El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aseguró que las herramientas digitales de inteligencia proyectadas en las dos iniciativas enviadas por el Ejecutivo en materia de seguridad pública se apegarán a la legalidad.
Al respecto, señaló que éstas tendrán, en caso de aprobarse, medidas de cifrado y encriptación, y que se prevé facultar a la Secretaría de Seguridad para que se apoye en sistemas de inteligencia que protejan los mecanismos de alerta y control.
Monreal afirmó que se creará una herramienta con sistemas de inteligencia para que el Gobierno federal, los estados, municipios y entes privados realicen investigaciones efectivas.
“Estas nuevas leyes no sólo se rigen para la protección de las personas o dignidad, sus derechos humanos, sino que también implementan al máximo herramientas tecnológicas, científicas, digitales, con apego a la legalidad, promoviendo la cooperación y la eficiencia, pero también la oportunidad de que las conductas que puedan ser detectadas como delitos”, dijo en un video publicado en redes sociales.
El coordinador morenista explicó que se prevé la creación de una base de datos criminalísticos para aportar pruebas que permitan cerrar la brecha de impunidad; asimismo, coordinar los sistemas de investigación de las diversas Secretarías de Estado, la Fiscalía General de la República y sus homólogas estatales, el Centro Nacional de Inteligencia, la Comisión Nacional Bancaria, Aduanas y otros entes para prevenir conductas antijurídicas.
El jueves pasado la Presidenta Claudia Sheinbaum envió a San Lázaro una iniciativa para crear el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, mediante la que se expide la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia.
En ella se propone elaborar un registro de líneas telefónicas móviles, que administrará la Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones, y a la que podrán acceder las instituciones de seguridad pública para consultar datos de sus competencias.
El alta de los titulares y usuarios de las líneas la deberán realizar los prestadores de servicios de telefonía, de acuerdo con la minuta.
Al respecto, el Frente Cívico Nacional acusó en días pasados una intromisión gubernamental a la vida privada de la ciudadanía, pues, acusó, el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador fracasó en combatir la delincuencia organizada.
“López Obrador destruyó los aparatos de inteligencia civiles y le entregó miles de millones de pesos a la Sedena para fortalecer la inteligencia militar, cuyo fracaso por acción u omisión es evidente”, apuntó en redes.
Añadió que ahora la Presidenta Claudia Sheinbaum, pretende que la Secretaría de Seguridad federal, a cargo de Omar García Harfuch, recolecte, procese y aproveche información en tiempo real, relacionada con riesgos y amenazas a la seguridad pública, sin espacios de monitoreo, control civil, ni transparencia.
Contexto regulatorio y antecedentes
La iniciativa del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, propuesta por el gobierno de Claudia Sheinbaum y respaldada por Ricardo Monreal, ha generado un debate polarizado entre las garantías de legalidad y los riesgos de vigilancia masiva. Estos son los aspectos clave:
La propuesta se enmarca en un esfuerzo por modernizar los mecanismos de seguridad, siguiendo iniciativas previas como la regulación de inteligencia artificial presentada por Monreal en 2024, que buscaba clasificar sistemas por riesgo y crear una comisión asesora. Sin embargo, existe un historial preocupante:
- La creación de la Guardia Nacional bajo AMLO enfrentó críticas por su enfoque militarizado y falta de control civil.
- En 2020, reformas a leyes de seguridad restringieron la operación de agentes extranjeros, exigiendo compartir datos con autoridades mexicanas.
- Proyectos anteriores de Monreal, como la regulación de redes sociales en 2021, fueron tildados de autoritarios por exigir censura bajo criterios ambiguos.
Elementos controvertidos de la nueva iniciativa
- Registro de líneas telefónicas:
- Propone un catastro móvil administrado por la Agencia de Transformación Digital, accesible para instituciones de seguridad. Críticos argumentan que esto podría facilitar vigilancia indiscriminada, similar al uso documentado de spyware como “Pegasus” que de poco sirvió contra el crimen, pero si para que proveedores de tecnología de inteligencia le vendiera cara la ignorancia al gobierno.
- Base de datos criminalísticos:
- Busca centralizar información de múltiples entidades (FGR, CNI, Aduanas), pero organizaciones civiles alertan sobre la falta de mecanismos de transparencia y supervisión independiente.
- Herramientas de cifrado vs. acceso estatal:
- Monreal asegura que se implementarán medidas de encriptación, pero el texto no detalla límites claros para evitar abusos, un vacío ya explotado en administraciones anteriores.
Críticas principales
- Frente Cívico Nacional denuncia que el proyecto replica errores de administraciones pasadas: centraliza poder en instituciones militares y debilita el control civil, como ocurrió con la Guardia Nacional.
- Organizaciones internacionales como Access Now han documentado el aumento de tecnologías de vigilancia en México, incluyendo reconocimiento facial sin regulación.
- Expertos señalan que iniciativas similares en EE.UU. y Europa muestran que la recolección masiva de datos rara vez reduce el crimen organizado, pero sí incrementa riesgos de filtración o uso político, como cita
Paradojas en la narrativa oficial
Mientras el gobierno enfatiza el “apego a la legalidad”, persisten contradicciones:
- La propuesta llega tras el escándalo Cienfuegos (2020), donde México exigió repatriar investigaciones judiciales pero limitó la cooperación internacional.
- Aunque se promete proteger derechos humanos, el historial de CISEN y CNI,ademas de Fiscalias, muestra que órganos de inteligencia han operado con opacidad, incluso bajo administraciones morenistas,como ocurrió con la hoy Consejera Jurídica de la Presidencia.
Este proyecto refleja una tensión inherente en las políticas de seguridad mexicanas: buscar eficacia mediante tecnología mientras se navega entre el autoritarismo digital y las garantías democráticas.
La experiencia reciente sugiere que, sin auditorías civiles y marcos legales robustos, estas iniciativas podrían profundizar problemas de impunidad y violaciones a la privacidad.
Con informacion: ELNORTE/ MEDIOS/ REDES/
