Ni el gobierno federal ni las administraciones estatales y menos los organismos electorales parecen capaces de detener la ola de atentados perpetrados por grupos criminales contra candidatos que buscan uno de los 20 mil 708 cargos en juego durante las elecciones del próximo 2 de junio.
El asesinato de Gisela Gaytán Gutiérrez, candidata de Morena a la presidencia municipal de Celaya, el segundo municipio más violento de Guanajuato –a su vez el estado con más homicidios de México–, se sumó a otros 22 homicidios perpetrados contra aspirantes o candidatos durante el presente proceso electoral, según reportó la firma Integralia
El think tank Laboratorio Electoral, por su parte, ha registrado 51 asesinatos vinculados con el proceso electoral, incluyendo a aspirantes, precandidatos y candidatos, así como a sus familiares, desde el pasado mes de junio.
“A lo largo y ancho del país, sobre todo en algunas regiones, nuestra democracia está capturada por grupos criminales. Esta democracia se ha convertido en un medio eficaz para que las organizaciones delictivas asuman el control de los territorios y comiencen a regular y explotar toda clase de actividades políticas económicas y sociales, lo que está dando paso a la conformación de una suerte de régimen criminal”, estima Armando Vargas, analista en Integralia Consultores.
De acuerdo con un estudio que Vargas coordinó y que Integralia publicó el pasado 2 de abril, 12 de las 22 víctimas de asesinato eran militantes de Morena, 3 del PRI, 3 del PAN, 2 de Movimiento Ciudadano (MC) y uno del PRD, del PVEM y del PT, respectivamente.
Los asesinatos ocurrieron en entidades gobernadas por partidos de todo el espectro político-electoral: 5 ocurrieron en Guerrero, 4 en Michoacán, dos en el Estado de México y dos Chiapas entidades gobernadas por Morena; otros dos atentados mortales tuvieron lugar en Guanajuato, gobernado por el PAN, y otros dos en Jalisco, bajo la administración de MC. La consultora reportó otros asesinatos en la Ciudad de México, Morelos, Zacatecas, Puebla y Colima.
Los asesinatos han ocurrido en un contexto más amplio de violencia contra los aspirantes a cargos de elección popular. Entre el 1º de septiembre de 2023 y el 1º de abril de este año, Integralia ha reportado más de 300 “incidentes de violencia política”, que incluyeron 72 amenazas y 16 atentados con armas de fuego contra candidatos, sobre todo a cargos municipales.
A principios del año, la firma, creada por Luis Carlos Ugalde, otrora presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), ya advertía sobre la probabilidad “muy alta” de un aumento de la violencia durante el proceso electoral, producto de las pugnas entre grupos armados para “ampliar su control sobre los gobiernos y los mercados locales”.
“Se espera que 2024 se posicione como el año más violento debido a: i) el número de cargos en disputa a nivel local, ii) la proliferación de organizaciones criminales y iii) la diversificación de los mercados ilícitos”, señaló. Tres meses más tarde, la firma confirmó su diagnóstico, pues sostuvo que “el proceso electoral 2023-2024 ya es el más violento de la historia moderna de México”.
En el proceso electoral de 2018, la consultoría Etellekt había registrado 774 agresiones contra candidatos, incluyendo 48 homicidios, y en las elecciones de 2021 reportó 782 actos de violencia, con 35 asesinatos de candidatos y aspirantes. En ambos casos, las víctimas pertenecían a diversos partidos políticos.
“Las formas de violencia que monitoreamos son los homicidios, las amenazas, los atentados con armas de fuego, los secuestros y otras formas de violencia, como las desapariciones, las agresiones físicas, el robo, y tratamos de determinar la vinculación con el crimen organizado. Por ejemplo, si se usaron armas de alto calibre, si hubo narcomantas o si el territorio está en disputa; se hace un análisis contextual”, indica Vargas.
Primera línea
El mayor proceso electoral en la historia de México se desarrolla al final de un sexenio en el que se han registrado más de 172 mil 977 víctimas de asesinato, de acuerdo con los datos actualizados del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Entre ellos figuran por lo menos 2 mil 273 agentes de policía (según la organización Causa en Común), más de 87 presidentes municipales (según El Sol de México), 43 periodistas (según Artículo 19) más de 100 personas defensoras de derechos humanos (según la ONU) y un delegado de la FGR.
Este panorama contrasta con el discurso tranquilizador del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien el pasado 27 de febrero insistió en que el país estaba “en paz” en el arranque de las campañas, durante las cuales, aseveró, “no va a pasar nada”.
Los datos de Integralia y de Laboratorio Electoral coinciden en que los candidatos a cargos municipales se encuentran en primera línea de la inseguridad, pues concentran 70% de las agresiones.
“Los grupos criminales necesitan controlar a los gobiernos para cumplir con sus objetivos inmediatos, que fundamentalmente son dos: fortalecer su autoridad a nivel territorial, o tratar de imponerla. Los gobiernos locales, y particularmente los municipales, son más susceptibles de violencia porque tienen a su cargo funciones y servicios públicos que implican un contacto directo con la población y con los territorios, como la regulación de los mercados, del rastro, de la limpieza y, por supuesto, la policía preventiva y el tránsito”.
En Maravatío, municipio oriental de Michoacán que colinda con Guanajuato y es cercano al Estado de México, la disputa se libra entre grupos adscritos a La Familia Michoacana, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el grupo de los Correa, liderado por Daniel Correa Benites, según información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) consultada entre los archivos hackeados por el colectivo Guacamaya.
En los últimos seis meses este municipio ya sufrió los asesinatos de tres figuras políticas: el pasado 19 de octubre, antes de las precampañas, tres hombres armados secuestraron a Dagoberto García Rivera, líder local de Morena, cuyo cuerpo apareció en la orilla de la carretera a Morelia 13 días después, con impactos de bala.
Apenas tres meses después, el 27 de febrero, Miguel Ángel Zavala, precandidato de Morena a la presidencia municipal, fue emboscado por hombres armados, quienes lo acribillaron en su vehículo, y menos de 12 horas más tarde fue asesinado Armando Pérez Luna, precandidato del PAN al gobierno municipal. Ante el doble homicidio, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla exhortó los candidatos a no “pedirle permiso a algún maloso”, porque “terminan secuestrados y extorsionados”.
Culpas cruzadas
Morena y su líder nacional, Mario Delgado, echaron la culpa del asesinato de Gisela Gaytán al Instituto Electoral local, pues aseveraron que días antes del atentado, perpetrado en plena luz del día en una calle, la política había solicitado protección por recibir amenazas. El bloque oficialista, junto con el presidente López Obrador, acusaron al gobierno panista de Guanajuato por la inseguridad.
En respuesta, líderes y militantes de los partidos de oposición reviraron que la mayor parte de los asesinatos y de demás agresiones habían ocurrido en Michoacán, Guerrero y Morelos, tres estados controlados por Morena, en un contexto de inseguridad generalizada.
Los intentos de representantes de los partidos de echar a partidos rivales la responsabilidad de la inseguridad no resisten al análisis de los datos: se han registrado ataques en entidades dirigidas por todos los colores políticos, y aunque la mayor parte de las víctimas de asesinato estaban abanderadas por Morena, se reportaron ataques contra militantes de todas las agrupaciones.
“Se ha politizado el tema de la seguridad y esto es nocivo, porque no tratan de frenar el problema y de recuperar territorios que actualmente están perdidos”, opina Vargas, y agrega: “El tema de seguridad de los candidatos recae en un asunto de seguridad pública, y en un sentido más amplio a las instituciones encargadas de la procuración y administración de justicia; se ha criticado mucho a las instituciones electorales, pero su función esencial es organizar elecciones”.
Para calmar las críticas cruzadas respecto a la responsabilidad de la inseguridad López Obrador intervino, este jueves 4, y ofreció el apoyo del gobierno federal a los candidatos que pidan protección, aunque insistió en que “se está viendo con los gobiernos estatales para que cumplan” en materia de seguridad “(…) lo mejor sería que todas las autoridades ayudáramos en eso, de los tres niveles de gobierno”.
