La sombra de la impunidad cubre una serie de delitos graves cometidos en contra de ciudadanos de diversos sectores en Michoacán.
Autoridades municipales señalan la falta de probidad y respeto a los derechos humanos cometidos por militares pertenecientes al 17 batallón de infantería con sede en Zamora, Michoacán, quienes operan al mando del Coronel Miguel Marroquín Carreón, quien ha sido denunciado penalmente por robo, allanamiento, privación ilegal de la libertad, amenazas, lesiones y daños en propiedad ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), así como ante la CEDH Y CNDH.
Hasta el momento han sido cuatro víctimas las que iniciaron procesos formales en contra del mando miliar, quien a todas luces goza de la protección de las autoridades judiciales del estado, quienes permanecen omisos ante el recamo de justicia.
Omar García Bravo, Santiago Velázquez Guillén, Alejandra García Jiménez y Alejandra Vega Ramírez (ésta última y su hija menor de edad, víctimas de agresión sexual), acusan al uniformado por la comisión de delitos graves que han quedado evidenciados en cámaras de seguridad.
El ejército, una de las instituciones con más poder en México, tienen todo un historial delictivo contra ciudadanos comunes, particularmente los que tienen que ver con abuso de la fuerza y abuso de autoridad, así lo señalan Alcaldes de los municipios de Zináparo, Zamora, Yurécuaro, Ecuandureo, Tanhuato, Zacapu, Tangamandapio y La Piedad Michoacán, cuyo testimonio habla de uso indebido de la fuerza militar, detenciones arbitrarias, allanamiento, robo y amenazas que militares están cometiendo durante supuestos “operativos” realizados en la región; particularmente los cometidos el pasado 17 de febrero en agravio de los denunciantes, donde el robo asciende a varios millones de pesos.
Ante las alcaldías ya señaladas han sido documentados al menos 17 casos graves de abuso por parte del referido grupo militar, con la presencia y participación de Marroquín Carreón; las víctimas mediante un comunicado, hacen un llamado a las autoridades correspondientes, pues temen por sus vidas y exigen a la vez una investigación inmediata y objetiva de los casos denunciados, así como el esclarecimiento de las numerosas quejas que obra en poder de los ayuntamientos y que por temor, muchas otras víctimas no han querido denunciar penalmente y los abusos continúan ocurriendo bajo las órdenes de Marroquín Carreón.
En septiembre pasado, la SEDENA reconoció que hasta esa fecha y en lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo menos 47 personas y familias han sido víctimas de uso inadecuado de la fuerza, por de efectivos del Ejército Mexicano.
Aunque se trata de hechos que constituyen delitos federales la Secretaría de la Defensa Nacional, reconoció que no ha sancionado internamente a sus elementos ni ha presentado denuncias en contra de los implicados ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Es claro que el sistema de seguridad y justicia mexicano está muy lejos de cumplir con su obligación de impartir justicia, aún en casos de abusos militares contra civiles.
Las autoridades militares se basan en el Código de Justicia Militar, que establece el uso de la jurisdicción militar (fuero de guerra) cuando militares que se encuentran "en servicio" cometen delitos federales o del fuero común, así como en una interpretación forzada de la Constitución Política, para justificar su decisión de investigar violaciones graves de derechos humanos.
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