Tres meses y medio ha durado el juicio por el caso Camargo, tiempo enredado en burocracias y tecnicismos, que ha dejado ver, en ocasiones, el fondo brutal que ocupaba a los presentes, el asesinato de 19 personas, la mayoría migrantes, a manos de policías de "elite" de Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca.
En estas semanas, fiscales, abogados y asesores han presentado pruebas y argumentos, tratando de demostrar culpabilidades e inocencias. Al final todo ha quedado como al principio: la Fiscalía tiene ahora un caso robusto contra 12 policías estatales del "GOPES" de Tamaulipas, gracias a que uno de ellos delató a los demás. El juez dará a conocer su fallo este miércoles.
La expectación es enorme.
El caso Camargo enmarca una de las peores masacres registradas en los últimos años en México. El esfuerzo de la Fundación para la Justicia y de la Red Jesuita con Migrantes de Guatemala ha permitido que las familias de las víctimas, la mayoría originarias del aislado municipio de Comitancillo, en la sierra sur del país centroamericano, hayan podido atestiguar las audiencias. De manera virtual, familiares de los asesinados y sus presuntos asesinos han convivido durante semanas, para llegar finalmente hasta aquí.
El testimonio del policía Ismael Vázquez ha sido la prueba estrella estos meses.
Sus declaraciones, que EL PAÍS dio a conocer días antes de que iniciara el juicio, dibujan una historia distinta a la que han mantenido el resto de sus compañeros, que enfrentan penas de hasta 69 años de prisión.
En un principio, todos señalaron que aquel 22 de enero de 2021, mientras iban de patrulla, se encontraron con carros ardiendo y un montón de muertos dentro. Pero en agosto de ese año, Vázquez cambió su declaración y dijo que en realidad varios de sus compañeros dispararon contra los carros, mataron a sus ocupantes y prendieron fuego a sus cuerpos. En los carros iban los migrantes y los presuntos traficantes que los transportaban a la frontera.
Todo queda como al principio porque no ha habido novedades sobre el camino que ha marcado la investigación de la Fiscalía de Tamaulipas.
El policía Vázquez ratificó el 3 de agosto ante el juez, Patricio Lugo, lo que dijo dos años atrás, declaración por la que ha recibido beneficios. Por su ayuda, la Fiscalía ya no acusa a Vázquez de asesinato, solo de abuso de autoridad y de delitos en el desempeño de sus funciones, con penas mínimas de dos y cuatro años de cárcel. En caso de ser condenado, Vázquez aún pasaría algo de tiempo tras las rejas.
La fotografía de Ismael Vázquez (abajo a la derecha) entre los implicados por la fiscalía tamaulipeca en febrero de 2021
En cuanto al resto, sus abogados defensores, partidos en cinco equipos distintos, han tratado de desvirtuar la declaración de Vázquez, bajo un argumento doble. Por un lado, señalan que solo él da esa versión de los hechos. Por otro, dicen que los beneficios recibidos desvirtúan el contenido de su testimonio.
La Fiscalía, encabezada por la agente Artemisa de Jesús Castillo, ha señalado hasta el cansancio que, en ese caso, nadie podría acogerse al programa de testigos protegidos. Castillo ha señalado además que una enorme cantidad de evidencia sostienen buena parte del relato de Vázquez.
La fiscal se ha referido a los testimonios de vecinos del lugar, el rancho Piedras, donde los policías habrían matado y quemado a los 19. Ubicado en realidad en el municipio de Díaz Ordaz, y no en Camargo, como se señaló originalmente, varios vecinos vieron cómo un convoy de seis vehículos policiales persiguió a los migrantes ese día. También vieron o escucharon cómo dispararon.
Castillo ha señalado igualmente peritajes de telefonía y análisis del GPS de al menos uno de los vehículos policiales, además de hojas de servicio de la policía de Tamaulipas, para probar que los 12 estuvieron en el lugar de los hechos el día de los asesinatos.
El peso de cada uno
La discusión entre las partes ha transitado también por el complejo camino del peso que cada uno de los acusados habría tenido en la masacre. En su declaración, Vázquez señala a dos de los otros 11 policías de organizar al resto.
Se trata de Horacio Rocha Nambo, jefe ese día del contingente de agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) que patrullaba la zona. Nambo llevaba el mando operativo, pero actuaba, en teoría, bajo las órdenes de Mayra Elizabeth Santillana, encargada de la policía estatal en esa región de la frontera entre Tamaulipas y Texas,pero todos bajo las ordenes de Felix Arturo Rodriguez Rodriguez,jefe del GOPES y compadre de Cabeza de Vaca.
Aquel día, al menos 20 agentes del GOPES patrullaban junto a cuatro agentes de la policía estatal, Santillana entre estos últimos. Vázquez señala que salieron de la comisaria de Camargo a eso de las 8.30, fueron al municipio de Miguel Alemán a repostar gasolina, y de allí condujeron hacia la zona rural que comparten Camargo y Díaz Ordaz. Hicieron esto último, dijo Vázquez, “porque según en esos lugares se pone la maña”, es decir, grupos del crimen organizado. Vázquez dice que la camioneta de Nambo, tipo tanqueta, iba al frente. Dice que de repente empezó a escuchar por radio claves de Nambo y sus compañeros. Al parecer, habían visto gente armada. El carro de Nambo aceleró y también el de Santillana, que iba detrás.
Por el polvo del camino, la tanqueta de Vázquez y otras dos se perdieron unos minutos. Por la radio se escuchaban disparos. Según Vázquez, en la camioneta de Nambo iba al menos uno de los acusados, Héctor Alfaro. Santillana iba con su conductor, Jorge Alfredo Castillo, acusado también, en segundo lugar. En tercero iba otra pick up de la policía estatal. Vázquez dice que llegaron donde estaban los otros al cabo de unos minutos. Los de la camioneta de Nambo disparaban, los compañeros de su tanqueta bajaron y empezaron a disparar, los de la tanqueta de atrás, también.
Uno de las vehículos que usaba el gopes de Tamaulipas, captada por una cámara de seguridad el 22 de enero de 2021.
Esta parte del testimonio de Vázquez es crucial para la Fiscalía, que ha planteado al juez que los acusados actuaron en “coautoría”, situación que exigía un “plan común”, la existencia de una “aportación segmentada” de los policías, “un plan concertado en el momento, actualizado vía radio”. Parte de los equipos de defensores han protestado ante la hipótesis, porque, argumentan, no aclara quién hizo qué. Algunos incluso han señalado que no hay pruebas de que sus representados estuvieran allí aquel día.
Los asesores de las víctimas y del policía arrepentido han negado esos argumentos. Quizá la más clara ha sido la abogada de Vázquez, Xóchil del Carmen Sánchez, que este lunes dijo: “Ese día, olvidaron que eran policías. Sus abogados también lo obviaron. ¿Acaso no lo saben o están ignorando el código penal? La ley es clara, la conducta puede ser de acción u omisión. Los resultados podrían haber sido evitados por cualquiera de los acusados. Ninguno lo hizo”.
Por qué
En su alegato de cierre, la propia abogada Sánchez planteaba la semana pasada una serie de preguntas que resumen inquietudes no resueltas durante el proceso. “Los policías persiguieron en sus vehículos y dispararon a una camioneta llena de migrantes que en ningún momento les atacaron. Por error, por miedo, por maldad, no lo sé”. Esa es una de las preguntas que no ha sido contestada, el motivo, por qué lo hicieron.
Era difícil que ocurriera. Menos Vázquez, ninguno de los acusados reconoce haber estado siquiera en el lugar de los hechos el día de la masacre, pese a las pruebas que ha presentado la Fiscalía. Ajenos a la versión de Vázquez, alcanzar el porqué de lo ocurrido se convertía casi en una quimera, como así ha sido finalmente. El policía arrepentido se ha presentado a sí mismo como una marioneta, que hizo y deshizo por órdenes de Nambo, a quien señala de organizar la matanza y quemar los cuerpos de las víctimas. Luego la marioneta tomó conciencia y decidió hablar, decisión tan valiente como extraña. México apenas se acostumbra a la figura del testigo protegido y los casos no abundan.
El juicio concluye sin que se sepa el porqué, una de las esperanzas de las familias antes de que iniciara el proceso. En un viaje a Comitancillo en mayo, este diario entrevistó a familiares de algunas de las víctimas. La exigencia era clara. Álvaro Miranda, padre de Ósman, de 19 años, decía que “lo único” que quería saber era “por qué”. Si fue culpa de la persona que los llevaba, señalaba, en referencia al coyote, el traficante, o fue una confusión de las autoridades mexicanas. “Pero no se sabe, no se sabe”, decía. Nada ha cambiado al respecto.
Álvaro Miranda, padre de Ósman Neftaly Miranda, en Guatemala, el pasado 16 de mayo.
Otra de las dudas que deja el proceso, más lacerante si cabe, apunta al resto de los implicados. Desde su primera declaración arrepentida, Vázquez ha señalado que ese día eran 24 policías en el convoy, pero al juicio solo han llegado 12 acusados. Otras pruebas presentadas por la Fiscalía señalan además la participación de seis camionetas en total, frente a las cuatro que señalaba Santillana, autora del reporte de lo ocurrido, señalado como falso. ¿Qué hay de los otros 12 policías que menciona Vázquez, todos con nombre o apodo? ¿Qué de los mandos del gopes y la policía estatal inmediatamente superiores a Nambo y Santillana? La Fiscalía calla de momento.
El caso Camargo queda visto para sentencia. Se espera una sentencia condenatoria, decisión que no acabaría de hacer justicia. La impunidad actual del resto de implicados arroja luz sobre otras impunidades, principalmente las que atañen a Instituto Nacional de Migración. Una de las dos camionetas en que viajaban los migrantes había sido requisada meses antes en una redada del instituto en Nuevo León. De alguna manera, la camioneta llegó a mano de los coyotes en pocas semanas. De momento, no hay un solo funcionario del instituto sujeto a proceso penal por este asunto.
