La mayoría de nueve ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) votó a favor de invalidar la primera parte del llamado Plan B electoral por vicios de procedimiento legislativo que, en breve, deberán llevar a la invalidez de todos los cambios impulsados por el Gobierno federal.
Por 9 votos contra 2, el Pleno de la Corte invalidó la reforma tramitada en fast track en la Cámara de Diputados el pasado 6 de diciembre, cuando la iniciativa del Ejecutivo fue presentada, adoptada por Morena y aprobada, todo en menos de 24 horas.
Durante la sesión que se llevó a cabo este lunes, el Pleno de la Corte revisó la constitucionalidad de una primera porción del "Plan B" electoral, que considera reformas en materia de propaganda electoral.
Esta sentencia sólo anula las reformas a las leyes Generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, publicadas el 27 diciembre, cuyo punto central fue permitir a los funcionarios expresar libremente opiniones políticas, sin riesgo de ser sancionados por hacer propaganda electoral.
La segunda parte del Plan B electoral, que es la más importante, fue publicada hasta el 2 de marzo, pues el Senado tomó más tiempo para aprobarla y en ella están incluidas la compactación del Instituto Nacional Electoral (INE) y una nueva ley de medios de impugnación en materia electoral.
El Ministro Javier Laynez suspendió esta parte del Plan B el pasado 24 de marzo, y es previsible que el proyecto de sentencia que presentará al Pleno también propondrá invalidar por los mismos vicios de procedimiento del 6 de diciembre en la Cámara de Diputados.
El proyecto del Ministro Alberto Pérez Dayán, en lo relativo a la propaganda electoral, planteaba invalidar dichas reformas por irregularidades en el procedimiento legislativo.
Si bien los ministros tuvieron diferencias en algunos temas, la mayoría coincidió en que la reforma estuvo viciada, porque los diputados de Oposición no conocieron las iniciativas que se estaban votando y, por tanto, se violó el principio de equidad en la deliberación parlamentaria.
Los ministros que se manifestaron por la invalidez de la primera parte del Plan B electoral fueron los siguientes:
- Alberto Pérez Dayán (ponente).
- Margarita Ríos Farjat.
- Juan Luis González Alcántara.
- Luis María Aguilar.
- Arturo Zaldívar.
- Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
- Jorge Pardo.
- Javier Laynez.
- Norma Piña (presidenta).
Incluso, el ex presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, quien en otros momentos acompañó temas relevantes del Gobierno federal, en esta ocasión consideró que hubo graves violaciones en el procedimiento en la discusión del "Plan B" electoral.
"Fácticamente es imposible que los legisladores se hayan allegado elementos para la discusión. Si bien debemos tener deferencia al legislador democrático, sí tenemos que velar porque en un parlamento todos los grupos puedan debatir en condiciones de igualdad y libertad, lo que en este caso no sucedió", agrego Arturo Zaldívar.
Las Ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz defendieron la aprobación de la primera parte del llamado "Plan B" electoral y votaron en contra del proyecto de Pérez Dayán.
La presidenta Norma Piña destacó que México es una democracia constitucional, en la cual las decisiones deben ser tomadas mediante procedimientos democráticos deliberativos, por lo que no es suficiente una votación mayoritaria.
"El decreto se emitió sin que todas las fuerzas políticas tuvieran conocimiento de las iniciativas, y no tuvieron tiempo para analizarlas", dijo Piña.
"No basta que una mayoría dispense el trámite sin exponer las razones que lo justifiquen".
Enfatizó que la solicitud de trámite urgente se hizo a las 11 de la noche del 6 de diciembre, y que la mayoría la aprobó sin dar razón alguna.
"No respetar estas reglas (de procedimiento legislativo) es una deslealtad institucional y un desdén a las minorías parlamentarias, que también representan a un sector del pueblo de México", afirmó el Ministro Luis María Aguilar.
Al iniciar la sesión y por el voto unánime de ministras y ministro, la Suprema Corte rechazó una solicitud de la Consejería Jurídica de la Presidencia que planteaba impedir al Ministro Alberto Pérez Dayán dar a conocer su proyecto sobre el Plan B electoral, con el argumento de "falta de imparcialidad".
La discusión en la Corte
La mayoría de ministras y ministros de la Suprema Corte recordó que este órgano tiene múltiples precedentes sobre los requisitos básicos que debe cubrir un proceso legislativo, mismos que no fueron respetados.
"Esta Suprema Corte está para servir a la sociedad haciendo cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen. En mi opinión, sus integrantes procuramos hacerlo dentro del marco que la propia Constitución nos impone, conforme a nuestro leal saber y entender, y con alto espíritu de servicio. Me parece que ahí radica no sólo el equilibrio de los Poderes de la Unión, sino también nuestra serenidad frente a infundios y rumores", consideró la Ministra Margarita Ríos-Farjat.
Las Ministras disidentes, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, reiteraron su postura casi incondicional en favor del actual Gobierno, al votar en contra y tratar de justificar la premura para la aprobación de la reforma.
Esquivel consideró válido el fast track porque, a las 9:30 de la mañana, la Junta de Coordinación Política acordó que el mismo 6 de diciembre se presentarían al Pleno de diputados las iniciativas en materia electoral, pero Javier Laynez destacó que no se publicaron en la Gaceta Parlamentaria, y que el debate a lo largo del día no fue sobre las leyes secundarias del Plan B electoral, sino para una reforma constitucional.
"No fue solamente la iniciativa de reformas a esta ley (de Comunicación Social) y la de Responsabilidades Administrativas, sino que en este proceso se presentaron otras cuatro leyes que suman mas de 450 artículos, que se estaban conociendo con la sesión ya iniciada", dijo Laynez en su intervención de hoy aludiendo a la parte de la reforma que le corresponde proyectar.
Morena y sus aliados en el Congreso pasaron cambios a leyes secundarias luego de que no tuvieron los votos para la ambiciosa reforma electoral a nivel Constitucional que intentó el Ejecutivo, misma que era mucho más radical que lo finalmente aprobado como Plan B electoral.
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