir homicidios, organizaciones civiles exigen priorizar la crisis de desapariciones: Miguel Calderón del Consejo de Seguridad Pública estatal afirma que “nunca habíamos visto tantas familias buscando a sus seres queridos”. 

Este panorama sugiere que, sin combinar fuerza con programas sociales y mecanismos de inteligencia serios, la presencia militar seguirá siendo reactiva ante una violencia estructural arraigada y la guerra sera aun muy larga.

Con informacion: NOROESTE/

SU “MADRE ANDABA BUSCANDO DESAPARECIDOS MIENTRAS COMANDO con EQUIPO TACTICO le DESAPARECIA a su HIJA BAJO OTRO GOBIERNO DESAPARECIDO”…a cargo de otra inutil mentirosa “echaculpas”.

Mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum como su antecesor culpan al “neoliberalismo” de la violencia en Mexico para enmascarar su ineptitud y complicidad con el narco, Alin Isaday Salas Isidro, de 27 años, hija de la madre buscadora Aída Isidro, fue privada de su libertad por un comando armado el pasado domingo en el centro de Poza Rica, Veracruz.

La información es difundida por integrantes del colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera, al que pertenece Aída Isidro. 

Maricel Torres Melo, representante de la organización en la región, afirmó que la madre estaba en actividades con ellos cuando fue notificada del secuestro.

“Precisamente la señora Aída estaba con nosotros, y pues recibe la noticia de que pues su niña fue privada de su libertad”, declaro Torres a periodistas locales.

Secuestro de Alin Isaday Salas Isidro

La desaparición de Alin Isaday Salas Isidro, hija de la activista Aída Isidro del colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera, ocurrida el 16 de marzo en Poza Rica, Veracruz, se enmarca en una escalada de violencia contra familias buscadoras en México. A continuación, los detalles y contexto:

Alin, de 27 años, fue interceptada por un comando armado con equipo táctico alrededor de las 17:00 horas del domingo 16 de marzo, frente a la Plaza Cívica 18 de Marzo en la colonia Obrera. Los agresores viajaban en un vehículo compacto y la privaron de su libertad mientras descendía de su automóvil. Aunque existen grabaciones de cámaras de seguridad que documentan el hecho, las autoridades no han proporcionado información oficial sobre su paradero. La Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz ya emitió una ficha de alerta para localizarla.

Aída Isidro, madre de Alin, se unió al colectivo tras la desaparición de su hijo Osiel Virgilio en 2020 en la misma región. Al momento del secuestro, ella participaba en actividades del grupo, lo que subraya los riesgos que enfrentan las familias incluso durante su labor de búsqueda.

Contexto inmediato: ataques al colectivo María Herrera

Este caso se suma a una serie de agresiones recientes contra integrantes del colectivo en Veracruz:

1. Magdaleno Pérez Santes, padre buscador de Diana Paloma Pérez Vargas (desaparecida en 2019), fue torturado y asesinado presuntamente por policías municipales de Poza Rica el 10 de marzo. Su muerte ocurrió días antes del secuestro de Alin.
2. Héctor Aparicio, otro miembro del grupo que buscaba a su hijo José Alfredo (desaparecido en 2017), lleva desaparecido desde finales de enero.

Estos hechos reflejan un patrón de violencia sistemática contra quienes exigen justicia. Según datos del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, desde 2011 al menos 22 familiares de víctimas han sido asesinados y nueve más desaparecidos forzadamente en el país.

Veracruz: epicentro de crisis

El estado registra 7,021 personas desaparecidas, según la Comisión Nacional de Búsqueda. En 2024, ocupó el cuarto lugar nacional con 6,864 casos no resueltos. La Fiscalía de Veracruz ha recibido múltiples llamados de atención por negligencia, incluida una recomendación de la CNDH el 11 de marzo por deficiencias en investigaciones de desapariciones.

Riesgo nacional y hallazgos en Jalisco

La situación en Veracruz coincide con el descubrimiento de centros de exterminio en Jalisco, donde colectivos encontraron huesos calcinados, 200 pares de zapatos y listas de víctimas en antiguos campos de entrenamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La ONU calificó estos hallazgos como un “recordatorio profundamente perturbador” de la colusión entre crimen organizado y fallas institucionales, ya que el sitio había sido inspeccionado previamente por autoridades sin detectar pruebas clave.

Demandas de protección

Ante esta crisis, los colectivos exigen:

• Investigaciones inmediatas y transparentes
• Protección gubernamental para sus actividades
• Mecanismos eficaces de participación familiar en procesos de búsqueda

La lucha de Aída Isidro y miles de familias evidencia no solo la tragedia humana detrás de las cifras, sino también la urgencia de reformas estructurales en materia de seguridad y justicia.

Con informacion: ELNORTE/

SE “BUSCA JENTE que QUIERA TRABAJAR de SIC4R10 ?”: “CARTEL USA FACEBOOK para RECLUTAR con ANUNCIOS ENGAÑOSOS y OTROS ABIERTAMENTE”…burlan los controles.

El hallazgo de un crematorio clandestino en Teuchitlán, Jalisco, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), reveló un sistema de reclutamiento. Por medio de Facebook, se observan grupos donde, sin ninguna discreción, se publican vacantes de “empleo” que podrían estar relacionadas con actividades ilícitas.

Los anuncios en estos grupos suelen solicitar cocineros, guardias de seguridad, choferes o escoltas, con promesas de sueldos de hasta 10 mil pesos semanales, alojamiento, alimentación e incluso vacaciones. Sin embargo, algunos de estos anuncios mencionan abiertamente la búsqueda de sicarios o exmilitares, detallando requisitos y supuestos beneficios.

A diferencia de los métodos tradicionales de captación, donde el crimen organizado operaba en la sombra, ahora estos anuncios se encuentran en grupos públicos dentro de la plataforma. Los administradores de los grupos dejan números de contacto o responden a interesados en comentarios y mensajes privados.

Aunque Facebook ha implementado medidas para bloquear contenidos relacionados con el crimen organizado, muchos grupos siguen activos, cambiando de nombres o utilizando códigos para evadir los filtros de la plataforma.

“Reclutamiento en Facebook evidencia fallas de control en redes sociales”, alerta sociólogo

Raúl Torres Reyes, sociólogo egresado de la UAM Azcapotzalco, enfatizó que esta nueva forma de reclutamiento expone las fallas estructurales del Estado y la falta de control en redes sociales. “La facilidad con la que estos grupos operan en Facebook demuestra la ausencia de una regulación efectiva en plataformas digitales. Es evidente que hay un vacío de control que beneficia al crimen organizado”.

Torres Reyes cuestionó la permisividad de las autoridades y la falta de intervención en estos espacios digitales. “Si bien Meta (matriz de Facebook) ha sido señalada por permitir la propagación de estos mensajes, la verdadera pregunta es: ¿por qué el Estado no actúa con mayor firmeza? Esto no puede suceder sin que haya funcionarios coludidos con el crimen”.

Por su parte, el periodista Jonathan Lomelí, del diario NTR Guadalajara, calificó como “grave” que no existan estrategias para proteger a los jóvenes. “Me parece un problema grave en dos sentidos: no hay estrategias ni políticas públicas para prevenir a los jóvenes sobre estos engaños, pero sobre todo para detectar estas páginas fácilmente localizables”.

“Investigar a los operadores podría llevar a puntos de reclutamiento como Teuchitlán, Jalisco. El otro problema que veo es establecer figuras legales claras para combatirlo, hay que revisar si la trata es un delito pertinente oadió.

Los supuestos miembros del crimen organizado describen sueldos y “prestaciones” por “trabajar” con ellos. Foto: Especial.

Facebook y su débil respuesta ante el contenido criminal

Según una investigación del Wall Street Journal, empleados de Facebook han detectado múltiples publicaciones relacionadas con actividades criminales, incluyendo el reclutamiento de cárteles como el CJNG. Sin embargo, la respuesta de la empresa ha sido débil y, en muchos casos, insuficiente para frenar estas prácticas.

La indagación reveló que empleados de la red social han notificado de esta situación y otras actividades ilícitas en la plataforma y han señalado que la respuesta de la empresa no es la adecuada o es nula.

En aquel entonces, Facebook dijo al diario estadounidense que la compañía estaba invirtiendo en inteligencia artificial para reforzar su aplicación contra grupos criminales. Sin embargo, cuatro años después, las publicaciones de presuntos miembros de cárteles persisten en la plataforma.

Las políticas comunitarias de Meta establecen que cualquier contenido relacionado con la promoción de la violencia o el crimen organizado debe ser eliminado. No obstante, los mecanismos de detección han demostrado ser ineficaces frente a la constante reaparición de estos grupos.

Algunas normas clave de Facebook incluyen la prohibición de la promoción de actividades criminales o violentas, la eliminación de contenido relacionado con la incitación al odio o el terrorismo, restricciones en la publicación de armas y drogas y el uso de inteligencia artificial para detectar contenido sensible.

A pesar de estas reglas, muchos grupos logran evadir los filtros utilizando códigos o cambiando constantemente de nombres. La falta de un monitoreo más efectivo ha permitido que estos anuncios sigan visibles en la plataforma, representando un peligro para jóvenes vulnerables en busca de empleo.

EL UNIVERSAL buscó la opinión por parte de la red social. Al cierre de esta edición no se ha obtenido respuesta.

Con informacion: ELUNIVERSAL+/

“FOSAS y CAMPOS de EXTERMINIO son COSA NATURAL en TAMAULIPAS”: dice DIPUTADA MORENA que INTIMÓ con la PROLE del CARAMUELA EX-JEFE del CDG en REYNOSA”…y posaba bien oronda con “Goyito” y su madre.

Es casi natural que haya fosas clandestinas en Tamaulipas, así como campos de exterminio, dijo la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Tamaulipas, la Diputada local de Morena en Reynosa, Eva Reyes.

A la también Secretaria de la Comisión de Justicia le antecede un pasado ligado a la familia de Gregorio Sauceda,alias “El Caramuela”, ex-capo del Cartel del Golfo en Reynosa, pues su hijo, el “Goyito Sauceda” se involucro sentimentalmente con la hija de la hoy Diputada,de tal suerte que no sorpende que este minimizando las expresiones de violencia del Cartel del que ha sido beneficiaria.

La diputada expresó que más allá de que estos hechos sean alarmantes, Tamaulipas resulta una ruta obligada para las actividades de los cárteles.

“Yo creo que más allá de ser alarmante”, señaló a pregunta expresa sobre el hallazgo de presuntos campos de exterminio y un crematorio clandestino, en Reynosa, por parte de colectivos de personas desaparecidas registrado la semana pasada, “yo te puedo decir que es casi, casi natural, somos una frontera. Somos el tráfico obligado de personas, de drogas, de armas, tenemos un tráfico obligado.

“En ese contexto, por lo tanto, el crimen organizado tiene sus diferentes contextos, sus diferentes cárteles. Son prácticas que utilizan, no solamente aquí, también en Michoacán, también en Sinaloa, también en Veracruz, también en Estado de México, también en Jalisco”, agregó.

La morenista señaló que, con ello, la delincuencia organizada busca siempre en donde realizar las desapariciones o dejar los restos.

“Con la intención de parar investigaciones o simplemente mandar mensajes en contexto que ellos se manejan”, reiteró.

El miércoles pasado, la Fiscalía General de Justicia del Estado afirmó que ante las manifestaciones publicadas en redes sociales y medios de comunicación atribuidas al colectivo “Amor por los Desaparecidos” respecto a localización de un campo de exterminio y un crematorio clandestino, en Reynosa, no existen elementos que permitan establecer su existencia.

Sin embargo, Reyes apuntó que el tema del hallazgo del campo de exterminio en Reynosa, así como el de las buscadoras de personas desaparecidas, han pasado a ser un asunto de contexto nacional.

“Y creo que eso es una buena noticia, que la sociedad civil estén interesados de que podemos llegar pronto a que Tamaulipas alce una bandera en donde seamos pioneros y primeros, por ejemplo, llegar el reglamento para los colectivos, los cursos para los colectivos, inclusive la tanatología para las víctimas indirectas y hacer una serie de reacciones”, reiteró.

Con informacion: ELNORTE/