El pasado 5 de abril se reportó la desaparición de 23 personas que viajaban de Guanajuato a Coahuila, en las carreteras de San Luis Potosí.
Según información que dio a conocer el dueño del vehículo contratado para desplazar a las personas, él y los familiares de las víctimas fueron contactadas por los responsables de privar ilegalmente de la libertad a los 2 choferes y a los 21 clientes de la empresa para pedir un rescate.
El empresario afirmó que en total se pagó casi un millón de pesos para la liberación de las víctimas, sin que estás fueran liberadas.
Dada la publicidad que recibió dicho secuestro, aparentemente las autoridades federales y locales se dieron a la tarea de buscar a las víctimas. Ello llevó primero al hallazgo de otras 16 personas que habían sido reportadas como desaparecidas -originarias del Estado de México y que fueron privadas de la libertad debido a un robo-, para luego dar con los 23 desaparecidos.
Según fuentes oficiales, las investigaciones también permitieron localizar a otras 12 personas, migrantes que no contaban con reporte de desaparecidos; a otros 46 migrantes plagiados de un autobús que viajaban de Ciudad de México a Nuevo León y por último, a un tercer grupo de 11 migrantes que se encontraban privados de la libertad en un hotel de Matehuala.
Es decir, en 3 días la denuncia de secuestro de 23 hombres permitió encontrar con vida a 108 personas y a una víctima de homicidio doloso -aparentemente uno de los choferes que se resistió al secuestro-, en San Luís Potosí.
Cabe destacar que el gobierno estatal reportó un total de 121 personas halladas, sin aclarar en qué evento fueron rescatadas las otras 13 personas.
¿Qué no iba a la baja el secuestro? El pasado 22 de marzo la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Rodríguez, presentó los datos mensuales de incidencia delictiva, en ellos presumió un descenso de 65.4% del secuestro en la presente administración.
Más allá del hecho que la comparativa es errónea -si comparamos los 51 meses del gobierno de López contra los 51 meses de la administración de Peña el secuestro disminuyó un 30% y si comparamos los 51 meses de la actual administración contra la de Calderón la disminución es de apenas el 2%-, hay claras evidencias que este delito no ha disminuido, sino que el gobierno federal y muchos de los gobiernos locales, están subregistrando o registrando mal los secuestros.
Una primera evidencia nos la presenta este caso: 23 personas reportadas como desaparecidas se convirtieron en 121 personas privadas ilegalmente de la libertad. Ello ocurrió en una entidad que en 2022 apenas reportó 13 víctimas de secuestro, 64% menos de las 36 víctimas reportadas en 2021.
¿Por qué había 85 personas que los gobiernos federal y estatales no tenían detectadas como secuestradas? Podría deberse a que o los familiares de las víctimas -principalmente personas migrantes-, no denunciaron el hecho; también podría ser que sí denunciaron el secuestro, pero nadie las atendió ni inició una carpeta de investigación por el delito; una hipótesis más, puede apuntar a un mal registro de las denuncias: o los secuestros quedaron inscritos como desapariciones de personas o se registraron en la estadística denominada “Otros delitos que atentan contra la libertad personal”.
En el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) ya habíamos advertido dicho problema por la experiencia adquirida durante varios años de colaboración con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y con las fiscalías locales.
En el ONC detectamos problemas de atención a las víctimas, disuasión de las denuncias, desinformación, maltrato, negligencia, revictimización y corrupción. Asimismo, identificamos los problemas de registro de este y muchos otros delitos.
Los esfuerzos que hemos llevado a cabo, donando diagnósticos, capacitación, tecnología y procesos, no logran siempre dar los frutos esperados dados los intereses políticos de las autoridades, la rotación del personal, los excesos de cargas de trabajo, la falta de supervisión, la corrupción institucionalizada, la impunidad ante las fallas y los profundos recortes presupuestales en materia de seguridad y justicia.
Con base en nuestra experiencia, hemos hecho público en ruedas de prensa y entrevistas que los registros estadísticos del secuestro y de los otros delitos que atentan contra la libertad personal (DQACLP) exhiben un comportamiento atípico: a partir de la crisis de secuestros que se desató en el primer año de la administración de López, podemos observar que la tendencia de dicho delito empezó a cambiar en mayo de 2019 y en la medida que el secuestro supuestamente bajaba, se disparó al alza el comportamiento de los DQACLP.
De tal suerte que en 2019 se reportaron 1629 secuestros y 23,383 DQACLP; en 2020 se registraron 1047 secuestros y 21,938 DQACLP; en 2021, 815 secuestros y 24,778 DQACLP; en 2022, 723 secuestros y 29,843 DQACLP.
A ello debemos sumar que en los 51 meses del gobierno de López se reportaron 58 mil personas desaparecidas -que pueden encontrarse con vida como víctimas de secuestro, de trata de personas, reclutadas forzadamente por la delincuencia o sin vida, como víctimas de homicidio- 7 mil personas más que en los 12 años de los dos gobiernos anteriores.
Dicho de otra manera, las 108 víctimas de secuestro en San Luís Potosí son una evidencia más que el gobierno federal miente acerca de los resultados que presume y que la crisis de violencia en nuestro país se encuentra en máximos históricos.
Faltan 16 -muy largos-, meses para que termine el actual gobierno y nada apunta a que López cumplirá su promesa de reducir los delitos y la violencia; tampoco que el gobierno federal finalmente propondrá una verdadera estrategia de combate a la criminalidad; que el H. Congreso de la Unión destine los fondos suficientes para que policías y fiscalías puedan cumplir con su labor; que la Guardia Nacional y el Ejército se capaciten en las funciones esenciales para cumplir con las funciones de prevención, reacción e inteligencia con un enfoque de servir y proteger a los ciudadanos; que la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos se pongan a trabajar o que la política migratoria del gobierno de López deje de ser represiva y busque atender los peligros y abusos que viven los migrantes en nuestro país.
Director del Observatorio Nacional Ciudadano
