El mas reciente hallazgo del GIEI,en torno al basurero de Cocula, evidencio la conducta delictiva de la Marina en las investigaciones "no registradas" del caso Ayotzinapa en el sexenio pasado y reveló que la Unidad de Operaciones Especiales (UNOPES), bajo el mando del entonces vicealmirante Marco Antonio Ortega Siu, un hombre cercano al Gobernador de Tamaulipas Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca,intervino la presunta escena del crimen de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
un aguila desplumada:
Esta unidad, multiseñalada de participar en decenas de desapariciones forzadas en Tamaulipas, respondía directamente al entonces titular de la Semar, Vidal Francisco Soberón,tambien son responsables de sinúmero de atrocidades en Tamaulipas,perpetradas bajo el contexto del combate al narco y secundadas por Cabeza de Vaca bajo las directrices criminales de un recomendado del entonces Vicealmirante Ortega Siu,identificado como Armando Arteaga Chavez que actuando como "pacificador mafioso",ha sido el principal asesor de seguridad del mandatario,artífice de la sesgada y sangrienta estrategia de guerra al narco,que emula las atrocidades de Felipe Calderon en Tamaulipas y que ha dejado cientos de inocentes muertos,atrapados entre el fuego de Cabeza de Vaca y el de los criminales que combate selectivamente.
El video delator
Enterado de la existencia de un video en manos de la Secretaría de Marina (Semar), que durante años se mantuvo en secreto y presuntamente revela el involucramiento de la dependencia en la construcción de la “verdad histórica” en el caso Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó abrir de inmediato una investigación, antes de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) lo hiciera público en el “Informe Ayotzinapa III”, que presentó el lunes 28 de marzo en instalaciones de la Secretaría de Gobernación.
La instrucción presidencial fue transmitida enseguida a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), encabezada por Omar Gómez Trejo, la cual tuvo indicios de que las actividades detectadas por un dron de la Semar el 27 de octubre de 2014, en el basurero de Cocula, habrían sido realizadas por personal de la Unidad de Operaciones Especiales (Unopes), comandada por el entonces vicealmirante Marco Antonio Ortega Siu, ascendido a almirante un año después de la participación del personal a su cargo en la construcción de la llamada “verdad histórica”.
Con esa certeza, el miércoles 30, durante su conferencia matutina, el presidente López Obrador sostuvo que “los marinos que se ve que están en el basurero y también los mandos superiores” rindieron declaraciones ministeriales, y que esas actuaciones respondieron a “decisiones que se tomaron a nivel central”, desde la Ciudad de México, donde tanto la Semar como la Secretaría de Defensa Nacional “tienen organismos de inteligencia para tareas especiales”.
De acuerdo con información recabada por Proceso, en el primer semestre de este año la UEILCA llamó a Ortega Siu, íntimamente ligado a la guerra contra el narcotráfico durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto como comandante de la Unopes e involucrado en graves violaciones a derechos humanos, entre ellas la desaparición forzada de decenas de personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 2018. 
Integrante del Cuerpo de Infantería de Marina, piloto helicopterista y diplomado de Estado Mayor, con el cargo oficial coordinador de Infantería de Marina, Ortega Siu fue promovido en noviembre de 2015 al grado de almirante por el entonces titular de la Marina, Francisco Soberón Sanz, teniendo entre sus “medallas” haber participado en operativos para la captura de capos del narcotráfico como Arturo Beltrán Leyva, Antonio Cárdenas Guillén y Joaquín Guzmán Loera.
En un artículo publicado en el portal Estado Mayor con motivo de los ascensos de ese año, el periodista especializado en información castrense Juan Veledíaz narró que durante el sexenio pasado Ortega Siu fue nombrado “interlocutor” con agencias como la DEA, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y el Servicio de Marshalls.
Esta posición privilegiada en su momento provocó “recelos en las áreas de derechos humanos en la Secretaría de Gobernación”, que se habría quejado de él ante los altos mandos de la Semar por las actuaciones de la Unopes en la sierra de Durango y Sinaloa, durante la “cacería” de Joaquín Guzmán Loera durante 2015.
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